Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02227-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02227-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02227-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
26 de junio de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02227-00
[acumulados 11001-03-15-000-2025-02359-00,
11001-03-15-000-2025-02545-00]
Demandante: Alberto Meneses Manotas y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02227-00 [acumulados 11001-03-15-
000-2025-02359-00 Manuel Ángel González Cruz y 11001-
03-15-000-2025-02545-00 Oliverio Muñoz Ocampo]
Demandante: ALBERTO MENESES MANOTAS Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Acción de tutela
contra fallo de tutela. Falta de legitimación en la causa por
activa.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide las acciones de tutela presentadas por los señores Alberto Meneses
Manotas, Manuel Ángel González Cruz y Oliverio Muñoz Ocampo contra el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, de conformidad con lo establecido en el
artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
Expediente 11001-03-15-000-2025-02227-00 – Alberto Meneses Manotas
El 21 de abril de 2025, Alberto Meneses Manotas interpuso acción de tutela contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B por estimar vulnerado el derecho
fundamental a la información. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: REVOCAR la sentencia de la señora Maria (sic) Cristina Cuellar Cárdenas
por NO considerar que se le haya vulnerado irremediablemente su derecho a la
información.
SEGUNDO: SOLICITAR un concepto juridico (sic) de aclaración al consejo de Estado, a
la Presidencia de la Républica (sic) , a la Corte Constitucional y a la Comisión de
Regulacion (sic) y Comunicaciones (CRC) sobre el uso y estipulaciones de la figura
informativa de “Consejo de Ministros” para que sea aclare los espacios y tiempos en que
estos deban ser estipulados.
TERCERO: EXPEDIR una directiva de consulta al congreso de la República en la medida
de búsqueda del equilibrio informativo sobre los espacios en que la oposición y el gobierno
puedan ejercer su derecho a transmitir información al público general. Garantizar el
ejercicio pleno del Articulo 20 de C.P.C es VITAL para evitar estos
roces.
CUARTO: AMPARAR mi derecho a la información “VERAZ E IMPARCIAL” en cuanto se
debe garantizar en los medios masivos de comunicación, la información de ambos lados
de la noticia para así evitar este tipos de situaciones que limita el ejercicio de libertades y
derechos estipulados en la Carta Magna.». (Se transcribe con posibles errores)
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02227-00
[acumulados 11001-03-15-000-2025-02359-00,
11001-03-15-000-2025-02545-00]
Demandante: Alberto Meneses Manotas y otros
Expediente 11001-03-15-000-2025-02359-00 – Manuel Ángel González Cruz
El 24 de abril de 2025, Manuel Ángel González Cruz interpuso acción de tutela contra
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B por estimar vulnerados los
derechos fundamentales a la información y participación ciudadana. En consecuencia,
formuló las siguientes pretensiones:
«1. Solicito respetuosamente al(a) Honorable Juez Constitucional, ampare mis Derechos
Constitucionales Fundamentales, de mi familia y ciudadanía en general de ACCESO A LA
INFORMACION Y PARTICIPACIÓN EN LAS DECISIONES QUE ME Y NOS AFECTAN Y
EN LA VIDA ECONÓMICA, POLÍTICA, ADMINISTRATIVA Y CULTURAL DE LA NACIÓN,
vulnerados por los accionados de acuerdo a lo expuesto en los hechos.
2. Igualmente solicito respetuosamente al(a) Honorable Juez Constitucional, que de
acuerdo a lo anterior, se me y nos Ampare el Derecho Constitucional Fundamental a seguir
recibiendo Información Oportuna, Veras e Imparcial, de los Consejos de Ministros
transmitidos por todos los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios;
radiales y televisivos del país (…)». (Se transcribe con posibles errores)
Expediente 11001-03-15-000-2025-02545-00 – Oliverio Muñoz Ocampo
El 2 de mayo de 2025, Oliverio Muñoz Ocampo interpuso acción de tutela contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B por estimar vulnerados los
derechos fundamentales a la información, a la dignidad, a la educación y a la
participación ciudadana. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«-Que se sigan emitiendo los Consejos de Ministros tal como se venían realizando antes
de la medida por ustedes ordenada, no solo pro canales de televisión pública sino también
privados, además se tenga la posibilidad de ser transmitidos por emisoras radiales
comunitarias y privadas. (…)»
2. Hechos
De la lectura de los expedientes, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El 10 de marzo de 2025, María Cristina Cuéllar Cárdenas interpuso acción de tutela
contra la Presidencia de la República, por considerar vulnerado el derecho
fundamental a la información, con ocasión a la transmisión de consejos de ministros
por canales privados de televisión, los días 4 de febrero, 3 y 26 de marzo de 2025.
