Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02249-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02249-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02249-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
29 de mayo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02249-00
Demandante: Luis Alcides Murillo Espinosa
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-02249-00
Demandante LUIS ALCIDES MURILLO ESPINOSA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Subsidiariedad. Medio de
control de nulidad y restablecimiento. Sanción moratoria por
reconocimiento y pago tardío de las cesantías. Docente oficial.
Oportunidades probatorias.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir, en primera instancia, la acción de tutela
instaurada por el señor Luis Alcides Murillo Espinosa, quien actúa a través de
apoderado judicial, de conformidad con lo dispuesto en los decretos 1983 de 2017
y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 21 de abril de 20251, el señor Luis Alcides Murillo Espinosa, actuando a través
de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, por estimar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
«tutela judicial efectiva», al haber dictado la sentencia del 3 de diciembre de 2024, por
medio de la cual se confirmó la de primera instancia, en la cual se negaron las
pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro.
05837-33-33-003-2021-00099-00/01.
En consecuencia, se formularon las siguientes pretensiones2:
«1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA- SALA QUINTA DE
ORALIDAD, en la sentencia proferida el día 3 de diciembre de 2024, en el
expediente radicado No. 05837-33-33-003-2021-00099-01, transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, PREVALENCIA DE LO SUSTANCIAL SOBRE
LO FORMAL, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA de la parte accionante, por considerar que las razones de la decisión no se
ajustan a los postulados de la ley y, a la jurisprudencia constitucional y del órgano de
cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando
los derechos fundamentales por parte del accionado.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA-SALA QUINTA DE ORALIDAD dejar sin efectos la
providencia referida en el numeral anterior y, se profiera una nueva decisión judicial
procediendo a un análisis integral de los medios de convicción aportados por el
demandante, con lo cual el fin de lograr el esclarecimiento de la situación fáctica del
docente Luís Alcides Murillo Espinosa en prevalencia de los principios de favorabilidad,
pro homine, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y, justicia material.» (Sic
a toda la cita).
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Samai, índice 1 y 2.
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Samai, índice 2.
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Demandante: Luis Alcides Murillo Espinosa
2. Hechos
De la revisión del expediente se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. Para el año 2020, el señor Luis Alcides Murillo Espinosa, en su calidad de
docente oficial, solicitó el reconocimiento y pago de cesantías parciales para
compra de vivienda. Mediante Resolución Nro. 1014 del 10 de julio de 2020 se
accedió a la solicitud, cuyo pago se hizo el 26 de abril de 2021.
2.2. El 11 de febrero de 2021, el accionante presentó reclamación administrativa
ante la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) para que se reconociera el pago de la
sanción moratoria por el retardo en el desembolso de las cesantías parciales,
sin embargo, no existió respuesta en el asunto.
2.3. En el año 2021, el señor Luis Alcides Murillo Espinosa presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) y el Municipio de Turbo Antioquia, con el fin
de obtener la declaratoria de nulidad del oficio Nro. TRD18001293 del 25 de
febrero de 2021, por el cual la Secretaría de Educación de Turbo resuelve no
acceder a la petición y, el acto ficto configurado por la falta de respuesta en
atención a la petición elevada el 11 de febrero de 2020.
2.4. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Turbo Antioquia conoció
en primera instancia el asunto, bajo el radicado Nro. 05837-33-33-003-2021-
00099-00.
Mediante sentencia proferida el 8 de agosto de 2023, dicha autoridad judicial
negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se configuró la
sanción por mora en el pago de las cesantías solicitada por el demandante,
pues se determinó que estas fueron puestas a disposición del demandante por
primera vez el 20 de agosto de 2020, es decir antes de la fecha de vencimiento
del término para el pago, que era el 29 de septiembre de 2020, por lo que no
resultó imputable a la entidad demandada el cobro tardío del dinero.
La anterior providencia fue apelada por la parte demandante.
