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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02267-01

Fecha
28 de agosto de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02267-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por carecer del requisito general de la relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 27 Número único de radicación: 110010315000202502267-01 Actor: ORANGEL CARRISOZA GRANADOS

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02267-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

28 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Número único de radicación: 110010315000202502267-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: ORANGEL CARRISOZA GRANADOS

TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA IMPUGNADA Y, EN SU LUGAR, SE
DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. EL ACTOR PRETENDE CUESTIONAR UNA DECISIÓN
JUDICIAL COMO SI ESTE MECANISMO SE TRATASE DE UN RECURSO
O INSTANCIA ADICIONAL AL PROCESO ORDINARIO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: VIDA, SALUD Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de

28 de mayo de 2025, mediante la cual la SECCIÓN SEGUNDA-

SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1, negó las pretensiones del

amparo.

1
En adelante la SECCIÓN SEGUNDA.

2

Número único de radicación: 110010315000202502267-01
Actor: ORANGEL CARRISOZA GRANADOS

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor ORANGEL CARRISOZA GRANADOS, actuando a través de

apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la vida y a la salud, los cuales, a su juicio,

le fueron vulnerados por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL

CIRCUITO JUDICIAL DE RIOHACHA2 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DE LA GUAJIRA3, al haber proferido las providencias de 21 de junio de 2021

y el 25 de septiembre de 2024, respectivamente, dentro del medio de control

de reparación directa identificado con número único de radicado

44001334000120140021901.

I.2.- Hechos

Indicó que el 16 de julio de 2012, el señor Shady José Carrizoza Granados

prestaba el servicio de protección, resguardo y vigilancia en el kilómetro 15+16

de la vía Albania a Maicao – La Guajira, sector línea Férrea, cuando de manera

extraña fue encontrado muerto por sus compañeros del Grupo de Caballería

Mecanizado 2 CR “Juan José Rondón” de Buenavista - La Guajira.

2
En adelante el JUZGADO.
3
En adelante el TRIBUNAL.

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3

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Actor: ORANGEL CARRISOZA GRANADOS

Adujo que ese día se llevó a cabo el levantamiento de cadáver y fue trasladado

al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Maicao donde le

practicaron la necropsia, sin embargo, durante el tiempo que el cuerpo

permaneció allí, no les fue permitido a los familiares ingresar, pero sí a los

militares.

Expresó que Shaday José Carrizoza Granados ingresó al servicio militar

obligatorio en buenas condiciones de salud y su muerte ocurrió durante y con

ocasión de la prestación del servicio.

Manifestó que en ejercicio del medio de control de reparación directa promovió

demanda4 contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –

EJÉRCITO NACIONAL, con el fin de que se les declarara administrativamente

responsables por los daños y perjuicios ocasionados por la muerte de Shady

José Carrizoza Granados, quien se encontraba prestando el servicio militar

obligatorio.

El Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha, mediante

sentencia de 21 de junio de 2021, resolvió negar las pretensiones de la

demanda.

4 La demanda también fue presentada por Noris Ester Carrizoza Granados, Jaber Andrés Bonilla
Carrizoza, Lina Luz Polo Carrizoza, Lina Marcela Polo Carrizoza, Ludivina Mercedes Granados Bossio,
y María del Rosario Granados Bossio.

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4

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Actor: ORANGEL CARRISOZA GRANADOS

El TRIBUNAL mediante sentencia de 25 de septiembre de 2024, resolvió

confirmar la sentencia del a quo.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, el TRIBUNAL incurrió en un defecto fáctico al haber omitido

valorar pruebas relevantes “[…] que acreditaban una actitud negligente del

Ejército Nacional frente a un soldado que manifestó síntomas de malestar

durante el servicio, y que no fue atendido oportunamente. Esta omisión

probatoria tuvo un impacto directo en la decisión judicial y configura un defecto

fáctico, al desconocer el principio de verdad material y el deber de cuidado

reforzado […]”.

El actor de igual manera expresó lo siguiente:

“[…] Se configura un defecto sustantivo por omisión en la aplicación del
régimen de responsabilidad del Estado por omisión, particularmente
cuando existe un deber legal y constitucional de protección reforzada a
personas bajo custodia del Estado, como lo son los soldados
conscriptos.

En el presente caso se configuró un defecto sustantivo al no aplicar
correctamente los artículos y normas que regulan la responsabilidad del
Estado por omisión, especialmente en contextos donde hay un deber especial
de cuidado por parte de las Fuerzas Armadas frente a sus miembros.