Señaló que esa transmisión se realizó sin justificación suficiente, invadió franjas
horarias clave (especialmente entre 5:30 p.m. y 9:30 p.m., y la franja Triple A), lo que
le impidió acceder a contenidos informativos distintos y afectó su libertad de elegir
entre fuentes diversas.
Alegó que dicha práctica contrariaba el artículo 9 de la Ley 63 de 1923, que exige
reserva para los temas tratados en consejos de ministros y que las intervenciones
presidenciales en medios masivos deben estar sometidas a límites de necesidad,
urgencia y razonabilidad, conforme con la Sentencia C-1172 de 2001 de la Corte
Constitucional.
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[acumulados 11001-03-15-000-2025-02359-00,
11001-03-15-000-2025-02545-00]
Demandante: Alberto Meneses Manotas y otros
El 12 de marzo de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B admitió
la acción de tutela, ordenó notificar a la accionante y a la entidad demandada y vinculó
al Canal RCN, a Caracol Televisión y al Canal Uno, como terceros con interés.
En el trámite de esa acción de tutela intervinieron la Presidencia de la República, la
Comisión de Regulación de Comunicaciones, Plural Comunicaciones S.A.S., RCN
Televisión S.A., Caracol Televisión S.A., Juan Carlos Calderón España, Edwin Palma
Egea, Wilson Hernando Bejarano García y María Leonor Villamizar Corzo.
El 11 de abril de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
profirió sentencia de primera instancia en la que amparó del derecho fundamental a la
información de la allí accionante.
En consecuencia, ordenó al Presidente de la República, al DAPRE y a la CRC que se
abstuvieran de retransmitir los consejos de ministros en los canales privados, el Canal
Uno y los canales locales, regionales y comunitarios de televisión abierta, en tanto esa
práctica vulneró y podía seguir vulnerando el derecho a la información.
Asimismo, aclaró que los únicos canales autorizados para continuar con la transmisión
de estas sesiones eran Señal Colombia y el Canal Institucional, ambos administrados
por RTVC, como medios públicos nacionales destinados a ese fin.
Destacó la importancia del pluralismo informativo, especialmente cuando se trata del
uso del espectro electromagnético, un bien público cuyo acceso debe ser garantizado
en condiciones de igualdad.
Por ello, recalcó que el Presidente no tiene una facultad absoluta para hacer
alocuciones televisadas. Por el contrario, estas deben estar fundadas en criterios de
necesidad, urgencia y razonabilidad, conforme con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del propio Consejo de Estado.
De ahí que, la interrupción simultánea de todos los canales de televisión abierta,
públicos y privados, durante las franjas de mayor audiencia, anuló la posibilidad de
recibir otras fuentes de información o de no informarse, lesionando el derecho a la
información de la actora. Al respecto, resaltó que la televisión abierta es, para muchos
ciudadanos, la única vía de acceso a contenidos informativos, y que su uso no puede
transformarse en instrumento unidireccional del Gobierno.
Por otro lado, negó las solicitudes de reconocimiento de personería jurídica para
actuar y de coadyuvancia presentadas por Wilson Hernando Bejarano García y de
María Leonor Villamizar Corzo.
3. Argumentos de la acción de tutela
Expediente 11001-03-15-000-2025-02227-00 – Alberto Meneses Manotas
Alegó que la decisión de tutela proferida por la autoridad judicial demandada contenía
una «interpretación oscura» sobre los alcances del derecho a la información y el
principio de pluralidad informativa.
Según el actor, la transmisión del Consejo de Ministros del 4 de febrero de 2025
constituyó un ejercicio legítimo de transparencia gubernamental, pues permitió a la
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02227-00
[acumulados 11001-03-15-000-2025-02359-00,
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Demandante: Alberto Meneses Manotas y otros
ciudadanía observar un ejercicio democrático donde prevaleció el disenso, sin
imposiciones autoritarias.
Cuestionó que la señora María Cristina Cuéllar Cárdenas considerara vulnerado el
derecho de acceso a otros contenidos televisivos. Afirmó que los consejos de ministros
transmitidos por el Presidente informan sobre temas de interés nacional que afectan
a toda la ciudadanía y no únicamente a quien interpuso la acción de tutela
cuestionada.
