Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02247-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02247-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02247-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
30 de mayo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02247-00
Demandante: INVÍAS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02247-00
Demandante: INVÍAS
Demandado: TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DEL CENTRO DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIONES PROFERIDAS EN PROCESO
ARBITRAL – No procede estudio de fondo porque no se cumple el requisito de relevancia
constitucional.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el Instituto Nacional de Vías - Invías
contra el panel arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Bogotá a cargo del caso n.° 153558.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda
1. El 21 de abril de 2025, el Instituto Nacional de Vías -Invías, por intermedio de
apoderado judicial1, interpuso acción de tutela contra el Tribunal de Arbitramento del
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, constituido
para dirimir las diferencias surgidas entre el Consorcio SES Puente Magdalena2 y el
Invías, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso e
igualdad con motivo del auto n.º 3 del 3 de febrero de 2025, confirmado en proveído
n.º 4 del 20 de febrero siguiente, a través del cual se admitió la demanda. Formuló
las siguientes pretensiones (se transcriben):
5.1. Se ampare el derecho fundamental de DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD y cualquier otro del mismo rango que se determine como violado.
1
Las sociedades que integran el Consorcio SES Puente Magdalena otorgaron poder al abogado que
interpuso la presente acción de tutela.
2
Conformado por las sociedades SACYR Construcción Colombia S.A.S., SACYR Chile S.A.S.
sucursal Colombia y CAVOSA Obras y Proyectos S.A.
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Demandante: INVÍAS
5.2. Dejar sin efectos el Auto No. 3 de 3 de febrero de 2025, proferido por el
Tribunal Arbitral de Consorcio SES Puente Magdalena vs Instituto Nacional de
Vías - INVIAS- Trámite No. 153558, conformado para dirimir las controversias
entre CONSORCIO SES PUENTE MAGDALENA integrado por las sociedades
SACYR CONSTRUCCIÓN COLOMBIA S.A.S., SACYR CHILE S.A.
SUCURSAL COLOMBIA y CAVOSA OBRAS Y PROYECTOS S.A.
("Convocante") contra INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
("Convocada" y conjuntamente con la Convocante las "Partes"), integrado por
los árbitros Andrea Atuesta Ortiz – Presidente-, Gustavo Arnulfo Quintero
Navas y Luis Arturo De Brigard Caro, en conjunto con la Secretaria designada
Patricia Zuleta García.
5.3. Dejar sin efectos el Auto No. 4 de 20 de febrero de 2025, , proferido por el
Tribunal Arbitral de Consorcio SES Puente Magdalena vs Instituto Nacional de
Vías –INVIAS- Trámite No. 153558, conformado para dirimir las controversias
entre CONSORCIO SES PUENTE MAGDALENA integrado por las sociedades
SACYR CONSTRUCCIÓN COLOMBIA S.A.S., SACYR CHILE S.A.
SUCURSAL COLOMBIA y CAVOSA OBRAS Y PROYECTOS S.A.
("Convocante") contra INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
("Convocada" y conjuntamente con la Convocante las "Partes"), integrado por
los árbitros Andrea Atuesta Ortiz -Presidente-, Gustavo Arnulfo Quintero Navas
y Luis Arturo De Brigard Caro.
5.4. En consecuencia solicito a los honorables Consejeros que amparen el
derecho fundamental al debido proceso y a la igualdad, ordenando al Tribunal
Arbitral de Consorcio SES Puente Magdalena vs Instituto Nacional de Vías –
INVIAS- Trámite No. 153558, conformado para dirimir las controversias entre
CONSORCIO SES PUENTE MAGDALENA integrado por las sociedades
SACYR CONSTRUCCIÓN COLOMBIA S.A.S., SACYR CHILE S.A.
SUCURSAL COLOMBIA y CAVOSA OBRAS Y PROYECTOS S.A.
