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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02246-01

Fecha
8 de agosto de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02246-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez y, en consecuencia, se le separa del conocimiento de este proceso. SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia de 22 de mayo de 2025 de la Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO. REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02246-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

8 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02246-01
Demandante: Pedro Antonio Polo Robles
Demandados: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro

Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Inmediatez.
Decisión: Confirma improcedencia.

La Sala decide la impugnación presentada por Pedro Antonio Polo Robles contra la
Sentencia de 22 de mayo de 2025 de la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 21 de abril de 2025, Pedro Antonio Polo Robles interpuso una acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Magdalena y la Administradora
Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES), al considerar que la Sentencia de 22
de marzo de 20231, Rad. 47001-3333-007-2019-00413-01, vulneró sus derechos
fundamentales a la vida digna, mínimo vital, debido proceso, seguridad social e
igualdad.

2. A título de amparo constitucional, solicitó dejar sin efectos la mencionada
sentencia y declarar la nulidad de las Resoluciones No. GNR 66108 del 29 de
febrero de 2016, SUB 132733 del 28 de mayo de 2019 y SUB 177093 del 9 de julio
de 2019, mediante las cuales COLPENSIONES negó las solicitudes de reliquidación
de su pensión. Asimismo, solicitó que se realizara una nueva liquidación de su
mesada pensional con base en el régimen establecido en el Acuerdo 049 de 1990,
aprobado por el Decreto 758 del mismo año.

3. Como fundamentos fácticos, el accionante manifestó haber estado
vinculado laboralmente a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación desde
el 1 de abril de 1974 hasta el 31 de enero de 2016.

4. Mediante la Resolución GNR 66108 del 29 de febrero de 2016,
COLPENSIONES le reconoció una pensión de vejez.

1
La Sentencia fue notificada a través de mensaje de datos el 11 de julio de 2023.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02246-01
Demandante: Pedro Antonio Polo Robles

5. Posteriormente, mediante la Resolución SUB 132733 del 28 de mayo de
2019, la entidad negó su solicitud de reliquidación. Esta decisión fue confirmada en
reposición mediante la Resolución SUB 177093 del 9 de julio del mismo año. En
consecuencia, el accionante presentó una demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho2 contra las mencionadas resoluciones.

6. Mediante Sentencia del 29 de abril de 2022, el Juzgado 7 Administrativo de
Santa Marta declaró la nulidad parcial de dichas resoluciones, al considerar que se
vulneraron los derechos del demandante al negar la reliquidación pensional
solicitada.

7. COLPENSIONES interpuso recurso de apelación, argumentando que el
accionante no acreditó cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales – ISS con
anterioridad a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones. Señaló que
su primera cotización se efectuó el 1 de marzo de 1995 y que al haber acreditado
únicamente 1000 semanas, le correspondía una tasa de reemplazo del 75% y no
del 90%.

8. El 22 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo del Magdalena revocó
la decisión de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda.
Fundamentó su decisión en que no se probó la vinculación del demandante al ISS
bajo los presupuestos del Decreto 758 de 1990, por lo cual no era procedente aplicar
dicha normativa. Además, resaltó que el señor Polo Robles era beneficiario del
régimen especial previsto en el Decreto 546 de 1971.

9. Frente a esta decisión, el accionante interpuso recurso extraordinario de
revisión, el cual fue rechazado de plano mediante auto del 13 de enero de 2025 por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado3.

10. Como fundamento de la vulneración, el señor Polo Robles alegó que el
Tribunal incurrió en una violación directa de la Constitución al no aplicar el régimen
pensional del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año.
Señaló que conforme al principio de favorabilidad previsto en el artículo 53 de la
Constitución, el Tribunal debió acoger la postura jurisprudencial establecida en las
Sentencias T-370 de 2016, T-028 de 2017, T-088 de 2017, T-522 de 2020, SU-273
de 2022 y SU-049 de 2024.

11. Asimismo, indicó la existencia de un defecto sustantivo derivado de una
interpretación errónea de la Resolución GNR 66108 del 29 de febrero de 2016.
Señaló que dicha resolución reconocía una pensión vitalicia y de su contenido se
desprendía que el accionante nació el 6 de febrero de 1951, por lo cual para el 2014

2
Rad. 47001333300720190041300
3
«No es posible entonces que dicha acción sea interpuesta por un particular, tal como lo pretende el recurrente, por cuanto
la norma es clara en establecer la legitimación en la causa por activa de una forma cualificada y, además, la extensión
realizada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional no incluye sujetos diferentes de las administradoras de pensiones
para ejercerla, no encontrándose entonces vulneración alguna a los derechos fundamentales que invoca el accionante como
lesionados.
Además, no es posible flexibilizar ni el término para interponer el recurso extraordinario de revisión ni la legitimación activa
para presentar la acción especial, ya que la posibilidad de desvirtuar la cosa juzgada, que reviste a los fallos emitidos por los
jueces y tribunales, solo puede darse en los casos específicos y estrictamente previstos en la normativa y la jurisprudencia
consolidada. Un proceder diferente comprometería la seguridad jurídica, al generar incertidumbre en la aplicación uniforme
de la ley y en la estabilidad de las decisiones judiciales.»

