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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02214-01

Fecha
21 de agosto de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02214-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 29 de mayo de 2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo, según lo explicado en precedencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02214-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

21 de agosto de 2025

Radicación: 11001 03 15 000 2025 02214 01
Accionante: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 02214 01
Accionante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ – SALA DE
DECISIÓN NRO. 6 Y JUZGADO PRIMERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
DUITAMA

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando se
interpone después de seis meses de notificadas las
providencias judiciales que se cuestionan

La acción de tutela es improcedente para solicitar el
levantamiento de una medida cautelar cuando el
proceso ejecutivo está en curso

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en
contra del fallo de tutela proferido el 29 de mayo de 2025 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de
amparo.

1

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Radicación: 11001 03 15 000 2025 02214 01
Accionante: UGPP

1. SÍNTESIS DEL CASO

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, actuando por conducto del
subdirector de Defensa Judicial Pensional, promovió acción de tutela en
contra del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Duitama y del
Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala 6 de Decisión, y para ello,
formuló las siguientes pretensiones1:

«[…] PRIMERO. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales
deprecados por la UGPP, vulnerados por el JUZGADO PRIMERO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE DUITAMA y el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYAC[Á], SALA DE
DECISIÓN No. 6 dentro del proceso ejecutivo No.
1523833300220130013900.

Segundo. Que como consecuencia de lo anterior solicito
respetuosamente:

a. DEJAR SIN EFECTOS las providencias del 04 de abril de 2019
dictado por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE DUITAMA confirmado mediante proveído del 15
de julio de 2021 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOYAC[Á], SALA DE DECISIÓN No. 6 que decretaron medida de
embargo sobre todas las cuentas que la UGPP tiene en el Banco
Popular y del Banco Agrario donde persiste tal medida
cautelar como se evidencia de los proveídos del 13 de agosto
de 2021, 11 de noviembre de 2022 y 24 de noviembre de 2023,
dictados dentro del proceso ejecutivo rad.
1523833300220130013900 y, en consecuencia, declarar la
improcedencia de la medida de embargo sobre los recursos
incorporados en el Presupuesto General de la Nación destinados
para el funcionamiento interno de la UGPP, así como de aquellos
que se recaudan por la UGPP por concepto de contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, que se administran en todas
las cuentas de titularidad de la UGPP en el Banco Agrario y en
el Banco Popular.

b. Librar los oficios mediante los cuales se comunique al Banco
Popular y al Banco Agrario el desembargo de todas las cuentas
de titularidad de la UGPP […]». (Mayúsculas y negrillas
originales del escrito de tutela).

1
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02214 00.
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2. SITUACIÓN FÁCTICA

La entidad accionante informó que, mediante proveído del 29 de agosto
de 2014, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Duitama
dispuso librar mandamiento de pago, a favor del señor Carlos Julio Gómez
Salazar y en contra de la UGPP, por la suma de $7.842.366 por concepto
del capital insoluto indexado de las diferencias en las mesadas
pensionales del señor Gómez Salazar junto con los intereses moratorios.

Señaló que, por auto del 19 de marzo de 2015 el precitado juzgado
declaró no probada la excepción de pago, así como la improcedencia de
las excepciones de prescripción de mesadas e inexistencia de la obligación
y falta de legitimación en la causa por pasiva, propuestas por la UGPP,
ordenando seguir con la ejecución en contra de dicha entidad, hoy
accionante.

Relató que por auto del 4 de abril de 2019, el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Duitama decretó la medida cautelar de
embargo y retención de los dineros que la UGPP tiene en las entidades
financieras, entras las que se encuentra el Banco Popular, “(…) por la
suma de $25.000.000, precisando que los dineros embargados serán
primeramente los destinados al pago de sentencias y conciliaciones, si
llegaren a ser insuficientes, se procederá con las cuentas de ingresos
corrientes de libre destinación o de propósito general, y por último, de
resultar necesario, se embargarán las cuentas destinadas al pago de
pensiones y, si la entidad ejecutada no discriminó la naturaleza de los
recursos contenidos en dichas cuentas, procederá el embargo sobre las
cuentas existentes (…)”2.

Inconforme con la decisión anterior, la UGPP interpuso recurso de
apelación y la Sala de Decisión nro. 6 del Tribunal Administrativo de
Boyacá, por auto del 15 de julio de 2021 la confirmó al considerar que
“(…) la medida cautelar es procedente, dada la naturaleza de la

2
Ibidem.
3

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obligación. Esto es, por tratarse de un derecho de seguridad social
reconocido en una sentencia judicial. Por lo que, en aplicación de lo
dispuesto por el máximo Tribunal Constitucional es posible decretar el
embargo solicitado (…)”3.

Indicó que “(…) a través de auto del 13 de agosto de 2021 el JUZGADO
PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE DUITAMA
ordenó obedecer y cumplir lo resuelto por el Tribunal Administrativo de
Boyacá en providencia de fecha 15 de julio de 2021, por la confirmó el
auto del 04 de abril de 2019 y ordenó requerir al ejecutante para [que]
informara el trámite del oficio de embargo librado por el despacho el 15
de mayo de 2019 (…)”4.

Agregó que “(…) por autos del 11 de noviembre de 2022 y 24 de
noviembre de 2023 el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE DUITAMA ordenó REQUERIR al Banco Popular
para que informara sobre el trámite de la orden de embargo a las cuentas
que la UGPP tiene en esa entidad (…)”5.