2.5. Mediante sentencia del 3 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Quinta de Decisión, confirmó la decisión al considerar que la
contabilización de los plazos y términos efectuados por el Juez de
conocimiento fue ajustado a derecho, partiendo de la prueba documental
allegada al plenario dentro las etapas procesales correspondientes.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora argumentó que en este caso se cumplen a cabalidad los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
pues: (i) esta acción tiene relevancia constitucional dado que se vulneraron los
derechos fundamentales del accionante «ya que la actividad probatoria adelantada en
segunda instancia para esclarecer aspectos oscuros de la controversia no se llevó a cabo en
condiciones de equidad e igualdad entre las partes», privilegiando pruebas aportadas por la
parte demandada; (ii) se agotaron todos los recursos ordinarios y extraordinarios
dentro del medio de control, eso se determina pues «se verifica que la parte demandante
hizo uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, agotando los recursos
legales previstos dentro del proceso, que culminó con sentencia de segunda instancia dictado el 3
de diciembre de 2024»; (iii) se cumple con el requisito de inmediatez toda vez que, la
sentencia que se considera lesiva fue notificada el 6 de diciembre de 2024, lo que
significa que se acudió dentro de un término razonable; (iv) identificó los hechos
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que dieron lugar a la vulneración de los derechos fundamentales a lo largo del
escrito de tutela; y (vi) precisó que la providencia cuestionada no es la dictada
dentro del trámite de una acción de tutela.
Respecto de los defectos especiales, afirmó que la autoridad accionada al dictar el
fallo de segunda instancia incurrió en un defecto procedimental absoluto.
Indicó que el Tribunal Administrativo de Antioquia realizó un decreto oficioso de
pruebas en segunda instancia pues no existía certeza sobre los siguientes aspectos:
(i) la fecha de radicación de la solicitud de cesantías (dado que la fecha de la resolución
no coincidía con la registrada en la constancia de radicación), y (ii) la disponibilidad
efectiva de los recursos, pues según el demandante «el desembolso inicial no fue posible
debido errores en el nombre y número de cédula de la beneficiaria, lo que llevó a la entidad bancaria
a negar la entrega del dinero». Por ello requirió a las autoridades demandadas para que
remitieran la documentación pertinente.
Aseguró que la orden dada en el auto de decreto oficioso no fue acatada de forma
inmediata, lo que llevó a que se tuviera que reiterar el requerimiento en varias
oportunidades. Una vez se aportaron los documentos, concluyó que no se demostró
que la imposibilidad de retirar el primer desembolso de la entidad bancaria fuera
atribuible únicamente a la autoridad pública, ya que esa imposibilidad no obedeció
a inconsistencias en la información remitida para hacer efectivo el retiro de las
cesantías.
Resaltó que si la autoridad judicial hubiera valorado las pruebas que la parte
demandante allegó junto al recurso de apelación de la sentencia de primera
instancia, dentro del decreto oficioso habría llegado a otra conclusión, pues esos
elementos permitían aclarar los motivos por los cuales el accionante solicitó la
reprogramación del desembolso de los dineros girados por concepto de cesantías.
Por lo que, consideró que «era imperativo otorgar a ambas partes de la litis la oportunidad, en
igualdad de condiciones, de aportar todos los elementos de juicio necesarios para esclarecer el punto
controvertido en aras de asegurar un tratamiento equitativo en la valoración probatoria».
Precisó que contra el auto que decreta pruebas de oficio no procede recurso alguno
y que la presentación del recurso de reposición podría entenderse como una forma
de dilatar el proceso, motivos por los cuales no hizo uso de estos mecanismos de
impugnación. Añadió que, ejerció su derecho de defensa cuando se corrió el
traslado de las pruebas decretadas de oficio, poniendo en conocimiento del juez
que allí no se incluyeron las que se relacionaban con la reclamación de corrección
de información formulada por el docente.
Señaló que las pruebas que se dejaron de decretar de manera oficiosa y que habían
sido aportadas por el demandante con el recurso de apelación fueron las siguientes:
(i) «[…] Sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Turbo, el 11 de diciembre de 2020 dentro de la acción de tutela […] No. 05837-31-04-002-2020-
00166-00 […]»; (ii) «[…] Sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia – Sala Penal, el 12 de febrero de 2021, dentro de la acción de tutela identificada con No.