A pesar de que el joven soldado manifestó síntomas claros de afectación a su
salud (dolor de cabeza y signos de malestar), no se le prestó atención médica
ni primeros auxilios, lo que constituye una falta grave a los deberes de cuidado
y protección establecidos en normas constitucionales (art. 2, 11 y 13 de la
Constitución) y en la jurisprudencia sobre responsabilidad estatal por omisión.

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Actor: ORANGEL CARRISOZA GRANADOS

Ambas providencias judiciales aplicaron indebidamente el régimen de
responsabilidad del Estado por omisión, exigiendo prueba directa del nexo
causal en un contexto en el que la víctima se encontraba bajo custodia
exclusiva del Estado. Esta interpretación desconoce el precedente del
Consejo de Estado, y representa una afectación directa al debido proceso
y al derecho de acceso efectivo a la justicia, lo cual configura un defecto
sustantivo, conforme a lo definido por la Corte Constitucional.

En cuanto a los defectos fáctico y sustantivo, respetado Consejero
Ponente, cabe señalar que el argumento central de las sentencias objeto de
revisión constitucional se fundamenta en que la parte demandante, dentro del
proceso ordinario adelantado mediante Medio de Control de Reparación
Directa (Radicado No. 44001334000120140021900), no habría cumplido
con su carga probatoria, al no acreditar de forma directa el nexo causal
entre la muerte del soldado conscripto Shady José Carrizoza Granados y la
prestación del servicio militar obligatorio.

No obstante, este razonamiento resulta jurídicamente desacertado y
constitucionalmente problemático, por varias razones que serán
desarrolladas a continuación. Tales falencias no solo evidencian una
interpretación excesivamente formalista de las reglas de valoración probatoria,
sino que además desconocen el precedente jurisprudencial vigente en
materia de responsabilidad estatal por omisión, particularmente cuando el
daño ocurre bajo custodia del Estado, y comprometen así el derecho
fundamental al acceso efectivo a la justicia de los familiares de la víctima: […]”.

Expresó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de

Estado han establecido que, tratándose de muertes de personas bajo custodia

del Estado, se presume su responsabilidad por omisión, salvo prueba en

contrario, como se indicó en las sentencias T-349 de 2018, T-227 de 2017 y

T-522 de 2019, en donde se ha reiterado que el Estado debe asumir un rol

activo en el esclarecimiento de los hechos y que, en contextos de

subordinación, como el servicio militar, no puede exigirse a los familiares el

mismo estándar probatorio que en circunstancias ordinarias.

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De igual manera, se desconoció de manera manifiesta la línea jurisprudencial

desarrollada por el Consejo de Estado, en la que se ha establecido que el

Estado es responsable por la muerte de personas que se encuentran bajo su

custodia o sujeción, cuando se demuestra una conducta omisiva en el

cumplimiento del deber de protección que le corresponde.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor solicita el amparo de sus derechos

fundamentales invocados como violados y, en consecuencia:

“[…] Con fundamento en los hechos relacionados, solicito al señor Juez disponer y
ordenar a favor de mi cliente lo siguiente:

1.- Que se tutele los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la dignidad
humana, a la verdad y al acceso a la administración de justicia, que han sido
vulnerados por las providencias proferidas por el Juzgado Primero Administrativo
Mixto del Circuito Judicial de Riohacha y el Tribunal Administrativo de La
Guajira, en el trámite del Medio de Control de Reparación directa promovida por el
accionante, con radicado 44001334000120140021900.

2.- Que como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos las providencias
judiciales objeto de esta acción constitucional, por incurrir en defecto fáctico y
sustantivo, y se ordene a la autoridad judicial competente emitir una nueva
decisión ajustada a los principios constitucionales y al precedente jurisprudencial,
valorando de forma adecuada las pruebas allegadas al proceso, en especial aquellas
que demuestran la omisión de atención médica al soldado SHADY JOSÉ
CARRIZOZA GRANADOS y el deber especial de protección del Estado.

3.- Que se adopten las medidas necesarias para garantizar el derecho a la verdad
de la familia del joven fallecido, incluyendo, si es del caso, el impulso de acciones
encaminadas al esclarecimiento de los hechos que rodearon su muerte.