Manifestó que “(…) es evidente que los despachos accionados al decretar
la medida de embargo sobre TODAS las cuentas corrientes de la UGPP en
el Banco Popular y en el Banco Agrario pasan por alto que ellas fueron
creadas únicamente para i).- el funcionamiento interno de la Entidad, esto
es, el pago de los Impuestos Nacionales y Distritales que se generan por
deducciones practicadas a los proveedores y contratistas a título de
retención en la fuente, a título de retención de IVA y a título de retención
de ICA, ii).- así como para la recepción exclusiva de los recursos
embargados a los aportantes como consecuencia de los procesos de cobro
coactivo efectuados por la UGPP en desarrollo de su función de
seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y
oportuna liquidación y pago de las CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL, lo que deja entrever claramente que los

3
Ibidem.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
4

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recursos depositados en dichas cuentas tienen una naturaleza
INEMBARGABLE lo que hace que dicha irregularidad que hoy está vigente
afecte gravemente al Sistema de Protección Social de terceros por no
tener dichos recursos una naturaleza pensional que es lo que se discute
en la actuación ejecutiva como se malinterpreta por los despachos
accionados haciendo procedente la intervención del juez constitucional en
el presente caso para dejar sin efectos dichas medidas cautelares (…)”6.

En el acápite del escrito de tutela denominado “ACCIÓN DE TUTELA EN
CONTRA DE PROVIDENCIAS JUDICIALES”, sostuvo que “(…) en el
presente caso se configuran los requisitos generales y especiales
señalados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 para que sea
procedente la acción de tutela como el medio pertinente y eficaz para
DEJAR SIN EFECTOS las providencias del 04 de abril de 2019, 15 de julio
de 2021 y reiterados en los proveídos del 13 de agosto de 2021, 11 de
noviembre de 2022 y 24 de noviembre de 2023, con las cuales de ordena
el embargo de TODAS las cuentas de la UGPP en distintas entidades
bancarias, entre ellas en el Banco Popular y en el Banco agrario las cuales
tiene[n] el carácter de inembargables por contener dineros no solo que
hacen parte del Presupuesto General de la Nación para el normal
funcionamiento de la Unidad, sino con los recursos con los cuales se pagan
temas de índole parafiscal con el cual se financia el Sistema de la
Protección Social (…)”7.

Al respecto, adujo que su solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia, comoquiera que (i) el asunto bajo estudio tiene
relevancia constitucional debido a que “se discute la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración
de justicia en razón a la permanencia en el tiempo del gravamen ordenado
por los despachos judiciales demandados, con el que se ha generado una
afectación de tracto sucesivo sobre los recursos que hace parte del
Presupuesto General de la Nación destinados al funcionamiento de la

6
Ibidem.
7
Ibidem.
5

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UGPP”8; (ii) cumple el requisito de inmediatez por cuanto “la afectación a
los derechos de la UGPP aún persiste al ser una vulneración de tracto
sucesivo cuyos efectos permanecen en el tiempo ya que a hoy la UGPP no
ha podido hacer uso de los dineros con los que opera al estar embargadas
las cuentas entre otras en el BANCO POPULAR y BANCO AGRARIO” 9; (iii)
se identificaron en debida forma los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales; (iv) no se trata de tutela contra tutela;
y (v) no existe otro medio de defensa eficaz e inmediato que permita
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

En cuanto a los requisitos específicos, alegó que las providencias
cuestionadas incurrieron en material o sustantivo, fáctico y
desconocimiento del precedente jurisprudencial.

Frente a la configuración del defecto material o sustantivo, explicó que
“(…) este defecto se configura por la errada orden de embargo sobre los
dineros que reposan en las cuentas bancarias inscritas por la UGPP en el
Banco Popular y del Banco Agrario. Si bien la legislación colombiana
faculta al juez para decretar medidas de embargo en el desarrollo del
proceso ejecutivo, este tiene que ser cauteloso de no emitir órdenes de
este tipo en contra de recursos sobre los que la ley de manera expresa
prohíbe la inscripción de una medida de embargo, de acuerdo con la
naturaleza de los recursos. De esta manera, el principio de
inembargabilidad sobre recursos públicos y en particular sobre recursos
que formen parte del Presupuesto General de la Nación tienen una amplia
regulación que impide su gravamen en el desarrollo de [un] proceso
judicial, lo cual hace que el actuar de los estrados judiciales accionados
en este caso incurra en vía de hecho (…)”10.

Sobre el defecto fáctico, advirtió que, en el caso concreto, dicho defecto
se configura ante la no valoración del acervo probatorio aportado al
proceso objeto de debate, debido a que, según anotó “(…) los despachos

8
Ibidem.
9
Ibidem.
10
Ibidem.
6

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judiciales omitieron tener presente las pruebas aportadas por la UGPP que
daban fe de que las cuentas corrientes en los Bancos Populat y Agrario
era inembargables y para ello se allegó no solo la Resolución 25 del 14 de
enero de 2015, sino la certificación de inembargabilidad de los mismos
(…)”11.

Resaltó que “(…) los estrados judiciales accionados al no tener en cuenta
las certificaciones aportadas como acer[v]o probatorio ni las
argumentaciones fácticas y jurídicas que dentro de la actuación ejecutiva
se presentaron generó la configuración de este defecto impartiendo
erradamente una orden de embargo de unas cuentas de naturaleza
inembargable, por cuanto se itera los dineros allí recaudados NO tienen
naturaleza pensional, lo cual está plenamente acreditado procesalmente,
sin embargo, no fue tenido en cuenta por los despachos judiciales
accionados en los proveídos del 04 de abril de 2019, 15 de julio de 2021
y reiterados en los proveídos del 13 de agosto de 2021, 11 de noviembre
de 2022 y 24 de noviembre de 2023, que genera hoy la vía de hecho,
ante la evidente omisión de lo probado resolviendo a su arbitrio el asunto
jurídico debatido permitiéndonos por ello solicitar sean dejados sin efectos
(…)”12.

En lo que respecta al desconocimiento del precedente, aseveró que este
defecto se configura ante el actuar omisivo de las autoridades judiciales
accionadas, al desconocer varias providencias de la Corte Constitucional
sobre la figura de la inembargabilidad.