05837-31-04-002-2020-00166-01 […]»; (iii) «[…] Auto emitido por el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Turbo, el 19 de marzo de 2021 […]»; (iv) «[…] Oficio No. 20211090616371 del 25 de
marzo de 2021 […]». Las cuales hubieran permitido dilucidar las incertidumbres
existentes en lo relacionado con las múltiples ocasiones en las que el señor Murillo
Espinosa solicitó la corrección del nombre y número de identificación de la
beneficiaria del desembolso de las cesantías reconocidas, sin que hubiera obtenido
respuesta de fondo por parte de la Fiduprevisora.
Concluyó, esa omisión probatoria constituye una vulneración directa al principio de
debido proceso, así como a los postulados de imparcialidad judicial, tutela judicial
efectiva y prevalencia del derecho sustancial, principios fundamentales que deben
regir toda actuación jurisdiccional.
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4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En providencia del 23 de abril de 20253,el despacho ponente admitió la acción
de tutela interpuesta por el señor Luis Alcides Murillo Espinosa, contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia.
Vinculó en calidad de terceros con interés al Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la Fiduprevisora
S.A., al Municipio de Turbo, Secretaría de Educación, al Ministerio Público, a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Juzgado Tercero
Administrativo de Turbo; ofició al Juzgado Tercero Administrativo de Turbo
para que remitieran en medio digital copia del expediente Nro. 05837-33-33-
003-2021-00099-00/01; se reconoció personería al abogado de la parte
accionante; y se ordenó efectuar las notificaciones correspondientes.
4.2. El Ministerio de Educación4 manifestó que carece de legitimación en la causa
por pasiva para emitir un pronunciamiento en el presente trámite de tutela, toda
vez que, la controversia planteada recae sobre una providencia judicial
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 05837-33-33-003-2021-00099-01.
Dijo que del escrito de tutela no se desprende ninguna imputación de acción u
omisión atribuible a este, que justifique su vinculación al trámite constitucional.
Además, argumentó que no expidió la decisión judicial cuestionada, ni ha
desplegado actuación alguna que pueda configurar una vía de hecho judicial
o vulneración de derechos fundamentales.
Agregó que no observó que las presuntas vulneraciones procesales alegadas
comprometan de manera grave los derechos fundamentales del accionante, ni
que se haya afectado su acceso a la administración de justicia, adicionó que
la discusión planteada tiene un carácter eminentemente económico y se
enmarca en un conflicto entre particulares, lo que excede la competencia del
juez constitucional por carecer de relevancia constitucional. Por lo que, solicitó
declarar la improcedencia de la acción constitucional respecto de dicho
ministerio.
4.3. La Fiduprevisora S.A.5 sostuvo que, en relación con las pretensiones
planteadas, en su calidad de vocera y administradora del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), no ostenta la calidad de ente
nominador ni es responsable del suministro inicial de la información que
reposa en los registros administrativos. Esta información es proporcionada
directamente por las secretarías de educación del orden nacional, razón por la
cual toda actuación realizada por Fiduprevisora S.A. se encuentra
debidamente respaldada por actos administrativos emitidos por dichas
entidades.
Manifestó que, carece de competencia legal para expedir, modificar o revocar
providencias judiciales, pues su función se limita estrictamente a la
administración de los recursos públicos del FOMAG, de conformidad con las
disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo. Por lo tanto, no le es posible
acceder a las pretensiones de la parte accionante.
Indicó que, en el caso concreto la acción de tutela resulta improcedente, toda
vez que la autoridad judicial actuó dentro del marco legal aplicable, garantizó
el respeto del debido proceso y observó los precedentes jurisprudenciales
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Samai, índice 5.
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Samai, índice 10 y 11.
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Samai, índice 13.