Sostuvo que los medios de comunicación tienen líneas editoriales particulares según
sus financiadores, y que es deber del Estado garantizar una oferta informativa diversa,
no restringida a una única visión.
Reprochó la postura de Caracol Televisión por señalar un uso indebido del espectro
por parte del Presidente. A su juicio, el medio actuó con «interés corporativo», al
descalificar las transmisiones que cuestionaban a ciertos empresarios mencionados
en las alocuciones presidenciales.
Adujo que, como lo señalaron los señores Juan Carlos Calderón y Edwin Palma Egea,
la accionante tenía a su disposición mecanismos distintos a la tutela, como la acción
popular consagrada en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998. Además, afirmó que no
existía perjuicio irremediable, pues los medios pueden reorganizar su programación y
ofrecer su visión posteriormente.
Citó la sentencia del Tribunal Administrativo de Caldas proferida en el marco de la
acción de cumplimiento núm. 2025-00068-00, según la cual no todo evento
denominado Consejo de Ministros compromete reserva legal si no abordan temas
sensibles de soberanía o seguridad nacional.
Concluyó que, conforme con la sentencia C-1172 de 2001, el Presidente puede
dirigirse al país por medios privados y públicos, siempre que lo haga con criterios de
interés general, como los temas abordados (salud, pensiones, tarifas de servicios).
Por lo que se encontraba justificada plenamente su difusión.
Expediente 11001-03-15-000-2025-02359-00 – Manuel Ángel González Cruz
Sostuvo que el fallo de tutela proferido el 11 de abril de 2025 por la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado (radicado 2025-01355-00), que ordenó no
transmitir los Consejos de Ministros en canales privados, locales, regionales y
comunitarios, le impide recibir información clara, amplia y suficiente sobre la gestión
del gobierno.
Afirmó que la transmisión de los Consejos de Ministros se había convertido en una
herramienta para que los ciudadanos conocieran de primera mano lo que sucede en
el Gobierno Nacional, permitiéndole a él y a otros interesados informarse como sujetos
políticos.
Consideró que los medios de comunicación no cumplen con su labor de informar de
manera oportuna, veraz e imparcial, sino que, por el contrario, «tergiversan» y
parcializan la información en una «desmedida y sombría persecución» contra el actual
gobierno.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02227-00
[acumulados 11001-03-15-000-2025-02359-00,
11001-03-15-000-2025-02545-00]
Demandante: Alberto Meneses Manotas y otros
Alegó que la decisión judicial cuestionada antepone el interés particular de la
accionante María Cristina Cuéllar Cárdenas, sobre el interés general de la Nación e
impide que el Presidente cumpla con su deber constitucional de informar.
Además, cuestionó los motivos de la señora Cuéllar Cárdenas, para lo cual mencionó
una condena penal en su contra por los delitos de «fraude procesal y falsedad en
documento privado».
Expediente 11001-03-15-000-2025-02545-00 – Oliverio Muñoz Ocampo
El señor Oliverio Muñoz Ocampo manifestó que ha fortalecido su percepción sobre
las gestiones del gobierno gracias a las emisiones de los Consejos de Ministros y las
alocuciones presidenciales, lo cual considera fundamental para su formación como
sujeto político en una democracia participativa.
Sostuvo que la orden de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que prohibió la
transmisión de los Consejos de Ministros por canales privados de televisión, le ha
impedido que reciba información clara, amplia y suficiente sobre la gestión del actual
gobierno.
Alegó que la prohibición de estos espacios televisados vulnera sus derechos, porque
todo ciudadano debe cualificarse mediante información veraz y de fondo para poder
ejercer dignamente sus derechos y deberes.
Anotó que es un deber de los medios de comunicación formar al público, transmitir
información de trascendencia nacional que permita a los ciudadanos tener una
percepción clara sobre la administración del gobierno de turno.
4. Trámite previo
Mediante auto del 28 de abril de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela y ordenó notificar el auto al accionante y a la autoridad judicial accionada.
Además, vinculó como terceros con interés en el trámite a María Cristina Cuéllar
Cárdenas, Presidencia de la República, RCN Televisión S.A., Caracol Televisión S.A.,
Compañía Plural S.A.S. y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).
También dispuso notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
conforme con el artículo 610 del Código General del Proceso.