Al efecto, citó apartes de las sentencias C-546 de 1992, C-308 de 1994,
C-354 de 1997, C-402 de 1997 y C-793 de 2002 y advirtió que “(…) el
apartamiento que los despachos accionados al decretar la medida de
embargo, y confirmarla en segunda instancia, e insistir la inscripción de
la medida ante el Banco Popular y Banco Agrario, están pretermitiendo la
figura de la inembargabilidad que hace que exista una clara violación de

11
Ibidem.
12
Ibidem.
7

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nuestros derechos fundamentales que solicitamos sean protegidos y más
cuando en el presente caso se está afectando los recursos del Presupuesto
General de la Nación para el funcionamiento interno de la UGPP y a
terceros de buena fe que aportan al financiamiento de ese sistema, el cual
hoy se ve afectado por la medida de embargo, la cual no guarda identidad
con la obligación materia de la ejecución la cual es netamente pensional
y la naturaleza de la cuenta es del Sistema de la protección Social, lo que
hace que exista una vía de hecho en cabeza de los accionados con el
embargo de dineros que NO son de propiedad de la UGPP como quedó
acreditado (…)”13.

Posteriormente, en el acápite del escrito de tutela denominado
“DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE VIOLAN A LA UGPP Y AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL”, expuso que las providencias acusadas en esta
sede constitucional vulneraron los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad social y a la
salud.

Por último, añadió que “(…) los dineros que proviene de las contribuciones
de la protección social que administra la UGPP a través de la Planilla U
PILA, deben ser trasladados a terceros que forman parte del sistema de
la protección social como lo es el FOSYGA, el SENA, ICBF, cajas de
compensación, entre otros, lo cual afecta derechos fundamentales a la
educación e inclusive derechos de la niñez colombiana, que por estricta
disposición constitucional prevalecen sobre los demás derechos, en el
marco de los recursos que recibe el ICBF para el desarrollo de sus
funciones (…)”14.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

13
Ibidem.
14
Ibidem.
8

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3.1. La tutela fue radicada el 11 de abril de 202515 a través de la ventanilla
virtual de esta Corporación y correspondió por reparto a la Sección Cuarta
del Consejo de Estado que por auto del 30 de abril de 2025 16 la admitió,
negó la medida provisional solicitada, negó la solicitud de vinculación del
Banco Popular y del Banco Agrario y dispuso notificar17 al Tribunal
Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión nro. 6 y al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Duitama, como partes accionadas; así como
vincular18 al señor Carlos Julio Gómez Salazar, como tercero interesado
en el resultado del proceso.

De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de
Decisión nro. 6 y al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Duitama para que allegaran copia digital del expediente identificado con
el radicado nro. 15238 33 33 002 2013 00139 00/01.

3.2. El magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá, Lalo Enrique
Olarte Rincón, presentó informe19 en el que solicitó que se declare la
improcedencia de la solicitud de amparo, al considerar que no cumple con
los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial.

Para ello, inicialmente, hizo un recuento procesal de las actuaciones
surtidas en el proceso ejecutivo y explicó que “(…) la medida cautelar
decretada se encontraba ajustada a derecho, como quiera que, pese a
que versó sobre recursos que hacen parte del Presupuesto General de la
Nación, estos son susceptibles de embargo dada la naturaleza de la
obligación ejecutada, conforme a las excepciones contempladas por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional (…)”.

15
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02214 00.
16
Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02214 00.
17
Esta orden se cumplió el 5 de mayo de 2025. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02214 00.
18
Ibidem.
19
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02214 00.
9

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Accionante: UGPP

Anotó que “(…) el decreto y posterior confirmación de la medida cautelar
se ajustó a derecho y tiene el propósito de garantizar el cumplimiento
expedito de una sentencia judicial debidamente ejecutoriada y con ello
evitar la prolongación de causación de intereses que comprometen el
patrimonio público (…)”.

3.3. El señor Carlos Julio Gómez Salazar allegó escrito20 en el que precisó
que “(…) se trata de actuaciones que fueron proferidas por el juez
competente, confirmadas por el superior y que se encuentran en firme,
por lo que mal puede indicarse que se t[r]ata de violación al debido
proceso, sin que la acción de tutela se trate de una tercera instancia.
Además, basta con mirar las fechas de las providencias para verificar que
la presente acción fue interpuesta de forma EXTEMPOR[Á]NEA, la Corte
Constitucional ha dilucidado de forma consistente y reiterativa el tema,
evidenciándose en este caso que la última providencia invocada es de
noviembre de 2023, presentándose la presente acción en mayo de 2025,
luego de transcurrido más de 1 año y medio (…)”.

3.4. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Duitama remitió el
expediente21 del proceso ejecutivo solicitado, sin embargo, no se
pronunció sobre los hechos de la acción de tutela.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 29 de mayo de
202522, declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con
el requisito general de inmediatez.

Para ello, inicialmente expuso que “(…) [d]e conformidad con las pruebas
que obran en el expediente, la Sala observa que el Juzgado Segundo (sic)

20
Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02214 00.
21
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02214 00.
22
Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02214 00.
10

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Administrativo del Circuito Judicial de Duitama en decisión de 4 de abril
de 2019, decretó el embargo y retención de los dineros que la
demandante tiene en el Banco Popular por la suma de $25.000.000, en
el proceso ejecutivo que fue promovido por el señor Carlos Julio Gómez
Salazar con ocasión a la sentencia judicial que ordenó la reliquidación de
la pensión de jubilación. En consecuencia, la parte accionante interpuso
recurso de apelación, en el que solicitó que se levante la medida cautelar
reconocida, teniendo en consideración que se trata de recursos del
sistema de la protección Social, por lo que son inembargables (…)”.

Indicó que “(…) [e]l recurso de alzada fue desatado por el Tribunal
Administrativo de Boyacá por auto de 21 de julio de 2021, en el que
confirmó la decisión inicial y precisó que ‘la sentencia que fue presentada
como título ejecutivo se ordenó el reajuste de la mesada pensional del
ejecutante. Es decir que, decidió sobre un derecho de carácter laboral,
siendo esta otra de las excepciones a la regla general de
inembargabilidad. Si bien la ejecutada manifestó que en el presente caso
fue solicitado el pago de intereses moratorios, lo cierto es que estos hacen
parte de la obligación principal, por lo que tienen la misma naturaleza’
(…)”.

