Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02284-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02284-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02284-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
12 de junio de 2025
Demandante: Enrique Peñalosa Londoño
Demandado: Gustavo Petro Urrego
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02284-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02284-00
Demandante: ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO
Demandado: GUSTAVO PETRO URREGO, PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA
Temas: DERECHOS A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Conforme a lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política procede la Sala
a decidir sobre la solicitud de tutela presentada por el señor Enrique Peñalosa
Londoño, contra el presidente de la República Gustavo Petro Urrego.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, el señor Enrique Peñalosa Londoño, a través de
apoderado, solicitó (i) el amparo de sus derechos fundamentales a la honra y al
buen nombre, los cuales considera vulnerados por las manifestaciones que el
presidente de la República formuló durante la sesión del consejo de ministros
transmitida públicamente el 4 de febrero de 2025 a través de los canales
institucionales; y (ii) que, como consecuencia, se ordene «al señor Presidente de la
República que rectifique, en condiciones de equidad y por los mismos medios en
que se difundió la información lesiva, la afirmación según la cual el suscrito tiene
un “negocio de buses en Bogotá”, por tratarse de una imputación de hecho carente
de sustento, que no responde a criterios de veracidad, y que vulnera de forma
directa mis derechos fundamentales».
1.2. Hechos
Como fundamento de su demanda de amparo, el accionante narró los siguientes
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Demandante: Enrique Peñalosa Londoño
Demandado: Gustavo Petro Urrego
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hechos:
1.2.1 El 4 de febrero de 2025, al minuto 44:37 de una transmisión en vivo del
consejo de ministros, el presidente de la República Gustavo Petro Urrego realizó la
siguiente afirmación:
«Lo que hicimos en Bogotá Humana que fue hacer los estudios de los tranvías en
Bogotá porque las empresas que se le midieron en las APPS querían hacerlos, pero
Peñalosa no quiere trenes, quiere buses Diesel porque es su negocio, él dice que no
es su negocio, pero es el negocio que montó en Bogotá que tiene atrasada a la ciudad
y no la deja avanzar».
1.2.2. El 25 de febrero de 2025 remitió al presidente de la República solicitud de
rectificación de la cual recibió respuesta «en un documento de 7 folios que ni
siquiera estaba firmado por quien directamente emitió las afirmaciones falsas en mi
contra, sino por la asesora de la jefatura del despacho presidencial. La respuesta
se adjunta a la presente acción de tutela».
1.2.3. La respuesta «se limitó a mencionar que la afirmación fue sacada de contexto
y que yo promoví la creación de sistemas de transporte masivo en diferentes
ciudades de Colombia y del mundo recibiendo honorarios por ello. Lo cual resulta
simplemente contrario a la realidad. He sido conferencista y asesor en temas
relativos al diseño urbano y la movilidad sostenible, no solo en lo que tiene que ver
con sistemas tipo Transmilenio, sino también urbanismo para la movilidad,
ciclorrutas, aceras, etc. Además, por supuesto creo que el sistema que
implementamos en Bogotá es útil para muchas ciudades del mundo. Pero eso es
una falsedad absoluta que yo haya montado negocio de buses alguno en Bogotá o
en otra parte».
1.2.4. El presidente de la República invocó argumentos contrarios al sentido común
y a la semántica de la palabra «negocio» para evitar retractarse de su
malintencionada y falsa afirmación. Así, en la respuesta mencionada se dice que
«la referencia buscó señalar que hay un disenso entre su reconocida posición sobre
el sistema de transporte público que considera más conveniente con el que
considera el primer mandatario, que usted se reconoce como el “creador” de este
sistema de transporte en Colombia y que ha promovido su implementación en el
país y el mundo (…). Esta expresión no se empleó para hacer referencia a alguna
actuación que usted haya desempeñado mientras fungió como alcalde de Bogotá,
como erradamente indica en su solicitud».
1.2.5. Sostuvo que es cierto que fue el responsable de la implementación del
sistema Transmilenio en la ciudad de Bogotá y que ha expresado, públicamente e
incluso a través de redes sociales, su satisfacción por dicho logro, «sin embargo,
también es cierto que, por concepto de dicha implementación, no ha ingresado
ninguna utilidad a mi peculio personal. Afirmaciones calumniosas como las que
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Demandante: Enrique Peñalosa Londoño
Demandado: Gustavo Petro Urrego
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hace el presidente, son las que llevan a que millones de colombianos crean que
soy dueño o socio de alguna manera de Transmilenio o sus operadores, lo que por
supuesto es totalmente falso».
1.3. Sustento de la solicitud de amparo
1.3.1. La afirmación de que el accionante «tiene un negocio de buses en
Bogotá» no constituye un juicio de valor ni una opinión política protegida,
sino una imputación fáctica concreta, difundida con pretensión de veracidad
y sin sustento probatorio alguno
Explicó que resultaría incompatible sostener que puede «opinarse» sobre la
ocurrencia o no de un hecho. Los hechos no se someten al régimen de la opinión:
se afirman o se niegan, y es precisamente a partir de ellos que las opiniones pueden
formarse.
Afirmó que, pretender que una imputación fáctica, como lo es la supuesta existencia
de un «negocio de buses», no es una opinión sino una afirmación de hecho, que
debe reiterarse porque no forma parte del ámbito protegido por la libertad de
expresión, la atribución de una actividad económica personal del actor, realizada en
el marco de una sesión oficial del consejo de ministros, dirigida al país a través de
medios institucionales y con apariencia de información veraz.
1.3.2. Al tratarse de afirmaciones realizadas en el seno de un consejo de
ministros, difundidas por canales oficiales y revestidas de autoridad
institucional, lo que se activa no es la libertad de expresión, sino el deber de
informar con veracidad
A este respecto, sostiene el accionante:
«La lectura sistemática de la Ley 63 de 1923, que regula los Consejos de Ministros,
permite afirmar, sin margen de duda, que dichos espacios tienen por objeto la discusión
de asuntos relacionados con la formulación, evaluación y seguimiento de políticas
públicas, así como el análisis de la situación y desempeño de los distintos sectores que
conforman la administración.
Caso distinto sería aquel en que las manifestaciones hubiesen sido formuladas en un
contexto distinto al institucional, como una entrevista, un acto de campaña electoral o
un debate político, en los que predomina la libertad de expresión como manifestación
de juicios de valor.
Sin embargo, sostuvo que, al tratarse de afirmaciones realizadas en el seno de un
consejo de ministros, difundidas por canales oficiales y revestidas de autoridad
institucional, lo que se activa no es la libertad de expresión, sino el deber de informar
con veracidad, conforme al estándar exigible a los servidores públicos en ejercicio
de funciones de gobierno.
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Demandante: Enrique Peñalosa Londoño
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1.3.3. Incoherencia entre lo afirmado por el presidente de la República en la
transmisión del consejo de ministros del 4 de febrero de 2025 y lo manifestado
posteriormente en su respuesta a la solicitud de retractación
1.3.3.1. Afirma el accionante que el presidente de la República «insistió en
atribuirme un interés económico personal en la implementación del sistema
Transmilenio. En eso consiste la calumnia, dicha con toda la mala intención, en
sugerir que de alguna manera he hecho negocios, o tenido participación o ingresos
relacionados a Transmilenio. En ese contexto, el accionado sabe —porque así lo
he hecho saber en diversos escenarios judiciales y extrajudiciales— que he
defendido de manera consistente mi honra y buen nombre, negando y refutando
cualquier afirmación que sugiera un vínculo patrimonial entre mi rol como alcalde
mayor de Bogotá y la puesta en marcha del sistema de transporte masivo».