("Convocante") contra INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
("Convocada" y conjuntamente con la Convocante las "Partes"), integrado por
los árbitros Andrea Atuesta Ortiz – Presidente-, Gustavo Arnulfo Quintero
Navas y Luis Arturo De Brigard Caro, que RECHACE LA DEMANDA
presentada por el CONSORCIO SES PUENTE MAGDALENA, en el curso del
trámite del proceso arbitral.
2. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los
siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. El 21 de enero de 2025 se declaró legalmente instalado el Tribunal Arbitral
constituido para dirimir las controversias surgidas entre el Consorcio SES Puente
Magdalena e Invías, con ocasión del Contrato 642 de 2015. El caso corresponde al
n.° 153558.
4. Mediante auto n.º 2 del 21 de enero de 2025 se inadmitió la demanda, con el
fin de que se indicaran el domicilio, representantes legales y números de
identificación tributaria de las sociedades que integran el Consorcio convocante y de
la entidad convocada; así como el período de los intereses moratorios solicitados en
la pretensión quinta principal de la demanda, los cuales, además, debían incluirse en
el juramento estimatorio.
5. La parte convocante presentó escrito de subsanación, de manera oportuna.
6. En auto n.º 3 del 3 de febrero de 2025, el Tribunal Arbitral admitió la demanda,
por considerar que se subsanó en debida forma. Entre otros, solicitó a la convocada
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Demandante: INVÍAS
que aportara los documentos solicitados en el numeral segundo del capítulo de
pruebas de la demanda.
7. Contra esa decisión, Invías interpuso recurso de reposición, en el que sostuvo
que la demanda no se subsanó en la forma expuesta en el auto de 21 de enero de
2025, toda vez que no se informó el domicilio y número de identificación tributaria de
esa entidad pública, lo que daba lugar al rechazo de la demanda. Agregó que en el
escrito de subsanación se realizaron modificaciones en el hecho 26 y en el acápite
de pruebas, sin que se hubieran anunciado dichos cambios. Por último, cuestionó la
orden que le impuso el deber de aportar ciertos documentos, toda vez que la parte
convocante no demostró su imposibilidad para obtenerlos, como dispone los
artículos 78 y 173 del CGP.
8. El Tribunal Arbitral, en proveído de 20 de febrero de 2025, resolvió no reponer
el auto admisorio. Consideró que la falta de información sobre la entidad convocada
no daba lugar a revocar la admisión de la demanda, «porque, al ser el INVIAS una
entidad pública del orden nacional, su existencia y domicilio están dados por el
Decreto 2171 de 1992 (artículo 52), por lo que no es necesario informarlos ni
probarlos a través de otros mecanismos. Igualmente, dada su integración en la
estructura de la rama ejecutiva del Estado colombiano, su NIT no es necesario para
efectos de su cabal identificación ni para el ejercicio de los derechos que le asisten».
Agregó que no se evidenciaron las modificaciones a la demanda que señaló la
recurrente y precisó que la ley no exige procedimientos especiales para solicitar el
aporte de los documentos que están en poder de la contraparte.
9. Invías considera que el auto del 3 de febrero de 2025, que admitió la demanda,
y el proveído del 20 de febrero de 2025, que confirmó esa decisión, están incursos
en defecto procedimental absoluto, por cuanto: (i) se admitió la demanda pese a que
no se informaron los datos de domicilio y número de identificación de esa parte
convocada, como se exigió en el auto que inadmitió la demanda, en atención a lo
dispuesto en el artículo 82 del CGP, y (ii) se ordenó a esa entidad aportar ciertos
documentos, pese a que la parte convocante no acreditó la imposibilidad de
conseguirlos directamente, según dispone el artículo 78 y 173 del CGP. Por las
mismas razones consideró que se incurrió en los defectos fáctico y sustantivo, el
primero porque se realizó «una valoración caprichosa y arbitraria de las pruebas
aportadas» y, el segundo, por cuanto la interpretación normativa que hizo el Tribunal
de Arbitraje no es razonable, sino errónea y contraevidente.
