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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02270-00

Fecha
22 de mayo de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02270-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente acción por no superar el requisito inmediatez. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02270-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

22 de mayo de 2025

Demandantes: Luis Alberto Castañeda Hernández y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02270-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Santiago de Cali, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco 2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02270-00
Demandantes: LUIS ALBERTO CASTAÑEDA HERNÁNDEZ Y OTRO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C

Temas: Tutela contra providencia judicial – declara improcedente por
no superar el requisito general de inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Luis Alberto Castañeda Hernández y la señora Luz Dary Mellán
de Corrales, actuando en nombre propio, presentaron acción de tutela contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C2. Con su solicitud de amparo
pretenden que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia y a la igualdad.

2. Las anteriores garantías las estimaron vulneradas con ocasión de la
sentencia del 21 de junio de 2022 proferida por la autoridad judicial accionada.
Mediante esta decisión se revocó la sentencia del 28 de enero de 2010, dictada
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, y, en su lugar, declaró la nulidad de
los actos administrativos demandados y negó las demás pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-23-31-
000-2002-04922-00/01.

1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2 El escrito de tutela fue radicado el 22 de abril de 2025.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Luis Alberto Castañeda Hernández y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02270-00

1.2. Pretensiones

3. La parte actora solicitó lo siguiente:

Solicito a la honorable Corte Constitucional, se tutele mi derecho fundamental al
debido proceso, al acceso a la justicia violado por el CONSEJO DE ESTADO,
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C, mediante la sentencia emitida el 1 de junio de 2022 y notificada
el 18 de agosto de 2023, Consejero ponente Guillermo Sánchez Luque, radicado
05001-23-31-000-2002-04922-01 (38756) y en consecuencia se restablezca el
derecho a volver a instalar el módulo de café donde funcionaba. Además, que se
pague la indemnización desde el momento en que fue cerrado hasta la fecha en
que se haga efectiva la sentencia.

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:

5. El señor Jorge William Mejía Toro celebró un contrato de arrendamiento
con el Departamento de Antioquia, en el que la entidad le cedió un espacio de 4
metros cuadrados en el primer piso de la Gobernación de Antioquia para que
operara una cafetería. Posteriormente, el señor Luis Alberto Castañeda
Hernández se asoció con el señor Toro Mejía para administrar el funcionamiento
del local.

6. El 22 de octubre de 2001, la Secretaría de Hacienda departamental le
informó a los señores Mejía Toro y Castañeda Hernández que, de conformidad
con la clausula 4 del documento contractual, la entidad no renovaría el contrato
y les solicitó la devolución del espacio público. Sin embargo, pese a la insistencia
del ente territorial en la devolución del inmueble, los arrendatarios no accedieron
a su solicitud, motivo por el cual les otorgó 5 días para la entrega.

7. Debido a que el espacio arrendado no fue devuelto, mediante la
Resolución No. 7361 del 30 de mayo de 2002, el Departamento de Antioquia
terminó unilateralmente el contrato de arredramiento, decisión que fue
confirmada en la Resolución No. 12079 del 8 de agosto del mismo año.

8. Por lo anterior, los señores Jorge William Mejía Toro y Luis Alberto
Castañeda Hernández interpusieron una demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el Departamento de Antioquia, con el fin de que se declarara
la nulidad de las Resoluciones No. 7361 del 30 de mayo de 2002 y No. 12079 del
8 de agosto de 2002, mediante las cuales la entidad demandada terminó
unilateralmente el contrato de arrendamiento No. 97-CA-14-0010.

9. Al proceso se le asignó el radicado 05001-23-31-000-2002-04922-00/01 y
le fue repartido al Tribunal Administrativo de Antioquia. Esa corporación judicial,

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mediante sentencia del 18 de enero de 2010, negó las pretensiones debido a que
no fueron acreditados los vicios alegados por los demandantes. Concluyó que la
entidad, dentro del término legal, le manifestó a los demandantes su intención de
no continuar con el contrato, conforme lo establecido en la causal 4 del
documento contractual y el artículo 2008 de la Ley 84 de 1873.

