Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02258-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02258-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02258-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
29 de mayo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02258-00
Accionante: Misael Gómez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02258-00
Demandante: Misael Gómez
Demandado: Corte Constitucional
Tesis: Es improcedente la acción de tutela respecto del derecho
fundamental de petición, cuando lo que se pretende es obtener
pronunciamientos propios del desarrollo del proceso judicial.
No se vulneran los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y dignidad humana, cuando no se acredita la configuración
de una actuación contraria al ordenamiento jurídico.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver en primera instancia la acción de tutela
presentada por Misael Gómez en contra de la Corte Constitucional.
I. LA SOLICITUD
El señor Misael Gómez, actuando en nombre propio, interpuso acción
de tutela en contra la Corte Constitucional, con el fin de que se le
protejan sus derechos fundamentales de petición, debido proceso,
igualdad y dignidad humana que presuntamente le han sido vulnerados
por el demandado. Por esta razón, pretende:
“(...) 1. Protección del Derecho de Petición
1.1 Orden a la Corte Constitucional para responder de
manera clara, precisa y congruente ORDENAR a la Corte
Constitucional emitir una respuesta formal, clara, detallada,
concreta, precisa y congruente a las solicitudes de revisión de
acción de tutela enviadas los días 4, 6 y 7 de febrero de 2025. Esta
respuesta debe abordar de manera integral y rigurosa cada uno de
los puntos planteados en las solicitudes, garantizando el
cumplimiento del derecho de petición consagrado en el artículo 23
de la Constitución Política de Colombia.
1.2 Garantía de notificación efectiva GARANTIZAR que la Corte
Constitucional notifique de manera efectiva al accionante,
utilizando los medios electrónicos y físicos proporcionados, para
asegurar que el accionante tenga pleno conocimiento de la decisión
adoptada.
2. Protección del Debido Proceso
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Accionante: Misael Gómez
2.1 Reconocimiento de la vulneración del debido proceso
SOLICITAR que se reconozca que la omisión de respuesta por parte
de la Corte Constitucional constituye una vulneración al derecho
fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la
Constitución, al impedir al accionante acceder a una decisión
judicial clara y oportuna.
2.2 Adopción de medidas correctivas ORDENAR a la Corte
Constitucional implementar medidas correctivas para garantizar
que situaciones similares no se repitan en el futuro. Estas medidas
deben incluir la adopción de protocolos internos que aseguren la
respuesta oportuna a las solicitudes de los ciudadanos.
3. Protección de la Dignidad Humana
3.1 Reconocimiento de la afectación a la dignidad humana
SOLICITAR que se reconozca que la falta de respuesta por parte de
la Corte Constitucional vulnera la dignidad humana del accionante,
al ignorar su solicitud y negarle un trato acorde con su condición
de ciudadano colombiano.
3.2 Garantía de trato digno y respetuoso ORDENAR a la Corte
Constitucional garantizar un trato digno y respetuoso a todas las
personas que presenten solicitudes ante esta entidad, en
cumplimiento del principio de dignidad humana consagrado en el
artículo 1 de la Constitución.
4. Protección del Derecho a la Igualdad
4.1 Reconocimiento de la vulneración al derecho a la
igualdad RECONOCER que la omisión de respuesta por parte de la
Corte Constitucional constituye una vulneración al derecho
fundamental a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la
Constitución, al generar un trato desigual frente a otros ciudadanos
que sí han recibido respuesta a sus solicitudes.
4.2 Adopción de medidas para garantizar la igualdad
ORDENAR a la Corte Constitucional adoptar medidas para
garantizar la igualdad en el tratamiento de las solicitudes
presentadas por los ciudadanos, asegurando que todas sean
atendidas de manera oportuna y equitativa.
5. Protección del Bloque de Constitucionalidad
5.1 Reconocimiento de la vulneración de tratados
internacionales RECONOCER que la omisión de respuesta por
parte de la Corte Constitucional vulnera los principios establecidos
en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por
Colombia, como el derecho a un recurso efectivo y la protección
contra la arbitrariedad.