10. En su concepto, los yerros advertidos vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso y a la igualdad, pues se desconocieron las formas establecidas en
la ley; además, la consecuencia de la decisión de admisión tiene efectos
trascendentales, toda vez que, de haberse rechazado la demanda, el Consorcio
implicado no podría volver a convocar la conformación de un tribunal de
arbitramento, por haber operado la caducidad; así mismo, no se aportarían los
documentos solicitados al Invías, lo que favorecería a esa entidad en el litigio.
11. Señaló que lo resuelto «desconoce por completo el reconocido derecho de
equilibrio de armas entre las partes enfrentadas ante un proceso, porque corrige la
oportunidad y la diligencia exigida a la parte solicitante de la prueba de conseguir
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directamente los documentos y solo acudir ante Juez, cuando los haya solicitado y
no haya obtenido respuesta favorable. El Tribunal vulnera el derecho a la igualdad,
bajo la premisa de que debe imperar la independencia, autonomía e imparcialidad
frente a las partes, que debe imperar durante el proceso y al momento de resolver la
disputa. Con la decisión del Tribunal rompe el equilibrio que debe imperar, con
efectos en la decisión, en razón a que la falta de diligencia de la parte convocante en
el aporte de los elementos probatorios que fundamenta la demanda, tendría efectos
en la valoración que realice el Tribunal al momento de proferir la decisión de fondo».
B. Trámite impartido e intervenciones
12. Mediante auto de 24 de abril de 2025 se admitió la solicitud de amparo, se
ordenó notificar la decisión a los árbitros que profirieron la decisión cuestionada, a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, como terceros con interés, a las
sociedades Sacyr Construcción Colombia S.A.S., Sacyr Chile S.A., sucursal
Colombia, y Cavosa Obras y Proyectos S.A, que conformaron el Consorcio SES
Puente Magdalena. También se tuvieron como prueba los documentos aportados
con la demanda y se solicitó copia digitalizada del expediente arbitral.
13. Los árbitros Andrea Atuesta Ortiz, Gustavo Arnulfo Quintero Navas y Luis Arturo
De Brigard Caro, quienes integran el Tribunal conformado para dirimir las
controversias entre el Consorcio SES Puente Magdalena e Invías, en el proceso
identificado con el número 153558 del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio
de Bogotá señalaron que el auto censurado se profirió «con sujeción a la totalidad
de las reglas procesales pertinentes, con respeto de las normas imperativas vigentes
y con un examen completo de los argumentos expuestos por cada parte frente al
recurso de reposición que la convocada -hoy tutelante- interpuso». Así mismo,
indicaron que se garantizó a las partes el ejercicio pleno de sus derechos, con
observancia de las normas procesales y el debido proceso.
14. El Consorcio SES Puente Magdalena señaló que la tutela no cumple los
requisitos de relevancia constitucional y efecto decisivo de la supuesta irregularidad
procesal. Explicó que la demandante «pretende disfrazar de violación de derechos
fundamentales una interpretación propia y equivocada del auto que ordenó subsanar
la demanda», para impugnar una decisión contraria a sus intereses; por ende, la
discusión es meramente legal, pero no constituye un hecho de relevancia
constitucional en los términos establecidos por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional. Adicionalmente, la finalidad de la interesada es reabrir un debate
jurídico que fue resuelto por el Tribunal Arbitral, con motivo del recurso de reposición
que interpuso Invías en ese litigio y no reúne la carga mínima para entender cuál es
la afectación al derecho al debido proceso por el hecho de no haberse indicado el
NIT de la entidad pública; por el contrario, el rechazo de la demanda sí significaría la
violación del derecho al debido proceso de ese Consorcio.
