Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02246-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02246-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-02246-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
22 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02246-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: PEDRO ANTONIO POLO ROBLES
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR CARENCIA DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, VIDA, MÍNIMO
VITAL Y SEGURIDAD SOCIAL.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte
actora contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES - COLPENSIONES1 y el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA2.
I.- ANTECEDENTES
1
En adelante Colpensiones.
2
En adelante el Tribunal
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02246-00
Actor: PEDRO ANTONIO POLO ROBLES
I.1.- La solicitud
El señor PEDRO ANTONIO POLO ROBLES actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la vida, al mínimo vital y a la
seguridad social, los cuales estima vulnerados por COLPENSIONES
y el TRIBUNAL, esta última al haber proferido la providencia de
22 de marzo de 2023, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 47001-33-33-007-2019-00413-01.
I.2.- Hechos
Indicó que estuvo vinculado a la Rama Judicial y a la Fiscalía General
de la Nación desde el 1o. de abril de 1974 hasta el 31 de enero de
2016.
Señaló que mediante acto administrativo de 31 de octubre de 2011
el Instituto de Seguros Sociales – ISS le reconoció una pensión de
vejez a su favor, la cual fue reliquidada mediante la Resolución núm.
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Actor: PEDRO ANTONIO POLO ROBLES
GNR 70759 de 3 de marzo de 2014, dejando en suspenso
nuevamente su inclusión en nómina.
Manifestó que mediante la Resolución núm. GNR 66108 de 29 de
febrero de 2016 fue retirado del servicio oficial.
Afirmó que solicitó ante COLPENSIONES la reliquidación de su
pensión de jubilación con el 90% del sueldo devengado durante las
últimas 100 semanas anteriores a adquirir su estatus de pensionado,
incluyendo los factores salariales devengados durante su tiempo de
servicios, lo cual fue denegado mediante las resoluciones núms. SUB-
132733 de 28 de mayo y SUB-177093 de 9 de julio de 2019.
Relató que, por lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
COLPENSIONES, la cual fue identificada con el número único de
radicación 2019-00413-00 y le correspondió en primera instancia al
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Santa Marta que,
mediante sentencia de 22 de marzo de 2023, accedió parcialmente a
las pretensiones en lo referente al régimen pensional y la tasa de
reemplazo aplicada a la pensión, por lo que le correspondían las
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reglas previstas en el Acuerdo 049 de 1o. de febrero de 19903 y
denegó los demás aspectos, esto es, la inclusión de todos los factores
salariales devengados.
Sostuvo que la parte demandada inconforme con lo anterior
interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por el
TRIBUNAL que, mediante providencia de 22 de marzo de 2023,
revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones
al considerar que el actor era beneficiario del régimen especial
dispuesto en el Decreto 546 de 27 de marzo de 19714.
Indicó que contra la anterior decisión interpuso recurso
extraordinario de revisión, el cual fue resuelto por la Sección Tercera
-Subsección “A”- del Consejo de Estado que, en auto de 13 de enero
de 2025, lo rechazó de plano.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, con la alegada vulneración de sus
3
“Por el cual se expide el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y
Muerte”.
4
“Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados
de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares”
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derechos fundamentales no pretende una tercera instancia, pues lo
que se solicita es que se revise la legalidad de la sentencia
cuestionada, la cual está ocasionando un perjuicio irremediable sobre
su derecho a la seguridad social que repercute directamente en sus
derechos al mínimo vital y a la vida.
Aseguró que la autoridad judicial accionada incurrió en violación
directa de la Constitución al desconocer el principio de
favorabilidad establecido en el artículo 53 de la Carta Política y aplicar
la Ley 33 de 29 de enero de 18955, cuando la normativa aplicable
era la dispuesta en el Acuerdo 049 de 1990.
Destacó que también se incurrió en desconocimiento del
precedente judicial, comoquiera que la Corte Constitucional en
reiterada jurisprudencia6 ha establecido que se debe aplicar la norma
más favorable para el pensionado, esto es, el Acuerdo 049 de 1990,
postura que pasó por alto la autoridad judicial accionada.
Aseveró que el TRIBUNAL incurrió en los defectos sustantivo, por
5
“Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones
sociales para el Sector Público”.
6
Sentencias T-370 de 2016, T-028 de 2017, T-088 de 2017, T-522 de 2020, SU-273 de 2022 y SU-
049 de 2024.