Las demás que se consideren pertinentes para la protección y amparo de los
derechos fundamentales violados de mi cliente […]”.

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I.5.- Defensa

I.5.1.- El JUZGADO indicó que durante todo el trámite del proceso ordinario

no desconoció los derechos del actor, aplicando la jurisprudencia vigente al

“[…] momento del pronunciamiento judicial […]” y teniendo en cuenta las

pruebas obrantes en el expediente.

I.5.2.- El TRIBUNAL indicó que “[…] la sentencia de segunda instancia que se

cuestiona se ajusta al precedente judicial desarrollado por el Consejo de

Estado, según el cual opera la responsabilidad objetiva del Estado [bien sea

por daño especial o riesgo excepcional] cuando se reclaman daños a

conscriptos; no obstante, cuando el daño reclamado se deriva de una falla en

el servicio, se debe privilegiar el régimen subjetivo de responsabilidad […]”.

De igual manera, señaló que la sentencia se fundamentó en la valoración

integral de las pruebas aportadas, análisis que permitió concluir que la parte

accionante no logró demostrar omisión o incumplimiento de los deberes de

custodia, vigilancia, cuidado o atención médica, que asistían al ejército

nacional respecto del soldado regular Carrizosa Granados.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y los

señores Noris Ester Carrizoza Granados, Jaber Andrés Bonilla Carrizoza,

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Lina Luz Polo Carrizoza, Lina Marcela Polo Carrizoza, Ludivina Mercedes

Granados Bossio y María del Rosario Granados Bossio, pese a ser

notificados en debida forma, guardaron silencio.

II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN SEGUNDA, mediante sentencia de 28 de mayo de 2025,

resolvió negar las pretensiones del amparo.

La SECCIÓN SEGUNDA consideró lo siguiente:

“[…] Como se observa, a partir de una lectura integral de la sentencia, para la
Sala el análisis efectuado por la autoridad judicial demandada se encuentra
debidamente soportado en las pruebas allegadas al proceso. Dentro de estas
se encuentra, precisamente, el informativo administrativo por muerte suscrito
por el teniente coronel Gerardo Ortiz Martínez, que contiene las circunstancias
de tiempo, modo y lugar del fallecimiento. No obstante, dicho documento no
resultó suficiente para acreditar la causa de la muerte de la víctima, máxime,
cuando los resultados de las muestras de fluidos corporales y cortes para
análisis toxicológicos y patológicos realizados por el Instituto de Medicina
Legal no fueron anexados al expediente.

Asimismo, se advierte que el presente caso fue analizado bajo la óptica de
una posible falla en el servicio, toda vez que, según consta en el expediente
del proceso contencioso en cuestión19, la parte demandante alegó que la
muerte se produjo como consecuencia de un funcionamiento defectuoso del
servicio militar, por no haberse realizado los exámenes requeridos conforme
a la patología que padecía la víctima […]”.

Expresó que no se evidencia que la autoridad judicial accionada haya incurrido

en irregularidad alguna en su labor de la búsqueda de la verdad, teniendo en

cuenta que en los términos del artículo 167 del Código General del Proceso

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incumbe a las partes probar el supuesto de hecho alegado en la demanda, en

este caso, la causa de muerte y su relación de causalidad con el actuar de la

administración.

Señaló que frente al desconocimiento del precedente judicial de la Corte

Constitucional y del Consejo de Estado los cuales determinaron que, cuando

se trata de fallecimientos de individuos bajo la tutela estatal, se presume la

responsabilidad del Estado por falta de acción, debe señalarse que dicho

cargo tampoco está llamado a prosperar debido a su escasa argumentación,

teniendo en cuenta que se limitó a señalar algunas sentencias que consideró

no fueron tenidas en cuenta, sin explicar el concepto de violación ni la forma

en que se habría omitido su aplicación.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la sentencia proferida en primera instancia, señalando lo

siguiente:

“[…] En relación con el Defecto fáctico, el Juez Constitucional, recordó el
análisis efectuado por el Tribunal Administrativo de La Guajira respecto de la
falencia probatoria para determinar con exactitud la causa de la muerte del
conscripto, que permitiera evidenciar el nexo causal y, con ello, la
imputabilidad al Estado, considerando que se encuentra debidamente
soportado en las pruebas allegadas al proceso. Dentro de estas se encuentra,
precisamente, el informativo administrativo por muerte suscrito por el teniente
coronel Gerardo Ortiz Martínez, que contiene las circunstancias de tiempo,
modo y lugar del fallecimiento. No obstante, dicho documento no resultó
suficiente para acreditar la causa de la muerte de la víctima, máxime, cuando
los resultados de las muestras de fluidos corporales y cortes para análisis
toxicológicos y patológicos realizados por el Instituto de Medicina Legal no
fueron anexados al expediente; advirtiendo que el presente caso fue analizado

