Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02217-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02217-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02217-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
5 de junio de 2025
Demandante: Maximiliano López Ospina
Demandado: Presidente de la República
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02217-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02217-00
Demandante: MAXIMILIANO LÓPEZ OSPINA
Demandado: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Temas: Tutela de fondo. Derechos al buen nombre y a la honra. Falta de
legitimación en la causa por activa.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio de
la acción constitucional prevista en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Maximiliano López Ospina, en calidad de coordinador del Comité Jurídico
del Movimiento de Juventudes «Soy Joven Cabal», presentó acción de tutela1
contra el presidente de la República, el señor Gustavo Petro Urrego, al considerar
vulnerados los derechos fundamentales a la honra y el buen nombre de la
senadora María Fernanda Cabal, con ocasión de la publicación que el jefe de
Estado realizó el 20 de abril de 2025 en la red social «X», en la que presuntamente
relacionó a la congresista con «estructuras potencialmente peligrosas».
1.2. Pretensiones
En consecuencia, el actor elevó las siguientes súplicas:
I. Solicito se proteja el derecho fundamental al buen nombre de la H.S Senadora
Maria Fernanda Cabal, consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política,
conforme a los argumentos expuestos en el cuerpo de este documento.
II. Solicito se proteja el derecho a la honra de la H.S Senadora Maria Fernanda
Cabal, consagrado en el artículo 21 de la Constitución Política, conforme los
argumentos esgrimidos en el presente documento.
III. Como consecuencia de la prosperidad de alguna de las anteriores pretensiones,
solicito se ordene al señor Gustavo Petro Urrego retractarse de las afirmaciones
1
El 21 de abril de 2025.
1
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Demandante: Maximiliano López Ospina
Demandado: Presidente de la República
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efectuadas en contra de la Senadora Maria Fernanda Cabal, en las mismas
condiciones y a través de los mismos medios en las que las efectuó.2
1.3. Hechos
En el escrito de la tutela se hizo mención a los siguientes supuestos fácticos:
El accionante relató que el 18 de abril del 2025 el usuario identificado como
«@Aquelarre118» publicó en la aplicación «X» un hilo en el que denunciaba la
existencia de una red liderada por «Lykan», la cual a través de diferentes medios
digitales y conversaciones filtradas, lanzó amenazas contra sectores políticos del
progresismo colombiano.
Puso de presente que el 20 de abril del año en curso el presidente de la República,
el señor Gustavo Petro Urrego, compartió en la red social «X» las declaraciones
que hizo el usuario «@Aquelarre118» con las siguientes palabras:
Le solicito a @FiscaliaCol y a @PoliciaColombia abrir investigación judicial sobre
esta red dirigida por el asesino @Lykanista, construida para amenazar de muerte a
progresistas en la red, incluido al presidente de la República.
La red está vinculada a la senadora Cabal.
Además, el jefe de Estado en un segundo post declaró lo siguiente: «[p]or tanto. le
solicito a la @CorteSupremaJ inicie investigación sobre el papel de la senadora en
esta red de extrema derecha neonazi, que sin mayor persecución judicial, comete
delitos por la red. Ante hechos repetitivos, y como sucedió con el genocidio política
contra la UP...»3.
Narró que, en respuesta a lo anterior, la senadora María Fernanda Cabal publicó
en la plataforma «X» un mensaje en el que indicó: «¡Petro no sea cobarde! Su
calumnia y sus bodegas están poniendo en peligro mi vida y la de mi familia. Le
exijo rectificar este hostigamiento con fines políticos y violencia de género, contra
una líder de oposición a quien usted no ha podido enfrentar con argumentos.
Iniciaré las acciones legales y la solicitud de medidas ante la CIDH».
1.4. Sustento de la vulneración
A juicio del actor, las declaraciones realizadas por el presidente de la República, el
señor Gustavo Petro Urrego, el 20 de abril de 2025 en la red social «X» en contra
de la señora María Fernanda Cabal transgredieron los derechos fundamentales a la
honra y el buen nombre de la senadora, pues la relacionó con «estructuras
potencialmente peligrosas» sin tener algún fundamento.
El accionante aclaró que «Soy Joven Cabal» es un movimiento de jóvenes
autónomo conformado por un sentimiento de similitud ideológica representada y
agrupada en torno al liderazgo de la senadora María Fernanda Cabal, el cual no
posee personería jurídica. Entonces, acudió a este mecanismo constitucional en
aras de obtener una retractación del presidente de la República, con ocasión del
pronunciamiento que realizó en contra de la congresista en mención.
2
Trascripción literal del original con posibles errores.
3
Ibidem.