Mediante auto de 19 de mayo de 2025, el despacho sustanciador acumuló a la
presente acción de tutela el asunto con radicado 11001-03-15-000-2025-02359-00.
Asimismo, admitió dicha acción de tutela y vinculó a la señora María Cristina Cuéllar
Cárdenas, a la Presidencia de la República, a RCN Televisión S.A., a Caracol
Televisión S.A., a la compañía Plural S.A.S. y a la Comisión de Regulación de
Comunicaciones, como terceros con interés en el proceso.
El 19 de mayo de 2025, el despacho sustanciador se pronunció sobre la solicitud de
acumulación presentada por la señora María Cristina Cuéllar Cárdenas, respecto de
las acciones de tutela promovidas por los señores Alirio Moreno Fuentes (radicado
11001-03-15-000-2025-02298-00) y Herney Rojas Arenas (radicado 11001-03-15-
000-2025-02241-00.
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11001-03-15-000-2025-02545-00]
Demandante: Alberto Meneses Manotas y otros
Por ello, el despacho ordenó a la Secretaría General de la Corporación informar a los
despachos de los consejeros a cargo de dichos procesos sobre la solicitud de
acumulación, para que estos, si lo consideraban pertinente y conforme con su criterio,
evaluaran la posibilidad de remitir los respectivos expedientes para su trámite
conjunto.
El 28 de mayo de 2025, el despacho acumuló a la presente acción de tutela el
expediente con radicado 11001-03-15-000-2025-02545-00, accionante Oliverio
Muñoz Ocampo.
5. Oposiciones
Expediente 11001-03-15-000-2025-02227-00 – Alberto Meneses Manotas
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B indicó que la providencia
judicial cuestionada y el expediente de tutela respectivo contienen los argumentos y
elementos necesarios para que el juez constitucional adopte la decisión
correspondiente. En ese sentido, no formuló alegaciones adicionales ni realizó
defensa de fondo frente a las pretensiones de los accionantes.
6. Intervención de los terceros con interés
Expediente 11001-03-15-000-2025-02227-00 – Alberto Meneses Manotas
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) pidió que se desvincule a
esa entidad del trámite de la presente acción de tutela o, en su defecto, que no se
impartan órdenes en su contra, porque su actuación se ha ceñido a la ley y a sus
funciones reguladoras en materia de contenidos televisivos.
Señaló que no existe conexión entre las actuaciones de la CRC y los hechos que
dieron lugar a la sentencia de tutela objeto de cuestionamiento, y que, si bien tiene
funciones relacionadas con garantizar el pluralismo informativo, no cuenta con
competencia para definir el contenido que puede o no emitirse en televisión, ni para
regular el desarrollo de los Consejos de Ministros ni las alocuciones presidenciales.
Explicó que su función frente a las alocuciones se limita a recibir comunicación del
DAPRE con la fecha y hora de la transmisión y a remitir dicha información a los
operadores de televisión para el encadenamiento.
Citó la sentencia C-1172 de 2001 y jurisprudencia del Consejo de Estado para reiterar
que la alocución presidencial es una facultad legalmente reconocida al Presidente,
pero sujeta a límites constitucionales.
Frente a la solicitud del actor de que se expida un «concepto jurídico de aclaración»
sobre los Consejos de Ministros, manifestó que no existe norma que autorice a la CRC
para emitir ese tipo de conceptos ni regular dicha figura y que por tanto debe
rechazarse esa pretensión.
Caracol Televisión S.A solicitó negar el amparo constitucional, al considerar que no
cumple con los requisitos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02227-00
[acumulados 11001-03-15-000-2025-02359-00,
11001-03-15-000-2025-02545-00]
Demandante: Alberto Meneses Manotas y otros
Afirmó que el accionante carece de legitimación en la causa, que la tutela se dirige
contra un fallo de tutela anterior y que no se configura alguno de los eventos
excepcionales que permitirían su procedencia, pues no se demostró la configuración
de la cosa juzgada fraudulenta.
Advirtió que se encuentra en curso una solicitud de nulidad instaurada por el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), que a la
fecha se encuentra pendiente de resolver por parte de la autoridad judicial
demandada.
Respaldó el decidido en el fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, porque que la transmisión obligatoria del Consejo de Ministros
mediante todos los canales de televisión abierta vulnera el derecho fundamental a la
pluralidad informativa. Sostuvo que forzar a los televidentes a recibir una única fuente
oficial de información limita su libertad de elección informativa.