Anotó que “(…) [e]l 13 de agosto de 2021, el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Duitama resolvió dictar auto de
obedézcase y cúmplase lo resuelto por el superior funcional y por
proveídos de 11 de noviembre de 2022 y 24 de noviembre de 2023 decidió
correr traslado de la liquidación del crédito presentada por el apoderado
judicial del señor Carlos Julio Gómez Salazar, puso en conocimiento la
respuesta suministrada por la entidad demandante y requirió al Banco
Popular para que informara sobre el trámite impartido al oficio n.° 19236
de 15 de mayo de 2019, radicado el 17 de agosto de 2021,
respectivamente (…)”.

Aunado a lo anterior, resaltó que el auto del 4 de abril de 2019 fue
notificado en la misma fecha; que el del 15 de julio de 2021 se notificó el
19 de julio de 2021; el del 13 de agosto de 2021 se notificó en la misma
11

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fecha; el del 11 de noviembre de 2022 se notificó el 15 de noviembre de
la misma anualidad; y el del 24 de noviembre de 2023 se notificó el 27
de noviembre de 2023.

Posteriormente, precisó que la accionante alegó que el requisito de la
inmediatez se encuentra cumplido por cuanto, si bien la última decisión
reprochada data del 24 de noviembre de 2023, la presunta vulneración
se ha visto prolongada en el tiempo.

Al respecto, explicó que “(…) para la Sala lo sostenido por la entidad
accionante no tiene asidero pues conforme se evidenció en el relato de
actuaciones proferidas por las autoridades judiciales accionadas, fue a
partir del 19 de julio de 2021 cuando le fue notificada la decisión de 15
de julio del mismo año por la que se resolvió confirmar el auto de 4 de
abril de 2019 que decretó la medida cautelar de embargo y retención de
dineros. Si bien con posterioridad a las anteriores decisiones existieron
actuaciones en el marco del proceso ejecutivo, la Sala observa que las
mismas están encaminadas a impulsar la actuación, pues en estas se
corrió traslado de la liquidación del crédito, se puso en conocimiento una
respuesta y se requirió a la entidad bancaria para que rindiera informe
sobre el trámite impartido a un oficio. Lo que permite inferir que las
mismas no estuvieron relacionadas con la imposición de la medida
cautelar de la cual se desliga la vulneración (…)”.

Agregó que “(…) la parte actora conoció la decisión judicial de la cual
solicita que se deje sin efectos, el 19 de julio de 2021, cuando le fue
notificado el auto que resolvió confirmar la medida cautelar de embargo,
por lo que desde ese momento tuvo la oportunidad de acudir a través del
mecanismo de amparo para debatir los argumentos planteados en el
escrito de tutela y, por tanto, el presupuesto de la inmediatez se valorará
desde ese momento (…)”.

En ese sentido, adujo que “(…) como la solicitud de amparo fue promovida
el 21 de abril de 2025, transcurrieron tres (3) años, nueve (9)
meses y dos (2) días entre el momento de la notificación de la decisión
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cuestionada y el de la interposición de la acción constitucional, término
que excede el límite establecido jurisprudencialmente por la Sala Plena
de esta Corporación, como regla general, acogido igualmente por la Corte
Constitucional (…)”.

Recordó que “(…) la Corte Constitucional en diferentes decisiones ha
ratificado la posición jurisprudencial de esta Corporación, al indicar que el
plazo razonable para interponer la acción de tutela, si bien no es un
término fijo, puede entenderse como un periodo prudencial de seis (6)
meses, el cual debe analizarse en general, ‘en relación con el hecho
generador de la tutela, las condiciones del accionante y los derechos que
subyacen en la pretensión’ , respecto del cual ha precisado ‘que (…) ha
entendido que seis meses es un plazo razonable para satisfacer el
requisito de inmediatez sin que ello signifique que dicho término es
perentorio’ (…)”.

Aclaró que “(…) no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar
al juez a concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez
que pueden existir circunstancias especiales que no solo justifiquen que
la acción de tutela no se haya presentado en un término razonable, sino
que demuestren que el hecho o la omisión que vulnera el derecho
fundamental sean permanentes, persisten en el tiempo, y hacen que la
violación sea siempre actual. Sin embargo, cuando se trata de cuestionar
providencias judiciales la verificación de este presupuesto se torna aún
más exigente, por lo que no cualquier circunstancia excepcionaría este
requisito cuando se ha superado el plazo razonable de los seis meses, lo
cual se deberá analizar caso a caso, siempre con el norte de preservar
prima facie los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. En el
presente caso, no se presentaron circunstancias especiales y la parte
actora no hizo manifestación sobre la existencia de alguna que le hubiese
imposibilitado ejercer la acción de tutela dentro del término referido, por
lo que, conforme con la jurisprudencia antes citada, el requisito se
encuentra incumplido (…)”.

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Finalmente, subrayó que “(…) en todo caso, conforme las actuaciones
surtidas en el proceso ejecutivo, el mismo se encuentra en curso y tiene
pendiente que se resuelva el recurso de apelación interpuesto por la
entidad demandante contra la modificación al crédito realizada por auto
de 10 de octubre de 2024 del Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Duitama, por lo que se advierte, adicionalmente, que la acción
de tutela no procede cuando el asunto está en trámite, toda vez que se
cuenta con la posibilidad de agotar los medios de defensa judicial
previstos en el ordenamiento jurídico, pues la vía constitucional no es un
mecanismo alternativo y supletorio para dirimir cuestiones que deben ser
resueltas al interior del respectivo trámite judicial (…)”.

5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la entidad accionante lo
impugnó23 manifestando que “(…) no comparte esta Unidad los
argumentos señalados por el a-quo para no estudiar de fondo la situación
irregular que se deriva de los autos que decretaron medidas de embargo
sobre cuentas que son de índole PARAFISCAL y de Funcionamiento de la
UGPP, es decir sobre dineros que NO son de propiedad de la UGPP sino
del Sistema de la Seguridad Social y de terceros aportantes y funcionarios
de la Unidad, que hacía procedente la intervención del juez tutelar ante
la evidente vía de hecho y la gravedad de sus medidas que hacen viable
que solicitemos desde ya la revocatoria de la sentencia del 29 de mayo
de 2025 (…)”.

