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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02267-00

Fecha
28 de mayo de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02267-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Orangel Carrisoza Granados, en la solicitud de tutela presentada contra el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Riohacha y el Tribunal Administrativo de La Guajira, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 12 Radicado: 11001-03-15-000-2025-02267-00 Demandante: Orangel Carrisoza Granados Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02267-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

28 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02267-00
Demandante: Orangel Carrisoza Granados
Demandados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Reparación directa por
fallecimiento de conscripto / Defectos fáctico y sustantivo, y
desconocimiento del precedente judicial
Decisión: Negar la solicitud de amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Orangel Carrisoza Granados, en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Orangel Carrisoza Granados promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales a la vida, salud, dignidad humana, verdad y
acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión
de las sentencias proferidas el 21 de junio de 2021 y el 25 de septiembre de 2024
por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Riohacha y el Tribunal
Administrativo de La Guajira, respectivamente, en el medio de control de reparación
directa identificado con el radicado 44001334000120140021900/01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. Presentó2, en ejercicio del medio de control de reparación directa, demanda
en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, con la finalidad de
que se les declarara responsables por los perjuicios ocasionados con la muerte de
Shady José Carrizoza Granados, durante la prestación del servicio militar obligatorio.

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda_acciondetutelaNorisE(.docx) NroActua 2»
2 Y otros

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02267-00
Demandante: Orangel Carrisoza Granados

2.2. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Riohacha, en
sentencia del 21 de junio de 2021, negó las pretensiones de la demanda al considerar
que no se probó que el daño ocurrió por causa y razón del servicio militar obligatorio
o en desarrollo de actividades de este, ni la falla del servicio por negligencia en el
tratamiento de alguna patología. En contra de esta decisión la parte demandante
interpuso recurso de apelación.

2.3. El Tribunal Administrativo de La Guajira, en sentencia del 25 de septiembre de
2024, confirmó la decisión del a quo al considerar que no fue posible imputar el daño
a la entidad demandada, puesto que no se acreditó que el deceso de la víctima
ocurriera por causa y razón del servicio, cuya causa tampoco se probó.

2.4. Se vulneraron sus derechos fundamentales al incurrir en defecto fáctico por
indebida valoración probatoria del documento denominado «Informativo Administrativo
por Muerte No. 001» del 19 de julio de 2012, en el que se indicó que la muerte ocurrió
en misión del servicio, evidenciándose la relación entre el fallecimiento del soldado y
el cumplimiento de su deber militar, por lo que resultaba determinante para establecer
la imputabilidad objetiva del daño al Estado. No obstante, se concluyó que no se
acreditó la causa médica exacta de la muerte, con lo que se les trasladó
indebidamente la carga de la prueba.

2.5. En defecto sustantivo por la incorrecta aplicación del marco normativo que
regula la posición de garante del Estado respecto de los conscriptos, lo cual se agravó
al exigirle prueba directa del nexo causal, a pesar de que la víctima se encontraba
bajo su custodia exclusiva. Además, aunque presentó síntomas evidentes de
afectaciones en su salud, no recibió atención médica ni primeros auxilios, lo cual
constituyó una grave vulneración de los deberes de cuidado y protección estipulados
en la Constitución Política.

2.6. Se desconoció el principio de carga dinámica de la prueba, pues, trasladó
injustamente a los familiares la obligación de probar hechos que ocurrieron bajo el
control exclusivo del Estado, como lo es la situación de salud y atención médica de
un soldado conscripto dentro de una unidad militar.

2.7. En desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional3 y del
Consejo de Estado4 los cuales determinaron que, cuando se trata de fallecimientos
de individuos bajo la tutela estatal, se presume su responsabilidad por falta de acción.
En tales casos, corresponde a la autoridad desempeñar un papel proactivo en la
investigación de los hechos. Además, en situaciones de dependencia como el
servicio militar, no resulta razonable exigir a los familiares un nivel de prueba
equivalente al requerido en escenarios normales.

3 Al respecto citó: i) T-349 de 2018; ii) T-227 de 2017; iii) T-522 de 2019.
4 Al respecto citó: i) Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 2010, Rad. 76001-23-31-000-

1998-00133-01 (19168), M.P. Enrique Gil Botero; ii) Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de
2017, Rad. 05001-23-31-000-1999-00734-01 (36358), M.P. Danilo Rojas Betancourth; iii) sentencia
del 21 de septiembre de 2000, Exp. 11849, M.P. Ricardo Hoyos Duque.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02267-00
Demandante: Orangel Carrisoza Granados

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…]1.- Que se tutele los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la dignidad
humana, a la verdad y al acceso a la administración de justicia, que han sido vulnerados
por las providencias proferidas por el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito
Judicial de Riohacha y el Tribunal Administrativo de La Guajira, en el trámite del Medio
de Control de Reparación directa promovida por el accionante, con radicado
44001334000120140021900.