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02246-01
Demandante: Pedro Antonio Polo Robles

tenía 63 años. En consecuencia, cumplía con el requisito de edad (60 años)
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, además de acreditar al menos
1000 semanas cotizadas, requisito alternativo previsto por dicha norma. Por tanto,
concluyó que el Tribunal no valoró debidamente su pertenencia al régimen de
transición, y que debió aplicar el artículo 36 de la Ley 100.

Intervenciones4

12. El Tribunal Administrativo del Magdalena señaló que no se evidencia
vulneración alguna de derechos fundamentales en su actuación. Además, indicó
que revocó la decisión impugnada al encontrar que el accionante no acreditó que
su vinculación al ISS se hubiera realizado bajo alguno de los supuestos establecidos
en el Decreto 758 de 1990.

13. COLPENSIONES manifestó que a la fecha no existe ninguna petición o
trámite pendiente por resolver a favor del accionante. Añadió que la acción de tutela
resulta improcedente, al no cumplir con los requisitos de procedibilidad exigidos
para revocar una decisión judicial.

14. El Juzgado 7 Administrativo de Santa Marta adjuntó el expediente digital.

Sentencia impugnada

15. El 22 de mayo de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela, al considerar que no se cumplía con el requisito
de inmediatez. Señaló que la sentencia cuestionada fue notificada por correo
electrónico el 11 de julio de 2023, mientras que la tutela fue presentada el 21 de
abril de 2025, es decir, transcurrido 1 año, 9 meses y 7 días. Este plazo superó el
término de 6 meses que la jurisprudencia ha considerado razonable para la
interposición de este mecanismo. Asimismo, se indicó que el accionante no
presentó ninguna circunstancia excepcional que justificara la flexibilización de dicho
requisito temporal.

16. Adicionalmente, consideró que si bien el accionante manifestó haber
interpuesto un recurso extraordinario de revisión contra la sentencia, el cual fue
resuelto por la Subsección A de la Sección Segunda el 13 de enero de 2025, los
argumentos ofrecidos para justificar la demora en la presentación de la tutela no
resultan válidos. En este sentido, precisó que el término para interponer la acción
se calcula a partir de la fecha en que se surte debidamente la notificación de la
decisión judicial que se cuestiona, sin que pueda considerarse como justificación
válida la interposición del recurso extraordinario, ya que la decisión que resuelve
dicho recurso es autónoma e independiente.

4
Mediante Auto del 24 de abril de 202, se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación al Tribunal Administrativo del
Magdalena y a Colpensiones, así como al Juzgado 7 Administrativo de Santa Marta como tercero con interés en el proceso.

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Demandante: Pedro Antonio Polo Robles

Impugnación

17. El accionante presentó escrito de impugnación en el que explicó que no
había interpuesto anteriormente la acción de tutela, ya que se encontraba agotando
el recurso extraordinario de revisión. Señaló que, de haber acudido directamente a
la tutela, esta habría sido rechazada por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad.

18. Añadió que, de no permitirse el estudio de sus objeciones a la sentencia
cuestionada a través de este mecanismo, se le dejaría sin ninguna alternativa
jurídica para la defensa de sus derechos fundamentales. Enfatizó, además, que es
sujeto de especial protección constitucional.

19. Reiteró su condición de persona amparada por un régimen de especial
protección y afirmó que cumple con los requisitos para acceder al régimen de
transición, solicitando la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 y del Decreto 758 de
1990.

Manifestación de impedimento

20. El consejero de Estado Jorge Iván Duque Gutiérrez manifestó su
impedimento para conocer el asunto de la referencia con fundamento en el numeral
6 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004. Lo anterior, con fundamento en que suscribió
el Auto de 13 de enero de 2025, proferido en el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia de segunda instancia en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

21. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestiones previas

1. Decisión sobre el impedimento manifestado por el consejero de Estado
Jorge Iván Duque Gutiérrez

22. Revisados los argumentos planteados por el magistrado Duque Gutiérrez
de cara a las piezas procesal del asunto de la referencia, la Sala estima que se
configuró el supuesto de hecho previsto en el ordinal 6 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, pues en efecto participó en el proceso cuya sentencia de
segunda instancia aquí se enjuicia, ya que rechazó de plano un recurso
extraordinario de revisión contra dicha providencia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02246-01
Demandante: Pedro Antonio Polo Robles

23. En ese orden de ideas, se declarará fundado el impedimento manifestado
por el doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez y, en consecuencia, se le separará del
conocimiento de este proceso.