15. Estimó que el supuesto defecto no llevaría al rechazo de la demanda, pues no
se incumplió la orden del Tribunal Arbitral y, en todo caso, no se configuraron los
requisitos específicos de la tutela contra providencia jurisdiccional porque la decisión
se ajustó a las normas procesales.
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16. Con base en lo anterior, solicitó rechazar las peticiones de Invías y condenarlo
en costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 2591 de
1991.
II. CONSIDERACIONES
C. Cuestión previa: manifestación de impedimento
17. A través de escrito presentado el 29 de mayo de 20253, el consejero de Estado
Fernando Alexei Pardo Flórez manifestó su impedimento para conocer el asunto, por
considerar que se encuentra incurso en la causal prevista en el numeral 5 del artículo
564 del Código de Procedimiento Penal, en la medida en que:
(…) uno de los árbitros que integran el Tribunal Arbitral es Gustavo Quintero
Navas con quien mantengo una amistad estrecha desde hace más de diez
años. Lo anterior, dado que hemos compartido innumerables espacios
académicos y personales, fruto de los cuales: (i) conozco de manera cercana
a su familia (esposa e hijos) y él a la mía, (ii) nos acompañamos en momentos
significativos de nuestras vidas (logros e infortunios personales), (iii)
mantenemos una comunicación abierta, (iv) compartí con él un espacio de su
oficina (v) nos visitamos frecuentemente, incluso en nuestras viviendas y (vi)
guardamos un profundo respeto mutuo. Aunado a todo lo anterior, debo decir
que también fui asesor externo de la sociedad Asesores Jurídicos y
Consultores Empresariales S.A.S., lugar en el que estreché mis relaciones de
amistad con el doctor Gustavo Quintero Navas.
18. A juicio de la Sala, las circunstancias fácticas descritas en el escrito se
enmarcan en la causal referida, pues dan cuenta de una amistad estrecha y
prolongada con uno de los árbitros que conforman el Panel Arbitral aquí demandado,
al punto que se ha mantenido durante más de diez años, periodo en el cual han
compartido innumerables espacios profesionales y personales, vínculo que se
refuerza, incluso, con visitas mutuas frecuentes. Por tanto, a fin de garantizar la
imparcialidad e independencia que se requieren para conocer y tramitar la acción de
tutela, se declarará fundado el impedimento manifestado por el magistrado Pardo
Flórez y, como consecuencia, quedará separado del conocimiento del presente
asunto.
D. Competencia
19. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es
competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37
del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080
de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).
3
Documento con certificado 0BF5EDF0042E36A3 42CF65EE6B7D94C9 9660E0188231067B
A6899762DF73F1CD, visible en el índice 16 del expediente digital cargado en el aplicativo Samai.
4 «
ARTÍCULO 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento:
(…)
5. que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o
perjudicado y el funcionario judicial».
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E. Legitimación en la causa
20. Invías se encuentra legitimado para interponer la acción de tutela, toda vez que
es la titular de los derechos fundamentales que considera vulnerados, en su
condición de parte convocada en el proceso arbitral en el que se profirió la decisión
censurada.
21. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
el panel arbitral conformado para resolver las diferencias entre el Consorcio SES
Puente Magdalena e Invías fue la autoridad jurisdiccional que profirió el auto al que
se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales de la entidad
accionante.
F. Análisis de la Sala5
22. Relevancia constitucional. La Corte Constitucional se ha referido a la
procedencia de la acción de tutela contra decisiones adoptadas por Tribunales de
Arbitramento y ha concluido que, como a la jurisdicción arbitral acceden las partes
de forma voluntaria con la consecuente renuncia a la justicia ordinaria, su estudio es
excepcional y está restringido a la comprobación de una vía de hecho que implique
la vulneración directa de un derecho fundamental. Esto bajo el entendido de que los
árbitros no están exentos de cumplir las disposiciones de la Constitución Política6.