2.- Que como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos las providencias judiciales
objeto de esta acción constitucional, por incurrir en defecto fáctico y sustantivo, y se
ordene a la autoridad judicial competente emitir una nueva decisión ajustada a los
principios constitucionales y al precedente jurisprudencial, valorando de forma adecuada
las pruebas allegadas al proceso, en especial aquellas que demuestran la omisión de
atención médica al soldado SHADY JOSÉ CARRIZOZA GRANADOS y el deber especial
de protección del Estado.

3.- Que se adopten las medidas necesarias para garantizar el derecho a la verdad de la
familia del joven fallecido, incluyendo, si es del caso, el impulso de acciones encaminadas
al esclarecimiento de los hechos que rodearon su muerte.
Las demás que se consideren pertinentes para la protección y amparo de los derechos
fundamentales violados de mi cliente […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Tribunal Administrativo de La Guajira5 se opuso a la prosperidad de la
petición de amparo, al considerar que la decisión enjuiciada se ajustó al precedente
judicial aplicable en cuanto a la responsabilidad extracontractual del Estado por daño
a conscripto y a lo acreditado mediante los elementos probatorios allegados al
plenario, por lo que lejos de configurar una irregularidad por defecto fáctico o
sustantivo, garantizó los derechos fundamentales de las partes.

4.1. Si bien operaba la responsabilidad objetiva del Estado por daño especial o
riesgo excepcional cuando se reclaman daños a conscriptos, en el presente caso se
reclamó una presunta falla por omisión en brindar atención médica a Shady José
Carrizosa Granados, por lo que el régimen de responsabilidad aplicable era el de falla
en el servicio.

4.2. El análisis probatorio no demostró la omisión de los deberes de custodia,
vigilancia, cuidado o atención médica que le asistían a la entidad demandada
respecto del soldado regular, que éste padeciera de alguna enfermedad, que su salud
se viera afectada por la prestación del servicio o que se hubiese informado acerca de
algún síntoma que diera lugar a una atención hospitalaria que le fuera negada.
Asimismo, para probarse las causas de la muerte la parte demandante pudo solicitar
un dictamen pericial ante el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, lo cual
no ocurrió.

5 Ver índice 9 de Samai. Archivo denominado
«21RECIBEMEMORIAL_Memorial_Informe_Tutela_02267(.pdf) NroActua 13».

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Demandante: Orangel Carrisoza Granados

5. El Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de
Riohacha6 solicitó que se declarara improcedente la tutela, por no acreditarse los
requisitos generales y específicos de procedibilidad, comoquiera que la demandante
se limitó a enunciar cada uno de ellos sin explicar el objeto de la transgresión de
manera cierta, evidenciándose la carencia de relevancia constitucional del asunto,
pues, su verdadera intención fue convertirla en una tercera instancia que fuera
favorable a sus intereses.

6. Los terceros con interés guardaron silencio7.

2. Consideraciones

7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia de la
tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v) análisis
de la Sala.

2.1. Competencia

8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el numeral 5 del artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 20218 esta Sala es competente para conocer de la
presente solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo de La Guajira y otro.

2.2. Cuestión previa

9. Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestiona la legalidad de
las decisiones proferidas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial
de Riohacha y el Tribunal Administrativo de La Guajira, se observa que los
argumentos que sustentan sus pretensiones son similares respecto a una y otra.

10. Por lo anterior y en atención a que la providencia del 21 de junio de 2021,
proferida en primera instancia fue apelada y el Tribunal Administrativo de La Guajira,
desató el recurso a través de la providencia del 25 de septiembre de 2024, al
confirmar lo resuelto por el a quo, el reclamo constitucional formulado será estudiado
solo respecto a esta última, en tanto fue la que puso fin al proceso.

6 Ver índice 14 de Samai. Archivo denominado «24RECIBEPRUEBAS_Informepdf(.pdf) NroActua 14».
7 Mediante auto del 23 de abril de 2025 se admitió la tutela de la referencia y se ordenó vincular al

Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, y a Noris Ester Carrizoza Granados, Jaber Andrés
Bonilla Carrizoza, Lina Luz Polo Carrizoza, Lina Marcela Polo Carrizoza, Ludivina Mercedes Granados
Bossio y María del Rosario Granados Bossio.
8 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.