Frente al requisito de inmediatez, señaló que “(…) como lo ha referido la
Corte Constitucional este requisito puede ser flexibilizado cuando exista
una violación flagrante de derechos y la configuración de un grave
perjuicio, requisitos que configuran una circunstancia especial que no solo
justifica que la acción de tutela no se hubiera presentado en un término
inferior sino que hace procedente que en este caso de manera

23
Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02214 00.
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excepcional sea procedente la tutela, los cuales sí fueron debidamente
acreditados en la demanda de tutela por parte de la UGPP pero pasados
por alto por el a-quo para declarar improcedente la tutela, lo que hace
que desde ya solicitemos la revocatoria de la sentencia de primera
instancia para que en su lugar se acceda a dejar sin efectos las decisiones
judiciales adoptadas en este caso al haberse impuesto medida de
embargo sobre recursos que pertenecen al Sistema Parafiscal y al
Sistema de la Seguridad Social lo que hoy, contrario a lo señalado por el
a-quo, no solo está vigente sino con plenos efectos jurídicos haciendo por
ello viable la intervención del juez de tutela para finalizar dicha violación
no solo a los derechos de terceros sino a los derechos de la Unidad (…)”.

Indicó que el a quo no tuvo en cuenta la configuración del perjuicio
irremediable como requisito de procedencia excepcional de la tutela, por
lo que solicitó “(…) la flexibilización del requisito de la inmediatez en razón
a que si bien la última providencia es del 24 de noviembre de 2023 no es
menos cierto que sus efectos hubieran fenecido pues lo allí decidido que
confirma las decisiones 04 de abril de 2019, 15 de julio de 2021, 13 de
agosto de 2021 y 11 de noviembre de 2022, han permanecido en el
tiempo, pues a hoy están vigente tales medidas de embargo sobre TODAS
las cuentas de la UGPP en el Banco Agrario y en el Banco Popular ya que
dichas decisiones judiciales están en firme y con plenos efectos lo que ha
hecho que a hoy la Unidad no puede disponer de dichos recursos
incumpliéndose así con las obligaciones con el Sistema Parafiscal y el de
la Seguridad Social de terceros como de sus obligaciones legales lo cual
le fue debidamente probado no solo a los despachos accionados sino por
el a quo (…)”.

Anotó que “(…) contrario a lo manifestado por el a-quo la UGPP sí acreditó
el cumplimiento de este requisito para que fuera analizado como requisito
excepcional para que fuera flexibilizado el requisito de la inmediatez con
el fin de que se accediera a resolver de fondo la presente tutela al
encontrarse acreditado el grave perjuicio que en este caso se da al
Sistema Parafiscal y de la Protección Social, en los términos antes

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descritos, por la orden de embargo de unos dineros que NO son de
propiedad de la UGPP y menos que ellos puedan ser utilizados para pagar
prestaciones pensionales pues con ello se está pasando por alto la
naturaleza de los mismos, los cuales (…), le pertenecen es al sistema por
lo que NO puede ser utilizados ni destinados a temas diferentes a la
finalidad de su asignación, esto es al funcionamiento de la Unidad y al
pago de obligaciones parafiscales (…)”.

En este punto, citó el marco normativo y jurisprudencial sobre la
inembargabilidad de los recursos de seguridad social y aseguró que “(…)
se requiere de una intervención URGENTE del juez de tutela por no contar
la UGPP con otro medio de defensa judicial, pue[s] se itera las
argumentaciones de inembargabilidad de dichas cuentas le fueron
puestas de presente ante los jueces tutelados para que se revocaran tales
medidas de embargo pero en vía ejecutiva fueron negadas lo que hace
que el perjuicio irremediable como requisito de flexibilización de la
inmediatez esté probado con el fin de que se pueda realizar un estudio
de fondo frente a tales medidas con las cuales se itera se violenta el
Sistema de Parafiscales y de la Seguridad Social causando un grave
perjuicio (…)”.

Aseguró que, contrario a lo afirmado por el a quo, el plazo de seis meses
no es único ni exclusivo comoquiera que “(…) si bien la última providencia
que decretó la medida cautelar se emitió el 24 de noviembre de 2023 no
es menos cierto que la afectación a los derechos de la UGPP y de terceros
persiste en el tiempo con la reiteración de la medida de embargo de las
cuentas de la UGPP desde tal data hasta la actualidad pues dichas
determinaciones judiciales primero no han sido dejadas sin efectos y
segundo porque tales medidas hoy están vigentes en el Banco Agrario y
en el Banco Popular al tener embargadas TODAS las cuentas de la UGPP
(…)”.

Precisó que “(…) hoy la Unidad no ha podido disponer de los recursos de
las cuentas de Parafiscales y las de Funcionamiento para cumplir las
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social como de las obligaciones
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de impuestos, AFC y demás, haciendo que la vulneración de nuestros
derechos y de terceros no hubiere finalizado como erradamente lo señala
el a-quo para contabilizar la inmediatez desde el auto del 19 de julio de
2021 cuando nos fue notificado el auto que resolvió confirmar la medida
de embargo, pues tales medidas no solo hoy están en firme sino con
plenos efectos jurídicos pues el banco Popular y el banco Agrario por
orden de este proceso ejecutivo las tiene embargadas como así dan fe
dichas entidades financieras quienes debieron cumplir esas órdenes
judiciales a ellos informadas a través de los oficios expedidos por los
despachos accionados y que reposan en el expediente ejecutivo con lo
cual se desvirtúa el argumento del juez de instancia de indicar un
incumplimiento de este requisito para poder estudiar de fondo el caso
(…)”.