10. Contra la anterior decisión se interpuso recurso de apelación, el cual fue
resuelto por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en sentencia
del 1 de junio de 20223. En esta providencia se revocó la decisión de primera
instancia y, en su lugar, declaró la nulidad de los actos administrativos
demandados al concluir que, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 80 de
1993, la entidad no se encontraba habilitada para pactar cláusulas de terminación
unilateral, puesto que, al tratarse de un contrato de arrendamiento, el Estatuto
General de Contratación le prohibió expresamente a la administración el ejercicio
de las cláusulas excepcionales.

11. Por otra parte, encontró acreditado que las partes pactaron como fecha de
finalización del contrato el 26 de noviembre de 1997, y, previo a que procediera
la renovación del contrato, el Departamento de Antioquia le informó a la parte
demandante que no se renovaría el contrato, razón por la cual les solicitó la
devolución del espacio público. No obstante, los arrendatarios continuaron con la
ejecución del contrato con posterioridad al término de vencimiento del contrato,
motivo por el cual incumplieron con su obligación de restitución del inmueble. Por
lo anterior, concluyó que el daño alegado no se configuró.

1.4. Sustento de la vulneración

12. La parte actora indicó que el Consejo de Estado desconoció que, al
declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, el contrato de
arrendamiento No. 97-CA-14-0010 «cobró vida nuevamente», por lo que se debió
restablecer el derecho del que fueron privados y reconocer los perjuicios
solicitados.

13. Afirmaron que no tomó en consideración «el documento expedido por el
secretario de hacienda de la época» en el que, a su juicio, se evidencia que la
decisión adoptada por la Gobernación de Antioquia, y posteriormente, avalada
por el Consejo de Estado, estuvo basada en actuaciones irregulares, pues en ella
se desconocieron los principios esenciales del ordenamiento jurídico.

14. Finalmente, sostuvo que no fueron valorados los siguientes documentos:
«i) La Resolución N° 7361 del 30 de mayo de 2002, es ilegal al no tener la
Gobernación de Antioquia competencia para expedir, ni para dar un plazo de 10
días para desocupar el bien inmueble, ii) la orden que dio el secretario de
hacienda, solicitando el corte de los servicios públicos de agua y luz a partir del
26 de noviembre, es ilegal e inconstitucional, iii) no se tuvo en cuenta los 2

3 La cual fue notificada el 18 de agosto de 2023.

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testimonios dados por las dos empleadas del módulo de café y por el señor
William Toro Mejía, socio del negocio y, iv) la inspección municipal de policía se
hizo presente el 16 de diciembre de 2002, solo para retirar el módulo
abandonado».

1.5. Trámite de primera instancia

15. Por medio del auto del 24 de abril de 2025, el despacho ponente de esta
decisión admitió la tutela. En consecuencia, ordenó notificar en calidad de
accionados al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Además,
vinculó como tercero con interés al Tribunal Administrativo de Antioquia y al
Departamento de Antioquia. Asimismo, a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del Código General del
Proceso

1.6. Intervención

16. Consejo de Estado, Sección Primera. El magistrado titular del despacho
en el que se profirió la decisión manifestó que la providencia reprochada fue
proferida su antecesora, motivo por el cual indicó que se abstiene de
pronunciarse sobre el fondo del asunto.

17. No obstante, señaló que la solicitud de amparo no cumple con el requisito
de inmediatez, debido a que la providencia fue notificada el 18 de agosto de 2023
y la acción de tutela fue interpuesta el 29 de marzo de 2024, esto es, vencidos
los 6 meses que la jurisprudencia constitucional ha determinado como plazo
razonable para ejercer la acción.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

18. Esta Sala es competente para decidir la acción de tutela presentada por
la parte actora en contra del Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Legitimación en la causa

19. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

20. Con fundamento en lo anterior, la Sala advierte que el señor Luis Alberto
Castañeda Suarez está legitimado en la causa por activa, por haber sido parte

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demandante dentro del medio de control en el que se dictó la controversia que
se reprocha mediante esta vía.