A pesar de ello, en la respuesta otorgada al actor, pretende equiparar, de forma
artificiosa y malintencionada, el término «negocio» —que en su acepción común
implica una actividad lucrativa o remunerada— con la implementación de una
política pública adoptada con base en criterios técnicos, orientada exclusivamente
a solucionar los graves problemas de movilidad de la ciudad.
En suma, el presidente, por un lado, afirmó en su alocución que «yo digo que no es
mi negocio», y por otro, en su respuesta, sugiere que el actor sí lo dijo, incurriendo
así en una contradicción que revela la ausencia total de fundamento fáctico y la
intencionalidad lesiva de sus manifestaciones.
1.3.3.2. Advirtió que, en línea con lo anterior, la respuesta emitida por la Presidencia
de la República el 17 de marzo de 2025 a la solicitud de rectificación formulada por
el actor, contiene dos argumentos que, aunque previsibles, no resisten un examen
constitucional serio ni en sede de la solicitud de rectificación ni en la del trámite de
la acción constitucional de tutela.
De un lado, se sostiene que la expresión «negocio de buses» debe entenderse en
sentido figurado, como una referencia general al modelo de transporte masivo
impulsado durante su administración y, de otro lado, se pretende justificar su
contenido alegando una supuesta notoriedad pública sobre su vinculación con dicho
sistema.
1.3.3.3. Sostuvo que, afirmar que un servidor público tiene un «negocio» en el
ámbito de decisiones que adoptó como autoridad no equivale a expresar disenso
ideológico. Es atribuirle la existencia de un interés patrimonial privado sobre un
asunto de política pública, lo que exige prueba directa, verificación previa y respaldo
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Demandante: Enrique Peñalosa Londoño
Demandado: Gustavo Petro Urrego
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objetivo. Se trata de una afirmación de hecho que, si carece de veracidad, constituye
por sí sola una vulneración a sus derechos fundamentales.
Respecto de la alegación de notoriedad pública, afirmó que, el hecho de haber
promovido una política pública no habilita al presidente para afirmar que quien la
diseñó o implementó obtuvo un beneficio económico de ella. El principio de
veracidad no admite deducciones especulativas ni presunciones infundadas. Citar,
además, decisiones como la Sentencia T-244 de 2018, en la que en ningún
momento se establece vínculo económico alguno entre el accionante y empresas
de transporte masivo, constituye un uso tergiversado del precedente judicial.
Concluye el accionante: «Ni la justificación de estar haciendo uso de un supuesto
lenguaje figurado, ni la apelación a hechos notoriamente desvinculados del
contenido de la afirmación vulneratoria a mis derechos, cumplen con el estándar
constitucional exigido para el ejercicio legítimo de la libertad de información por
parte de autoridades. Por el contrario, ambos argumentos refuerzan la conclusión
de que la afirmación fue realizada sin el mínimo nivel de diligencia institucional
exigible».
2. Trámite de la demanda
Mediante auto de 29 de abril de 2025, el magistrado ponente admitió la acción de
tutela1, ordenó notificar esta decisión al accionante y como demandado al
presidente de la República Gustavo Petro Urrego.
3. Contestación de demanda de tutela
Remitidas las respectivas comunicaciones, la demanda fue contestada por Carolina
Jiménez Bellicia2 quien sostuvo, en relación con los argumentos planteados en el
escrito de tutela, lo siguiente:
3.1. El DAPRE se encuentra legalmente facultado para emitir
pronunciamientos en nombre del presidente de la República
En respuesta al argumento de la parte accionante en el sentido de que el escrito de
respuesta del 17 de marzo de 2025 a su solicitud de rectificación «ni siquiera estaba
firmado por quien directamente emitió las afirmaciones falsas en mi contra, sino por
1
La demanda fue presentada por el abogado Jaime Lombana Villalba, en ejercicio del poder
específico conferido por el señor Enrique Peñalosa Londoño. En el auto admisorio de la demanda
se le reconoció la correspondiente personería para actuar en representación judicial de la parte
actora, en los términos y para los efectos del poder conferido.
2
Quien se identificó como «apoderada del presidente de la República, de acuerdo con el Decreto
245 de 2019 y el poder especial que adjunto, y de delegada de la Presidencia de la República, de
conformidad con la Resolución Interna SJ 02 del 3 de mayo de 2023 de la Presidencia de la
República».
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Demandante: Enrique Peñalosa Londoño
Demandado: Gustavo Petro Urrego
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la asesora de la jefatura del despacho presidencial», la parte accionada sostiene
que el presidente de la República «puede delegar la contestación de solicitudes de
rectificación, conforme con las disposiciones legales de delegación previstas en el
Decreto 2647 de 2022».
De allí que, el comunicado identificado como el OFI25-00049400/GFPU 12000000,
que reconoce haber recibido el accionante y allega al presente trámite
constitucional, se deba entender como una respuesta emitida por el primer
mandatario, sin que exista la necesidad de un pronunciamiento adicional. A este
respecto citó la sentencia de esta Corporación de 13 de junio de 20243.
3.2. Sobre la respuesta a la solicitud de rectificación
Señaló que, en la mencionada respuesta a la solicitud de rectificación, se precisó
que «su solicitud evidencia que se segmentó la idea desarrollada por más de 3
minutos» y, en un contexto completo, se observa que la interpretación que el
accionante da a lo expresado por el presidente de la República es «netamente
subjetiva», dándole un alcance que desbordó lo que se buscó señalar durante la
intervención. La referencia hecha «no falta a la verdad y considerar que se le ha
señalado de haber celebrado contratos indebidos cuando se desempeñó como
alcalde la ciudad de Bogotá no se corresponde con la realidad y/o literalidad de la
declaración del 04 de febrero de 2025».
Las palabras del presidente de la República no le atribuyeron una participación
directa dentro de las empresas que operan el sistema de transporte público de la
ciudad de Bogotá, lo que buscó señalar es que el accionante se reconoce como el
«creador» de dicha modalidad de transporte público en el país, «además, y como
ya quedo demostrado en una acción de tutela anterior que fue conocida por la Corte
Constitucional, usted sí ha promocionado la implementación de dicho sistema en
otras ciudades de Colombia y el mundo, por lo cual ha recibido honorarios,
evidenciando la malinterpretación que realizó de las palabras del primer
mandatario».
Advirtió que, «el accionante edifica la vulneración a sus derechos fundamentales
omitiendo la aclaración que se le hizo sobre el sentido y alcance de las afirmaciones
realizadas el 04 de febrero de 2025 y concluye que la respuesta a la solicitud de
rectificación «debe ser considerado en conjunto con las declaraciones realizadas
por el primer mandatario en la intervención del 4 de febrero de 2025. Por lo que su
contenido deberá ser analizado al momento de verificar si existió o no una
vulneración al derecho al buen nombre y reputación».
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Rad. 11001-03-15-000-
2024-02507-00, MP. Omar Joaquín Barreto Suárez.
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Demandado: Gustavo Petro Urrego
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3.3. La solicitud de tutela debe ser negada pues las declaraciones del 4 de
febrero de 2025 se emitieron en el marco de la libertad de expresión y como
parte de una crítica política general al modelo de transporte público
impulsado históricamente por el accionante
3.3.1. Las afirmaciones del accionante «parten de una interpretación selectiva,
descontextualizada, subjetiva y parcial de las declaraciones formuladas por el señor
presidente de la República durante el Consejo de Ministros del 4 de febrero de 2025.