Posteriormente, respecto al argumento del a quo sobre la improcedencia
de la acción de tutela por no cumplir el requisito de subsidiariedad debido
a que el proceso ejecutivo se encuentra en curso, alegó que dicho
planteamiento, “(…) es a todas luces inviable para no estudiar de fondo
el asunto pues como el mismo despacho lo señala el recurso de apelación
que está pendiente de resolución es frente a la modificación de la
liquidación del crédito del 10 de octubre de 2024 más NO sobre las
medidas cautelares decretadas sobre TODAS las cuentas de la UGPP entre
otros en el banco Agrario y en el banco Popular, en las proveídos hoy
controvertidos esto es del 04 de abril de 2019, 15 de julio de 2021 y
reiterados en los proveídos del 13 de agosto de 2021, 11 de noviembre
de 2022 y 24 de noviembre de 2023, actuaciones judiciales que no
dirimen temas de modificación de la liquidación del crédito haciendo por
ello inviable que el argumento del a-quo para declarar improcedente esta
tutela por subsidiariedad sea a todas luces errada pues lo que se está
discutiendo en el auto del 10 de octubre de 2024 es TOTALMENTE
diferente a lo que se discute en la presente tutela que busca DEJAR SIN
EFECTOS los autos del 04 de abril de 2019, 15 de julio de 2021 y
reiterados en los proveídos del 13 de agosto de 2021, 11 de noviembre
de 2022 y 24 de noviembre de 2023 que ordenaron medidas de embargo
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sobre todas las cuentas que la UGPP tiene en el Banco Popular y el Banco
Agrario, por haberse pasando por alto que ellas son de naturaleza
INEMBARGABLE en razón a que sus recursos provienen del Presupuesto
General de la Nación para gastos de funcionamiento y por concepto de
contribuciones Parafiscales de la Protección Social, lo que hace que en
este caso exista una necesidad URGENTE y APREMIANTE de la
intervención del juez constitucional para la protección de los derechos de
la Unidad como de terceros (…)”.

En este punto, aseveró que el requisito de subsidiariedad está
plenamente acreditado, debido a que, bajo su consideración, “(…) NO
contamos con otro medio de defensa judicial para obtener el
levantamiento de las medidas de embargo sobre todas las cuentas que
la UGPP tiene en el Banco Popular y el Banco Agrario (…)”.

Finalmente, reiteró las pretensiones y los fundamentos planteadas en el
escrito de tutela inicial, para lo cual, aduciendo que las providencias
acusadas incurrieron en defecto sustantivo, fáctico y desconocimiento del
precedente.

5.2. Por auto proferido el 16 de junio de 2025 se concedió la
impugnación24 y la misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto
del 26 de junio de 202525.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199126, en concordancia con el numeral 5 del artículo

24
Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02214 00.
25
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02214 01.
26
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
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2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201527, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202128, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12
de marzo de 201929, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de
diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.

6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente30:

6.2.1. El señor Carlos Julio Gómez Salazar, actuando por conducto de
apoderado, promovió demanda ejecutiva en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Patrimonial y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP, pretendiendo lo siguiente:

«[…] Conforme lo establecido en el artículo 145 Num. 9 de la ley
1437 de 2011, solicito al Señor Juez se libre mandamiento
ejecutivo en los siguientes términos:

1) Se ordene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PATRIMONIAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
PROTECCIÓN SOCIAL UGPP, dar estricto cumplimiento a la
sentencia proferida el 15 de marzo de 2011, por el JUZGADO
PRIMERO ADMINISTRATIVO DE SANTA ROSA DE VITERBO -
y confirmada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYAC[Á] en
sala de decisión No. 2 providencia de fecha 24 de noviembre de
2011-, en la cual se declaró la nulidad de la Resolución No. 01904
del 3/04/2003, ordenando: ". reconocer, reliquidar y pagar la
pensión incluyendo los siguientes factores: Prima de alimentación,
bonificación de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad,

siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
27
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
28
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
29
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
30
Lo que se desprende del expediente correspondiente al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 15238 33 33 002 2013
00139 00/01. Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02214 00.
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prima de servicios, auxilio de transporte y viáticos devengados
durante el último año de servicio de conformidad con los
parámetros plasmados en la parte motiva de la presente
providencia a partir del 1º de agosto de 2005." (negrilla del
suscrito).

2) Se ordene modificar la resolución No. RDP 009641, del 1 de
marzo de 2013, o expedir nueva resolución, que liquide la pensión
de jubilación del señor CARLOS JULIO GÓMEZ SALAZAR, teniendo
en cuenta el 75% del salario más alto devengado en el último año
de servicios, que corresponde al recibido en el año 2000 por la
suma de $813.294, conforme a la parte motiva de la providencia,
y como efectivamente se venía cancelando al pensionado luego de
acatar el fallo de tutela.

3) Se incluya en la modificación de la resolución, o en el nuevo acto
administrativo, los factores de prima de alimentación, bonificación
de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, prima de
servicios, auxilio de transporte y viáticos devengados durante el
último año de servicios, tal y como lo ordena el fallo y se precisa a
continuación:

a) Se incluya el total devengado por concepto de la prima de
servicios de 1999, sin reducir el ingreso base de liquidación, como
de forma ilegal lo hizo la UGPP, puesto que fue el único monto que
recibió el trabajador por ese concepto durante el último año
trabajado, certificado por CAJANAL en la suma de $328,672.

b) Se incluya el total devengado por concepto de la prima de
navidad de 1999, sin reducir el ingreso base de liquidación, como
de forma ilegal lo hizo la UGPP, puesto que fue el único monto que
recibió el trabajador por ese concepto durante el último año
trabajado, certificado por CAJANAL en la suma de $740.830.

c) Se incluya la prima de vacaciones del año 2000 de acuerdo a lo
certificado por el empleador, que es de $1.539.288, conforme a lo
ordenado en la sentencia, mayor valor devengado durante el último
año de servicios.

d) Se modifiquen los demás factores, de acuerdo a la liquidación
que se presenta según la asignación más alta recibida durante el
último año de servicios, montos recibidos mensualmente, por lo
que se divide el valor certificado por CAJANAL, por el número de
meses laborados […]». (Mayúsculas y negrillas originales de la
demanda).