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bajo la óptica de una posible falla en el servicio, toda vez que, según consta
en el expediente del proceso contencioso en cuestión, la parte demandante
alegó que la muerte se produjo como consecuencia de un funcionamiento
defectuoso del servicio militar, por no haberse realizado los exámenes
requeridos conforme a la patología que padecía la víctima […]”.

El actor indicó que sus argumentos no pretenden lo que entendió el a - quo, ni

reorientar hacia un régimen de imputación diferente al que en derecho

corresponde; por el contrario, lo que se busca es que se aplique lo que en

derecho corresponde, porque en nuestro sistema jurídico, el juez natural no

está obligado a apegarse al régimen de imputación que proponga las partes,

el juez debe aplicar el régimen de imputación que corresponda jurídicamente

al caso, según la naturaleza del daño, la actividad estatal involucrada y la

jurisprudencia vigente, por ser un garante del orden jurídico y del debido

proceso.

Señaló que:

“[…] La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido diáfana al señalar que
el régimen de imputación debe ser determinado por el juez con base en la
naturaleza del caso, y no por conveniencia probatoria de las partes, porque de
lo contrario se desvirtuaría el principio de legalidad y comprometer la
imparcialidad del proceso judicial, entonces es obligación de los jueces
contenciosos-administrativos aplicar el régimen que corresponda conforme al
ordenamiento jurídico, incluso si ello implica apartarse del señalado por la
parte demandante, garantizando de esta manera, una decisión ajustada a
derecho y respetuosa de las prerrogativas constitucionales […]”.

[…]

“[…] Entonces Honorables Consejeros, dentro del proceso contencioso
administrativo, se encuentra debidamente acreditado el daño antijurídico,
conforme a los medios de convicción obrantes en el expediente, tales como el
proceso penal, Informativo Administrativo por Muerte No. 001» del 19 de julio

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de 2012 y el informe forense. De dichos elementos probatorios se desprende
con claridad que la conducta de la víctima no fue la causa determinante ni
exclusiva del resultado fatal, necesaria para exonerarse de responsabilidad al
Estado Colombiano.

En efecto, el occiso se encontraba cumpliendo una orden superior,
descansando en su colchoneta bajo condiciones climáticas extremas —a
pleno sol en los matorrales de La Guajira— debido a un fuerte dolor de cabeza.
Esta actuación, lejos de constituir una conducta imprudente o negligente,
refleja el cumplimiento de instrucciones en un contexto de subordinación
militar, porque la experiencia y la lógica indicaría que si no estuviera
cumpliendo con el deber que le impuso el Estado Colombiano, de prestar un
servicio militar obligatorio establecido en la Ley 1861/2017, para Defender la
soberanía, la independencia y la integridad del territorio nacional;
Preservar el orden constitucional, Contribuir a la seguridad y defensa
nacional; Apoyar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado,
como la protección de los derechos, la convivencia pacífica y el bienestar
general, el joven SHADY JOSÉ CARRIZOZA GRANADOS se hubiese
trasladado a una institución hospitalaria, solo o con algún miembro de su grupo
familiar, pero por encontrarse limitada su libertad y sujeto a sus superiores, la
opción que tuvo, fue irse a acostar en el monte en la colchoneta que le fue
dada para dormir mientras estuviera en esa Zona de la Guajira.

Por tanto, resulta evidente que el daño no puede ser atribuido a la víctima, y
que las condiciones en las que se encontraba reflejan una exposición a un
riesgo superior al normal, lo cual activa el régimen de responsabilidad
objetiva del Estado, conforme a la jurisprudencia reiterada del Consejo de
Estado en casos de soldados conscriptos […]”.