Tal como se aclaró en la respuesta oficial a la solicitud de rectificación, la referencia
hecha al señor Enrique Peñalosa no tuvo como propósito atribuirle la propiedad o
participación accionaria en empresas de transporte vinculadas al sistema
Transmilenio, sino poner de presente —dentro del marco de un debate sobre
modelos de movilidad urbana— la existencia de una línea histórica de decisiones y
posturas que han privilegiado determinados esquemas de transporte en la ciudad
de Bogotá. En dicha intervención, el término “negocio” no aludió a un beneficio
económico personal comprobado mientras ejerció como alcalde de la ciudad, sino
a la promoción y defensa pública de un modelo de transporte, cuyas implicaciones
técnicas y políticas han sido ampliamente debatidas, y que el mismo accionante ha
respaldado reiteradamente como una solución válida para la movilidad urbana».
3.3.2. Lo expuesto, evidencia que las declaraciones realizadas por el presidente de
la República se enmarcaron en una discusión pública sobre los modelos de
transporte adoptados históricamente en Bogotá, y se basaron en hechos
notoriamente difundidos, como la activa defensa y promoción del sistema de buses
articulados por parte del señor Enrique Peñalosa, tanto en su rol como alcalde de la
ciudad, donde el mismo se ha denominado el «creador» de dicho modelo y en su
en calidad de consultor y conferencista internacional. En esa línea, medios de
comunicación, foros públicos y redes sociales han documentado su asociación con
dicho modelo de movilidad, sin que ello implique —ni se haya afirmado
expresamente— la existencia de un interés económico privado derivado de tales
decisiones mientras fungió como alcalde de la ciudad de Bogotá y se desarrolló el
sistema de Transmilenio.
En conclusión, indicó que, la afirmación objeto de controversia, no puede ser
interpretada como una vulneración a los derechos fundamentales del accionante,
pues no constituye una acusación sobre ilícitos cometidos mientras fungió como
alcalde de la ciudad de Bogotá, sino una crítica política sustentada en hechos
verificables, como lo es su reiterada defensa del modelo Transmilenio. En ese
sentido, la alusión al «negocio» debe ser entendida como parte de un debate
legítimo sobre políticas públicas, y no como una imputación personal o calumniosa,
razón por la cual no se configura la afectación alegada a su honra ni a su buen
nombre.
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3.3.3. Así, la intervención presidencial se inscribe dentro del margen de protección
constitucional a la libertad de expresión, en particular cuando esta es ejercida por
un servidor público en el marco del debate sobre asuntos de interés general. Las
expresiones proferidas no configuran una imputación falsa ni una difamación, sino
una manifestación de desacuerdo técnico y político con el enfoque del accionante
en relación con el transporte urbano, especialmente respecto a la implementación
de sistemas basados en buses de tránsito rápido (BRT), como Transmilenio.
Como consecuencia, no puede entenderse que las afirmaciones proferidas tengan
la entidad para afectar de manera ilegítima el buen nombre o la honra del
accionante, dado que no lo vinculan personalmente con prácticas ilegales ni lo
señalan como titular de un interés directo en empresas transportadoras, sino que
se enmarcan en un disenso legítimo respecto al modelo que él representa o ha
impulsado.
3.3.4. Finalmente, sostiene la parte accionada que los señalamientos sobre la
relación del accionante con la promoción de un sistema de transporte que emplea
buses Diesel-articulados ha sido objeto de examen constitucional previo,
particularmente en la Sentencia T-244 de 2018, proferida por la Corte
Constitucional. En dicha providencia, el alto tribunal analizó una acción de tutela
promovida por el mismo accionante contra un concejal de Bogotá, quien durante
una sesión pública del Concejo afirmó que: «Transmilenio por la Séptima es una
aberración urbana que promueve un alcalde al que le pagaron 500.000 dólares por
vender buses por todo el mundo». Y precisó:
«Esta afirmación fue objeto de cuestionamiento judicial, porque al igual que en el
presente caso, el actor consideró que aludía a una supuesta relación económica directa
del entonces exalcalde con la comercialización de buses articulados como los que
emplea Transmilenio. La Corte Constitucional, tras un análisis cuidadoso de los hechos
y las pruebas allegadas, concluyó que el accionante no había incurrido en conductas
irregulares, ni ostentaba un interés patrimonial personal en el sistema de transporte
implementado. Por el contrario, se constató que su participación en la promoción del
modelo de transporte que se asemeja a TransMilenio fuera del país se dio en calidad
de experto en movilidad urbana, a través de actividades académicas y de asesoría
técnica en el marco de su vinculación con entidades internacionales especializadas en
temas de urbanismo y transporte.
La Corte Constitucional reconoció, entonces, que durante el periodo en que el señor
Enrique Peñalosa no ejercía el cargo de alcalde de Bogotá, adelantó labores legítimas
y públicamente conocidas orientadas a difundir las ventajas del modelo BRT, sin que
ello implicara la existencia de un “negocio” en el sentido jurídico-empresarial del
término con las empresas que operan en la ciudad de Bogotá. Al respecto, la sentencia
fue clara en precisar que dichos ingresos correspondían a honorarios derivados de una
prestación de servicios profesionales en materia de políticas públicas de transporte, y
no a utilidades obtenidas de una participación societaria o comercial en empresas
operadoras del sistema».
«En tal sentido, la jurisprudencia constitucional ya ha esclarecido que el vínculo del
accionante con empresas que comercializan y operan un sistema de transporte similar
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a Transmilenio ha sido de naturaleza conceptual y técnica, sustentado en su trayectoria
profesional en el ámbito de la movilidad urbana y no en intereses económicos
personales con las empresas que implementaron el sistema que opera en la ciudad de
Bogotá. La reiteración de este precedente es relevante en el presente asunto, por
cuanto demuestra que la referencia al modelo de buses como “negocio” no puede ser
interpretada como una acusación de lucro indebido, sino —a lo sumo— como una
expresión crítica respecto al enfoque de política pública que el accionante ha
representado en distintos escenarios y los intereses de este en ese modelo de
negocio».
Concluye citando apartes del fallo mencionado, así:
«4. Visto lo anterior, halla la Corporación que las afirmaciones del concejal Sarmiento
Argüello fueron realizadas en el marco de la discusión de un proyecto de acuerdo cuyo
objeto era el cupo de endeudamiento para la Administración Central y los
Establecimientos públicos del Distrito Capital, durante la cual expuso su posición sobre
el pasado profesional del Alcalde Mayor, el cual vinculó estrechamente con sus
propuestas actuales respecto de los sistemas de transporte de la capital.
(…).
5. Revisado el acervo probatorio, el cual estuvo a disposición de las partes, sin haberse
objetado en cuanto a su autenticidad y contenido, se tiene que el programa de gobierno
presentado por el Alcalde Mayor de Bogotá en materia de movilidad contenía como
propósito hacer una realidad el transporte multimodal, “integrando la Primer Línea del
Metro con el SITP consolidado y fortalecido y ampliado con TransMilenio, que será más
cómodo, seguro y rápido y volverá a despertar la admiración en los ciudadanos y el
mundo”.
(…).
6. También se acreditó que el Alcalde Mayor de Bogotá, durante el período
comprendido entre los años 2000 y 2015 recibió remuneraciones por sus servicios
profesionales al ITDP. Para esos efectos el accionado aportó la publicación del ITDP
del 8 de septiembre de 2009, a través de la cual se da a conocer que Enrique Peñalosa
Londoño fue nombrado como presidente de esa institución.
(…).