6.2.2. La demanda fue conocida por el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito Judicial de Duitama que, por auto del 29 de agosto de 2014
libró mandamiento de pago a favor del señor Carlos Julio Gómez Salazar
y en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Patrimonial y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por la suma

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de $7.842.366, por concepto de saldo del capital insoluto indexado de las
diferencias en las mesadas pensionales del actor entre el valor devengado
y lo que debió devengar, entre el 1 de agosto de 2005 hasta la fecha en
que se produjo el pago parcial.

6.2.3. Por auto del 4 de abril de 2019, el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito Judicial de Duitama dispuso lo siguiente:

«[…] PRIMERO. DECRETAR el embargo y retención de los dineros
que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP- posee en el BANCO POPULAR. La
medida se limita a VEINTICINCO MILLONES DE PESOS
($25.000.000), precisando que los dineros embargados serán
primeramente los destinados al pego de sentencias y
conciliaciones, si llegaren a ser insuficientes, procederá con las
cuentas de ingresos corrientes de libre destinación o de propósito
general, y por último, de resultar necesario, embargará las cuentas
con dineros destinados al pago de pensiones. Ahora bien, si la
entidad ejecutada no discriminó la naturaleza de los recursos
contenidos en dichas cuentas, procederá el embargo sobre las
cuentas existentes.

SEGUNDO. Por Secretaria, elabórese el oficio circular respectivo,
cuyo trámite estará a cargo de la parte ejecutante, quien deberá
velar porque la cautelar decretada no supere los términos y valores
ordenados previamente […]». (Mayúsculas y negrillas originales de
la providencia).

6.2.4. Inconforme con la anterior decisión, la UGPP interpuso recurso de
apelación y la Sala de Decisión nro. 6 del Tribunal Administrativo de
Boyacá, mediante auto del 15 de julio de 2021 la confirmó.

6.2.5. Por auto del 13 de agosto de 2021, el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Duitama obedeció lo resuelto por el
superior.

6.2.6. Por auto del 11 de noviembre de 2022, el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Duitama dispuso lo siguiente:

«[…] PRIMERO. – CORRER TRASLADO en la forma prevista por
los arts. 446 y 110 del CGP, de la liquidación presentada por el
apoderado de la parte ejecutante para actualizar el crédito, visible
en el archivo No. 97 del cuaderno principal.

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Accionante: UGPP

SEGUNDO. – POR SECRETARÍA, REQUERIR al Banco Popular
para que, en el término de DIEZ (10) DÍAS, informe sobre el
trámite impartido al oficio No. 19236 del 15 de mayo de 2019,
radicado ante esa entidad el 24 de agosto de 2021, conforme se
observa en el archivo No. 21 del cuaderno de medidas cautelares.

Al oficio se anexará copia de los documentos que reposan en dicho
archivo.

Si en el término precitado no se atiende la orden judicial, sin
necesidad de otro auto que así lo disponga, por secretaría
REQUERIR a la UGPP, previo a la apertura del trámite incidental
tendiente a la imposición de la sanción prevista por el art. 44-3 del
CGP, para que justifique su reticencia, cumpla lo ordenado, e
informe el nombre, identificación y dirección de correo electrónico
del representante legal de la entidad y de la persona encargada de
cumplir los requerimientos del Juzgado, así como su superior
funcional.

TERCERO. – Por Secretaría, REQUERIR a la UGPP, para que, en el
término de cinco días, contado a partir del recibo de la
comunicación, aporte la copa de los actos administrativos que
dieron lugar a los pagos realizados el 18 de marzo y el 28 de abril
de 2022 […]». (Mayúsculas y negrillas originales de la providencia).

6.2.7. Por auto del 24 de noviembre de 2023, el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Duitama, dispuso lo siguiente:

«[…] PRIMERO. –PONER EN CONOCIMIENTO de la parte
ejecutante, la respuesta y documentos suministrados por la UGPP
visibles en los archivos 41 a 43 del cuaderno principal No. 2, para
que, si así lo desea, se manifieste al respecto.

SEGUNDO. – POR SECRETARÍA, REQUERIR al Banco Popular para
que, bajo apremio de la sanción prevista por los arts. 44-3 y 594
del CGP, y en el término de DIEZ (10) DÍAS, contando a partir del
recibo de la comunicación, informe sobre el trámite impartido al
oficio No. 19236 del 15 de mayo de 2019, radicado ante dicha
entidad el día 17 de agosto de 2021 […]». (Mayúsculas y negrillas
originales de la providencia).

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, la Sala confirmará lo decidido por la Sección
Cuarta de esta Corporación en la sentencia proferida el 29 de mayo de
2025, que declaró improcedente la acción de tutela por no superar los
requisitos generales de inmediatez y subsidiariedad, por las razones que
pasan a exponerse.

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Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la jurisprudencia constitucional ha
considerado que, dado que la finalidad de la tutela es la protección
urgente e inmediata de los derechos fundamentales, ésta debe formularse
en un plazo razonable contado a partir del hecho que originó la amenaza
o vulneración, pues aceptar lo contrario desvirtuaría su carácter
excepcional.

En este sentido, en la sentencia SU-354 de 201731, la Corte Constitucional
destacó que la importancia de exigir un término razonable entre la
notificación de la providencia que se controvierte y la interposición de la
acción de tutela radica en que dicho requisito: “(…) (i) garantiza una
protección urgente de los derechos fundamentales presuntamente
amenazados o vulnerados; (ii) evita una lesión desproporcionada a
atribuciones jurídicas de terceros; (iii) resguarda la seguridad jurídica; y
(iv) desestima las solicitudes negligentes (…)”.

La razonabilidad del plazo debe ser valorada en cada caso concreto,
teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: (i) si existe un
motivo válido para la inactividad del accionante; (ii) si la inactividad
injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados, y (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después
de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de
cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición32.

