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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02280-00

Fecha
29 de mayo de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02280-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación presentada por falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por los consejos seccionales de la Judicatura de Bogotá y Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la solicitud de tutela presentada por el actor contra la Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DENEGAR la solicitud de tutela presentada por el actor contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 29 Núm. único de radicación: 110010315000202502280-00 Actor: Daniel Alejandro Ortiz Bonilla CUARTO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Daniel Alejandro Ortiz Bonilla frente a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. QUINTO: En consecuencia, ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, le notifique en debida forma al actor el contenido de la respuesta de su derecho de petición enviado el 2 de marzo de 2025, comunicándole la misma al correo electrónico daniel.ortiz.bonilla@hotmail.com autorizado para tal fin. SEXTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. SÉPTIMO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02280-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

29 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Consejera Ponente (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202502280-00
Actor: Daniel Alejandro Ortiz Bonilla
Demandados: Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y otro1.

Temas: Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción
de tutela

Derecho fundamental de petición/alcance

Derecho Fundamental Invocado: i) Petición; ii) debido proceso; y iii) trabajo

Derecho Fundamental Amparado: Petición

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Daniel Alejandro Ortiz
Bonilla contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá y la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Fallo, las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “12ED_Caratula(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.

Archivo aportado en forma digital.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202502280-00
Actor: Daniel Alejandro Ortiz Bonilla

1. El actor2, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra los consejos
seccionales de la Judicatura de Bogotá y Cundinamarca y la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, porque, a su juicio, vulneraron sus derechos
fundamentales de petición, al debido proceso y al trabajo, con ocasión a la falta de
“[…] expedición de la Certificación laboral con firma para poder inscribiré (sic) en el
concurso de la Fiscalía […]”.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que “[…] el día 03 de marzo eleve (sic) petición ante Rama Judicial,
Consejo Seccional De La Judicatura Cundinamarca Y Bogotá, Talento Humano
Bogotá y Cundinamarca, donde solicite la expedición de la Certificación laboral con
firma para poder inscribiré (sic) en el concurso de la Fiscalía, allegaron respuesta
de recibido y que se redireccionaba la Petición, ante la cual dieron respuesta de la
siguiente manera: “Buenos Días. Por medio de la presente le informo que al ya no
pertenecer a la Rama Judicial es necesario cancelar $8250 para realizar el
certificado. Una vez cancelado por favor enviar copia a este mismo correo:
auxtalenhumanomzl@cendoj.ramajudicial.gov.co o
nrubiom@cendoj.ramajudicial.gov.co Los datos para el pago son los siguientes:
[…]”.

4. Indicó que “[…] Eleve una segunda petición solicitando me expidieran la
certificación laboral que contengan como mínimo los ítems indicados en el Art 57
del Código sustantivo del trabajo, informándoles que era una obligación del
empleador expedir estas certificaciones laborales una vez terminado el contrato
laboral sin costo alguno y que si había alguna norma que lo exigiera me lo
informaran, sin que a la fecha me hayan expedido dicha certificación y vulnerando
mi derecho a trabajo por cuanto no me puedo inscribir al concurso mencionado […]”.

2 Quien manifestó que “[…] laboré en diferentes cargos, como oficial mayor circuito del centro de servicios penal

en la Dorada Caldas, como secretario de juzgado 01 promiscuo municipal en Puerto Boyacá- Boyacá, secretario
del juzgado 01 promiscuo municipal de Guatavita y como secretario de (sic) Juzgado 22 con función de control
de garantías de Bogotá […]”.

3

Núm. único de radicación: 110010315000202502280-00
Actor: Daniel Alejandro Ortiz Bonilla

La solicitud de tutela

Pretensiones

5. El actor solicitó en su escrito de tutela3:

“[…] PRIMERA: Con el fin de garantizar y restablecer mi derecho fundamental de
petición, debido procero y trabajo, respetuosamente, solicito al Juez de la República,
el ordenar a la Rama Judicial, Consejo Seccional De La Judicatura Cundinamarca Y
Bogotá, Talento Humano Bogotá y Cundinamarca, que en el término máximo de (48)
Cuarenta y Ocho Horas, contado a partir de la Notificación del fallo de primera
instancia, proceda a resolver de fondo el Derecho de Petición […]”.

5.1. Como fundamento de su solicitud, el actor consideró que “[…] al NO resolver y
contestar oportunamente mi derecho de Petición; Respetuosamente considero que
se están vulnerando injustificadamente mi derecho fundamental de Petición […]”.4

Actuación

6. El Despacho sustanciador mediante auto de 30 de abril de 2025: i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar a las accionadas; iii) vinculó como tercero con
interés legítimo a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales,
concediéndole el término de tres (3) días para rendir informe sobre el particular; y
iv) negó la medida provisional solicitada por el actor.

Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo

7. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá solicitó su desvinculación, al
considerar lo siguiente:

“[…] Frente a lo anterior, deberá indicarse en primer lugar, que se procedió a verificar
con el personal de la Secretaria (sic) de esta Corporación a cargo de la cuenta de
correo csjsabta@cendoj.ramajudicial.gov.co único canal habilitado para el recibo de
correspondencia, si fue allegado solicitud o petición relacionada con el acontecer
fáctico que fundamenta la interposición de acción de tutela, por parte del señor
DANIEL ALEJANDRO ORTÍZ BONILLA certificándose que el 18 de marzo de 2025
se recibió petición del tutelante, la cual fue remitida el mismo día a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, entidad competente a través del área
de talento humano, remisión de la cual se le generó copia al señor Ortiz Bonilla, tal
como se observa a continuación:

3 Transcripción literal del texto.
4 Transcripción literal del texto.

4

Núm. único de radicación: 110010315000202502280-00
Actor: Daniel Alejandro Ortiz Bonilla

De acuerdo a las consideraciones expuestas en precedencia se eleva solicitud
respetuosa a esa instancia, de disponer la desvinculación de la acción de tutela de
esta Sala, en atención a la falta de legitimación por pasiva, ello en razón que ni por
acción ni por omisión se ha vulnerado ninguna garantía fundamental […]”.

8. El Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca solicitó negar las
pretensiones de la acción de tutela y ser desvinculada, al considerar que:

“[…] Como se puede observar, dentro de las facultades conferidas a los Consejos
Seccionales de la Judicatura no se encuentra el de emitir certificaciones laborales

5

Núm. único de radicación: 110010315000202502280-00
Actor: Daniel Alejandro Ortiz Bonilla

y/o trámites de esa naturaleza. Contrario a lo anterior, tal facultad se encuentra en
cabeza exclusiva de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cundinamarca y Amazonas, entidad que tiene en cabeza la competencia de tales
circunscripciones territoriales.

[…]

Para concluir, mediante correo electrónico de fecha de 8 de mayo de 2025, se solicitó
a la Secretaría de esta Corporación realizar la búsqueda correspondiente en el correo
institucional de la secretaría, a fin de observar si el tutelante presentó a este
Seccional alguna petición relativa a la solicitud del documento ya citado, tal y como
lo refirió en el escrito de tutela.

Y que, como resultado de la búsqueda, procediera a expedir certificación que
permitiera dar cuenta la recepción de la citada petición y la respuesta emitida sobre
el particular; del mismo modo, se solicitó que, en el caso contrario, esto es que no se
hallare rastro de la misma, certificara lo correspondiente.

En efecto, mediante Certificación CSJCUCER25-16 del 8 de mayo de 2025, expedida
por la Secretaría de este Consejo Seccional se certificó lo siguiente, veamos:

[…]”.

9. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá solicitó declarar
la carencia actual de objeto por hecho superado. Para tal efecto, consideró que:

“[…] La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá Grupo de Asuntos
Laborales, indica, con relación a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el actor, que con fecha veintisiete (27) de marzo de
2025, se procedió a dar respuesta al accionante mediante correo electrónico […]”.

6

Núm. único de radicación: 110010315000202502280-00
Actor: Daniel Alejandro Ortiz Bonilla

10. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca –
Amazonas, solicitó su desvinculación, al considerar lo siguiente:

“[…] Cabe anotar que frente a la pretensión objeto de esta tutela previa verificación,
se evidenció que la solicitud efectuada por la tutelante no fue remitida a esta
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca – Amazonas.

Igualmente, una vez esta Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cundinamarca - Amazonas, fue notificada del escrito de tutela, desde el Área de
Asuntos Laborales, de esta entidad, procedió a verificar en el aplicativo EFINOMINA,
la vinculación del accionante y se evidenció, que el señor DANIEL ALEJANDRO
ORTIZ BONILLA, se encuentra vinculado con la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, como se evidencia en la siguiente imagen:

[…]

Sin embargo, una vez analizados los hechos narrados por el señor DANIEL
ALEJANDRO ORTIZ BONILLA, esta Dirección Seccional de Administración Judicial
de Cundinamarca- Amazonas, realizó la verificación, sin que se evidenciara alguna
otra solicitud dirigida a esta Dirección Seccional que, de acuerdo con nuestras
competencias, debiera haber sido atendida […]”.

11. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales (Caldas),
rindió informe en los siguientes términos:

“[…] El accionante a través del correo electrónico daniel.ortiz.bonilla@hotmail.com
solicitó a esta Dirección ejecutiva seccional Manizales la expedición de un certificado
laboral donde conste el tiempo de servicios laborados en la entidad, como también
los cargos desempeñados, el salario devengado y las funciones desempeñadas en
cada cargo.

De conformidad con la respuesta otorgada con fecha del 08 de mayo del año en
curso, enviada al correo electrónico daniel.ortiz.bonilla@hotmail.com se adjunta la
Constancia expedida suscrita por el Coordinador del área de Talento Humano de la
Dirección ejecutiva seccional Manizales (en encargo), donde consta el tiempo
laborado con esta entidad como también el cargo desempeñado y salarios
devengados durante la prestación del servicio. (Se adjunta copia de la respuesta y
constancia mencionada) […]”.