9. En torno de las labores asignadas a Enrique Peñalosa, se aportó una entrevista y
una editorial a través de las cuales el señor Walter Hook, Exdirector Ejecutivo del ITDP
anotó que el Presidente del ITDP, Enrique Peñalosa Londoño tenía la misión de
reunirse con alcaldes y gobernantes alrededor del mundo, así como hablar en muchos
eventos para mostrar lo que se había hecho en la ciudad de Bogotá. Y sobre el ejercicio
activo en la promoción de este tipo de sistemas se aportó un comercial de la empresa
Volvo en el cual se aprecia la imagen del accionante.
10. Ahora bien, de manera previa a la valoración del conjunto probatorio, debe
señalarse que las afirmaciones cuestionadas hacen parte de un contexto más amplio,
en tanto son conclusión de unas reflexiones en el contexto de un debate político
realizadas por el Concejal demandado sobre el Sistema de Transmilenio, el cual
consideró que no ha cumplido los fines para los cuales fue diseñado».
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4. Pruebas
La parte accionante presentó como pruebas:
• Solicitud de rectificación del 25 de febrero de 2025 dirigida al presidente de
la República Gustavo Petro Urrego.
• Impresión de correo electrónico del 25 de febrero de 2025 que acredita la
remisión de la solicitud de rectificación a los correos
contacto@presidencia.gov.co y
notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co.
• Respuesta a la solicitud de rectificación del 17 de marzo de 2025. Firmada
por Andrea Esther Castro Latorre.
• Video denominado: «Alocución del Presidente de la República, Gustavo Petro
Urrego» correspondiente a la sesión del Consejo de Ministros del 4 de febrero de
2024. Disponible en hpps://www.youtube.com/watch?v=OkisqYkUtwA.
La parte accionada presentó como prueba el oficio «OFI25-00049400 del 17 de
marzo de 2025» con precisiones sobre la trazabilidad de su envío.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Jurisdicción y competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de esta acción de tutela
de conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.3.1.2.1., del Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25,
de la Sala Plena de esta Corporación.
2. Problemas jurídicos
Corresponde a la Sala resolver si el presidente de la República Gustavo Petro
Urrego vulneró los derechos fundamentales al buen nombre y honra del señor
Enrique Peñalosa Londoño al manifestar, en una transmisión en vivo del consejo
de ministros el 4 de febrero de 2025, que «lo que hicimos en Bogotá Humana que
fue hacer los estudios de los tranvías en Bogotá porque las empresas que se le
midieron en las APPS querían hacerlos, pero Peñalosa no quiere trenes, quiere
buses Diesel porque es su negocio, él dice que no es su negocio, pero es el negocio
que montó en Bogotá que tiene atrasada a la ciudad y no la deja avanzar».
En caso afirmativo se concederá el amparo solicitado y se ordenará la
correspondiente y adecuada rectificación.
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Demandado: Gustavo Petro Urrego
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Para resolver el problema jurídico planteado se analizarán (i) los alcances de la
libertad de expresión: (ii) los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre;
(iii) los conceptos que guían la resolución de la tensión entre esos derechos
fundamentales; (iv) la protección constitucional del discurso y el debate político; (v)
discursos o intervenciones públicas del presidente de la República: diferencias
entre las manifestaciones que pretenden trasmitir información objetiva a los
ciudadanos sobre asuntos de interés general y declaraciones acerca de la política
oficial.
3. Libertad de expresión y derechos fundamentales al buen nombre y a la
honra
3.1. La Constitución Política (artículo 20) garantiza «a toda persona la libertad de
expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información
veraz e imparcial, y la de fundar medios de comunicación masiva. Estos son libres
y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en
condiciones de equidad. No habrá censura».
Para la interpretación y aplicación de esa disposición constitucional, la Sala,
atendiendo a lo previsto en los artículos 93 y 94 de la misma Carta Política, entiende
que ella integra un bloque de constitucionalidad del cual hacen parte el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (artículo 19), la Declaración Universal
de Derechos Humanos (artículo 19), la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Artículo 13) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (Artículo IV), entre otros instrumentos internacionales de Derechos
Humanos.
A ese respecto, para la solución del problema jurídico planteado en este caso,
conviene destacar lo expuesto en Sentencias (hito) de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, sobre las restricciones permitidas a la libertad de pensamiento
y de expresión en una sociedad democrática (Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica,
2004) y Ricardo Canese v. Paraguay, 2004).
Así, en el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica (2004) la Corte Interamericana de
Derechos Humanos hizo énfasis en que el control democrático fomenta la
transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los
funcionarios públicos sobre su gestión pública, y, en ese contexto resulta:
«(…) lógico y apropiado que las expresiones concernientes a funcionarios públicos o a
otras personas que ejercen funciones de una naturaleza pública deben gozar, (…) de
un margen de apertura a un debate amplio respecto de asuntos de interés público, el
cual es esencial para el funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático.
(...). Es así que el acento de este umbral diferente de protección no se asienta en la
calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades
o actuaciones de una persona determinada. Aquellas personas que influyen en
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cuestiones de interés público se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público
más exigente y, consecuentemente, se ven expuestos a un mayor riesgo de sufrir
críticas» (Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, 2004).
Y en el caso Ricardo Canese v. Paraguay (2004) también señaló que:
«tratándose de funcionarios públicos, de personas que ejercen funciones de naturaleza
pública y de políticos, se debe aplicar un umbral diferente de protección, el cual no se
asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las
actividades o actuaciones de una persona determinada. Aquellas personas que
influyen en cuestiones de interés público se han expuesto voluntariamente a un
escrutinio público más exigente y, consecuentemente, en ese ámbito se ven sometidos
a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del dominio de la
esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. En este sentido, en el
marco del debate público, el margen de aceptación y tolerancia a las críticas por parte
del propio Estado, de los funcionarios públicos, de los políticos e inclusive de los
particulares que desarrollan actividades sometidas al escrutinio público debe ser
mucho mayor que el de los particulares (…)» (Ricardo Canese v. Paraguay, 2004).
3.2. En la jurisprudencia de la Corte Constitucional, por su parte, se ha hecho
énfasis en que la libertad de expresión «protege tanto las expresiones socialmente
aceptadas como las que son inusuales, alternativas o diversas, lo cual incluye las
expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas,
excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, ya
que la libertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su
tono»4 y que existen discursos especialmente protegidos por el derecho
internacional dada su importancia para la democracia o los derechos humanos,
«entre los que se encuentran: (i) los de contenido político o sobre asuntos de interés
público; (ii) discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y
sobre candidatos a ocupar cargos públicos y (iii) los que expresan elementos
esenciales de la identidad o dignidad personales»5.
3.3. Por otra parte, el artículo 15 de la Constitución Política prevé que «Todas las
personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y
el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar».
La jurisprudencia de esta Corporación, en coincidencia con la jurisprudencia de la
Corte Constitucional6 considera que:
(i) el derecho al buen nombre se refiere a “la buena opinión o fama adquirida
por un individuo en razón de la virtud y el mérito, como consecuencia
necesaria de las acciones protagonizadas por él”7 y el derecho a la honra
se refiere a la reputación de la persona: «la honra o reputación es
externa, llega desde afuera, como ponderación o criterio que los demás
4
Sentencia T-219 de 2009.
5
Sentencia T-145 de 2019, entre otras.
6
Sentencias T-411 de 1995, T-219 de 2019, T-1319 de 2001 entre otras.
7
Sentencia T-411 de 1995.
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tienen de uno, con independencia de que realmente se tenga o no honor;
uno es el concepto interno -el sentimiento interno del honor-, y otro el
concepto objetivo externo que se tiene de nosotros –honra-»8.