31
M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
32
Sentencias T-648 de 2003, T-322 de 2008, T-581 de 2012, entre otras.
23

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De manera similar, la Corte Constitucional, en la sentencia SU - 069 del
21 de junio de 2018, explicó, haciendo referencia al presupuesto de la
inmediatez, “(…) que la tutela debe interponerse dentro de un término
oportuno y razonable, es decir, en un momento cercano a aquel en que
se presentó la vulneración o amenaza (…)”.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia del 5 de agosto de 2014, unificó su jurisprudencia33 y, en cuanto
al requisito de inmediatez, estableció que “(…) la Sala Plena, como regla
general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar
si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente (…)”. (Negrillas del texto).

Así entonces, en los casos que se controvierten providencias judiciales,
por regla general, la acción se debe interponer dentro de los seis (6)
meses siguientes a la notificación de la providencia que se cuestiona,
teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos
previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y
extraordinarios y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas
logren certeza y estabilidad, plazo que deberá ser analizado en cada caso
particular, tomando en consideración las circunstancias especiales de
modo, tiempo y lugar en que se encuentre el accionante.

En el caso concreto, la entidad accionante cuestiona los siguientes autos
proferidos por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Duitama:
el del 4 de abril de 2019, notificado ese mismo día; el del 13 de agosto
de 2021, notificado se mismo día; el del 11 de noviembre de 2022,
notificado el 15 de noviembre de 2022; y el del 24 de noviembre de 2023,
notificado el 27 de noviembre de 2023.

33
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de
agosto de 2014. M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad.:11001-03-15-000-2012-
02201-01.
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Accionante: UGPP

Adicionalmente, también cuestiona el dictado el 15 de julio de 2021,
notificado el 19 de julio de 2021, por la Sala de Decisión nro. 6 del Tribunal
Administrativo de Boyacá, que confirmó la medida cautelar de embargo
sobre las cuentas de la UGPP decretada en el precitado auto del 4 de abril
de 2019.

Por su parte, la acción de tutela fue radicada el 11 de abril de 202534,
de donde se desprende que, tal como lo señaló el a quo, la solicitud de
amparo no cumple con el requisito de la inmediatez, dado que fue
promovida luego de transcurridos más de seis meses de notificada y
ejecutoriada las providencias atacadas.

La Sala resalta que la entidad accionante no alegó, ni en el escrito de
tutela inicial, ni en la impugnación, un motivo válido que justifique la
tardanza en la presentación de la solicitud de amparo.

Si bien en el escrito de impugnación solicitó la flexibilización de dicho
requisito, al argumentar la presunta vulneración y afectación de derechos
de terceros, la Sala advierte que dicha situación no se encuentra
demostrada en el expediente. A lo que se agrega, que tampoco se acredita
una condición de debilidad manifiesta que haya impedido interponer la
acción de tutela con anterioridad.

Ahora, frente al requisito general de subsidiariedad, la Corte
Constitucional ha explicado que este envuelve tres eventos que conducen
a la improcedencia de la acción de tutela: (i) cuando el asunto está en
trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los medios de defensa
judicial, ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir etapas
procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico.

Sobre la improcedencia de la acción de tutela en los casos en los que el
asunto está en trámite, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha

34
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02214 00.
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Accionante: UGPP

explicado que la intervención del juez constitucional, en principio, está
vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un mecanismo
alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser
resueltos al interior del trámite ordinario35.

En igual sentido, ha señalado que “(…) la acción de tutela no procede de
manera directa cuando el asunto está en trámite, toda vez que se cuenta
con la posibilidad de agotar los medios de defensa previstos en el
ordenamiento (…)”36.

Respecto a la procedencia de la acción de tutela contra autos
interlocutorios, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha explicado
que “(…) el análisis (…) es estricto, puesto que: i) no se trata de decisiones
definitivas; ii) la persona tiene a su disposición distintos recursos jurídicos
para controvertir el auto, en el marco del proceso judicial en el cual fue
emitido y, además, iii) tiene la posibilidad de recurrir la decisión final. Tal
criterio restrictivo encuentra su justificación en que la acción de tutela no
puede ser utilizada por el accionante para “controvertir una decisión
adversa a [los] intereses”, en el marco de un proceso judicial en el cual
“no se ha proferido ningún fallo definitivo” (…)”37. (Se destaca).

En el asunto bajo examen, la entidad accionante cuestiona los autos
proferidos en el proceso ejecutivo que decretaron la medida cautelar de
embargo de sus cuentas, por lo que lo pretendido a través de esta
solicitud de amparo, tal y como lo expuso en su escrito de impugnación,
es “obtener el levantamiento de las medidas de embargo sobre todas las
cuentas que la UGPP tiene en el Banco Popular y el Banco Agrario”.

Bajo dicho contexto, la acción de tutela también resulta improcedente por
no superar el requisito general de subsidiariedad, pero no porque se
encuentre pendiente de resolver el recurso de apelación interpuesto en
contra de la modificación del crédito realizada por auto del 10 de octubre

35
Corte Constitucional. Sentencia T-335 de 2018. M.P.: Diana Fajardo Rivera.
36
Corte Constitucional. Sentencia SU-695 de 2015. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
37
Corte Constitucional. Sentencia T-511 del 11 de diciembre de 2020.
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Accionante: UGPP

de 2024, porque tal como lo señaló la entidad accionante, la solicitud de
amparo no se interpuso en contra de dicha providencia; sino porque el
proceso ejecutivo, en el que se decretó la mencionada cautela de embargo
respecto de la cual se pretende el levantamiento, está en curso, sin que
esta acción esté instituida como un mecanismo paralelo o alternativo a
los medios de defensa establecidos por el ordenamiento jurídico.

En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente
por cuanto no cumple con los requisitos generales de inmediatez y
subsidiariedad, por lo que se confirmará el fallo proferido el 29 de mayo
de 2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 29 de mayo de
2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la solicitud de amparo, según lo explicado en precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Radicación: 11001 03 15 000 2025 02214 01
Accionante: UGPP

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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