2
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1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones
Mediante auto de 28 de abril de 2025, se inadmitió la acción de tutela para que el
accionante i) adjuntara los documentos que acreditan la existencia del Movimiento
de Juventudes «Soy Joven Cabal» y que el señor López Ospina es el coordinador
del Comité Jurídico, así como ii) aclarara si también acudía al juez de tutela en
defensa de las garantías fundamentales de las personas que integran tal grupo.
En atención a que en memorial radicado el 8 de mayo del presente año el
accionante subsanó las irregularidades advertidas4, por medio del proveído de 14
de mayo de 2025 se admitió la acción constitucional y se ordenó notificar esta
decisión como demandados al presidente de la República y al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia. Además, se vinculó
a la senadora María Fernanda Cabal, dado el posible interés que le asiste en las
resultas de este proceso.
Remitidas las respectivas comunicaciones5, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Presidencia de la República
La apoderada judicial de la entidad rindió informe en el cual solicitó declarar
improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de subsidiariedad,
debido a que el actor no presentó una solicitud de retractación ante el presidente de
la República antes de acudir a este mecanismo constitucional, pese a que es el
escenario idóneo para ventilar los casos en los cuales se consideran quebrantados
los derechos al buen nombre y la honra por manifestaciones públicas.
A su vez, señaló que el señor López Ospina carece de legitimación en la causa por
activa, toda vez que no solo promovió la presente acción en defensa de los
derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de la senadora María
Fernanda Cabal, sino que además formula el escrito como si actuara en interés de
terceros, sin aportar el respectivo poder que lo faculte para ejercer su
representación, al tenor de lo previsto en el numeral 7º del artículo 42 del Decreto
2591 de 1991.
Igualmente, hizo referencia a que el mensaje cuestionado no vulneró los derechos
fundamentales al buen nombre y a la honra del accionante, en razón a que la
discusión propuesta «se estructuró a partir de una lectura fragmentada,
descontextualizada, sesgada y estrictamente personal de las palabras utilizadas por
el señor presidente de la República», así que se les otorgó un alcance que no es el
que surge de su texto, sino de una valoración subjetiva.
En ese sentido, precisó que el primer mandatario no emitió una opinión, ni realizó
afirmaciones propias, sino que se limitó a compartir la publicación que realizó otro
4
Toda vez que el señor López Ospina precisó que no acudía a este mecanismo constitucional «para
buscar una retractación por declaraciones emitidas contra alguno de los que integramos “Soy Joven
Cabal”», sino con el propósito de obtener la protección de los derechos invocados de la señora
Cabal. Además, allegó la constancia de existencia del mencionado movimiento, en la cual se hace
referencia a que el actor es el encargado del Comité Jurídico del grupo de jóvenes.
5
Mediante oficios enviados el 16 de mayo de 2025 y aviso publicado en la página web del Consejo
de Estado el 19 de mayo del mismo año.
3
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usuario de la red social «X» en ejercicio de su libertad de expresión, sin que le
atribuyera la posible comisión de algún delito al tutelante, pues lo pretendido con
dicho mensaje fue poner en conocimiento de las autoridades competentes una
denuncia realizada previamente por un tercero.
Trajo a colación que la conducta del presidente de la República responde al deber
que tienen todos los ciudadanos de denunciar hechos potencialmente delictivos y
no puede entenderse como una vulneración a los derechos fundamentales a la
honra y al buen nombre, pues el contenido objeto de debate no fue generado
directamente por el jefe de Estado, tal como lo consideró el Consejo de Estado6
tras resolver una acción de tutela similar a la que nos ocupa.
1.5.2. Maximiliano López Ospina
El accionante radicó memorial en el cual reiteró los argumentos expuestos en el
escrito de la tutela y se opuso a lo señalado por la Presidencia de la República en
su contestación pues, a su juicio, tiene un interés directo en el presente asunto
debido a que se desempeña como coordinador del Comité Jurídico del movimiento
«Soy Joven Cabal», el cual se conformó en torno al liderazgo de la señora María
Fernanda Cabal, lo que significa que el buen nombre de este grupo está ligado al
de la parlamentaria.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Problemas jurídicos
Corresponde a la Sala analizar si el señor López Ospina está legitimado en la
causa por activa para invocar la protección de los derechos fundamentales a la
honra y el buen nombre de la señora María Fernanda Cabal, con ocasión de la
publicación que realizó el presidente de la República, el señor Gustavo Petro
Urrego, el 20 de abril de 2025 en la red social «X», en la que presuntamente
relacionó a la senadora con «estructuras potencialmente peligrosas».
De resultar positiva la respuesta a la anterior pregunta, se verificará si la acción de
tutela cumple con los requisitos de procedibilidad y, en caso de considerarse que sí
se superan, se estudiará si el jefe de Estado transgredió las garantías
iusfundamentales invocadas con los señalamientos que realizó en los mensajes
objeto de controversia.