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pertinentes. Por ende, no advierte la existencia de una vía de hecho ni de una
actuación que haya derivado en la vulneración de los derechos fundamentales
alegados por la parte actora. Por consiguiente, no se justifica la procedencia
del amparo constitucional solicitado.
Finalmente, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela
interpuesta y desvincular a Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera y
administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
por no encontrarse legitimada.
4.4. La Secretaría del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de
Turbo6 remitió mediante correo electrónico copia del expediente del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 05837-33-33-003-2021-
00099-00/01.
4.5. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, el
Municipio de Turbo, Secretaría de Educación, el Ministerio Público, y la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pese a que se notificaron
en debida forma7, no se pronunciaron.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19918, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria de otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos, teniendo en cuenta que se trata de
una acción de tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala determinar si
se encuentran satisfechos los requisitos generales de procedibilidad, en especial el
de subsidiariedad. En el evento de satisfacerse, se procederá a estudiar los demás
requisitos generales de procedencia.
De superar dicho estudio, se analizará si el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Quinta de Decisión incurrió en un defecto procedimental absoluto, al dictar la
sentencia del 3 de diciembre de 2024 en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho Nro. 05837-33-33-003-2021-00099-00/01.
3. Alcance del requisito de la subsidiariedad
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los requisitos
generales de procedibilidad es el de subsidiariedad. Norma que señala que la
solicitud de amparo, «solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.»
6
Samai, índice 9.
7
Samai, índice .8
8
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
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A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela
es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991 dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción es procedente, o si, por el contrario, existen otros medios que permiten
satisfacer los derechos fundamentales del actor.
Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la
existencia de otros medios de defensa no hace que automáticamente la acción de
tutela se torne improcedente, puesto que, bajo ciertas circunstancias su carácter
subsidiario y residual puede llegar a tener algunas excepciones.
La Corte Constitucional en Sentencia SU-263 de 20159 precisó que eso puede
ocurrir «(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente idóneos y
eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados; (ii) Aun cuando tales medios de
defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección,
se produciría un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales y (iii) Cuando el accionante es
un sujeto de especial protección constitucional (personas de la tercera edad, personas
discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto
su situación requiere de particular consideración por parte del juez de tutela.» 10
De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido
para restringir su procedencia, dado que el sistema jurídico permite a las personas
valerse de diversos medios de defensa que pueden ser eficaces para la defensa de
sus derechos11.
En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro medio
de defensa, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e idoneidad del
otro medio o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable. Circunstancias que
son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del amparo constitucional.
4. Análisis del caso concreto.
4.1. En el caso de la referencia el accionante considera vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y
a la igualdad, por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia con ocasión
de la sentencia de segunda instancia que se dictó dentro del medio de control
Nro. 05837-33-33-003-2021-00099-00/01.
Argumentó que el Tribunal Administrativo de Antioquia no garantizó el derecho
a la igualdad al decretar en segunda instancia pruebas de oficio para dilucidar
los siguientes dos puntos: (i) la fecha de radicación de la solicitud de cesantías,
y (ii) la disponibilidad efectiva de los recursos.
Señaló que, haber requerido las pruebas de oficio únicamente a la parte
demandante, no garantizó la verdad real, pues la entidad no aportó la totalidad
de los documentos, lo que condujo a que no fuera posible probar que la
demora en el primer desembolso no era atribuible al demandante.
Planteó que si la autoridad judicial hubiera decretado como pruebas de oficio
los documentos que la parte demandante allegó junto al recurso de apelación,
habría llegado a otra conclusión, toda vez que esos elementos permitían
aclarar los motivos por los cuales el accionante solicitó la reprogramación del
desembolso de los dineros girados por concepto de cesantías, que no era otro
9
Corte Constitucional. Sentencias T-656 de 2006, T-435 de 2006, T-768 de 2005, T-651 de 2004 y T-1012 de 2003.
10
Corte Constitucional. Sentencia SU- 263 de 2015.
11
Corte Constitucional. Sentencia T-301 de 2009.