23. Ha precisado, así, que en la acción de tutela contra decisiones arbitrales se
aplican las mismas reglas sobre procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, en la medida en la que aquellas también son producto del ejercicio de una
función jurisdiccional que hace tránsito a cosa juzgada. No obstante, dada la
particularidad que caracteriza a la justicia arbitral, por cuenta de la renuncia de las
partes a la jurisdicción ordinaria y su sometimiento voluntario a un tribunal de
arbitramento, su examen debe ser más riguroso y estricto7. Esto supone analizar
«con especial detenimiento el requisito de relevancia constitucional (además) la
exigencia de haberse agotado los recursos que el sistema jurídico consagra para
atacar laudos arbitrales comporta un estudio más ‘atento’ del requisito de
subsidiariedad».
5
La Sala advierte que la solicitud de amparo fue presentada en un término razonable, dado que
transcurrieron menos de seis meses desde que se notificó la providencia que resolvió el recurso de
reposición que interpuso la interesada contra el auto admisorio.
6
Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-608 de 1998, SU-837 de 2002, SU-058 de 2003,
T-1228 de 2003, T-920 de 2004 y T-131 de 2021, entre otras.
7
En sentencia SU-174 de 2007 se explicó que en la tutela contra laudo arbitral «(1) [existe] un
respeto por el margen de decisión autónoma de los árbitros, que no ha de ser invadido por el juez
de tutela e impide a éste pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a arbitramento; (2) la
procedencia excepcional de la acción de tutela exige que se haya configurado, en la decisión que se
ataca, una vulneración directa de derechos fundamentales; (3) si bien es posible y procedente aplicar
la doctrina de las vías de hecho a los laudos arbitrales, dicha doctrina ha de aplicarse con respeto
por los elementos propios de la naturaleza del arbitraje, los cuales implican que su procedencia se
circunscribe a hipótesis de vulneración directa de derechos fundamentales; y (4) el carácter
subsidiario de la acción de tutela se manifiesta con especial claridad en estos casos, ya que sólo
procede cuando se ha hecho uso de los recursos provistos por el ordenamiento jurídico para
controlar los laudos, y a pesar de ello persiste la vía mediante la cual se configura la vulneración de
un derecho fundamental (…)».
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24. Al justificar esa mayor rigurosidad que debe aplicar el juez de tutela cuando
estudia una acción de la misma naturaleza dirigida contra una decisión arbitral, en la
sentencia T-131 de 2021, la Corte Constitucional señaló:
En suma, la acción de tutela procede de manera excepcional contra decisiones
adoptadas por tribunales de arbitramento. No obstante, el estudio sobre el
cumplimiento de los requisitos generales y específicos de procebilidad es más
estricto que aquel que se realiza cuando la petición de amparo se invoca contra
una decisión judicial. Esto, en razón de las características especiales de la justicia
arbitral. Tales características le exigen al juez constitucional tener en cuenta en su
análisis los siguientes aspectos: i) la naturaleza excepcional de la justicia
arbitral, ii) el respeto por el principio de voluntariedad, iii) la estabilidad jurídica de
los laudos arbitrales, iv) el respeto por el margen de decisión autónoma de los
árbitros, y v) la procedencia restrictiva de los mecanismos judiciales para controlar
las decisiones arbitrales.
25. Y, con respecto al requisito de relevancia constitucional, en el mismo fallo citado,
la Corte sostuvo que se satisface cuando «i) supone, a priori, el desconocimiento del
derecho fundamental al debido proceso en su faceta constitucional; ii) no es
empleada como una tercera instancia judicial para reabrir el proceso; iii) se orienta
a resolver aspectos que trascienden cuestiones legales; iv) no tiene la pretensión de
cuestionar el criterio de los árbitros para decidir el caso; v) pretende cuestionar la
falta de aplicación de normas constitucionales; y vi) busca evitar la afectación del
patrimonio público cuando se cumplen determinadas condiciones».