Manifestó que en el caso sub examine, se desconoció el precedente judicial

sobre la aplicación del régimen de imputación, teniendo en cuenta que se

invocó jurisprudencia consolidada que establece que, tratándose de

fallecimientos de personas bajo custodia o tutela del Estado como ocurre con

los soldados conscriptos, opera una presunción de responsabilidad estatal,

salvo que se demuestre una causa extraña que rompa el nexo causal, sin

embargo, los jueces de instancia se limitaron a descartar dicha jurisprudencia

sin ofrecer una motivación clara, específica y razonada sobre su

inaplicabilidad, lo cual desconoce el principio de seguridad jurídica, el derecho

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a la igualdad y el debido proceso.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de

noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida

en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º

del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80

de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado,

que regula la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente

núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente

doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por

importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es

procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en

presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales,

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debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros

jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de

2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros

pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual

fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos

generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra

providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema

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jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto
es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir
que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida
la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que
la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la
protección de tales derechos se genera independientemente de la
incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del
juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la
acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias
a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que
el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al
interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender
la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates
sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que
proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario
acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de
procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este

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sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela
contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los
vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

Caso concreto

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se deje sin

efecto la providencia de 25 de septiembre de 2024 proferida por el TRIBUNAL,

dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número

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Número único de radicación: 110010315000202502267-01
Actor: ORANGEL CARRISOZA GRANADOS

único de radicación 44001334000120140021901.

A juicio del actor, el TRIBUNAL incurrió en un defecto fáctico al haber omitido

valorar pruebas relevantes “[…] que acreditaban una actitud negligente del

Ejército Nacional frente a un soldado que manifestó síntomas de malestar

durante el servicio, y que no fue atendido oportunamente. Esta omisión

probatoria tuvo un impacto directo en la decisión judicial y configura un defecto

fáctico, al desconocer el principio de verdad material y el deber de cuidado

reforzado […]”.

El actor de igual manera expresó lo siguiente:

“[…] Se configura un defecto sustantivo por omisión en la aplicación del
régimen de responsabilidad del Estado por omisión, particularmente
cuando existe un deber legal y constitucional de protección reforzada a
personas bajo custodia del Estado, como lo son los soldados
conscriptos.

En el presente caso se configuró un defecto sustantivo al no aplicar
correctamente los artículos y normas que regulan la responsabilidad del
Estado por omisión, especialmente en contextos donde hay un deber especial
de cuidado por parte de las Fuerzas Armadas frente a sus miembros.

A pesar de que el joven soldado manifestó síntomas claros de afectación a su
salud (dolor de cabeza y signos de malestar), no se le prestó atención médica
ni primeros auxilios, lo que constituye una falta grave a los deberes de cuidado
y protección establecidos en normas constitucionales (art. 2, 11 y 13 de la
Constitución) y en la jurisprudencia sobre responsabilidad estatal por omisión.

Ambas providencias judiciales aplicaron indebidamente el régimen de
responsabilidad del Estado por omisión, exigiendo prueba directa del nexo
causal en un contexto en el que la víctima se encontraba bajo custodia
exclusiva del Estado. Esta interpretación desconoce el precedente del
Consejo de Estado, y representa una afectación directa al debido proceso
y al derecho de acceso efectivo a la justicia, lo cual configura un defecto
sustantivo, conforme a lo definido por la Corte Constitucional.

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Actor: ORANGEL CARRISOZA GRANADOS

En cuanto a los defectos fáctico y sustantivo, respetado Consejero
Ponente, cabe señalar que el argumento central de las sentencias objeto de
revisión constitucional se fundamenta en que la parte demandante, dentro del
proceso ordinario adelantado mediante Medio de Control de Reparación
Directa (Radicado No. 44001334000120140021900), no habría cumplido
con su carga probatoria, al no acreditar de forma directa el nexo causal
entre la muerte del soldado conscripto Shady José Carrizoza Granados y la
prestación del servicio militar obligatorio.

No obstante, este razonamiento resulta jurídicamente desacertado y
constitucionalmente problemático, por varias razones que serán
desarrolladas a continuación. Tales falencias no solo evidencian una
interpretación excesivamente formalista de las reglas de valoración probatoria,
sino que además desconocen el precedente jurisprudencial vigente en
materia de responsabilidad estatal por omisión, particularmente cuando el
daño ocurre bajo custodia del Estado, y comprometen así el derecho
fundamental al acceso efectivo a la justicia de los familiares de la víctima: […]”.