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que errores en el nombre e identificación de la beneficiaria del desembolso de
las cesantías reconocidas, sin que hubiera obtenido respuesta de fondo por
parte de la Fiduprevisora.
Señaló que las pruebas que considera debieron ser decretadas de oficio eran
las siguientes:
(i) «[…] Sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Turbo, el 11 de diciembre de 2020 dentro de la acción de tutela […] No.
05837-31-04-002-2020-00166-00 […]»;
(ii) «[…] Sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia – Sala Penal, el 12 de febrero de 2021, dentro de la acción de tutela
identificada con No. 05837-31-04-002-2020-00166-01 […]»;
(iii) «[…] Auto emitido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbo, el 19 de marzo
de 2021 […]»;
(iv) «[…] Oficio No. 20211090616371 del 25 de marzo de 2021 […]».
4.2. Ahora bien, la Sala considera que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad en lo que respecta a los reproches formulados en el escrito de
tutela contra la sentencia del 3 de diciembre de 2024, pues el hoy accionante
contó con diversas oportunidades procesales durante el medio de control para
solicitar o aportar las pruebas que quisiera hacer valer.
Resulta pertinente señalar que el accionante tenía posibilidades probatorias
en primera instancia, tales como la demanda, la reforma de esta o en la
oposición a las excepciones y, en segunda instancia, dentro del término de
ejecutoria del auto que admite el recurso de apelación, siempre que su
solicitud se enmarcara en una de las cinco causales establecidas en el artículo
212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Sin embargo, a pesar de que en el escrito de tutela el actor argumenta que
esos cuatro documentos, enunciados en el numeral anterior, eran
fundamentales para dilucidar el asunto, lo cierto es que no los aportó en las
oportunidades probatorias establecidas para el trámite de ese medio de
control, a pesar de que esos documentos resultan ser previos a la fecha de
radicación y reparto de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
(17 de septiembre de 2021). Tampoco se explicó si existe alguna razón por la
cual no hubiera sido posible aportar esas pruebas durante el transcurso del
proceso.
Resulta relevante señalar que los documentos aportados con el recurso de
apelación no fueron tenidos en cuenta por el Tribunal Administrativo de
Antioquia como pruebas, dado que en el recurso de apelación la parte
demandante no solicitó las mismas, ni argumentó con fundamento en alguna
de las causales establecidas en el mencionado artículo 212, las razones por
las cuales estas debían ser decretadas en segunda instancia.
4.3. A su vez, en lo referente a la presunta vulneración del derecho a la igualdad
con el decreto de las pruebas de oficio únicamente para que fuera aportadas
por la parte demandada, se debe indicar que esta es una facultad que la ley le
ha otorgado al juez para que en cualquiera de las instancias, de considerarlo,
disponga de oficio la práctica de las pruebas que crea necesarias para
esclarecer la verdad, puntos oscuros o difusos de la contienda, conforme a lo
establecido en el artículo 213 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
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Como en efecto sucedió en este caso dado que, mediante auto del 18 de
marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de
Decisión, decretó las pruebas de oficio que estimó eran necesarias para
esclarecer el asunto, así:
«[…] De conformidad con lo anterior, y al revisar las pruebas obrantes en el expediente, se tiene que, la
parte demandante con la demanda aportó la radicación de la solicitud de cesantías, pero con información
del sistema interno del Distrito de Turbo- Antioquia que data del 09 de julio de 2020, no obstante, con los
documentos que fueron allegados en el recurso de apelación anexó constancia de radicación en la que
se evidencia la fecha de creación con data del 03 de julio de 2020.
Aunado lo anterior, se debe advertir que, con los antecedentes administrativos que fueron allegados por
las entidades demandadas, no se aportó de manera completa toda la actuación surtida en relación con
la reclamación de cesantías del demandante, pues no se incorporó al plenario información alguna frente
a las dificultades del actor para reclamar el pago de las cesantías que le fueron reconocidas en la
Resolución No. 1014 del 10 de julio de 2020.