(ii) (ii) para que se predique una violación del derecho al buen nombre se
requiere que las afirmaciones propuestas carezcan de veracidad. El
derecho al buen nombre como expresión de la reputación o la fama que
tiene una persona, “se lesiona por las informaciones falsas o erróneas
que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público
que se tiene del individuo”. En un caso en que un director técnico de un
equipo de futbol fue cuestionado por ineptitud e incompetencia, la Corte
Constitucional9 señala que no se aprecia violación de la honra del
demandante, pues esas imputaciones no aluden a su personalidad “sino
al ejercicio de su profesión de director técnico. Es decir, no implican una
minusvalía [del actor] como persona anónima, sino del personaje público
(…), director técnico del equipo de fútbol».
4. Caso concreto
4.1. Se cumplen requisitos de procedibilidad
El requisito de inmediatez se encuentra cumplido toda vez que la acción de tutela
fue interpuesta dentro de un tiempo razonable y prudente, apenas unos días
después del 17 de marzo de 2025 fecha en la cual, mediante el Oficio No. OFI25-
00049400/GFPU 12000000, la Presidencia de la República contestó a la solicitud
de rectificación.
Sobre el requisito de subsidiariedad puede señalarse, siguiendo la jurisprudencia
de la Corte Constitucional10 que, aunque la acción de tutela sólo es procedente en
cuanto el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial para el amparo de
sus derechos y en «el caso de los derechos a la honra y al buen nombre, el
ordenamiento jurídico colombiano ha previsto diferentes instrumentos para su
protección, entre los que se encuentran las acciones civiles y penales en contra del
agresor (…) no por ello la acción de tutela resulta desplazada como medio de
protección, teniendo en cuenta que no siempre es posible que se predique la
existencia de un delito por hechos relacionados con la vulneración de esos
derechos, pero sí que pueda consolidarse una lesión de los mismos sin que la
conducta pueda adecuarse a un tipo penal determinado (…) Así, el amparo
constitucional resulta ser un medio de defensa eficaz e independiente de la
protección penal o civil que pudiera obtener un tutelante, y además, permite la
8
Sentencia C-063 de 1994.
9
Sentencia T-1319 de 2001.
10
Entre otras, en la citada sentencia T-219/09.
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armonización de derechos como la libertad de información y el buen nombre y honra
de las personas, en el ámbito de los derechos fundamentales11».
En el mismo sentido se ha pronunciado esta Corporación, entre otras en la
sentencia de 25 de agosto de 2022 (M.P. Doctor Luis Alberto Álvarez Parra)12 en la
cual se consideró que la petición de amparo (…) elevada contra el entonces
presidente de la República Iván Duque Márquez y otros «satisface el requisito de
subsidiariedad, comoquiera que, pese a que existen otros mecanismos judiciales
ante las jurisdicciones penal y civil, lo cierto es que estas no excluyen la
presentación autónoma de la acción de tutela por presentar objeto y pretensiones
disímiles».
4.2. El presidente de la República puede delegar la contestación de
solicitudes de rectificación y puede actuar en el proceso de tutela a través de
apoderado, designado conforme a las disposiciones legales de delegación
En cuanto a la afirmación del accionante, quien considera que la contestación a su
solicitud de rectificación debió suscribirla personalmente el presidente de la
República, debe precisarse que ante la imposibilidad de que los funcionarios
públicos atiendan personalmente todos los asuntos a su cargo y a la necesidad de
garantizar los principios de eficiencia y racionalidad de la gestión pública:
(1) la Constitución Política (artículo 189, numerales 16 y 17) ha previsto que
corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe del
Gobierno y suprema autoridad administrativa (i) «Modificar la estructura de los
Ministerios, Departamentos Administrativos y demás entidades u organismos
administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que
defina la ley”; y, (ii) “Distribuir los negocios según su naturaleza, entre
Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos»;
(2) la Ley ha dispuesto (artículo 9° de la Ley 489 de 1998) que las autoridades
administrativas (…) podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio
de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o
complementarias;
(3) la Ley (artículo 54 de la Ley 489 de 1998) ha definido los principios y reglas
generales a que debe sujetarse el Gobierno Nacional al modificar la estructura
de los ministerios, departamentos administrativos y demás organismos
administrativos del orden nacional;
11
Ver sentencias C-255 de 1997 y T-622 de 1995 entre otras.
12
Expediente número 11001-03-15-000-2022-04201-00. Dte: Carlos Orlando Velásquez
Murcia Demandados: presidente de la República Iván Duque Márquez y otros.
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(4) el Decreto Presidencial 2647 de 2022 modificó la estructura del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cuya dirección
«estará a cargo del Director quien también se denominará Secretario General y
será quien ejerza la representación legal del Departamento, en los términos del
artículo 65 de la Ley 489 de 1998 y demás disposiciones que regulan la
materia»;
(5) en la mencionada estructura del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República se encuentran la Secretaría Jurídica y la Jefatura
del Despacho Presidencial, dependencias que, conforme a lo previsto en el
mencionado artículo 54 de la Ley 489 de 1998 (letra f) deberán colaborar en el
cumplimiento de las funciones generales y en la realización de los fines de la
entidad u organismo.
En el mismo sentido, la demanda fue contestada por Carolina Jiménez Bellicia quien
se identificó como «apoderada del presidente de la República, de acuerdo con el
Decreto 245 de 2019 y el poder especial que adjunto, y de delegada de la
Presidencia de la República, de conformidad con la Resolución Interna SJ 02 del 3
de mayo de 2023 de la Presidencia de la República».
Efectivamente, (i) conforme a lo previsto en el artículo 1.º del Decreto 245 de 2019
se ha delegado en el Secretario Jurídico del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República la facultad de notificarse, representar y conferir poderes
en nombre del Presidente de la República, en todas las actuaciones prejudiciales,
las conciliaciones extrajudiciales y los procesos judiciales que le sean notificados,
los que se constituya en parte y en general en todas las actuaciones que se surtan
ante la Rama Judicial y ar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); y (ii) mediante
Resolución SJ-02 de 2023, se ha delegado en Carolina Jiménez Bellicia, asesora
de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República «la facultad de
notificarse, representar y conferir poderes en las acciones constitucionales de tutela
y Habeas Corpus en los que se constituya como parte la Nación-Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República».
En el mismo sentido se pronunció esta Sala en la sentencia de 25 de agosto de
2022 (M.P. Doctor Luis Alberto Álvarez Parra)13 en la solicitud de tutela presentada
contra el entonces presidente de la República Iván Duque Márquez y otros.
Así pues, también se encuentran cumplidos los elementos del apoderamiento en
materia de tutela y, en estos términos, se reconocerá a la abogada Carolina
Jiménez Bellicia, como apoderada judicial del presidente de la República Gustavo
Petro Urrego en este proceso.
13
Expediente número 11001-03-15-000-2022-04201-00. Dte: Carlos Orlando Velásquez
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4.3. Criterios y parámetros constitucionales para resolver el problema jurídico
planteado, de la tensión entre el derecho a la libertad de expresión del
accionado y los derechos fundamentales al buen nombre y la honra del
accionante
Para resolver el problema jurídico planteado, de la tensión entre el derecho a la
libertad de expresión del accionado y los derechos fundamentales al buen nombre
y la honra del accionante, la Sala acoge los siguientes criterios y parámetros
constitucionales, que también corresponden a los pronunciamientos de las Cortes y
organismos internacionales de derechos humanos: (i) presunción de primacía de la
libertad de expresión frente a otros principios constitucionales; (ii) diferencias entre
derecho de opinión y derecho de información, así como reconocimiento de las zonas
de penumbra o borrosas entre uno y otro; (iii) asimetría / simetría entre el accionante
y el accionado.