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Demandante: Orangel Carrisoza Granados

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

11. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado9 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.10 Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

12. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

13. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo11, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

14. Ahora bien, la Corte Constitucional12 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.

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Demandante: Orangel Carrisoza Granados

con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

15. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos13,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales. 14

16. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud de tutela no se
intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problema jurídico

17. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si el Tribunal
Administrativo de La Guajira vulneró los derechos fundamentales de Orangel
Carrisoza Granados con ocasión de la sentencia del 25 de septiembre de 2024,
mediante la cual confirmó la decisión de negar las pretensiones indemnizatorias
comoquiera que no se acreditó que el deceso del conscripto ocurriera por causa y
razón del servicio, con la que incurrió, presuntamente, en defectos sustantivo y
fáctico, y desconocimiento del precedente judicial?

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

18. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.5.2. Defecto fáctico

19. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,15 tiene una
dimensión negativa y otra positiva.

20. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»16, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la

13 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
15 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,

T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
16 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

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circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»17. La segunda, se acredita
cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»18.

21. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas
que adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.5.3. Defecto sustantivo

22. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte
Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión
que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha
resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces
gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas
jurídicas, esta no es una facultad absoluta, para lo cual precisó que los límites se
encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

23. El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones
en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta
en una norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen
de razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta
sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma; y (vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.

A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la
24.
interpretación en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues
para tener tal entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada,
arbitraria o caprichosa. Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e
importancia, que la decisión proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione
la efectividad de los derechos fundamentales de los sujetos procesales.

2.5.4. Desconocimiento del precedente judicial

25. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política

17 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
18 Sentencia T-538 de 1994.

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permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.

26. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o
semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el
juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad.
El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el
curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas,
salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.

27. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de
la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.

28. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia,
identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones
que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué
esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.

2.5.5. Sobre el caso concreto

29. Orangel Carrisoza Granados acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la
sentencia proferida el 25 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de La
Guajira, mediante la cual confirmó la decisión de negar las pretensiones
indemnizatorias formuladas al considerar que no se acreditó la causa del deceso del
conscripto ni que ello ocurriera por causa y razón del servicio.

30. Lo anterior, al considerar que se incurrió en defecto fáctico al no valorar el
documento denominado «Informativo Administrativo por Muerte No. 001» del 19 de julio
de 2012, en el que se indicó que la muerte ocurrió en misión del servicio, por lo que

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era evidente que el deceso fue en cumplimiento de su deber militar, lo cual resultaba
determinante para establecer la imputabilidad objetiva del daño al Estado.

31. Se desconoció el principio de carga dinámica de la prueba, pues, se trasladó
injustamente a los familiares la obligación de probar hechos que ocurrieron bajo el
control exclusivo del Estado, como lo es la situación de salud y atención médica de
un soldado conscripto dentro de una unidad militar.

32. En defecto sustantivo por incorrecta aplicación del marco normativo que regula
la responsabilidad del Estado por omisión del deber legal y constitucional de custodia
de los conscriptos.

33. Para mayor claridad sobre el asunto, la Sala recuerda el análisis efectuado por
el Tribunal Administrativo de La Guajira respecto de la falencia probatoria para
determinar con exactitud la causa de la muerte del conscripto, que permitiera
evidenciar el nexo causal y, con ello, la imputabilidad al Estado, así:

«[…] 33. En efecto, las pruebas relacionadas son indicativas de que el occiso incorporado
a las filas del Ejército Nacional para cumplir con la obligación de prestar el servicio militar
obligatorio, fue a descansar luego de informar a su superior sobre un dolor de cabeza y
posteriormente, cuando fue requerido para realizar una actividad del servicio, fue
encontrado muerto por uno de sus compañeros.