Quiere decir lo anterior, que, en el sub examine no existe el material probatorio suficiente que permita
identificar la verdadera fecha a partir de la cual se deba contabilizar el término con el que contaba la
entidad demandada para hacer efectivo el reconocimiento y pago de la prestación solicitada por la
demandante, y la fecha efectiva de pago entendiendo las circunstancias expuestas por la parte actora,
por lo tanto, y ante las potestades otorgadas el artículo 213 de la Ley 1437 de 2011, relacionadas con la
necesidad de obtener el conocimiento y certeza para el esclarecimiento de la verdad frente a puntos
oscuros o difusos de la contienda, es menester decretar como prueba de oficio exhorto con
destino al Distrito de Turbo- Antioquia y a la Nación- Ministerio de Educación- Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, a fin de que remitan dentro del término de diez (10) días
contados a partir del día siguiente a la respectiva comunicación, la siguiente documentación:
Distrito de Turbo- Antioquia
Copia de la solicitud de reconocimiento de las cesantías parciales y definitivas que fueron pedidas por el
señor Luis Alcides Murillo Espinoza identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.468.650, y que
fueron reconocidas bajo orden de pago en la Resolución No. 1014 del 10 de julio de 2020.
Adicionalmente, en el evento de no haber concordancia entre la fecha de la solicitud que remita al
proceso y la expresada en la Resolución No. 1014 del 10 de julio de 2020, deberá indicar el ente
territorial, cuál de éstas obedece al inicio del trámite administrativo que culminó con la expedición de la
decisión en cita, a través de la cual, se reconoció y ordenó el pago de una cesantía parcial y definitiva
en favor del señor Luis Alcides Murillo Espinoza identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.468.650.
También deberá remitir al proceso toda la documentación y el trámite efectuado en relación con la
disponibilidad de pago de los valores que fueron reconocidos en la Resolución No. 1014 del 10 de julio
de 2020 al señor Luis Alcides Murillo Espinoza identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.468.650,
en especial, asuntos relacionados con la corrección de la información que le fue remitida a la entidad
bancaria para realizar el pago de los valores en mención.
Nación- Ministerio de Educación- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Copia del certificado de disponibilidad de pago, con el cual se hizo el cobro en debida forma del
reconocimiento de las cesantías parciales y definitivas que se concedieron a través de la Resolución No.
1014 del 10 de 2020, y toda la documentación relacionada con la reclamación de corrección de
información que efectuó la parte demandante.[…]»
Por lo que, si el juez de segunda instancia no consideró necesario decretar
otras pruebas de oficio aparte de las anteriores, ello implica que pudo formar
su convencimiento a partir de la valoración de los medios probatorios
allegados con esa solicitud y con las pruebas oportunamente aportadas por
las partes dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en las
etapas procesales previstas para tal fin. Por tanto, no puede exigirse al juez
de segunda instancia valorar pruebas que no fueron debidamente aportadas.
En consecuencia, esta Sala considera que la acción de la referencia no supera
el requisito de la subsidiariedad, desconocer esto sería desatender la
existencia de los mecanismos de defensa dispuestos en los procesos
ordinarios o especiales, lo que no responde a la naturaleza y propósito de la
acción de tutela.
5. Conclusión
En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales está sujeta al cumplimiento
de una serie de requisitos. Si los generales no se cumplen, como ocurrió en este
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02249-00
Demandante: Luis Alcides Murillo Espinosa
caso, no hay lugar a estudiar el asunto de fondo. Es condición imprescindible para
analizar el defecto propuesto por la parte actora que todos los presupuestos
generales se cumplan a cabalidad.
Es por esta razón que, al no evidenciarse el cumplimiento del requisito de la
subsidiariedad, no es posible verificar aspectos relacionados con el fondo del
asunto, motivo por el que la Sala deberá declarar improcedente la presente acción
conforme con las razones que han quedado expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Luis
Alcides Murillo Espinosa, por las razones expuestas en la motivación
precedente.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Señor usuario este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de
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