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inaplicación de la norma y fáctico, pues dio una interpretación
errada a la Resolución GNR 66108 de 2016, de la cual se podía
extraer que contaba con 63 años y con las semanas cotizadas
requeridas, por lo que era beneficiario del régimen de transición
dispuesto en la Ley 100 de 1993.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, el actor solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales invocados como violados y, en
consecuencia:
“[…] ORDENAR LA NULIDAD de la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena de fecha del 22 de marzo
de 2023, por contravenir la constitución y la ley 100 de 1993 y
ORDENAR a la Administradora de Pensiones Colpensiones que,
de acuerdo con sus funciones legales y reglamentarias, en el
término de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a reconocerme
y pagarme la pensión de Vejez, con la aplicación de las
disposiciones previstas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por
el decreto 758 de 1990
2. De forma subsidiaria como no existe otro mecanismo que
permita ejercer una protección real de mis derechos
conculcados, solicito se sirva a DEJAR SIN EFECTOS la decisión
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena de fecha
de 22 de marzo de 2023 y Declare la nulidad parcial de las
resoluciones No. GNR 66108 del 29 de febrero de 2016, SUB-
132733 del 28 de mayo de 2019 y SUB-177093 del 9 de julio de
2019, por medio de las cuales se negaron las solicitudes de
reliquidación de la pensión reconocida al señor PEDRO ANTONIO
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Actor: PEDRO ANTONIO POLO ROBLES
POLO ROBLES identificado con la C.C. No. 12.533.359 de Santa
Marta, emitidas por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES – COLPENSIONES. Como consecuencia de dejar sin
efectos la sentencia proferida, sírvase a emitir una sentencia
sustitutiva, en la que se condene a la Administradora
Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, a efectuar una
nueva liquidación de la pensión mía PEDRO ANTONIO POLO
ROBLES identificado con la C.C. No. 12.533.359 de Santa Marta,
aplicando como régimen pensional el acuerdo 049 de 1990
aprobado por el Decreto 758 del 1990, y estableciendo una tasa
de reemplazo del 90% tal como lo estableció la sentencia de
primera instancia.
3. Sírvase a generar un fallo que genere una protección extra
petita en atención a mi situación de persona de especial
protección constitucional […]” (Destacado pertenece al texto).
I.5.- Defensa
I.5.1.- COLPENSIONES adujo que lo pretendido por el actor
desnaturaliza este mecanismo de protección subsidiario y residual,
ya que este no es el instrumento idóneo para solicitar este tipo de
reconocimientos, pues para ello están previstos los medios
ordinarios.
Sostuvo que no ha vulnerado derecho fundamental alguno, pues no
tiene ninguna petición o trámite pendiente por resolver a favor del
actor y la acción de tutela corresponde a un hecho que fue discutido
por la jurisdicción ordinaria, de tal forma que se configura la cosa
juzgada en el asunto.
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Indicó que la solicitud de amparo no cumple con las causales de
procedibilidad que permite revocar la decisión judicial cuestionada,
por lo que solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la
referencia frente a la autoridad judicial accionada y, asimismo,
denegar el amparo frente a la entidad, comoquiera que no se
encuentra demostrada la vulneración de los derechos fundamentales
invocados.
I.5.2.- El TRIBUNAL pese a ser notificado en debida forma del
presente trámite, guardó silencio.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Santa Marta pese a ser notificado en debida forma del presente
trámite, guardó silencio.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
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La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
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parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
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tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
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todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
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jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo
vital y a la seguridad social y, en consecuencia, se deje sin efecto la
providencia de 22 de marzo de 2023, proferida por el TRIBUNAL
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 2019-00413-01.
A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales invocados, habida cuenta que, a su juicio
del actor, se incurrió en los defectos fáctico, sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución, en la medida en que la autoridad judicial accionada
aplicó la norma menos favorable en el asunto.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el
TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados e incurrió en los
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defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente
y violación directa de la Constitución, al haber proferido la
providencia de 22 de marzo de 2023 dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 2019-00413-01.
En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en especial, el requisito de la inmediatez.
Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha
sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida
como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de
los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que
aunque no tenga previsto un término de caducidad para su
presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de
un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso
injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y
la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del
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mecanismo […]”7.
Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,
para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el
momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la
instauración de la tutela.
Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción
constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a
que exige un examen más riguroso en aras de preservar los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el
interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente
afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 8:
“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
7
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
8
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
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que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.
Asimismo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
sostuvo9:
“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.
[…]
De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.
Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela es más estricto cuando se interpone
contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta
claramente desproporcionado el control constitucional de una
providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.
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tutela para buscar su amparo.
[…]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable.
[…]
[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).