Para resolver estos problemas, se observarán los siguientes aspectos: i)
generalidades de la acción de tutela, ii) legitimación en la causa por activa, iii)
procedencia de la acción de tutela y iv) estudio del caso concreto.
6
Al respecto, se mencionó el proceso con radicado 11001-03-15-000-2023-04885-00/01.
4
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2.3. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional según el
cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces
la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados
o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los
particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en el
artículo 6º ibidem., entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se
alega amenazado o vulnerado.
2.4. Legitimación en la causa por activa
Sobre el particular, se destaca que el inciso primero del artículo 86 de la
Constitución prevé el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces,
por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados,
mediante un procedimiento preferente y sumario.
En concordancia con lo anterior, el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991
establece que toda persona que considere trasgredidos sus derechos
fundamentales podrá ejercer la acción descrita:
i) Por el titular de las garantías constitucionales; ii) a través de representante legal;
iii) apoderado judicial; o iv) por medio de la agencia oficiosa cuando el titular de los
derechos fundamentales no esté en condiciones de promover su defensa; además,
contempló que los defensores del pueblo y los personeros municipales también
pueden promover este mecanismo constitucional.7
La Corte Constitucional8 señaló que el estudio de la legitimación en la causa por
activa constituye un presupuesto procesal de la demanda e indicó que una persona
está facultada para presentar la tutela cuando acredita que «tiene un interés directo
y particular en el proceso y en la resolución del fallo que se revisa en sede
constitucional, el cual se deriva de que el funcionario judicial pueda concluir que el
derecho fundamental reclamado es propio del demandante».
En tal sentido, dicha alta Corte9 estableció que para promover la acción de tutela no
se «requiere ser abogado, ni tener conocimientos jurídicos, ni mucho menos saber
escribir, es decir, la Constitución y la ley no exigen calidad alguna para el sujeto
activo de la acción. Inclusive, no es requisito esencial presentarla por escrito, la ley
consagra la posibilidad de que la misma se pueda incoar verbalmente en casos de
urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o sea menor de edad».10
7
Corte Constitucional, sentencia T-511 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
8
Al respecto, ver sentencias SU-454 de 2016 y T-511 de 2017.
9
Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, sentencia T-1020 de 2003.
10
«Todo lo relacionado con el contenido de la solicitud de tutela está contemplado en el artículo 14
del Decreto 2591 de 1991.»
5
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En lo que atañe a la figura de la agencia oficiosa es preciso indicar que se deben
acreditar los siguientes requisitos: i) el agente oficioso debe manifestar que actúa
como tal y ii) debe demostrarse la circunstancia real de que el agenciado, esto es,
el titular del derecho no está en condiciones físicas o mentales para promover su
defensa.
En ese orden de ideas, el juez debe estudiar en cada caso concreto si quien radica
la acción se encuentra legitimado en la causa por activa, pues de no ser así deberá
declararlo en la sentencia y no habrá lugar a analizar el fondo del asunto.
En el caso objeto de estudio, el señor López Ospina solicita la protección de los
derechos fundamentales a la honra y el buen nombre de la senadora María
Fernanda Cabal pues, en su sentir, resultaron lesionados con las declaraciones que
realizó el presidente de la República, el señor Gustavo Petro Urrego, el 20 de abril
de 2025 en la red social «X», toda vez que relacionó a la congresista con
«estructuras potencialmente peligrosas» sin agún fundamento.
De entrada, la Sala advierte que el demandante carece de legitimación en la causa
por activa, por cuanto no ejerció esta acción con el propósito de que se amparen
sus propios derechos, sino solo los de la señora María Fernanda Cabal. Esto es
así, por cuanto el actor dejó claro que no acudía a este mecanismo constitucional
«para buscar una retractación por declaraciones emitidas contra alguno de los que
integramos “Soy Joven Cabal”».
Además, al revisar el escrito de la tutela se constató que todas las pretensiones
elevadas giran en torno a que se conceda el amparo de los derechos
fundamentales a la honra y el buen nombre de la aludida parlamentaria y, por esto,
se solicitó que «se ordene al señor Gustavo Petro Urrego retractarse de las
afirmaciones efectuadas en contra de la Senadora María Fernanda Cabal, en las
mismas condiciones y a través de los mismos medios en las que las efectuó».
Ahora, si bien el accionante puso de presente que es el coordinador del Comité
Jurídico del Movimiento de Juventudes «Soy Joven Cabal», el cual se integró por
tener un sentimiento de similitud ideológica en torno al liderazgo de la mencionada
senadora, lo cierto es que tal circunstancia no permite considerar, por sí sola, que
está facultado para representar los intereses de la mencionada congresista en sede
de tutela.