Reiteró que la facultad presidencial de realizar alocuciones por televisión no es
ilimitada, pues el Presidente solo puede interrumpir la programación en casos
urgentes, de interés público y de forma proporcional. En su criterio, las intervenciones
presidenciales recientes no cumplen con esos criterios.
Anexó un listado detallado de alocuciones presidenciales transmitidas por Caracol
entre septiembre de 2022 y abril de 2025, señaló que muchas de ellas se emitieron
en horarios de alta audiencia, como el noticiero de las 7:00 p.m., lo cual interrumpió la
programación habitual y afectó el ejercicio efectivo del derecho a la información plural.
Informó que Caracol ha recibido múltiples quejas de televidentes, quienes han
solicitado que no se transmitan dichas intervenciones o que se hagan en horarios
distintos.
Anotó que su papel se limita a cumplir con las órdenes de transmisión impuestas por
las autoridades, pero que comparte el enfoque adoptado por el Consejo de Estado en
defensa del pluralismo y de acceso a información diversa.
La Presidencia de la República manifestó que coadyuvaba las pretensiones del
accionante y solicitó dejar sin efecto el fallo de tutela proferido el 11 de abril de 2025.
Sostuvo que la sentencia de tutela cuestionada desconoció el principio de
subsidiariedad, pues existían mecanismos judiciales ordinarios para solicitar la
reparación de un presunto daño antijuridico, como la es el medio de control de
reparación directa, en el que inclusive se puede solicitar medidas cautelares eficaces.
Indicó que el fallo también desnaturalizó el efecto inter pares de la acción de tutela, al
extender sus órdenes a terceros no vinculados al proceso, como es el caso señor
Meneses Manotas. Alegó que este tipo de efectos generales o inter comunis solo
pueden ser declarados por la Corte Constitucional en sede de revisión.
Añadió que el fallo cuestionado no analizó si existía un perjuicio irremediable que
justificara la procedencia de la tutela, pues la accionante no acreditó afectación real,
ni demostró que las transmisiones presidenciales le impidieran acceder a otras fuentes
informativas. Por tanto, consideró que la medida adoptada carecía de necesidad y
proporcionalidad.
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11001-03-15-000-2025-02545-00]
Demandante: Alberto Meneses Manotas y otros
Afirmó que el Presidente actúa dentro del marco legal al usar la televisión abierta para
informar sobre temas de interés general y que limitar esa posibilidad, como lo hizo el
fallo de tutela, restringe injustificadamente la facultad del Ejecutivo de comunicar
asuntos públicos a la ciudadanía.
La señora María Cristina Cuéllar Cárdenas solicitó negar el amparo constitucional,
por las siguientes razones.
Señaló que el accionante carece de legitimación por activa, porque no fue parte en la
acción de tutela ni acreditó afectación directa a sus derechos fundamentales.
Sostuvo que los efectos de la sentencia cuestionada son inter partes, y que una
eventual extensión a terceros no genera legitimación automática.
Indicó que el actor no demostró una vulneración concreta a su derecho a recibir
información veraz e imparcial, y que su argumentación se limitó a cuestionar los
fundamentos jurídicos de la sentencia sin probar cómo lo afectaba personalmente.
Reiteró que la decisión judicial no impide al actor informarse por medio de los canales
públicos donde continúa la transmisión de las alocuciones presidenciales.
Destacó que la sentencia de tutela original sí verificó un perjuicio real y concreto al
derecho a la pluralidad informativa, al demostrar que la Presidencia de la República
acaparó todos los canales de televisión abierta, impidiendo el acceso a otras fuentes
de información. Afirmó que esta situación excluyó a muchos ciudadanos del servicio
público de televisión y fue valorada debidamente por el juez constitucional.
Sostuvo que la acción de tutela promovida por el señor Meneses Manotas es
improcedente, por cuanto se dirige contra una sentencia de tutela, lo cual ha sido
expresamente restringido por la jurisprudencia constitucional. Al respecto, citó las
sentencias SU-128 de 2021 y T-286 de 2018 para reforzar que este tipo de amparo
solo procede en casos de fraude, el cual inexistente en el presente asunto.
En gracia de discusión, manifestó que los argumentos del accionante no son
suficientes para revocar la sentencia que amparó sus derechos fundamentales, pues
se basan en interpretaciones subjetivas, sin sustento probatorio, y sin capacidad de
desvirtuar la motivación y el razonamiento jurídico de la decisión atacada.