[…]

“[…] Conforme con lo anterior, se solicita al Honorable despacho muy
respetuosamente declarar la presente acción de tutela por hecho superado, toda vez
que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

7

Núm. único de radicación: 110010315000202502280-00
Actor: Daniel Alejandro Ortiz Bonilla

12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 5, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20216 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20197, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

Falta de legitimación en la causa por pasiva

14. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.

15. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Núm. único de radicación: 110010315000202502280-00
Actor: Daniel Alejandro Ortiz Bonilla

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

16. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 20068, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en
los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[9].
(Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.

8 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
9 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562

de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

9

Núm. único de radicación: 110010315000202502280-00
Actor: Daniel Alejandro Ortiz Bonilla

17. La Sala advierte que los consejos seccionales de la Judicatura de Bogotá y
Cundinamarca y la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cundinamarca - Amazonas, solicitaron su desvinculación.

18. Al respecto, es preciso indicar que los consejos seccionales de la Judicatura
de Bogotá y Cundinamarca, fueron vinculados al proceso de tutela de la referencia
como accionados, en la medida en que el actor presentó en el escrito de tutela
reparos en su contra, razón por la que la Sala denegará su solicitud de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto lo
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

19. Por su parte, frente a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cundinamarca - Amazonas, se advierte que dicha autoridad no fue vinculada a la
acción de tutela objeto de estudio, razón por la cual la Sala se abstendrá de
pronunciarse respecto de su solicitud, comoquiera que no es parte dentro del
presente proceso.

Problema jurídico

20. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en i) determinar si se configuró una carencia actual de objeto por hecho
superado; y si la respuesta al anterior interrogante es negativa ii) corresponde
determinar si se deben proteger los derechos fundamentales invocados por el actor,
los cuales considera vulnerado por el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, con ocasión a la falta de “[…]
expedición de la Certificación laboral con firma para poder inscribiré (sic) en el
concurso de la Fiscalía […]”.

21. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes
temas: i) la carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la
acción de tutela; ii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental de petición; iii) el análisis del caso concreto; y finalmente iv) las
conclusiones de la Sala.

10

Núm. único de radicación: 110010315000202502280-00
Actor: Daniel Alejandro Ortiz Bonilla

La carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la
acción de tutela

22. La figura de la carencia actual de objeto por hecho superado se encuentra
establecida en el artículo 26 del Decreto 2591, al disponer lo siguiente:

“[…] Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial,
que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la
solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes […]”.

23. Ahora bien, la Corte Constitucional en relación con la carencia actual de
objeto por hecho superado, mediante sentencia T-817 de 200510, consideró lo
siguiente:

"[…] Ha sostenido esta Corporación en reiterada jurisprudencia, que cuando
hechos sobrevivientes (sic) a la instauración de la acción de tutela, alteran de
manera significativa el supuesto de fáctico sobre el que se estructuró el
reclamo constitucional, al punto que desaparece todo su fundamento, decae
la necesidad de protección actual e inmediata que subyace a la esencia de la
acción. En consecuencia, el juez constitucional queda inhibido para proferir una
orden orientada al restablecimiento del orden constitucional quebrantado […]”. (Se
resalta).

24. Sobre el mismo punto, la Sala de esta Sección ha considerado que11:

“[…] Al respecto, valga reiterar que es clara la posición adoptada por parte del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en cuanto a que la decisión del juez de
tutela pierde o carece de objeto cuando, al momento de proferir sentencia, se
advierte que la situación fáctica expuesta por el actor en su demanda ya ha sido
saneada. Dicha situación tiene como consecuencia automática que desaparece toda
posibilidad de amenaza efectiva o daño a un derecho fundamental.

Tal como ocurre en el presente caso, la carencia de objeto por hecho superado se
genera cuando se advierte que lo pretendido con la acción de tutela era una orden
de actuar y, previo al pronunciamiento del juez, sobrevienen hechos que demuestran
que la entidad accionada acató la solicitud y que su correspondiente conducta resulta
suficiente para impedir que continúe la vulneración del derecho fundamental, motivo
por el cual la tutela pierde eficacia y razón de ser. En este orden, al extinguirse su
objeto resulta inocua cualquier decisión judicial que se dicte, toda vez que “la posible
orden que impartiera el juez caería en el vacío […]”.

10 Corte Constitucional. Sentencia T- 817 de 9 de agosto de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de

2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 01907 00

11

Núm. único de radicación: 110010315000202502280-00
Actor: Daniel Alejandro Ortiz Bonilla

25. Así las cosas, la Sala considera que la carencia actual de objeto por hecho
superado en la acción de tutela se predica, de aquellos eventos en los cuales,
durante el trámite de las instancias o en sede de revisión de la acción, se produce
la satisfacción de lo perseguido a través de esta, haciéndola ineficaz al
restablecerse la garantía invocada y no resultar factible emitir una orden de
protección12.

26. En ese orden de ideas, cuando se alega por parte de la autoridad accionada,
o el actor afirma que se ha logrado el propósito perseguido con la interposición de
la acción de amparo, el juez de tutela deberá decretar la ocurrencia de la carencia
actual de objeto, puesto que no tiene la posibilidad de emitir orden alguna al
haberse superado la circunstancia que motivó promover el mecanismo
constitucional.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho de petición

27. El artículo 23 de la Constitución Política de 1991 establece el derecho
fundamental de petición en los siguientes términos:

“[…] Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a
las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas
para garantizar los derechos fundamentales […]”.