2. Identificación del objeto de estudio

24. Aunque el accionante mencionó haber presentado un recurso extraordinario
de revisión contra la Sentencia de 22 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena (Rad. 47001-3333-007-2019-00413-01), lo cierto es
que todos los argumentos expuestos en la presente acción se dirigen
exclusivamente contra dicha sentencia y no contra la providencia que rechazó aquel
recurso. Por lo tanto, el análisis se centrará únicamente en el contenido de la
decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

Problema jurídico

25. Corresponde a la Sala establecer si la presente acción de tutela cumplió
con los requisitos generales de procedibilidad para controvertir la Sentencia de 22
de marzo de 2023, Rad. 47001-3333-007-2019-00413-01 del Tribunal
Administrativo del Magdalena, entre ellos el de inmediatez. En caso afirmativo, se
analizará si dicha providencia judicial vulneró los derechos fundamentales a la vida
digna, mínimo vital, seguridad social, debido proceso, seguridad social e igualdad
del accionante, al presuntamente no aplicar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y
Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, así como la
jurisprudencia relativa a estas normas.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

26. La Sala confirmará la improcedencia de la acción de tutela de la referencia,
por no satisfacer el requisito de inmediatez, como pasa a explicarse:

27. Tras revisar los documentos del expediente digital, se concluye que la
sentencia fue notificada a las partes, mediante mensajes de datos enviados el 11
de julio de 2023. Por su parte, según el aplicativo del Sistema de Gestión Judicial
Electrónico del Consejo de Estado – SAMAI, la acción de tutela fue radicada el 21
de noviembre de 2025, lo que representa un lapso superior a un (1) año entre ambos
eventos.

28. Si bien la acción de tutela no está sujeta a un término de caducidad estricto,
la jurisprudencia constitucional ha reiterado que, dada su naturaleza preferente y
sumaria, debe presentarse dentro de un plazo razonable y proporcional contado
desde el hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales. Este criterio tiene como finalidad: (i) proteger los derechos de
terceros, (ii) evitar que el amparo genere inseguridad jurídica, y (iii) prevenir que se
utilice como un mecanismo complementario frente a la falta de diligencia en el

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02246-01
Demandante: Pedro Antonio Polo Robles

ejercicio de los medios ordinarios de defensa judicial, lo que desvirtuaría su
naturaleza excepcional5.

29. En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena del Consejo de Estado
fijó como regla general un plazo de seis (6) meses desde la notificación o ejecutoria
de la providencia para evaluar la oportunidad en la presentación de una acción de
tutela contra decisiones judiciales. Esta regla busca garantizar el respeto por
principios fundamentales del ordenamiento jurídico, como la cosa juzgada y la
seguridad jurídica.

30. Por su parte, la Corte Constitucional ha precisado que el análisis del
requisito de inmediatez no se agota en el simple cálculo del tiempo transcurrido
entre el hecho generador de la vulneración y la presentación de la acción, sino que
debe considerar la razonabilidad del plazo, evaluada a la luz de las circunstancias
concretas del caso. En esa línea, el juez de tutela debe valorar si existen razones
justificadas para la demora, si la amenaza o vulneración persiste y si la parte actora
se encuentra en una situación de vulnerabilidad que haga desproporcionado o
injusto exigir estrictamente dicho requisito temporal6.

31. En el caso bajo estudio, no se allegaron pruebas que acrediten la existencia
de circunstancias excepcionales ni se demostró la existencia de un perjuicio
irremediable. En consecuencia, la Sala concluye que no hay elementos que
justifiquen la tardanza de la parte actora en solicitar la protección de sus derechos
fundamentales.

32. Finalmente, frente a los argumentos de impugnación relativos a la
presentación del recurso extraordinario de revisión y la condición de sujeto de
especial protección, es preciso señalar que (i) tal como se dijo en la cuestión previa
no se hizo enjuiciamiento alguno contra el auto que rechazó de plano el recurso
extraordinario de revisión y se comparte la postura asumida por el juez de tutela de
primer grado de considerar que las decisiones del proceso ordinario y del recurso
extraordinario son autónomas; y (ii) la condición alegada no releva de forma
automática de acudir en un plazo razonable al mecanismo de amparo, es preciso
igual que se hubiera dado cuenta de las razones particulares que llevaron al retardo
en su interposición.

33. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión de primera
instancia, en cuanto declaró improcedente la acción de tutela por no acreditarse el
requisito de inmediatez. En consecuencia, se abstendrá de pronunciarse sobre las
demás causales de improcedencia planteadas.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

5
Sobre el requisito de inmediatez, puede consultarse: Corte Constitucional, Sentencia SU-184 de 2019.
6
Ídem.

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Demandante: Pedro Antonio Polo Robles

III. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el doctor Jorge
Iván Duque Gutiérrez y, en consecuencia, se le separa del conocimiento de este
proceso.

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia de 22 de mayo de 2025 de la Sección
Primera del Consejo de Estado, de conformidad con los argumentos expuestos en
la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO. REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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