Nótese que el demandante no afirmó, ni mucho menos acreditó, que por el hecho
de ocupar el aludido cargo dentro del grupo de jóvenes está facultado para
promover la acción de tutela en nombre y representación de la señora María
Fernanda Cabal, así como tampoco se evidencia que concurran los presupuestos
de la agencia oficiosa, pues el tutelante ni siquiera indicó que actuaba en ejercicio
de esta figura.
De hecho, no se puede inferir que el señor López Ospina tiene un interés legítimo
que lo vincula al asunto bajo estudio, pues justamente las súplicas planteadas en la
tutela no están dirigidas a que él sea el beneficiario del retracto que,
eventualmente, tendría que llevar a cabo el presidente de la República con ocasión
de las manifestaciones controvertidas.
6
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Cabe resaltar que los derechos cuya protección se invocó son los de la honra y el
buen nombre, los cuales se caracterizan por ser personalísimos, es decir que están
ligados a la situación concreta de cada individuo y afectan la imagen del titular de
dichas garantías constitucionales. Sobre este tema, la Corte Constitucional señaló:
El artículo 15 de la Constitución reconoce el derecho fundamental al buen nombre.
Este derecho hace referencia a la reputación, buena fama, o mérito 11 que los
miembros de la sociedad otorgan a una persona12. En este sentido, el derecho
fundamental al buen nombre supone una protección de la reputación y una garantía
de que no se presenten expresiones ofensivas, oprobiosas, denigrantes o falsas que
generen la pérdida del respeto de la imagen personal de cada individuo.13
(...) 40. Otra característica de este derecho es que depende de la situación y
comportamiento social de cada persona, por lo que sólo se construye a partir
de las actuaciones individuales. En esa medida, la protección del buen nombre
tiene como presupuesto básico el mérito14 y, por lo tanto, es proporcional a la
actuación pública de cada persona.
41. En esa medida, se atenta contra este derecho, cuando, sin justificación ni causa
cierta, se propagan entre el público informaciones falsas o erróneas que distorsionan
el concepto que una persona ha construido en sociedad. En esa medida, vulneran el
derecho al buen nombre las manifestaciones que, sin fundamento, pueden socavar el
prestigio o la confianza social de la que goza alguien. 15
42. El buen nombre y la honra son derechos que están interrelacionados, pero que
implican la protección de dimensiones distintas del ser humano en sociedad. En tal
sentido, el buen nombre está vinculado con la vida pública de la persona y con la
valoración que de ella hace el grupo social, mientras que la honra lo está con
aspectos de la vida privada.16
43. En efecto, la honra es el respeto que cada persona debe recibir por parte de los
demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad
humana17. Hace parte del núcleo esencial de este derecho tanto la estimación que
cada individuo hace de sí mismo, como el reconocimiento que los demás hacen de la
dignidad de cada persona18 (...).
44. En esa medida, el derecho a la honra resulta vulnerado cuando se
comunican opiniones o informaciones que producen un daño moral tangible a
su titular.19 (Destacado por la Sala)
Del texto citado anteriormente, se colige que los derechos fundamentales a la
honra y el buen nombre tienen un valor intrínseco para los individuos frente a la
sociedad y respecto de sí mismos. De ahí que la transgresión de tales prerrogativas
tenga un impacto es en la imagen de la persona que ostenta su titularidad, pues se
pone en tela de juicio su reputación.
Entonces, aun cuando el señor López Ospina sea integrante del movimiento «Soy
Joven Cabal», esto no permite concluir que las garantías constitucionales
reclamadas sean propias del demandante y que probablemente su imagen se vio
afectada con las declaraciones del primer mandatario, presupuestos que eran
11
«Sentencia T-578 de 2019».
12
«Sentencias C-442 de 2011, C-635 de 2014 y C-452 de 2016».
13
«Sentencia T-695 de 2017».
14
«Sentencia T-228 de 1994».
15
«Sentencia T-274 de 2019».
16
«Sentencia T-121 de 2018».
17
«Sentencia T-411 de 1995».
18
«Sentencia T-714 de 2010».
19
«Sentencias C-392 de 2002, T-714 de 2010 y T-022 de 2017».
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indispensables para que fuera viable abordar de fondo el cuestionamiento
propuesto en la acción de tutela.
En este orden de ideas, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa por
activa del accionante, por cuanto no es el titular de los derechos fundamentales a la
honra y el buen nombre considerados presuntamente transgredidos y tampoco se
advierte cuál puede ser el interés jurídico que le asiste en este caso.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declárase la falta de legitimación en la causa por activa del señor
Maximiliano López Ospina.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
8
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