28. El derecho de petición fue reglamentado, en un principio, en el Decreto 01
de 2 de enero de 198413, el cual fue derogado y regulado nuevamente en los
artículos 13 a 33 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

29. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-818 del 1.º de
noviembre de 201114, declaró inexequibles los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 y
señaló que los efectos de la declaración de inexequibilidad quedarían diferidos

12 Corte Constitucional. Sentencia T-287 de 20 de mayo de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
13 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.
14 Corte Constitucional. Sentencia C-818 de 1° de noviembre de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 10 (parcial), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 309 (parcial) de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202502280-00
Actor: Daniel Alejandro Ortiz Bonilla

hasta el 31 de diciembre de 2014, a fin de que el Congreso de la República
expidiera la ley estatutaria correspondiente.

30. En razón a lo anterior, el Congreso de la República expidió la Ley Estatutaria
1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho
fundamental de petición y se sustituye un Título del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, norma que establece los
términos y procedimientos para resolver las distintas modalidades de peticiones.

31. Dicha ley entró a regir a partir de la fecha de su promulgación, esto es, el 30
de junio de 2015.

32. Con miras a examinar el caso sub examine, en primer orden, la Sala
realizará una breve síntesis de la Ley 1755 de 30 de junio de 201515 y, en segundo
orden, se enunciarán las reglas jurisprudenciales del derecho de petición.

Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

33. A través de la Ley Estatutaria 1755 se regula el derecho de petición y se
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

34. Esta norma reguló los siguientes aspectos del derecho de petición: i)
Derecho de petición ante las autoridades-Reglas Generales, ii) Derecho de petición
ante autoridades - Reglas especiales y, iii) Derecho de petición ante
organizaciones e instituciones privadas.

35. El artículo 13 de la Ley 1755 establece que el objeto de esta ley, es regular
el derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades, por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución completa y de fondo sobre la misma.

15 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código de

procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202502280-00
Actor: Daniel Alejandro Ortiz Bonilla

36. Respecto a los términos para resolver las distintas modalidades de
peticiones, el artículo 14 de dicha norma, hace énfasis en que toda petición deberá
resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su presentación. El numeral
1.º dispone que las peticiones de documentos y de información deberán resolverse
dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. El numeral 2.º del artículo
14 ibidem establece que las peticiones mediante las cuales se presenta una
consulta a las autoridades deberán resolverse dentro de los treinta (30) días
siguientes a su recepción.

37. Ahora bien, el artículo 15 ibidem prevé que las peticiones podrán
presentarse verbalmente o por escrito a través de cualquier medio idóneo, donde
la petición contenga al menos: i) la designación de la autoridad a la que se dirige;
ii) los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o
apoderado con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde
recibirá la correspondencia; iii) el objeto de la petición; iv) las razones en las que
fundamenta su petición; v) la relación de los documentos que desee presentar para
iniciar el trámite; y vi) la firma del peticionario cuando fuere el caso. Asimismo, los
interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones.

38. A su turno, el artículo 24 de la Ley 1755 dispone que sólo tendrán carácter
reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por
la Constitución Política o la ley.

39. Los artículos 32 y 33 ibidem establecen que toda persona podrá ejercer el
derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante
organizaciones privadas con o sin personería jurídica, salvo norma legal especial.
Las peticiones ante empresas o personas que administren archivos y bases de
datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y las provenientes
de terceros países se regirán por lo dispuesto en la ley estatutaria del Hábeas Data.

40. Por último, es importante resaltar que conforme con los artículos 14 y 21 de
la norma ejusdem, cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición
en los plazos señalados, la autoridad tiene el deber de informar esa circunstancia
al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los

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Núm. único de radicación: 110010315000202502280-00
Actor: Daniel Alejandro Ortiz Bonilla

motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá
o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

41. Asimismo, si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente,
esta deberá informar al interesado dentro de los cinco días siguientes al de la
recepción de la solicitud, si obró por escrito y dentro del término señalado, remitirá
la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario.

Reglas jurisprudenciales del derecho de petición

42. La Corte Constitucional en desarrollo del artículo 23 de la Constitución
Política ha precisado que la satisfacción del derecho de petición implica una
respuesta de fondo a la solicitud que resuelva sobre lo planteado. En sentencia T-
146 de 201216, se consignaron las reglas que ha reiterado la Corte Constitucional
respecto del derecho de petición:

“[…] a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de
los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta
no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse
de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una
vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes
ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas
cuando la ley así lo determine.