5.2 Cumplimiento de las obligaciones internacionales
ORDENAR a la Corte Constitucional garantizar el cumplimiento de
las obligaciones internacionales asumidas por Colombia en materia
de derechos humanos, adoptando medidas para asegurar la
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Accionante: Misael Gómez
protección efectiva de los derechos fundamentales de los
ciudadanos.
6. Reparación Integral
6.1 Reconocimiento de la vulneración de derechos
fundamentales RECONOCER que la omisión de respuesta por
parte de la Corte Constitucional constituye una vulneración de los
derechos fundamentales al derecho de petición, debido proceso,
dignidad humana, igualdad y bloque de constitucionalidad.
6.2 Adopción de medidas de reparación ADOPTAR medidas de
reparación integral para garantizar la protección de los derechos
fundamentales del accionante, incluyendo la emisión de una
respuesta formal a su solicitud y la implementación de medidas
correctivas para evitar que situaciones similares se repitan en el
futuro. (...)”
El actor expone en síntesis los siguientes fundamentos fácticos en el escrito
de tutela:
Señaló que, el 4 de febrero de 2025, envió una solicitud de revisión de
acción de tutela a la Corte Constitucional desde el correo electrónico
jovas319139@gmail.com, dirigido al correo oficial de la entidad
secretaria4@corteconstitucional.gov.co.
Adujo que, reiteró el envío de dicha solicitud los días 6 y 7 de febrero de
2025, utilizando el mismo medio de comunicación, con el objetivo de
asegurarse de que su petición fuera recibida y atendida.
Sostuvo que, a pesar de haber cumplido con los requisitos establecidos en
el artículo 23 de la Constitución Política, que garantiza el derecho de
petición, no ha obtenido ninguna respuesta por parte de la Corte
Constitucional.
Indicó que la falta de respuesta constituye una violación directa al derecho
fundamental de petición, ya que la ausencia de respuesta impide el acceso
a una instancia clave para la defensa de sus derechos.
Expuso que la omisión de respuesta también vulnera el derecho al debido
proceso, tal como lo establece el artículo 29 de la Constitución, al dificultar
el acceso a una resolución judicial clara y oportuna.
Señaló que, esta situación afecta la dignidad humana, el derecho a la
igualdad y el bloque de constitucionalidad, al negarle el trato justo y
equitativo que ha sido otorgado a otros ciudadanos que han recibido
respuestas a sus solicitudes.
II. TRÁMITE DE LA TUTELA
2.1. Mediante auto de 23 de abril de 2025, el Despacho sustanciador
admitió la acción de tutela; ordenó la notificación al demandado; y se
pronunció sobre las pruebas.
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Accionante: Misael Gómez
2.2. La Corte Constitucional presentó informe en el que solicitó negar la
protección invocada, al estimar que no se configuró una vulneración del
derecho de petición alegado por el accionante, para lo cual expuso los
siguientes argumentos:
Precisó que los escritos relacionados con actuaciones judiciales como las
solicitudes de revisión de sentencias de tutela, no tienen la naturaleza de
derechos de petición y, por tanto, no se rigen por la Ley 1755 de 2015.
Resaltó que según lo indicado en la Circular Interna 06 de 2018, estos
escritos deben ser entendidos como memoriales en los que se exponen
razones constitucionales para solicitar una eventual revisión, sin que ello
implique que se trate de una petición formal.
Señaló que, dado que la solicitud de revisión presentada por el actor se hizo
conforme a la Circular Interna 06 de 2018, dicha Corporación debe
tramitarla bajo las reglas especiales que rigen la selección de tutelas para
revisión y no bajo los términos del derecho de petición establecido en el
artículo 23 constitucional, interpretación que continúa vigente y es
coherente con lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del artículo 56 del
Acuerdo 01 de 2025, que actualiza el reglamento de la Corte Constitucional.
Adujo, con el fin de explicar el trámite interno dado a la solicitud de revisión
presentada por el actor que, con base en la información de su Secretaría
General, los días 4, 6 y 7 de febrero de 2025 se recibieron correos
electrónicos relacionados con el expediente de tutela radicado
76834318400220240044200, identificado internamente como T-10868730,
mensajes que fueron remitidos a la Sala de Selección de Tutelas Número
Dos del mismo año, competente para su estudio según el turno asignado.