Informó que existen varias acciones de tutela interpuestas contra la misma sentencia
y anunció que solicitaría su acumulación para evitar fallos contradictorios, garantizar
economía procesal y prevenir eventuales recusaciones, considerando que aún está
pendiente el trámite de segunda del expediente en el cual se dictó el fallo cuestionado.
Expediente 11001-03-15-000-2025-02359-00 - Manuel Ángel González Cruz
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) reiteró lo expresado en su
intervención en el expediente principal, en el sentido de solicitar su desvinculación de
la acción de tutela.
Agregó que a la fecha ha sido vinculada en cuatro acciones de tutela fáctica y
jurídicamente similares a la de la referencia, las cuales relacionó de la siguiente
manera:
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02227-00
[acumulados 11001-03-15-000-2025-02359-00,
11001-03-15-000-2025-02545-00]
Demandante: Alberto Meneses Manotas y otros
Radicado Despacho Accionante Accionado
11001-03-15-000- CONSEJO DE ESTADO Sección ALBERTO MENESES CONSEJO DE ESTADO, Sección
2025-02227-00 Cuarta MANOTAS Tercera, Subsección B
11001-03-15-000- CONSEJO DE ESTADO Sección HERNEY ROJAS CONSEJO DE ESTADO, Sección
2025-02241-00 Tercera Subsección A ARENAS Tercera, Subsección B
11001-03-15-000- CONSEJO DE ESTADO Sección SAIR ANTONIO CONSEJO DE ESTADO, Sección
2025-02243-00 Quinta URBANES APARICIO Tercera, Subsección B
11001-03-15-000- CONSEJO DE ESTADO Sección ALIRIO MORENO CONSEJO DE ESTADO, Sección
2025-02298-00 Tercera Subsección A FUENTES Tercera, Subsección B
Caracol Televisión S.A señaló que reiteraba los argumentos expuestos en el escrito
allegado en el expediente 2025-02227-00.
11001-03-15-000-2025-02545-00 – Oliverio Muñoz Ocampo
La CRC reiteró lo expresado en el expediente 2025-02227-00, esto es, la falta de
competencia para pronunciarse sobre las pretensiones de la acción de tutela y, en
consecuencia, pidió ser desvinculada del presente asunto.
Asimismo, informó que a la fecha fue vinculada en cinco acciones de tutela fáctica y
jurídicamente similares, las cuales identificó del siguiente modo:
Radicado Despacho Accionante Accionado
11001-03-15-000- CONSEJO DE ESTADO Sección ANGEL MANUEL CONSEJO DE ESTADO, Sección
2025-02359-00 Cuarta GONZALEZ CRUZ Tercera, Subsección B
11001-03-15-000- CONSEJO DE ESTADO Sección ALBERTO MENESES CONSEJO DE ESTADO, Sección
2025-02227-00 Cuarta MANOTAS Tercera, Subsección B
11001-03-15-000- CONSEJO DE ESTADO Sección HERNEY ROJAS CONSEJO DE ESTADO, Sección
2025-02241-00 Tercera Subsección A ARENAS Tercera, Subsección B
11001-03-15-000- CONSEJO DE ESTADO Sección SAIR ANTONIO CONSEJO DE ESTADO, Sección
2025-02243-00 Quinta URBANES APARICIO Tercera, Subsección B
11001-03-15-000- CONSEJO DE ESTADO Sección ALIRIO MORENO CONSEJO DE ESTADO, Sección
2025-02298-00 Tercera Subsección A FUENTES Tercera, Subsección B
11001-03-15-000- CONSEJO DE ESTADO Sección OLIVERIO MUÑOZ CONSEJO DE ESTADO, Sección
2025-02545-00 Cuarta OCAMPO Tercera, Subsección B
María Cristina Cuéllar Cárdenas reiteró lo expresado en el escrito presentado en el
expediente 2025-02227-00, esto es, que se debe negar el amparo porque la acción
de tutela es improcedente porque se dirige en contra de otra sentencia de tutela y que
los argumentos del accionante no demuestran una vulneración del derecho a la
información.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02227-00
[acumulados 11001-03-15-000-2025-02359-00,
11001-03-15-000-2025-02545-00]
Demandante: Alberto Meneses Manotas y otros
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico y solución
Corresponde determinar si las acciones de tutela acumuladas, interpuestas por los
señores Alberto Meneses Manotas, Manuel Ángel González Cruz y Oliverio Muñoz
Ocampo, son procedentes para controvertir la sentencia proferida el 11 de abril de
2025 por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado.