16 Corte Constitucional. Sentencia de 2 de marzo de 2012. M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El extracto citado

fue extraído de la sentencia T- 377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Ambas sentencias atienden el
problema jurídico del alcance y condiciones en que se debe dar respuesta al derecho de petición, lo que resulta
aplicable al presente caso que conoce la Sala. Se considera pertinente hacer mención a esta línea
jurisprudencial por cuanto se señalan las principales características constitucionales sobre el derecho de
petición, sin perjuicio de otras subreglas que pueden encontrarse en los siguientes fallos: T-578 de 1992, T-572
de 1994, T-133 de 1995, T-382 de 1993, T-275 de 1995, T-474 de 1995, T-472 de 1996, T-312 de 1999, T-415
de 1999, T-306 de 20003, T-1889 de 2001, T-1160 A de 2001, C-818 de 2011, T-490 de 2005, T-1130 de
2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006, T-108 de 2006, T- 147 de 2006, T-567 de 1992, T-1100 de 2004, T-137
de 2005, T-780 de 2005, T-096 de 2006, T-442 de 2006 y T-431 de 2007.

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Núm. único de radicación: 110010315000202502280-00
Actor: Daniel Alejandro Ortiz Bonilla

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un
servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera
igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición
se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental,
puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra
particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental
solamente cuando el Legislador lo reglamente.

g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene
la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude
al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver.
De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe
anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de
instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo,
la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes.

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación
de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de
petición.

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una
expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-
294 de 1997 y T-457 de 1994 […]”.

43. De estas reglas se desprende que toda respuesta a un derecho de petición
se convierte en un instrumento idóneo para garantizar otros derechos y libertades.

44. Así lo consideró esta Corporación en sentencia de 24 de mayo de 2012,
consejera de Estado, María Claudia Rojas Lasso, al señalar que, por un lado, el
derecho fundamental de petición busca garantizar el acceso de las personas a las
instancias del Estado y, por otro, que el ciudadano obtenga respuesta de fondo, de
manera clara, precisa, congruente con lo solicitado y que sea puesta en
conocimiento del peticionario en un plazo oportuno.

45. Finalmente, la Corte Constitucional, en la sentencia previamente citada,
consideró que el estudio del derecho de petición puede realizarse desde dos
perspectivas, a saber: “[…] En una parte inicial, el derecho de petición busca
garantizar el acceso a las instancias del Estado, lo que de forma indirecta será la
posibilidad democrática de participar en la gestión de la autoridad, donde el
ciudadano conserva la soberanía y titularidad de los derechos, que se

16

Núm. único de radicación: 110010315000202502280-00
Actor: Daniel Alejandro Ortiz Bonilla

complementa mediante el correcto y eficiente desarrollo de la función pública que
debe atender los fines constitucionales hacia los cuales se dirige el Estado. En la
otra parte, que es complementaria a la primera, el ciudadano espera obtener una
respuesta por parte del peticionado, sea este de naturaleza particular o pública, en
donde se dé solución a su interrogante de forma concreta y definitiva, para así,
garantizar la finalidad y efectividad inmediata del derecho de petición, ante quien
posee una información que debe y puede ser suministrada a quienes estén
interesados […]”17.

46. Por último, dentro del marco del derecho fundamental de petición, la Corte
Constitucional ha establecido que se vulnera en aquellos eventos en que el
peticionario no es debidamente notificado de la respectiva respuesta a su solicitud
de petición.

47. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional18:

“[…] las autoridades tienen el deber de poner en conocimiento del peticionario la
respuesta que emitan acerca de una solicitud, o sea, notificar la respuesta al
interesado.

Esta obligación genera para la administración la responsabilidad de actuar con
diligencia en aras de que su respuesta sea conocida. De esta manera fue reconocido
en la sentencia T-372 de 1995 y reiterado por la sentencia T-477 de 2002, en donde
se determinó que el derecho de petición se concreta en dos momentos sucesivos,
ambos dependientes de la actividad del servidor público a quien se dirige la
solicitud: “(i) el de la recepción y trámite de la misma, el cual implica el debido acceso
de la persona a la administración para que esta considere el asunto que se le plantea,
y (ii) el de la respuesta, cuyo ámbito trasciende el campo de la simple adopción de
decisiones y se proyecta a la necesidad de llevarlas al conocimiento del solicitante
[…]”.

Análisis del caso concreto

48. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra los consejos
seccionales de la Judicatura de Bogotá y Cundinamarca y la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Bogotá, porque, a su juicio, vulneraron sus derechos
fundamentales de petición, al debido proceso y al trabajo, con ocasión a la falta de

17 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de 2012. C.P: María Claudia Rojas Lasso,

número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-00017-01.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 2005. MP. Jaime Araújo Rentería.

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Núm. único de radicación: 110010315000202502280-00
Actor: Daniel Alejandro Ortiz Bonilla

“[…] expedición de la Certificación laboral con firma para poder inscribiré (sic) en el
concurso de la Fiscalía […]”.

49. De acuerdo con el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en
la parte considerativa de esta sentencia, la Sala realizará el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

50. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

51. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

51.1. Documentos allegados con el escrito de tutela.

51.2. Informes rendidos por las accionadas y el tercero con interés legítimo, junto
con sus anexos.

Solución del caso concreto

52. Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico,
corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la petición elevada por el actor
ha sido contestada.