Expresó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de

Estado han establecido que, tratándose de muertes de personas bajo custodia

del Estado, se presume su responsabilidad por omisión, salvo prueba en

contrario, como se indicó en las sentencias T-349 de 2018, T-227 de 2017 y

T-522 de 2019, en donde se ha reiterado que el Estado debe asumir un rol

activo en el esclarecimiento de los hechos y que, en contextos de

subordinación, como el servicio militar, no puede exigirse a los familiares el

mismo estándar probatorio que en circunstancias ordinarias.

Afirmó que se desconoció de manera manifiesta la línea jurisprudencial

desarrollada por el Consejo de Estado, en la que se ha establecido que el

Estado es responsable por la muerte de personas que se encuentran bajo su

custodia o sujeción, cuando se demuestra una conducta omisiva en el

cumplimiento del deber de protección que le corresponde.

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De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores, la Sala

examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la

acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada

por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela

se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de

«evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia

constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias

judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser

el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de

amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es

necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal que

«sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en

sede de tutela».6

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la

acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta

5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada
por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se
convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es
el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos
cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio
constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228
y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en
un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir
a otras jurisdicciones” [9].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos
fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que
supone la conjunción de dos elementos necesarios [10].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor
para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia
constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No
basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es
menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su
pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se
cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente
el amparo constitucional [11].

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”

[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal

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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede
erigirse en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso
de que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en
torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones
de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007,
Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión
que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe
ser una cuestión de evidente relevancia constitucional.
Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales
no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de un
derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra
decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente
relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir
asuntos de mera legalidad [12]. Si bien no siempre es fácil
delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de
diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los
antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente
de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho
al debido proceso. El primero que emerge de la propia
Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que
se denomina simplemente debido proceso [13].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art.
29 CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o
básicas de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”

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garantías esenciales son el derecho al juez natural [14]; el
derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de
defensa –que incluye el derecho a la defensa técnica-; el
derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el principio
de predeterminación de las reglas procesales o principio de
legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones
judiciales y la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por
ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte de su núcleo
esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez
que conduzcan a la inexistencia de defensa y contradicción dentro del
proceso, anulándose o restringiéndose de manera grave el equilibrio
procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales impone un estudio riguroso de los requisitos de
procedibilidad y de prosperidad de la acción, más cuando se trata de
atacar las providencias de las altas Cortes, tal como lo ha manifestado
la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado
fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional en

sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho requisito tiene

como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la
preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida
para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia
adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la tutela

contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio

[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su

formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron

origen a la controversia judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar

si la acción de tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene como

propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de

mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii) impedir que la

acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia y la

independencia del juez ordinario.

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la

controversia que propone el actor implica la reapertura de un asunto que ya

fue resuelto en el medio de control y del cual se pretende constituir una

instancia adicional, comoquiera que los argumentos expuestos en el escrito de

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tutela están dirigidos a demostrar que las pruebas aportadas dentro del

proceso de reparación directa eran suficientes para demostrar la

responsabilidad administrativa de la parte demandada al interior del medio de

control de reparación directa.

En efecto, revisada la providencia cuestionada, se advierte que las

inconformidades que ahora trae la accionante a esta sede constitucional ya

fueron resueltas de forma admisible por el TRIBUNAL al realizar un análisis

del asunto así:

“[…] 32. Para la Sala, los medios de convicción allegados y aquí
esbozados no resultan ser suficientes para determinar la responsabilidad
del Estado en cabeza de la Nación- Ministerio de Defensa -Ejército
Nacional, pues de ellos no es posible inferir la configuración de los
elementos de la responsabilidad del Estado por la muerte de Shady José
Carrizoza Granados, quien se encontraba en situación de conscripción
cuando falleció.

33. En efecto, las pruebas relacionadas son indicativas de que el occiso
incorporado a las filas del Ejército Nacional para cumplir con la obligación
de prestar el servicio militar obligatorio, fue a descansar luego de informar
a su superior sobre un dolor de cabeza y posteriormente, cuando fue
requerido para realizar una actividad del servicio, fue encontrado muerto
por uno de sus compañeros.