26. En sentido similar, tratándose de tutela contra providencia judicial, esta
Subsección ha sido consistente en estimar que el cumplimiento del requisito de
relevancia constitucional no se limita a señalar los derechos fundamentales
vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que
la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se
utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las
establecidas por el legislador.
27. Dicha tesis se ajusta al precedente8 reiterado de la Corte Constitucional que, de
manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede
convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario
para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación
propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional no es
el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección,
de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.
28. La tutela sólo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque,
en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance
de un derecho fundamental.
8 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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29. Aplicados los criterios expuestos al caso que se analiza, la Sala advierte, de
entrada, que la controversia planteada carece de relevancia constitucional en tanto
pretende una intromisión del juez constitucional en el trámite del proceso arbitral, por
la simple inconformidad de la accionante con la decisión que admitió la demanda,
mas no por una verdadera circunstancia que vulnere o amenace derechos
fundamentales.
30. Los reproches que elevó Invías en la solicitud de amparo, sobre un supuesto
incumplimiento de las previsiones exigidas para la admisión de la demanda y la falta
de aplicación taxativa de lo dispuesto en los artículos 78 y 173 del CGP, fueron
desvirtuados por el panel arbitral, en sede de reposición, a través de las siguientes
consideraciones:
A. SOBRE EL INCUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE SUBSANACIÓN
(…)
Al respecto, el Tribunal encuentra que en la subsanación de la demanda se
incluyó la identificación plena de las sociedades que integran el Consorcio
Demandante, indicando su domicilio, NIT y representante legal, cumpliendo así
con lo ordenado en el Auto No. 2 del 21 de enero de 2025.
Respecto de la Convocada, como bien se indica en el recurso, no se incluyó su
NIT ni domicilio. No obstante, esta circunstancia no da lugar a revocar el auto
admisorio porque, al ser el INVIAS una entidad pública del orden nacional, su
existencia y domicilio están dados por el Decreto 2171 de 1992 (artículo 52),
por lo que no es necesario informarlos ni probarlos a través de otros
mecanismos. Igualmente, dada su integración en la estructura de la rama
ejecutiva del Estado colombiano, su NIT no es necesario para efectos de su
cabal identificación ni para el ejercicio de los derechos que le asisten. (…)
Por lo tanto, y bajo las anteriores consideraciones, el Tribunal considera que no
fue desatendida ninguna orden de subsanación. (…)
C. SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO PROCESAL PARA
LA SOLICITUD DE PRUEBAS
Por último, alegó el recurrente que el Demandante no acreditó haber solicitado
a través del derecho de petición los documentos que ahora pretende sean
allegados por la Convocada al contestar la demanda.
Sobre este punto, el Tribunal precisa que el artículo 82, numeral 6, del Código
General del Proceso faculta expresamente al demandante para señalar "los
documentos que el demandado tiene en su poder, para que este los aporte".
En concordancia, el artículo 96 del mismo estatuto establece que el demandado
deberá aportar con la contestación "los documentos que estén en su poder y
que hayan sido solicitados por el demandante".
En consecuencia, para este tipo de solicitudes probatorias -documentos en
poder del demandado- la ley no exige el agotamiento de procedimientos
especiales ni la demostración de requerimientos previos mediante derecho de
petición. Por tanto, las solicitudes documentales formuladas por la parte
demandante se ajustan plenamente a los requisitos de admisibilidad de la
demanda establecidos en la ley procesal.
Las consideraciones anteriores resultan suficientes para desestimar este
argumento y, consecuentemente, el Tribunal no repondrá el Auto Admisorio de
la Demanda.
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Demandante: INVÍAS
31. Los argumentos del Tribunal de Arbitraje son razonables y válidos, en tanto se
encuentran fundamentados en las normas procesales aplicables al asunto,
conforme a la interpretación efectuada por los árbitros, por demás sensata, en
ejercicio de la autonomía e independencia que le fueron deferidos al ser elegidos,
de manera voluntaria por las partes, para resolver la controversia.