53. El actor señaló que “[…] el día 03 de marzo eleve (sic) petición ante Rama
Judicial, Consejo Seccional De La Judicatura Cundinamarca Y Bogotá, Talento
Humano Bogotá y Cundinamarca, donde solicite la expedición de la Certificación
laboral con firma para poder inscribiré (sic) en el concurso de la Fiscalía, allegaron

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Núm. único de radicación: 110010315000202502280-00
Actor: Daniel Alejandro Ortiz Bonilla

respuesta de recibido y que se redireccionaba la Petición, ante la cual dieron
respuesta de la siguiente manera: “Buenos Días. Por medio de la presente le
informo que al ya no pertenecer a la Rama Judicial es necesario cancelar $8250
para realizar el certificado. Una vez cancelado por favor enviar copia a este mismo
correo: auxtalenhumanomzl@cendoj.ramajudicial.gov.co o
nrubiom@cendoj.ramajudicial.gov.co Los datos para el pago son los siguientes:
[…]”.

54. Dentro de los anexos que allegó el actor, se encuentra la petición enviada
el 2 de marzo de 2025, en la cual solicitó:

55. Así mismo, se encuentra un correo electrónico enviado por la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Manizales al actor, el 18 de marzo de 2025,
en el cual se lee:

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Núm. único de radicación: 110010315000202502280-00
Actor: Daniel Alejandro Ortiz Bonilla

56. Al respecto, de conformidad con el acervo probatorio se advierte que:

Análisis frente a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Manizales

57. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales, mediante
correo electrónico de 8 de mayo de 2025, dio respuesta al actor en los siguientes
términos:

58. De conformidad con lo expuesto supra, corresponde a la Sala establecer si
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales cumplió con los
requisitos de i) oportunidad, ii) que la respuesta sea de fondo, clara, precisa y de
manera congruente con lo solicitado y iii) que haya sido puesta en conocimiento del
peticionario, pues, de lo contrario, se incurriría en una vulneración del derecho
fundamental de petición.

59. La Sala encuentra que i) la respuesta otorgada fue puesta en conocimiento
del actor en debida forma; y ii) en cuanto a la oportunidad para dar respuesta a la
petición, la Sala encuentra que si bien no se cumplió con el término establecido por
el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, lo cierto es que a la fecha el actor ya obtuvo respuesta al respecto, por

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Núm. único de radicación: 110010315000202502280-00
Actor: Daniel Alejandro Ortiz Bonilla

lo que cualquier orden que sobre el particular se diera en sede de tutela resultaría
inane.

60. Ahora bien, frente al requisito de que la respuesta sea de fondo, clara,
precisa y congruente con lo solicitado, la Sala encuentra que se cumple con dicha
exigencia en la medida en que la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Manizales le expidió al actor el certificado laboral requerido.

61. La Sala considera que, en relación con la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Manizales se garantizó el núcleo esencial del derecho
fundamental de petición y, teniendo en cuenta que la respuesta se dio durante el
trámite de la acción de tutela19, habrá lugar a declarar la carencia actual de objeto
por hecho superado.

62. La Corte Constitucional respecto a la configuración de la carencia actual de
objeto por hecho superado, ha señalado lo siguiente20:

“[…] Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de
la acción de tutela y el fallo, se evidencia que, como consecuencia del obrar
de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales
alegada por el accionante21. Dicha superación se configura cuando se realizó
la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación,
resultando inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de
proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha
garantizado22 […]”. (Resaltado por la Sala)

Análisis frente al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá

63. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá rindió informe en los
siguientes términos:

“[…] Frente a lo anterior, deberá indicarse en primer lugar, que se procedió a verificar
con el personal de la Secretaria (sic) de esta Corporación a cargo de la cuenta de
correo csjsabta@cendoj.ramajudicial.gov.co único canal habilitado para el recibo de
correspondencia, si fue allegado solicitud o petición relacionada con el acontecer

19 La solicitud de tutela se presentó el 21 de abril de 2025.
20
Corte Constitucional, sentencia T-038 de 1 de febrero de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
21 Corte Constitucional, sentencias T-970 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-597 de 2015 (MP Jorge

Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-021 de 2017 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras.
22 Decreto 2591 de 1991, artículo 26: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o

judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente
para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202502280-00
Actor: Daniel Alejandro Ortiz Bonilla

fáctico que fundamenta la interposición de acción de tutela, por parte del señor
DANIEL ALEJANDRO ORTÍZ BONILLA certificándose que el 18 de marzo de 2025
se recibió petición del tutelante, la cual fue remitida el mismo día a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, entidad competente a través del área
de talento humano, remisión de la cual se le generó copia al señor Ortiz Bonilla, tal
como se observa a continuación:

64. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala advierte que el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá previamente a la interposición de la solicitud

22

Núm. único de radicación: 110010315000202502280-00
Actor: Daniel Alejandro Ortiz Bonilla

de tutela23, remitió por competencia la petición del actor a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, lo cual fue puesto en conocimiento del actor.