34. Ahora bien, en el acta de inspección del cadáver se registró que no
se hallaron signos de violencia externa, ni lesiones traumáticas en
ninguna parte del cuerpo, menos en la cabeza, no obstante se consignó
como hipótesis de la muerte “Trauma Craneoencefálico shock
hipovolémico”; en el informe de necropsia realizado por el Instituto de
Medicina Legal se confirmó que el cuerpo del occiso no presentó ningún
signo de violencia, y se dejó como descubrimiento una Esplenomegalia,
sin embargo, el perito concluyó que no hubo hallazgos que por sí solos
sustentaran un mecanismo, una causa o un diagnóstico médico, por ello,
y con el fin de determinar la causa de la muerte tomaron muestras de
fluidos corporales y cortes para procesar en toxicología y patología del
instituto, pero los resultados no fueron allegados al expediente, lo cual
hace imposible que la Sala conozca con certeza la causa de la muerte de
la víctima.

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35. Ahora, el recurrente manifiesta que le era imposible acreditar la causa
de la muerte de la víctima, señalando que no tienen acceso a los archivos
de las fuerzas militares, ni a la información confidencial de éstas, ante lo
cual la Sala considera que disponía de varios mecanismos para allegar
la información o probar la causa de la muerte, como lo era solicitar al
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses el resultado de los
estudios realizado a las muestras, un dictamen pericial de los mismos, la
solicitud del concepto de un profesional en salud o experto forense sobre
los hallazgos en el cuerpo de la víctima, pero no lo hizo.

36. Consideró el recurrente que la muerte del militar se ocasionó por un
defectuoso funcionamiento en el servicio militar, consistente en no
realizar los exámenes que requería la patología padecida por la víctima,
sin embargo, estima la sala que las pruebas allegadas al expediente no
evidencian un incumplimiento u omisión de los deberes de custodia,
vigilancia, cuidado o atención médica al soldado, pues no obra material
probatorio, como lo sería una historia clínica que permita inferir que el
soldado padecía de alguna enfermedad o que con ocasión del servicio la
hubiese adquirido, como tampoco que tuviera un diagnóstico médico,
presentara síntomas o hubiese informado sobre dolencias que dieran
lugar a una atención médica y no se le brindara, o fuera inoportuna, o que
la demandada no hubiese desplegado acciones efectivas para evitar la
materialización de la muerte del occiso.

37. Aunado a lo anterior, la Sala desconoce las actividades desarrolladas
por el militar, con las cuales se pudiera llegar a establecer como causa
generadora de la patología o muerte del mismo, por consiguiente, no es
posible determinar o por lo menos inferir que el deceso de la víctima
ocurrió por causa y razón del servicio.

38. En ese orden de ideas, estima la Sala que no hay elemento de
convicción alguno que acredite que el Ejército Nacional intervino en el
proceso causal que llevó a la materialización del daño, o que alguna
actuación suya como lo afirma la parte actora– constituyera el factor
determinante para que se produjera, puesto que ni siquiera se acreditó la
causa de la muerte […]”.

De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae que las

inconformidades expuestas en el escrito de tutela de la referencia, además de

que carecen de una perspectiva constitucional, en la medida en que su

solución se deriva de la interpretación que la parte actora pretende que se dé

a las pruebas dispuestas en el asunto, fueron resueltas por la autoridad judicial

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accionada en la providencia cuestionada.

Significa lo precedente que lo pretendido por el actor es que el juez de tutela

haga un nuevo análisis respecto a la configuración de la responsabilidad del

Estado en el caso sub examine, y se examine nuevamente las pruebas

obrantes en el expediente y la jurisprudencia aplicable, como si el mecanismo

de amparo fuera una instancia o recurso adicional a los previstos en el trámite

ordinario.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión que sea de

«verdadera relevancia constitucional» que conlleve la presunta trasgresión de

los derechos fundamentales de la parte actora, sino una divergencia que

obedece a la interpretación dada por el juez natural del asunto a las pruebas

allegadas al proceso, en el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena

de otorgar a la acción de tutela el carácter de un recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia y la

independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se debe

respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la decisión que

adopte el juez natural dentro del ámbito de sus competencias, lo cual sólo es

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dable cuando se vulneran derechos fundamentales, lo que en el presente caso

no se encontró probado.

En las condiciones anotadas, la Sala revocará la decisión de primera instancia

y, en su lugar, se declarará improcedente la acción de tutela de la referencia

por no cumplir el requisito general de la relevancia constitucional, como en

efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la

República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar, DECLARAR

IMPROCEDENTE el amparo solicitado por carecer del requisito general de la

relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual

revisión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de agosto de 2025.

NUBIA MARGOTHPEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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