Expuso que, la Sala de Selección Número Dos, mediante auto del 28 de
febrero de 2025, decidió no seleccionar el expediente T-10868730 para
revisión. Indicó que, con el fin de proteger la identidad del accionante, la
Sala ordenó utilizar un nombre ficticio en la referencia del caso, razón por
la cual el expediente aparece identificado de esa manera en el auto
correspondiente. Así:
Manifestó que, según consta en la hoja de ruta del expediente T-10868730,
ningún magistrado, el Procurador General, el Defensor del Pueblo o la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentaron insistencia en
la selección del caso, por lo que, al no haber sido escogida para revisión, la
competencia de la Corte Constitucional sobre ese asunto concluyó,
información que es verificable en la página web de la Corte.
Indicó que, la Corte Constitucional actuó dentro de sus competencias y
tramitó la solicitud de revisión del accionante conforme a las reglas
vigentes. Por tanto, el hecho de no haber emitido una respuesta individual
y de fondo no constituye una vulneración del derecho de petición, ya que
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Accionante: Misael Gómez
dicha solicitud hace parte de una actuación judicial y no se enmarca dentro
del ámbito de ese derecho.
Por último, indicó que las decisiones de la Sala de Selección no son
susceptibles de recurso.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. Competencia
De conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,
en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del
Acuerdo nro. 80 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.
3.2. Análisis de la Sala
De los hechos narrados en precedencia, a la Sala le corresponde determinar
si la Corte Constitucional vulneró los derechos fundamentales de petición,
debido proceso, igualdad y dignidad humana del accionante, con ocasión de
las solicitudes presentadas los días 4, 6 y 7 de febrero de 2025 ante dicha
autoridad.
3.2.2. Del derecho de petición ante autoridades judiciales
Del material probatorio allegado, se observa que el accionante el día 4 de
febrero de 2025 elevó petición a la Corte Constitucional en los siguientes
términos:
“Señores
CORTE CONSTITUCIONAL
secretaria4@corteconstitucional.gov.co
Para: Corte Constitucional
De: MISAEL GOMEZ
Asunto: Revisión de acción de tutela para la revisión real de la
indemnización de la calificación y valoración de la recalificación de la
HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL
Respetados Magistrados de la Corte Constitucional,
Me dirijo a ustedes con el fin de solicitar la revisión de una acción de
tutela interpuesta en contra de la ARL POSITIVA S.A., para buscar la
revisión real de la indemnización de la calificación y valoración de la
recalificación de la HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL
HECHOS
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02258-00
Accionante: Misael Gómez
1. Como trabajador de la empresa INGENIO CARMELITA S.A., estoy
afiliado a la ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
2. Desde hace varios años vengo padeciendo de la patología denominada
HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL.
3. A raíz de la HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL, me
direccionaron con la ARL POSITIVA S.A. para que realicen una
revaloración de pérdida de capacidad laboral y la entrega de audífonos.
4. Como resultado de la calificación de porcentaje realizado por la ARL
POSITIVA, solicité por medio de un derecho de petición enviado el día
9 de octubre del 2024 del presente año a la ADMINISTRADORA DE
RIESGOS LABORALES POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A, me
indemnizara la pérdida de capacidad laboral otorgada por la misma
entidad de VEINTE Y SIETE PUNTO TREINTA (27.30 %).
5. La ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., en ningún momento tuvo en cuenta mi
solicitud y requerimiento de indemnización real de las prestaciones a las
que tengo derecho según la legislación y la jurisprudencia laboral y de
seguridad social colombiana.
6. Los jueces en primera y segunda instancia han emitido sentencias que
no siguieron el precedente judicial de la Corte Constitucional, considero
que es necesario revisar esta decisión debido a la conculcación de mis
derechos constitucionales y humanos fundamentales, al negarme a la
indemnización real de la pérdida de capacidad de origen laboral de la
patología denominada HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL
Solicito que se revise esta acción de tutela y se emita un fallo que proteja
mis derechos fundamentales y supra constitucionales. (...)”