Lo anterior debe reflejarse en (a) el margen más o menos amplio en el ejercicio de
la libertad de expresión (y margen más o menos reducido de protección de los
demás derechos en tensión); (b) la carga argumentativa y la carga probatoria, mayor
o menor, que debe soportar quien busca la rectificación o ejerce la acción de tutela;
(c) el equilibrio entre los derechos en conflicto variará, dependiendo del tipo de
discurso del que se trate, y del contexto en el cual se ejerza14.
Dentro del rango de tipos de discursos protegidos por la libertad de expresión en
sentido estricto, el mayor grado de protección se provee al discurso político y al
debate sobre asuntos de interés público, así, «el discurso político está sujeto a
menores limitaciones y quienes se vean afectados por él, concretamente las figuras
públicas, deben soportar una carga mayor en el ámbito de sus derechos a la honra,
intimidad y buen nombre»15.
4.4. Discursos o intervenciones públicas del presidente de la República.
Manifestaciones que pretenden trasmitir información objetiva a los
ciudadanos sobre asuntos de interés general y declaraciones acerca de la
política oficial
Conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporación16 en
ejercicio del «poder-deber» que tiene el presidente de la República de mantener un
contacto permanente con los ciudadanos, a través de sus discursos o
intervenciones públicas, es posible distinguir dos escenarios: (i) las manifestaciones
que pretenden trasmitir información objetiva a los ciudadanos sobre asuntos de
14
Entre otras, Sentencia T-391 de 2007 de la Corte Constitucional.
15
Ibidem
16
Entre otras, sentencia de octubre 1º de 2021, subsección C de la Sección Tercera (M.P. Jaime
Rodríguez Navas). Expediente radicado con el número: 11001-03-15-000-2021-04934-00(AC).
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interés general; y (ii) las declaraciones en las que, más allá de la transmisión objetiva
de información, se indican cuestiones acerca de la política oficial, defienden su
gestión, responden a sus críticos, o expresan su opinión acerca de algún asunto,
casos estos últimos en los cuales caben apreciaciones subjetivas formuladas a
partir de criterios personales17.
En el primero de los escenarios, en el que el presidente de la República tiene la
intención de presentar una información como autentica, son exigibles las cargas de
veracidad e imparcialidad18, conforme al artículo 20 Superior19, para así evitar
cualquier tipo de manipulación en la construcción de la opinión pública. En el
segundo, no existe el propósito de trasmitir una información, sino de exponer una
apreciación personal y subjetiva sobre un determinado asunto; por lo que no es
exigible «la estricta objetividad»20. Sin embargo, en este último evento, las opiniones
deben ser formuladas a partir de un mínimo de justificación fáctica real y de criterios
de razonabilidad; lo que, en criterio de la Corte Constitucional, conduce a la
«verificación del sustento de las mismas para evaluar si resultan totalmente
infundadas o si, por el contrario, ofrecen un sustento razonable que las haga dignas
de la protección a la libre expresión establecida en la Constitución»21.
En el caso a que se refiere la sentencia de octubre 1.º de 2021 de subsección C de
la Sección Tercera (M.P. Jaime Rodríguez Navas)22, esta Corporación consideró
que «dado el contexto en el que se hicieron las aseveraciones (una ceremonia
religiosa), la afirmación rendida por el Presidente de la República no tenía como
finalidad trasmitir una información objetiva a los ciudadanos sobre asuntos de
interés general, sino que aconteció como parte de la intención de rendir un discurso
en respuesta a la temática central que fue motivo de la realización del evento».
Por tanto, la manifestación del presidente de la República se presenta como una
apreciación subjetiva formulada a partir de opiniones personales, que no está sujeta
a las cargas de veracidad y objetividad, que rigen en el derecho a la información,
pero de la que sí es exigible que su formulación responda a un mínimo de
justificación fáctica real y a criterios de razonabilidad, concluyó que «la aseveración
del Jefe de Estado no vulnera los derechos de las accionantes a la honra, al buen
nombre y a la protesta social» pues aunque «no haya certeza absoluta de la cifra
planteada por el Presidente de la República (…) no resulta irrazonable tal
consideración, pues de los documentos académicos expuestos sí es posible
establecer como un sustento fáctico real, el hecho de que las manifestaciones
17
Corte Constitucional. Sentencia T-446 de 2016.
18
Al respecto, consultar, entre otras, la sentencia T-391 de 2007.
19
“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de
informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación”.
[Negrilla fuera del texto].
20
Corte Constitucional. Sentencias T-1191 de 2004 y T-276 de 2015.
21
Corte Constitucional. Sentencia T-446 de 2016.
22
Expediente radicado con el número: 11001-03-15-000-2021-04934-00(AC)
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sociales, por generar aglomeraciones, sí pueden incidir en el aumento de contagios
por Covid-19, en un país o ciudad, y posteriormente, en el número de personas
fallecidas».
Esta Sala en la sentencia de 25 de agosto de 2022 (M.P. Doctor Luis Alberto Álvarez
Parra)23 ante una petición de amparo elevada contra el entonces presidente de la
República Iván Duque Márquez, consideró que «dichas declaraciones del señor
Iván Duque Márquez se circunscriben a la esfera analítica y conceptual propia que
forman parte de su opinión personal respecto a la situación jurídica en la que se
encontraba con ocasión de la decisión adoptada por el referido tribunal (…).
En esta oportunidad, la Sala concluyó que, lejos de cruzar el límite del derecho a la
libertad de expresión previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de
Colombia, la expresión del entonces presidente de la República «se amparó en la
facultad que todos los colombianos tienen de expresar y difundir su propio
pensamiento e ideas formadas a partir de un fundamento legal, como lo aseguró la
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, al precisar que el primer
mandatario solo puede ser acusado y juzgado por la comisión de delitos, por la
Cámara de Representantes del Congreso de la República (…). El análisis jurídico
efectuado por el expresidente, el cual se materializó en el momento en que se
presentó la queja ante la Comisión Nacional del Disciplina Judicial, da lugar a colegir
que sus declaraciones están cimentadas en un argumento legal que deberá ser
analizado y objeto de pronunciamiento por parte de la referida autoridad, por tanto,
no es pertinente avalar el reclamo del accionante debido a que el señor Duque
Márquez, si bien fungía como suprema autoridad administrativa, lo cierto es que
sería inconstitucional omitir que también es un ciudadano colombiano que puede
exigir y ejercer sus derechos fundamentales que, en el asunto concreto, se refiere
a la libertad de expresión y opinión».
4.5. Zonas de penumbra o borrosas entre la libertad de opinión y el derecho
de información
De lo expuesto anteriormente parece muy clara la distinción entre las
manifestaciones que pretenden trasmitir información objetiva a los ciudadanos
sobre asuntos de interés general y las declaraciones en las que, más allá de la
transmisión objetiva de información, se indican cuestiones acerca de la política
oficial, defienden su gestión, responden a sus críticos, o expresan su opinión acerca
de algún asunto.
Se ha dicho, incluso, que es en estos últimos casos es donde caben apreciaciones
subjetivas formuladas a partir de criterios personales. Sin embargo, es necesario
23
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reconocer, como lo destacaba Ekkehart Stein24, que bajo la expresión «opiniones»,
muchos en la doctrina solo comprenden «los juicios, es decir, las posiciones de
contenido valorativo, no las simples comunicaciones de hechos», pero ello «no es
completamente claro, porque no existen, desde el punto de vista de la teoría del
conocimiento, meras comunicaciones de hechos sin contenido valorativo,
especialmente cuando se trata de sucesos en los cuales la audiencia está
interesada: cuando se trata de sucesos coetáneos».