34. Ahora bien, en el acta de inspección del cadáver se registró que no se hallaron signos
de violencia externa, ni lesiones traumáticas en ninguna parte del cuerpo, menos en la
cabeza, no obstante se consignó como hipótesis de la muerte “Trauma Craneoencefálico
shock hipovolémico”; en el informe de necropsia realizado por el Instituto de Medicina
Legal se confirmó que el cuerpo del occiso no presentó ningún signo de violencia, y se
dejó como descubrimiento una Esplenomegalia, sin embargo, el perito concluyó que no
hubo hallazgos que por sí solos sustentaran un mecanismo, una causa o un diagnóstico
médico, por ello, y con el fin de determinar la causa de la muerte tomaron muestras de
fluidos corporales y cortes para procesar en toxicología y patología del instituto, pero los
resultados no fueron allegados al expediente, lo cual hace imposible que la Sala conozca
con certeza la causa de la muerte de la víctima.

35. Ahora, el recurrente manifiesta que le era imposible acreditar la causa de la muerte de
la víctima, señalando que no tienen acceso a los archivos de las fuerzas militares, ni a la
información confidencial de éstas, ante lo cual la Sala considera que disponía de varios
mecanismos para allegar la información o probar la causa de la muerte, como lo era
solicitar al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses el resultado de los estudios
realizado a las muestras, un dictamen pericial de los mismos, la solicitud del concepto de
un profesional en salud o experto forense sobre los hallazgos en el cuerpo de la víctima,
pero no lo hizo.

36. Consideró el recurrente que la muerte del militar se ocasionó por un defectuoso
funcionamiento en el servicio militar, consistente en no realizar los exámenes que requería
la patología padecida por la víctima, sin embargo, estima la sala que las pruebas allegadas
al expediente no evidencian un incumplimiento u omisión de los deberes de custodia,
vigilancia, cuidado o atención médica al soldado, pues no obra material probatorio, como
lo sería una historia clínica que permita inferir que el soldado padecía de alguna
enfermedad o que con ocasión del servicio la hubiese adquirido, como tampoco que
tuviera un diagnóstico médico, presentara síntomas o hubiese informado sobre dolencias
que dieran lugar a una atención médica y no se le brindara, o fuera inoportuna, o que la

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demandada no hubiese desplegado acciones efectivas para evitar la materialización de la
muerte del occiso.

37. Aunado a lo anterior, la Sala desconoce las actividades desarrolladas por el militar,
con las cuales se pudiera llegar a establecer como causa generadora de la patología o
muerte del mismo, por consiguiente, no es posible determinar o por lo menos inferir que
el deceso de la víctima ocurrió por causa y razón del servicio.

38. En ese orden de ideas, estima la Sala que no hay elemento de convicción alguno que
acredite que el Ejército Nacional intervino en el proceso causal que llevó a la
materialización del daño, o que alguna actuación suya como lo afirma la parte actora–
constituyera el factor determinante para que se produjera, puesto que ni siquiera se
acreditó la causa de la muerte.

39. En este punto, se reitera que la carga de la prueba en la demostración de los
presupuestos establecidos en el artículo 90 de nuestra Carta Política impone a quien
solicita su aplicación la obligación de aportar o solicitar dentro de las oportunidades
legales, los medios de convicción para su acreditación. Así, la parte que solicita la
reparación, inicialmente, debe encaminar sus esfuerzos en demostrar el daño, para luego
sí acreditar que este resulta atribuible al Estado, carga lógica si se tiene en cuenta que sin
la preexistencia del daño no hay lugar a estudiar la imputación y sin ésta a resolver sobre
la responsabilidad. Se agrega a lo anterior que, constituía una carga procesal de la parte
actora demostrar los hechos en que fundó sus pretensiones; sin embargo, no cumplió con
tal carga.

40. Así las cosas, dada la ausencia de elementos de juicio que permitan atribuir la muerte
del soldado regular a la entidad pública accionada, se torna infructuoso de cualquier
examen de los fundamentos o sistemas de responsabilidad, objetivos o tradicionales, pues
se está en presencia de una falta de causalidad del hecho dañoso que pudiere ser
imputable al Estado y aquéllos encuentran fundamento y razón de ser sólo cuando el daño
antijurídico le es imputable a la Administración, cuestión que no se configuró en el evento
sub examine y, por ello, se releva al juzgador de ese tipo de análisis […]». (sic)

34. Como se observa, a partir de una lectura integral de la sentencia, para la Sala
el análisis efectuado por la autoridad judicial demandada se encuentra debidamente
soportado en las pruebas allegadas al proceso. Dentro de estas se encuentra,
precisamente, el informativo administrativo por muerte suscrito por el teniente coronel
Gerardo Ortiz Martínez, que contiene las circunstancias de tiempo, modo y lugar del
fallecimiento. No obstante, dicho documento no resultó suficiente para acreditar la
causa de la muerte de la víctima, máxime, cuando los resultados de las muestras de
fluidos corporales y cortes para análisis toxicológicos y patológicos realizados por el
Instituto de Medicina Legal no fueron anexados al expediente.