La anterior petición fue remitida a la dirección de correo electrónico:
secretaria4@corteconstitucional.gov.co, como se observa a continuación:
La anterior petición se remitió nuevamente los días 6 y 7 de febrero de
2025, como se observa en los siguientes pantallazos:
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Accionante: Misael Gómez
La Corporación accionada en su escrito de contestación manifestó que
recibió las peticiones los días 4, 6 y 7 de febrero de 2025 a través de su
Secretaría General, mensajes que fueron remitidos a la Sala de Selección
de Tutelas n.º 2, la cual tiene asignado el expediente con número único de
radicación 7683-431-84-002-2024-00442-00, identificado internamente
como T-10868730.
Indicó que la Sala de Selección mediante providencia del 28 de febrero de
2025 decidió no seleccionar el expediente para revisión y que, con el fin de
proteger la identidad del accionante, ordenó utilizar un nombre ficticio en
la referencia del caso, razón por la cual el expediente aparece identificado
de la siguiente manera en el citado auto:
Ahora bien, la jurisprudencia Constitucional ha delimitado el contenido y el
alcance del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la
Constitución Política, se ha determinado que dicho derecho comprende dos
dimensiones esenciales: la primera, relacionada con la facultad de elevar
solicitudes respetuosas ante autoridades públicas o entidades privadas; y
la segunda, referida al derecho a obtener una respuesta oportuna, clara,
completa y de fondo frente a las peticiones formuladas1.
En relación con el ejercicio del derecho de petición ante autoridades
judiciales, esta Sala ha reiterado que su protección mediante la acción de
tutela no procede cuando lo que se busca es obtener pronunciamientos del
juez dentro del desarrollo de un proceso, toda vez que el legislador ha
establecido los mecanismos procesales adecuados para tal fin. No obstante,
el juez constitucional debe analizar el contenido de la solicitud con el fin de
establecer si esta versa sobre asuntos estrictamente judiciales o, por el
contrario, sobre aspectos de carácter administrativo, ya que en este último
caso sí resulta procedente el amparo del derecho invocado.
Específicamente, hizo la anterior precisión en sentencia del 17 de noviembre
de 20172, en la que reiteró lo señalado en la providencia del 18 de junio de
1 Corte Constitucional Sentencia T-398 de 2018.
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de
diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 11001-03-15-
000-2017-02583-00
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Accionante: Misael Gómez
2015 dictada en el marco de la acción de tutela identificada con el número
único de radicación 11001-03-15-000-2015-01196-00:
“(…) En relación con el derecho de petición presentado ante autoridades
judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no
resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se
pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez
durante el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó
los trámites para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador
constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el
contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o
administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el amparo
del mencionado derecho sí resulta procedente.
Así lo apreció la Sala en sentencia de 17 de julio de 2008, con ponencia
del Magistrado doctor Marco Antonio Velilla Moreno, proferida dentro de
la acción de tutela radicada bajo el nro. 2008-00517, en la que se indicó
lo siguiente:
En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar que el
criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es procedente el
ejercicio del derecho de petición como tal frente a autoridades judiciales
en el curso de un proceso, por cuanto para ello el legislador ha
establecido los procedimientos pertinentes mediante los cuales se
tramitan los requerimientos de las partes en los procesos; y que acceder
al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces
procesales llevaría al caos a la administración de justicia, pues implicaría
destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la de la
actora en detrimento de la actividad judicial.
En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente núm. AC-
2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya, Consejera ponente
doctora María Claudia Rojas Lasso), la Sala sostuvo:
“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata
precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado en el
artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho de petición en
el caso de un proceso judicial.
Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a autoridades
judiciales en el curso de un proceso, la Corte Constitucional ha
expresado:
“El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato
judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones
jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida
a la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir
transgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la
justicia; pero no del derecho de petición. Dentro de las actuaciones ante
los jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente
judiciales y, de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos
últimos se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el
Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las peticiones en
relación con actuaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo los
lineamientos propios de las actuaciones administrativas, como quiera
que “las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro
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Accionante: Misael Gómez
de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un
trámite en el que prevalecen las reglas del proceso”. (Sentencia T-377
de 2000 MP ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)
Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de asuntos
que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra muy distinta es
el juez como autoridad judicial dentro del trámite de un proceso a su
cargo.