21. La señora Luz Dary Mellán de Corrales también se encuentra legitimada
en la causa por activa, pues, a pesar de no haber sido parte en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, el 17 de enero de 2020 el señor Jorge
William Toro Mejía, quien fue parte demandante en el proceso ordinario, le cedió
sus derechos litigiosos sobre el medio de control cuya providencia se reprocha
mediante esta vía4.

22. Asimismo, la Subsección C de la Sección Tercera se encuentra legitimada
por pasiva, por ser la autoridad judicial que profirió la sentencia judicial
cuestionada por los accionantes mediante esta acción de tutela.

2.3. Problemas jurídicos

23. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta, el material probatorio
recaudado y el informe presentado, los problemas jurídicos a resolver en el caso
concreto son los siguientes:

• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencias judiciales?

24. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala
examinará lo siguiente:

● ¿La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la igualdad con ocasión de la providencia proferida el 21 de junio de
2022?

25. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los
anteriores supuestos, (iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

26. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20125. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes

4 Índice 9 SAMAI.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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posturas sobre este tema6. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales7.

27. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20148. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia9 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial10.
28. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:

i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
7 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto

de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014

son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
10 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando

el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.

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29. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,

ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

30. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

31. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.5. Estudio del requisito general de la inmediatez

32. Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe
ejercerse en un plazo razonable11, el cual debe ser ponderado por el juez en cada
caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el
constituyente y se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual,
inmediato y efectivo12.

33. De acuerdo con lo anterior, esta Sección13 ha considerado como plazo
prudencial el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual
es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada- que da lugar a la solicitud
de protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo se declara su
improcedencia.

11 Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
05.08.14, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez- Así mismo, reiterado entre otras en:
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-00045-00,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 15.10.15, Rad.
11001-03-15-000- 2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-290 de 2011.

13 Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana

Buitrago Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P. Alberto
Yepes Barreiro; Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.

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34. No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar
al fondo del debate jurídico planteado.

35. En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para
promover la acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional en
sentencia T-256 de 201514, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio
auxiliar, indicó que la acción de tutela será procedente «cuando fuere promovida
en un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i)
exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual»15.

36. En el caso concreto, la Sala reconoce que la parte actora cuestiona el fallo
del 21 de junio de 2022 por medio del cual la autoridad judicial accionada revocó
la decisión de primer grado que negó las pretensiones de la demanda. Esta
decisión fue notificada el 18 de agosto de 2023 mediante edicto electrónico.

37. En ese orden, es evidente que, sin necesidad de determinar la fecha
exacta de la ejecutoria de la decisión, el actor dejó pasar más de 6 meses para
interponer la acción de tutela, y, por lo tanto, el tiempo transcurrido es superior al
considerado como razonable tanto por la Corte Constitucional como por el
Consejo de Estado.

38. Finalmente, la Sección advierte que la parte actora no demostró ninguna
condición especial que pueda ser analizada por este juez de tutela para
establecer si es procedente flexibilizar el requisito de procedibilidad de la
inmediatez para superarlo y estudiar la presunta vulneración de sus garantías
fundamentales. Aunado a ello, no encontró la Sala que concurra alguna de las
circunstancias que justifiquen el retardo de los usuarios de la administración de
justicia para acudir a alegar en sede de acción de tutela la trasgresión de sus
garantías fundamentales.

39. Por lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
sub examine, por no superar el requisito de inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

14 Corte Constitucional, Sentencia T-256 de 2015.

15 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de

2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.

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Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente acción por no superar el
requisito inmediatez.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

OMAR JOAQUIN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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