65. La Sala precisa que, el artículo 21 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que:

“[…] ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado por
el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a
quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al
interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes
al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la
petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en
caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos
para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la
Petición por la autoridad competente […]”. (Resaltado por la Sala)

66. Igualmente, la Sala advierte que, en relación con la remisión por competencia
de una petición, esta Corporación ha señalado lo siguiente:

66.1. En la sentencia de 19 de abril de 202124, se indicó que:

“[…] Al respecto, la Sala considera que con ocasión de la remisión que hizo dicha
Dirección Ejecutiva no se vulneró el derecho fundamental de petición del actor, toda
vez que, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1755 de 30 de junio de 2015, si la
autoridad no tiene competencia para responder, deberá remitir la petición a la autoridad
competente e informar al actor, lo cual aconteció en el caso sub examine […]”. (Resaltado
por la Sala)

66.2. En la sentencia de 30 de junio de 202025, se expresó que:

“[…] Con base en lo expuesto, en el asunto sub examine la Sala evidencia que le
asiste razón al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá, al afirmar que no le concierne expedir la constancia de ejecutoria del laudo
de 6 de agosto de 2015, porque, se reitera, dicha actuación involucra una actividad
judicial, por consiguiente, carece de la competencia para realizarla.

No obstante, pese a que al señor director del mencionado Centro de Arbitraje y
Conciliación, en efecto, no le corresponde decidir sobre la entrega del documento
enunciado en el párrafo precedente, se debe tener en cuenta lo previsto en el
artículo 21 del CPACA, según el cual «[…] Si la autoridad a quien se dirige la petición
no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa

23 La solicitud de tutela se presentó el 21 de abril de 2025.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de

2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-00816-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B de la Sección Segunda, sentencia

de 30 de junio de 2020, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-00520-00, C.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.

23

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Actor: Daniel Alejandro Ortiz Bonilla

verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por
escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia
del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así
se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día
siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente».

La anterior norma es clara en determinar que cuando una autoridad se declara
carente de competencia para conocer de una solicitud deberá enviarla a la que
corresponde, mandato que no cumplió el señor director del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en el sub lite, omisión que
quebranta el derecho constitucional fundamental de petición de la actora […]”.
(Resaltado por la Sala)

67. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que, con ocasión de la
remisión que hizo el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, dicha entidad
no vulneró el derecho fundamental invocado por el actor, toda vez que conforme
con el artículo 21 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, si la autoridad no tiene competencia para responder, deberá remitir
la petición a la autoridad competente e informar al actor, lo cual aconteció en el caso
sub examine.

68. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que, teniendo en cuenta
que la remisión se notificó el 18 de marzo de 2025, es decir, con anterioridad al
trámite de la acción de tutela, frente al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá
habrá lugar a denegar la solicitud de tutela.

Análisis frente a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá

69. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá solicitó declarar
la carencia actual de objeto por hecho superado. Para tal efecto, consideró que:

“[…] La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá Grupo de Asuntos
Laborales, indica, con relación a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el actor, que con fecha veintisiete (27) de marzo de
2025, se procedió a dar respuesta al accionante mediante correo electrónico […]”.

70. De conformidad con el acervo probatorio se observa que:

70.1. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá expidió el
certificado laboral requerido por el actor:

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Actor: Daniel Alejandro Ortiz Bonilla

70.2. Igualmente, se observa que dicha respuesta fue notificada de la siguiente
manera:

71. De conformidad con lo expuesto, corresponde a la Sala establecer si la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá cumplió con los requisitos
de i) oportunidad; ii) que la respuesta sea de fondo, clara, precisa y de manera

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Actor: Daniel Alejandro Ortiz Bonilla

congruente con lo solicitado; y ii) que haya sido puesta en conocimiento del
peticionario; pues, de lo contrario se incurriría en una vulneración del derecho
fundamental de petición.

72. Frente al requisito de que la respuesta sea de fondo, clara, precisa y
congruente con lo solicitado, la Sala encuentra que se cumple con dicha exigencia
en la medida en que la Dirección le expidió al actor el certificado laboral requerido

73. Sin embargo, en cuanto al requisito según el cual la respuesta otorgada
debe ponerse en conocimiento del actor, esta Sala debe realizar el siguiente
análisis:

73.1. De conformidad con los documentos aportados, la Sala advierte que el
actor envió su petición desde el correo electrónico daniel.ortiz.bonilla@hotmail.com.

73.2. Igualmente, en la remisión hecha por el Consejo Seccional de la Judicatura
de Bogotá a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá se advirtió
que la petición del actor se envió desde el correo electrónico
daniel.ortiz.bonilla@hotmail.com.

73.3. Sin embargo, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
dio respuesta al actor al siguiente correo electrónico
dortizbo@cendoj.ramajudicial.gov.co.

73.4. Así mismo, se encuentra un correo electrónico enviado por la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Manizales al actor, el 18 de marzo de 2025,
en el cual se lee que “[…] al ya no pertenecer a la Rama Judicial […]”:

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Actor: Daniel Alejandro Ortiz Bonilla

74. Para la Sala, la comunicación de la respuesta a la petición elevada no se
realizó en debida forma por cuanto la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Bogotá debió ponerla en conocimiento del peticionario a la dirección electrónica
desde la cual elevó su solicitud.

75. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha reconocido que la
comunicación de la respuesta se erige como una garantía del peticionario y, en
consecuencia, se trata de uno de los requisitos para que la respuesta sea efectiva,
pues de lo contrario se haría inane realizar un pronunciamiento de fondo, claro y
congruente con lo solicitado. En efecto, tal y como se señaló en líneas anteriores,
el máximo órgano de cierre de la jurisdicción constitucional ha recordado que es un
deber de las autoridades notificar la respuesta al interesado. Así lo ha indicado:

“[…] el derecho de petición se concreta en dos momentos sucesivos, ambos
dependientes de la actividad del servidor público a quien se dirige la solicitud: “(i) el
de la recepción y trámite de la misma, el cual implica el debido acceso de la persona
a la administración para que esta considere el asunto que se le plantea, y (ii) el de la
respuesta, cuyo ámbito trasciende el campo de la simple adopción de
decisiones y se proyecta a la necesidad de llevarlas al conocimiento del
solicitante […]”. (Resaltado por la Sala).

76. La Sala encuentra necesario recordar que el derecho de petición sólo se
satisface cuando el peticionario conoce la respuesta del mismo, de forma que le
corresponde a la administración, agotar los medios disponibles para informar al
particular de su respuesta y lograr constancia de ello, esto como consecuencia del
carácter efectivo de la notificación, es decir, que sea real y verdadera y que cumpla

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Núm. único de radicación: 110010315000202502280-00
Actor: Daniel Alejandro Ortiz Bonilla

el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante.

77. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la constancia
que logre obtener la entidad de la notificación de su respuesta al peticionario
constituye la prueba sobre la comunicación real y efectiva exigida para perfeccionar
el núcleo esencial del derecho de petición.

78. La Sala, en casos con supuestos fácticos y jurídicos similares, ha considerado
que:26

“[…] la Sala advierte que, si bien, el a quo declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado, por cuanto la entidad aportó documentos en los que acreditaba la
respuesta clara y de fondo a la petición presentada por el actor, también lo es que la
Sala advierte que la respuesta brindada por la DIRECCIÓN fue enviada a un
correo electrónico que no corresponde al informado por el actor, pues de
acuerdo con la información que reposa en la petición y en la demanda, el correo
autorizado es nuevobenitez@yahoo.com pero el contenido de la respuesta fue
remitido de manera equivocada al correo nuevobenitez@hotmail.com, así como se
indicó en precedencia.

Así las cosas, la Sala advierte que a pesar de que la accionada allegó copia de la
contestación dirigida al actor, lo cierto es que dentro del material probatorio
obrante en el expediente no se encontró copia de la constancia que diera cuenta
que la DIRECCIÓN comunicó y/o notificó debidamente al actor el contenido de
la respuesta a la dirección de notificaciones autorizada para tal fin, razón por la
que al no cumplirse con uno los componentes del núcleo esencial del derecho de
petición, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, esto es, que
la entidad ante quien se presente una petición comunique lo decidido,
independientemente que la respuesta sea favorable o no, se encuentra vulnerado el
derecho de petición.

En ese orden de ideas, comoquiera que no se encuentra probado que la
DIRECCIÓN le hubiera comunicado al actor la respuesta a su solicitud, se le
impone a la Sala amparar el derecho fundamental de petición del actor […]”.
(Resaltado por la Sala).

79. Por lo expuesto, la Sala reitera que la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá no acreditó el cumplimiento del requisito según el cual se
satisface el derecho de petición, puesto que la respuesta fue enviada a una
dirección de correo que no fue la autorizada por el peticionario a efectos de recibir
la respuesta solicitada.

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de abril de 2025,

número único de radicación 11001-03-15-000-2024-06600-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

28

Núm. único de radicación: 110010315000202502280-00
Actor: Daniel Alejandro Ortiz Bonilla

Conclusiones de la Sala

80. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala: i) declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado respecto de la solicitud de tutela presentada por el actor contra la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Manizales; ii) denegará la solicitud de tutela
presentada por el actor contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá; iii)
amparará el derecho fundamental de petición del señor Daniel Alejandro Ortiz
Bonilla; y, en consecuencia, iv) ordenará a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, le notifique en debida forma al actor el contenido
de la respuesta de su derecho de petición enviado el 2 de marzo de 2025,
comunicándole la misma al correo electrónico daniel.ortiz.bonilla@hotmail.com
autorizado para tal fin.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación presentada por falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por los consejos seccionales de la
Judicatura de Bogotá y Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto
de la solicitud de tutela presentada por el actor contra la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Manizales, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

TERCERO: DENEGAR la solicitud de tutela presentada por el actor contra el
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

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Núm. único de radicación: 110010315000202502280-00
Actor: Daniel Alejandro Ortiz Bonilla

CUARTO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Daniel
Alejandro Ortiz Bonilla frente a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: En consecuencia, ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, le notifique en debida forma al actor el contenido
de la respuesta de su derecho de petición enviado el 2 de marzo de 2025,
comunicándole la misma al correo electrónico daniel.ortiz.bonilla@hotmail.com
autorizado para tal fin.

SEXTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SÉPTIMO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado (E2)

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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