En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de petición
como tal, pues para ello el legislador ha establecido los procedimientos
pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las
partes en los procesos. Acceder al reconocimiento de derechos de
petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos de la
administración de justicia pues implicaría destinar gran parte del tiempo
a responder solicitudes como la del accionante en detrimento de la
actividad judicial.
Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:
“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es aplicable a
las autoridades judiciales en el curso de los procesos, ya que éstos se
rigen por las normas legales propias de cada uno, sin que sea lo
adecuado impulsarlos mediante la formulación de peticiones en cada uno
de los momentos procesales.” (Sentencia T-178-00. MP JOSÉ
GREGORIO HERNANDEZ GALINDO) (…)” (Destaca el Despacho).
En el anterior contexto, teniendo en cuenta que lo pretendido por el actor
consiste en que la autoridad judicial accionada se pronuncie sobre la
solicitud de “revisión de una acción de tutela interpuesta en contra de la
ARL POSITIVA S.A., para buscar la revisión real de la indemnización de la
calificación y valoración de la recalificación de la HIPOACUSIA
NEUROSENSORIAL BILATERAL”, dentro del expediente con radicado
número 7683-431-84-002-2024-00442-00, identificado internamente bajo
el radicado T-10868730, es claro que dicho pronunciamiento constituye una
actuación propia del curso normal del proceso judicial, el cual debe ser
resuelto conforme a los cauces y procedimientos previstos en la legislación
procesal aplicable.
Por lo tanto, no resulta procedente acudir a la acción de tutela para forzar
decisiones de carácter judicial que deben adoptarse dentro del proceso
respectivo y bajo el criterio de autonomía del juez natural. Permitir lo
contrario implicaría desnaturalizar la función de la tutela y convertirla en un
mecanismo paralelo de dirección o impulso procesal, lo cual desborda su
finalidad constitucional.
Sin perjuicio de lo anterior, del escrito de contestación de la demanda se
desprende que, dentro del trámite de la solicitud de selección para revisión
de la acción de tutela anteriormente mencionada, ya se profirió un
pronunciamiento mediante providencia del 28 de febrero de 2025.
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Accionante: Misael Gómez
3.2.3. De los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y
dignidad humana.
Por otra parte, el accionante alega como vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y dignidad humana con ocasión
de la falta de respuesta a la solicitud presentada los días 4, 6 y 7 de febrero
de 2025.
Al respecto, es preciso reiterar que la autoridad judicial accionada mediante
auto de 28 de febrero de 2025 emitió pronunciamiento al interior del
expediente con número único de radicación 7683-431-84-002-2024-00442-
00, identificado internamente como T-10868730, lo cual se confirma con la
consulta en la página web de la Corte Constitucional en la que se observa
que se surtió el siguiente trámite:
En ese orden de ideas, la solicitud de selección para revisión de la acción
de tutela presentado por el accionante fue debidamente tramitada, lo que
desvirtúa cualquier alegato de omisión o arbitrariedad, independiente de
que la solicitud no fuera favorable a sus intereses. Así, no se acreditó la
configuración de una actuación contraria al ordenamiento jurídico que
comprometiera las garantías invocadas por la parte actora. Por tanto, se
negará la solicitud de amparo respecto de los derechos fundamentales
anteriormente señalados.
En consecuencia, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo en
relación con el derecho de petición invocado por el accionante y negará el
amparo solicitado respecto de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y a la dignidad humana, tal como se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
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Accionante: Misael Gómez
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela
respecto del derecho fundamental de petición, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo respecto de los derechos
fundamentales de al debido proceso, a la igualdad y a la dignidad humana
del accionante, por las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más
expedito.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, una vez ejecutoriada esta providencia.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
GARZÓN Consejero de Estado
Consejera de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO
CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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