Toda «mera comunicación de hechos» contiene siempre una toma de posición
sobre las fuentes de información y un juicio valorativo que consiste en declarar que
los hechos han ocurrido así y no de otra manera. Por otra parte, en relación a la
formación de la opinión pública, juegan un papel decisivo las afirmaciones sobre
determinados hechos. Piénsese, p. ej., en la información pública de errores del
Gobierno y de la Administración. Es inconciliable con el significado histórico de la
libertad de opinión excluir de la protección de este derecho fundamental
precisamente aquellas comunicaciones sobre las cuales existe una seguridad
subjetiva. Es decir, aquellas que poseen mayor fuerza de convicción.
Por ello, como se ha destacado reiteradamente en la jurisprudencia de las Cortes
internacionales de derechos humanos y en nuestra propia jurisprudencia
constitucional, el equilibrio entre los derechos en conflicto variará, dependiendo del
tipo de discurso del que se trate, y del contexto en el cual se ejerza, lo cual no
siempre admite, ex ante, formulas muy generales y requerirá, más bien, un análisis
muy específico en cada caso concreto.
En todo caso, la intervención del juez constitucional se limita a amparar el derecho
fundamental al buen nombre y a la honra, cuando a ello haya lugar, pero no le
corresponde a la jurisdicción constitucional, de manera general, controlar ni la
corrección ni la veracidad de los discursos o debates políticos, una labor que, dicho
sea de paso, sería una tarea ímproba. Ello conduciría a que, desde los casos más
destacados nacionalmente hasta las controversias locales, el juez de tutela se
dedicara a filtrar las afirmaciones de los políticos y concluir quién dice la verdad y
quién miente. Todo eso es parte del debate político y en condiciones no asimétricas
es la opinión pública y los ciudadanos en las urnas (y, en general, en las instancias
democráticas de decisión) quienes expresan a quien le creen o a quien le dan la
razón.
4.6. El accionante no cumplió con la carga argumentativa y probatoria para
sostener la insuficiencia en la contestación de su solicitud de rectificación y
desvirtuar la presunción de primacía de la libertad de expresión
4.6.1. Como quedó expuesto, los parámetros que la jurisprudencia constitucional y
las cortes internacionales de derechos humanos han elaborado para resolver la
24
Derecho Político. Biblioteca Jurídica Aguilar, Madrid. 1973.
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tensión entre la libertad de expresión en el discurso o debate político y los derechos
fundamentales al buen nombre y a la honra, son solo una guía y deben ser
analizados para cada caso y, en conjunto.
Así, el margen de protección de un ciudadano particular, que no es un personaje
público ni es un alto funcionario del Estado en cualquiera de sus ramas, es sin duda
muy amplio e, incluso, la jurisprudencia constitucional le reconoce un estado de
indefensión cuando busca la protección de su buen nombre y honra ante los medios
de comunicación, los altos funcionarios del Estado y los personajes públicos.
La más intensa de esta protección se produce cuando invoca el amparo frente
hechos falsos o distorsionados, pero también puede recaer sobre el área de
penumbra entre la libertad de opinión y el derecho a la información, e, incluso, ante
opiniones ofensivas o irritantes de tales personas. Las cortes internacionales de
derechos humanos, la Corte Europea, la Corte Suprema de Estados Unidos y
nuestra jurisprudencia constitucional reconocen esa relación profundamente
asimétrica (de poder) entre unos y otros.
4.6.2. Adicionalmente, esta Sala reitera lo sostenido en las sentencias de 13 de junio
de 202425 y del 17 de octubre de 202426, en el sentido de que «el poder-deber de
comunicación de los funcionarios públicos con la Nación exige agotar una mínima
justificación fáctica, de modo que, no basta con aludir genéricamente a la supuesta
notoriedad pública que ostenta el accionante», pero es claro también que la libertad
de expresión en el discurso o debate político está en la esencia de la democracia al
punto que es absolutamente inconcebible una a falta de otra. Por ello:
(i) Cuando se trata de la discusión política o el debate público entre personas
que evidentemente no están en una relación asimétrica de poder, como un
alto funcionario del Estado y un personaje político ampliamente reconocido,
se aplican criterios distintos para resolver la tensión entre la libertad de
expresión y los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra;
(ii) Como se precisó, los parámetros deben ser analizados para cada caso y, en
conjunto, «pues están todos relacionados directa o indirectamente, por ello,
solo si se valoran de manera agregada permiten resolver de forma adecuada
la tensión entre derechos». A ese respecto se ha considerado oportuno
advertir también que en cuanto a tales parámetros:
«no se trata de una lista taxativa (…) son solo una guía (…) para orientar la labor del
juez al resolver cada caso. Así, le corresponde al juez adelantar un balance complejo
y minucioso entre la amplia protección que debe recibir la libertad de expresión y la
25
Expediente número 11001-03-15-000-2024-02507-00. Demandante: Alejandro Gaviria Uribe.
26
Expediente número 11001-03-15-000-2024-03889-02. Demandante: Enrique Vargas Lleras.
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garantía de derechos como el buen nombre y la honra o la intimidad, «apuntando
siempre a buscar la medida menos lesiva para libertad de expresión, pero asegurando
al mismo tiempo que el ejercicio de esta no sea usado como una herramienta de
difamación y desinformación en tiempos en donde las «noticias falsas” se apoderan de
la opinión pública y se propagan rápidamente a través de los distintos escenarios
digitales». Este análisis debe incorporar, a su turno, los límites constitucionales a la
libertad de expresión».
4.6.3. La Sala considera, como un hecho notorio, que el accionante es un personaje
público ampliamente reconocido quien, por varios años, ha participado en la
discusión política y el debate público e incluso ha sido candidato presidencial y
alcalde mayor de Bogotá.
Asimismo, el debate objeto de esta acción de tutela, se refiere a sus decisiones
mientras ocupaba el cargo de alcalde mayor de Bogotá, cuando se implementó el
sistema de transporte cuestionado por el accionado. Por tanto, es alguien de quien
no resultaría adecuado decir que se encuentra en una relación asimétrica con el
accionado, así este sea el presidente de la República.
4.6.4. El accionante sostiene que «Afirmar que un servidor público tiene un
“negocio” en el ámbito de decisiones que adoptó como autoridad no equivale a
expresar disenso ideológico. Es atribuirle la existencia de un interés patrimonial
privado sobre un asunto de política pública, lo que exige prueba directa, verificación
previa y respaldo objetivo. Se trata de una afirmación de hecho que, si carece de
veracidad, constituye por sí sola una vulneración a mis derechos fundamentales».
La apoderada del accionado no niega la autoría de las afirmaciones que, en este
caso, el accionante atribuye al presidente de la República, ni tampoco la
autenticidad de los documentos que acompañan la demanda de tutela. Por el
contrario, también presentó como prueba el oficio «OFI25-00049400 del 17 de
marzo de 2025» con precisiones sobre la trazabilidad de su envío, pero sostiene
que de esa afirmación no se desprende (i) una acusación al accionante de haber
celebrado contratos indebidos cuando se desempeñó como alcalde la ciudad de
Bogotá ni (ii) «sobre ilícitos cometidos mientras fungió como alcalde de la ciudad de
Bogotá, sino una crítica política sustentada en hechos verificables, como lo es su
reiterada defensa del modelo Transmilenio».