35. Asimismo, se advierte que el presente caso fue analizado bajo la óptica de una
posible falla en el servicio, toda vez que, según consta en el expediente del proceso
contencioso en cuestión19, la parte demandante alegó que la muerte se produjo como
consecuencia de un funcionamiento defectuoso del servicio militar, por no haberse
realizado los exámenes requeridos conforme a la patología que padecía la víctima,
como se observa:

19 Ver índice 1 del expediente de reparación directa 44001334000120140021900. Actuación
denominada «Incorpora Expediente Digitalizado(.pdf) NroActua 1».

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Demandante: Orangel Carrisoza Granados

36. Argumento reiterado en el recurso de apelación20 interpuesto contra la
sentencia de primera instancia:

37. Al respecto, la Sala no acoge los planteamientos presentados por la parte
demandante, en tanto buscan reorientar el análisis hacia un régimen distinto de
imputación estatal, con el argumento de que este podría resultar más favorable al
flexibilizar la carga probatoria. Sin embargo, no es posible desvirtuar la naturaleza del
régimen aplicable, que en este caso corresponde a uno de responsabilidad subjetiva
y no objetiva.

38. Así, no se evidencia que la autoridad judicial haya incurrido en irregularidad
alguna en su labor de la búsqueda de la verdad, pues, lo cierto es que, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho alegado en la demanda, en este caso, la causa
de muerte y su relación de causalidad con el actuar de la administración.

39. Dicho ello, mal puede la parte actora pretender convertir a la solicitud de tutela
en una tercera instancia para subsanar falencias probatorias, respecto de
documentos que debieron aportarse en la oportunidad procesal correspondiente para
ser analizados por los jueces naturales del asunto.

40. Por otra parte, frente al desconocimiento del precedente judicial de la Corte
Constitucional21 y del Consejo de Estado22 los cuales determinaron que, cuando se
trata de fallecimientos de individuos bajo la tutela estatal, se presume la
responsabilidad del Estado por falta de acción, se considera que dicho cargo tampoco
está llamado a prosperar debido a su escasa argumentación, en la medida en que se
limitó a señalar algunas sentencias que consideró no fueron tenidas en cuenta, sin
explicar el concepto de violación ni la forma en que se habría omitido su aplicación.

20 Ver índice 6 del expediente de reparación directa 44001334000120140021900. Actuación
denominada «Incorpora Expediente Digitalizado(.pdf) NroActua 6».
21 Al respecto citó: i) T-349 de 2018; ii) T-227 de 2017; iii) T-522 de 2019.
22 Al respecto citó: i) Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 2010, Rad. 76001-23-31-000-

1998-00133-01 (19168), M.P. Enrique Gil Botero; ii) Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de
2017, Rad. 05001-23-31-000-1999-00734-01 (36358), M.P. Danilo Rojas Betancourth; iii) sentencia
del 21 de septiembre de 2000, Exp. 11849, M.P. Ricardo Hoyos Duque.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02267-00
Demandante: Orangel Carrisoza Granados

Máxime cuando, además, se trata de decisiones proferidas en el marco del
mecanismo constitucional de tutela, las cuales no son vinculantes y surten efectos
únicamente entre las partes, o bien, corresponden a situaciones fácticas distintas a
la que ahora se analiza, sin que constituyan una regla unificada de decisión.

41. Así las cosas, esta Sala observa que la corporación judicial demandada no
incurrió en ninguna de las causales de procedibilidad específicas endilgadas, debido
a que su decisión fue proferida conforme a las normas y jurisprudencia reguladoras
de la función judicial, apoyada en el material probatorio obrante en el proceso, para
efectuar la interpretación que consideró más ajustada al caso concreto, frente a lo
cual se debe advertir que el juez natural del asunto goza de autonomía funcional y se
presume la buena fe en sus decisiones.

42. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de
la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la corporación judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.

43. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.

3. Conclusión

44. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo
de los derechos fundamentales invocados por Orangel Carrisoza Granados, en la
solicitud de tutela presentada contra Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Riohacha y el Tribunal Administrativo de La Guajira.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Orangel Carrisoza
Granados, en la solicitud de tutela presentada contra el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Riohacha y el Tribunal Administrativo de La
Guajira, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

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Demandante: Orangel Carrisoza Granados

Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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