La Sala anticipa que declarará la improcedencia de las acciones de tutela, por no
encontrar acreditado el requisito de legitimación en la causa por activa, toda vez que
los accionantes no fueron parte en el proceso de tutela en el cual se dictó la decisión
judicial que cuestionan.
Para desarrollar esta tesis, la Sala abordará los siguientes temas: (i) la legitimación
en la causa por activa como requisito general de procedencia de la acción de tutela;
y, (ii) el análisis del cumplimiento de dicho requisito en el caso concreto.
(i) Legitimación en la causa por activa en la acción de tutela
Los artículos 86 de la Constitución Política 4 y 10 del Decreto 2591 de 1991 5 establecen
que la acción de tutela puede ejercerla la persona que considere que se le han
1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
4
Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública.
5
Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También
podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
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Demandante: Alberto Meneses Manotas y otros
vulnerado o amenazado derechos fundamentales, sin perjuicio de la representación
legal o judicial o de la agencia oficiosa, que permiten acudir ante el juez de tutela para
representar o agenciar derechos ajenos. Por supuesto que en esos casos debe
acreditarse la calidad en la que se actúa.
Frente a la falta de legitimación en la causa por activa en acciones de tutela, la Corte
Constitucional ha señalado lo siguiente 6:
«Esta Corporación ha señalado que, no obstante, la informalidad que se predica de la acción
de tutela, la misma debe cumplir con unos requisitos mínimos de procedibilidad, dentro de
ellos se encuentra el de legitimación por activa o titularidad para promoverla.
En tal sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, como regla general,
solamente el titular de un derecho fundamental se encuentra habilitado para solicitar
el amparo constitucional del mismo, bien sea que lo haga en forma directa o por intermedio
de su representante o apoderado.
Según los enunciados del artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede ser
promovida por cualquiera persona cuando sus derechos constitucionales fundamentales
resulten vulnerados o amenazados, ya sea por sí misma o por medio de un tercero quien
actúe en su nombre. En el mismo sentido, según las prescripciones del artículo 10 del decreto
2591 de 1991, la persona a quien se le vulneren o amenacen sus derechos fundamentales
puede ejercer la acción de tutela por sí misma o por medio de representante. En esta
disposición también se contempló la posibilidad de la agencia de derechos ajenos, de tal
forma que, en aquellos eventos en que el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa, podrá́ un tercero presentar acción de tutela en su nombre.
La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la legitimación en la
causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre de los titulares de los derechos
fundamentales amenazados o vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha establecido la Corte
en anteriores oportunidades, a partir de las normas de la Constitución y del decreto 2591 de
1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite cuatro posibilidades para la promoción de
la acción de tutela. La satisfacción de los presupuestos legales o de los elementos normativos
de alguna de estas cuatro posibilidades, permiten la configuración de la legitimación en la
causa, por activa, en los procesos de tutela».
(se destaca).
En resumen, de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la acción
de tutela puede ejercerse de las siguientes maneras: (i) en forma directa, (ii) por
intermedio de un representante legal -caso de los menores de edad, incapaces
absolutos, interdictos y personas jurídicas-, (iii) mediante apoderado judicial -abogado
titulado con poder judicial o mandato expreso- o (iv) por medio de agente oficioso -
cuando el titular del derecho no está en condiciones de promover su propia defensa-.
Asimismo, dicha norma señala que tanto el Defensor del Pueblo como los personeros
municipales estarán legitimados para ejercer la acción de tutela.
Asimismo, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial, por
regla general, se encuentran legitimados para controvertir una decisión judicial
quienes fueron parte o intervinientes en el proceso en el que esta se profirió.
Es decir, los legitimados son el demandante, el demandado, o los terceros con interés
legalmente reconocidos dentro del trámite (como los coadyuvantes o llamados en
garantía), quienes ostentan un interés directo en el resultado del proceso.
6
T-552 de 2006.
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Demandante: Alberto Meneses Manotas y otros
(ii) Caso concreto 7
Los señores Alberto Meneses Manotas, Manuel Ángel González Cruz y Oliverio
Muñoz Ocampo, mediante acciones de tutela, solicitaron la protección de los derechos
fundamentales a la información, a la participación ciudadana y al pluralismo
informativo.