A ese respecto invoca como «precedente (…) la Sentencia T-244 de 2018 cuya
aplicación directa se debe dar a este caso concreto» la cual, en su criterio,
constituye un reconocimiento judicial del papel del accionante «en la promoción del
modelo Transmilenio». En esa decisión se reconoce «la participación activa del
solicitante en la promoción y difusión del modelo de transporte basado en
articulados, tanto en Colombia como en otros países (…). La Sentencia T-244 de
2018, estableció que el solicitante no solo fue un promotor de dicho modelo de
transporte, sino que además recibió honorarios por su labor en este ámbito». A ese
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Demandante: Enrique Peñalosa Londoño
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respecto el accionante sostiene que citar «decisiones como la Sentencia T-244 de
2018, en la que en ningún momento se establece vínculo económico alguno entre
el accionante y empresas de transporte masivo, constituye un uso tergiversado del
precedente judicial».
4.6.5. Como lo expresa la Corte Constitucional en la sentencia T-242 de 2022, «no
toda expresión errada y ofensiva que aflige el amor propio constituye una violación
de estos derechos [honra y buen nombre]. El constituyente no quiso darle a la
sociedad civil y política ‘la austeridad de un claustro’, por lo que estas expresiones
solo tienen relevancia constitucional y sus efectos son susceptibles de amparo por
vía de tutela si generan una afectación tangible y desproporcionada del ‘patrimonio
moral del sujeto afectado’».
En el mismo sentido se ha pronunciado esta Corporación27 destacando, además
que «a pesar de los límites que ha identificado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional al ejercicio del derecho a la libertad de expresión por parte de
funcionarios públicos» no se desconocen los derechos fundamentales del
accionante cuando la publicación se hace «en el ejercicio del derecho a la libertad
de expresión, sin realizar imputaciones jurídicas concretas y, además, en el marco
de un debate público con uno de los actores políticos del país».
4.6.6. Así las cosas, la sala no encuentra que en las afirmaciones hechas por el
presidente de la República y que son objeto de esta controversia, haya la intención
de presentar una información como autentica, sino de exponer una apreciación
personal y subjetiva sobre un tema de política pública, como es el modelo de
transporte público masivo «Transmilenio» de la ciudad de Bogotá. Es posible que
se trate de una expresión errada o incluso ofensiva, pero ni tiene el propósito
inequívoco de transmitir una información ni constituye «una imputación fáctica
concreta, difundida con pretensión de veracidad», como lo sostiene el accionante.
4.6.7. No puede considerarse, como lo solicita el accionado, como un «precedente»
aplicable a este caso, la Sentencia de la Corte Constitucional T-244 de 2018, pero
es innegable que en esa decisión se encuentran elementos de juicio que permiten
concluir que las afirmaciones del accionante, objeto de controversia, no resultan
totalmente infundadas. En efecto, en esa sentencia se señaló que, como conclusión,
«los antecedentes judiciales dan cuenta de que las imputaciones de carácter
económico ya fueron desvirtuadas ante los estrados constitucionales,
estableciéndose que la labor del accionante en relación con el sistema de buses
articulados ha sido legítima, pública y enmarcada en el ejercicio de funciones
técnicas o de asesoría, sin que ello comprometa su buen nombre ni pueda servir de
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera,
Subsección A, Sentencia del 27 de septiembre de 2024, radicado 11001-03-15-000-2024-
02507-01.
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fundamento para alegar un conflicto de interés de tipo patrimonial». Sin embargo,
se formularon, entre otras, las siguientes precisiones:
«Por su parte, el accionado informó que la misión del ITDP al cual Enrique Peñalosa
Londoño prestó sus servicios profesionales soporta las expresiones realizadas durante
la sesión del Concejo y en su red social. También agregó que los videos en los cuales
se aprecia a Enrique Peñalosa pronunciándose acerca de alternativas de transporte le
dan plena validez y visos de veracidad a sus afirmaciones.
(…)
Esas expresiones en manera alguna son irrazonables o desproporcionadas, en tanto
se limitan a poner de manifiesto que al citado funcionario se le retribuyó por informar
en otras latitudes los resultados del sistema de movilidad bogotano, sus bondades, así
como esquemas de movilidad alternos al uso de los vehículos particulares.
El objetivo de esas manifestaciones es generar una prevención en el público, lo cual,
no puede considerarse una actuación desprovista de abrigo constitucional y legal, en
tanto los demás actores del Estado y la comunidad tienen el derecho de conocer todos
aquellos aspectos que pueden generar recelo, crítica, dudas y, eventualmente,
investigaciones respecto de la gestión pública.
Al trámite se aportó la información que demuestra que el accionado cumplió la mínima
carga de constatación de la información que le daba sustento a lo expresado. Las
publicaciones del ITDP sobre la gestión en las ciudades del mundo, los videos de las
conferencias, comerciales y entrevistas ofrecidas por el Alcalde antes de asumir el
mandato, exponen que aquel se dedicaba a promocionar este tipo de sistemas, aunque
no necesariamente la marca de los buses que se utiliza para implementarlos.
De otro lado, el apoderado del accionante aceptó en el trámite de la tutela que este, en
cumplimiento de las misiones del ITDP, fungió como experto en diferentes espacios,
asimismo, explicó, respecto del comercial aportado al expediente, que su representado
participó con otros exalcaldes informando el éxito de los sistemas de buses de tránsito
rápido».
En el mismo fallo se precisó que, en el correspondiente trámite procesal de tutela,
«También se acreditó que el Alcalde Mayor de Bogotá, durante el período
comprendido entre los años 2000 y 2015 recibió remuneraciones por sus servicios
profesionales al ITDP. Para esos efectos el accionado aportó la publicación del ITDP
del 8 de septiembre de 2009, a través de la cual se da a conocer que Enrique
Peñalosa Londoño fue nombrado como presidente de esa institución».
En síntesis, no encuentra la Sala que el accionado esté haciendo una concreta
imputación al accionante, como sería la celebración indebida de contratos o «sobre
ilícitos cometidos mientras fungió como alcalde de la ciudad de Bogotá», pero sus
apreciaciones, objeto de esta controversia, no carecen de algún fundamento fáctico
y puede sostenerse válidamente que constituyen una crítica (y parte de un debate
público) de políticas públicas de transporte urbano, que tiene como eje el debate
entre el accionante y el accionado sobre los alcances e impactos del modelo
Transmilenio implementado en la capital de la República.
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5. Conclusión
Conforme a los criterios y parámetros constitucionales aplicados para la solución
del caso planteado, no hay lugar a amparar los derechos fundamentales invocados
por el accionante pues éste no logró desvirtuar la presunción de primacía de la
libertad de expresión, cuya protección se encuentra reforzada cuando, como en
este caso se trata de un discurso político que, conforme a la doctrina y la
jurisprudencia de las Cortes internacionales de Derechos Humanos, de la Corte
Constitucional y de esta Corporación «goza del mayor grado de protección» y, por
ende, sujeto a menores limitaciones.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO. Negar la solicitud de tutela presentada por el Señor Enrique Peñalosa
Londoño contra el presidente de la República Gustavo Petro Urrego, por la
supuesta vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad, el buen
nombre y la honra.
SEGUNDO. Reconocer a la abogada Carolina Jiménez Bellicia, identificada con CC
52.072.538 y tarjeta profesional de abogado 178.803 del CSJ, como apoderada
judicial del presidente de la República Gustavo Petro Urrego en este proceso.
TERCERO. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991. De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Ausente con permiso
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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