En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición
de la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe
tener en cuenta los siguientes eventos:
(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso
fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor
para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de
un hecho nuevo e inesperado, entre otras10;
(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
10
Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
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vulneración de los derechos fundamentales del interesado11;
(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión12;
(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales13;
(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad
manifiesta14.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que en las pretensiones el actor
únicamente solicitó que se deje sin efectos la providencia de 22 de
marzo de 2023, a través de la cual se revocó la decisión del a quo y,
en su lugar, se denegó las pretensiones de la demanda, de tal forma
que si bien es cierto que dentro del escrito tutelar informó que
interpuso recurso extraordinario de revisión contra dicha decisión y
que el mismo fue rechazado de plano en auto de 13 de enero de
11
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
12
Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
13
Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
14
Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, Magistrado ponente: doctor
Humberto Antonio Sierra Porto.
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Actor: PEDRO ANTONIO POLO ROBLES
2025, lo cierto es que los reparos expuestos en el escrito primigenio
de la acción de tutela se encuentran dirigidos únicamente a
cuestionar la sentencia proferida en segunda instancia dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 2019-00413-01.
Así las cosas, toda vez que la acción de tutela de la referencia está
dirigida a cuestionar únicamente la decisión proferida en la
providencia de 22 de marzo de 2023, el término dispuesto por la
jurisprudencia constitucional para presentar la acción de tutela
contra providencia judicial debe empezar a contabilizarse desde la
notificación de la misma, no así desde que se notificó el auto de 13
de enero de 2025, como erradamente lo estima el accionante.
Por lo anterior, conforme con las constancias obrantes en el
expediente del proceso origen de la controversia visible en el
aplicativo de consulta SAMAI15, la sentencia de 22 de marzo de
2023, aquí cuestionada, fue notificada al actor vía correo electrónico
el 11 de julio de 2023, sin embargo, en aplicación del numeral
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=470013333007201900
15
413014700123
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segundo del artículo 205 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 16,
la Sala entenderá que la notificación de la sentencia cuestionada
se surtió el 14 de julio de 2023.
Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la
referencia se presentó el 21 de abril de 2025, esto es,
transcurrido 1 año, 9 meses y 7 días, esto es, superados así los
6 meses que han sido estimados por la jurisprudencia como término
razonable para impugnar por vía de tutela el contenido de una
decisión judicial, sin que la parte actora haya expuesto razón alguna
que justifique la inactividad o tardanza en la presentación de la
solicitud de amparo.
Ahora bien, en el escrito introductorio, el actor adujo que interpuso
recurso extraordinario de revisión contra dicha decisión y que el
mismo fue resuelto por la Sección Segunda -Subsección “A”- del
Consejo de Estado mediante auto de 13 de enero de 2025.
Al respecto, la Sala destaca que las razones aducidas por el actor no
16
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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justifican la inactividad o tardanza en la presentación de la solicitud
de amparo, toda vez que en tratándose de las acciones de tutela
contra providencias judiciales, el término con el que cuenta el
interesado para promover la solicitud de amparo se determina por la
fecha en la que se surte debidamente la notificación de la decisión
cuestionada, sin que para tal efecto, pueda considerarse como válido
el argumento presentado, pues la decisión proferida por la Sección
Segunda -Subsección “A”- del Consejo de Estado dentro del recurso
extraordinario de revisión es absolutamente autónoma e
independiente de la actuación cuestionada.
Aunado a lo anterior, la Sala señala que para que proceda el amparo
constitucional como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, debe ser actual y las medidas que se
requieran para conjurarlo han de ser urgentes; no basta cualquier
perjuicio, se requiere que sea grave, lo que equivale a una gran
intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber
jurídico de la persona; y la urgencia y la gravedad determinan que la
acción de tutela sea impostergable, debido a que tiene que ser
adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.
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Precisado lo anterior, teniendo en cuenta que en la presente acción
de tutela no se evidenció situación que se enmarque en alguno de
los supuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional que
puedan excusar su presentación por fuera del término establecido
por la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sala concluye que la
solicitud de amparo constitucional se presentó por fuera del término
razonable para cuestionar vía tutela providencias judiciales.
Se destaca que, en la sentencia SU-354 de 201717, la Corte
Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de
inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para
resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses
establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las
particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el que
existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la
interposición de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se
observa en el presente caso.
Finalmente, la Sala advierte que, si bien el actor presentó la acción
17
Magistrado ponente: doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.
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de tutela de la referencia también contra COLPESIONES, entidad
vinculada en calidad de accionada, no dirigió pretensión alguna
contra esta, razón por la cual no hay lugar a realizar ningún
pronunciamiento al respecto.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el
amparo solicitado, por carencia del requisito general de inmediatez,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
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eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de mayo de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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