32. Las premisas expuestas por la parte demandante no poseen relevancia
constitucional, por cuanto carecen de la carga mínima exigida para considerar una
posible vulneración de derechos de raigambre constitucional; además, su finalidad
se centra en provocar una nueva decisión sobre un tema que ya fue zanjado en el
proceso arbitral, buscando convertir la acción de tutela en una instancia adicional.
33. Como ya se expuso en esta providencia, el requisito de relevancia constitucional
no se agota con el simple señalamiento de una vulneración de derechos
fundamentales. En este caso, la supuesta violación de los derechos fundamentales
al debido proceso y a la igualdad se torna inexistente, al comprobarse que durante
el trámite arbitral se garantizó a la convocada su derecho de contradicción y
defensa, y lo que se observa en su simple disconformidad con lo resuelto, frente a
aspectos que, además, son de mera legalidad.
34. El fundamento de la tutela de ninguna manera evidencia un error protuberante,
arbitrario o caprichoso en la decisión que admitió la demanda arbitral, del que se
pueda siquiera colegir la existencia de una vulneración al debido proceso. Se
advierte, por el contrario, un uso abusivo de la acción de tutela, para insistir en una
tesis personal que ya fue descartada por el juez natural.
35. Cabe resaltar, en este punto, que en virtud de las restricciones para la
procedencia de la tutela contra providencia judicial, las cuales resultan extrapolables
—incluso con un carácter más estricto— a las decisiones arbitrales, entran en
tensión reglas y principios como los de seguridad jurídica, cosa juzgada,
congruencia, respeto e independencia por la autonomía, el juez de tutela no puede
sustituir la labor de los árbitros, para resolver sobre temas que le fueron
encomendados a esa jurisdicción, por decisión de las partes. El ejercicio de este
mecanismo constitucional no es una oportunidad más para que otra autoridad
jurisdiccional revise una decisión o se obtenga una aprobación a la postura o visión
que se tiene dentro de un litigio. Todo lo contrario, este tipo de tutelas deben estar
revestidas de seriedad en la argumentación y de un estudio preliminar y detallado
de las decisiones que se atacan en una perspectiva eminentemente constitucional.
36. Al leer el sustento de la demanda, no encuentra la Sala un razonamiento serio
que evidencie un error en el entendimiento de los árbitros, sobre el porqué no era
necesario aportar el número de NIT y datos de domicilio del Invías, por tratarse de
una entidad pública, y por qué era válido acoger la solicitud probatoria de la
convocante en virtud de lo dispuesto en los artículos 82 y 96 del CGP, partiendo de
la base de que esos fueron los argumentos que llevaron a desestimar la pretensión
de rechazo de la demanda que elevó la entidad aquí accionante mediante recurso
de reposición.
37. Es así como la simple enunciación de la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad, bajo la premisa de que se aplicaron
equivocadamente o se dejaron de aplicar ciertas normas de procedimiento, sólo
porque no se acogió el entendimiento de la interesada, resulta insuficiente, pues no
deja entrever una real extralimitación o cualquier otro vicio en las decisiones
arbitrales cuestionadas, al punto que permitan al menos inferir la posible existencia
de un yerro capaz de vulnerar los derechos que se piden proteger.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02247-00
Demandante: INVÍAS
38. De acuerdo con lo expuesto, se impone concluir que la solicitud de amparo es
completamente improcedente por incumplimiento del requisito general de relevancia
constitucional, y así se declarará en la parte resolutiva.
39. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar fundado el impedimento manifestado por el magistrado
Fernando Alexei Pardo Flórez, por los motivos señalados. Como consecuencia,
queda separado del conocimiento de esta acción de tutela.
SEGUNDO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el Instituto
Nacional de Vías – Invías, por incumplimiento del requisito general de relevancia
constitucional, de acuerdo con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. Notifíquese esta decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito y eficaz.
CUARTO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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