En síntesis, cuestionan la sentencia de tutela proferida el 11 de abril de 2025 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que amparó el derecho a la
información de la señora María Cristina Cuéllar Cárdenas y, en consecuencia, ordenó
a la Presidencia de la República abstenerse de transmitir los Consejos de Ministros a
en los canales de televisión privados, comunitarios, locales y regionales.
Adelantado el estudio de los presupuestos procesales de la acción, la Sala encuentra
que las acciones de tutela deben ser declaradas improcedentes, por cuanto los
accionantes carecen de legitimación en la causa por activa para controvertir la
providencia judicial que atacan.
Como se expuso en el acápite anterior, la legitimación para interponer una acción de
tutela contra una providencia judicial recae en quienes fueron partes o intervinientes
formalmente reconocidos dentro del proceso en el que se dictó el fallo.
En el presente asunto se advierte que los accionantes no cumplen con dicho
presupuesto, pues de la revisión del expediente contentivo de la acción de tutela 2025-
01355-00 8 y de los antecedentes aquí expuestos, se constata que los señores Alberto
Meneses Manotas, Manuel Ángel González Cruz y Oliverio Muñoz Ocampo no
fungieron como demandantes ni como demandados en ese trámite, como tampoco
fueron vinculados en calidad de coadyuvantes o terceros con interés.
Si bien los actores alegan que la decisión judicial cuestionada les genera una
afectación a sus derechos fundamentales, la Sala observa que dicha circunstancia,
por sí sola, no constituye un fundamento válido que les otorgue legitimación en la
causa por activa.
Aunado a lo anterior, la Sala advierte que la providencia objeto de reproche fue
impugnada y que, mediante auto del 8 de mayo de 2025 9, dichos recursos fueron
concedidos. Es decir, que la sentencia del 11 de abril de 2025 no se encuentra en
firme y el debate sobre la protección de los derechos allí discutidos aún se encuentra
en curso ante el juez de segunda instancia 10.
Finalmente, la Sala destaca que, si bien la Presidencia de la República fue parte
accionada en la acción de tutela cuya sentencia se controvierte, en el presente trámite
no actúa en defensa de sus propios derechos fundamentales, sino en calidad de
coadyuvante del señor Meneses Manotas, quien, como se expuso, no fue parte en
dicho proceso judicial.
7
La Sala reitera el criterio adoptado en la sentencia de 5 de junio de 2025, proferida en el expediente 2025-02394-00, C.P. Luis
Antonio Rodríguez Montaño.
8
Al respecto, se resalta que en la acción de tutela con radicado 2025-01355-00 participaron: María Cristina Cuéllar Cárdenas,
como accionante; la Presidencia de la República, en calidad de demandada, y; la Comisión de Regulación de Comunicaciones,
la compañía Plural Comunicaciones S.A.S., RCN Televisión S.A., la sociedad Caracol Televisión S.A., y los señores Juan Carlos
Calderón España, Edwin Palma Egea, Wilson Hernando Bejarano García y María Leonor Villamizar Corzo, como terceros.
9
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202501355001100103
10
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202501355001100103
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02227-00
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Demandante: Alberto Meneses Manotas y otros
En otras palabras, aunque el DAPRE ostentó la calidad de parte en la tutela
controvertida, no actúa en esta oportunidad como accionante. Por el contrario, optó
por coadyuvar las pretensiones del señor Meneses Manotas, quien carece de
legitimación en la causa por activa.
Cabe reiterar que la coadyuvancia es una figura procesal de carácter accesoria, que
no habilita al coadyuvante para suplir los requisitos de procedencia de la acción, como
lo es la legitimación por activa 11. Por lo tanto, la intervención del DAPRE no subsana
la falta de legitimación de los actores.
En suma, en el presente caso no se acreditó la legitimación en la causa por activa por
parte de los accionantes y, en esa medida, se impone declarar improcedente la acción
de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedentes las acciones de tutela por falta de legitimación en la causa
por activa de los señores Alberto Meneses Manotas, Manuel Ángel González Cruz y
Oliverio Muñoz, por las razones expuestas.
2. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
11
La Corte Constitucional, en sentencia T-1062 de 2010, respecto a la coadyuvancia, señaló lo siguiente «(…) es claro entonces
que la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso
que manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que
éste pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante, pues de
suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia.»
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