Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02289-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02289-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02289-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
30 de mayo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02289-00
Accionante: Wilson Chilito Díaz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02289-00
Demandantes: Wilson Chilito Díaz
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela
TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedencia. Relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela promovida por Wilson
Chilito Díaz en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Wilson Chilito Díaz, actuando en nombre propio, promovió acción de tutela en
procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia que estimó vulnerados por la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado, con ocasión de la sentencia del 11 de
septiembre de 2024, mediante la cual se confirmó el fallo del 3 de abril de 2020 que
declaró a caducidad de medio de control, dictado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en el marco del proceso de
reparación directa identificado con el radicado 25000-23-36-000-2018-00545-00/01.
2. Hechos.
La causa petendi del escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica1:
2.1. El accionante explicó que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) perpetraron la toma del municipio de Mitú, Vaupés los días 1 y 2 de
noviembre de 1998. Como consecuencia de estos hechos, fue secuestrado durante
treinta dos (32) meses.
1 Ibídem. / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=25000233600020180054501110
0103.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02289-00
Accionante: Wilson Chilito Díaz
2.2. Luego de su liberación presentó secuelas derivadas del secuestro, entre ellas,
síntomas propios de trastorno por estrés postraumático grave crónico (TEPT)
acompañado de manifestaciones sicóticas. Esta condición redujo su capacidad
laboral.
2.3. El 1 de julio de 2018, a través de apoderado, el señor Chilito Díaz presentó
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa, con el fin de que
se declarara la responsabilidad extracontractual del Estado por los hechos ocurridos
los días 1 y 2 de noviembre de 1998.
2.4. El asunto fue registrado bajo el número 25000-23-36-000-2018-00545-00 y
asignado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual dictó sentencia de
primera instancia el 3 de abril de 2019 mediante la cual declaró probada la
excepción de caducidad. Inconforme con la decisión, el accionante interpuso
recurso de apelación.
2.5. Mediante providencia del 11 de septiembre de 2024 la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado confirmó el fallo de primer grado.
3. Pretensiones y argumentos de la tutela
3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional amparar los derechos
fundamentales alegados y como consecuencia de ello, pidió revocar la sentencia
cuestionada.
3.2. Como sustento de la acción de tutela, el actor expuso los siguientes cargos:
3.2.1. Las particularidades el contexto fáctico expuesto en el proceso ordinario,
imponían la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad del artículo 164 de la
Ley 1437 de 2011, pues el secuestro del que fue víctima se presentó en el marco
del conflicto armado y con violación de derecho internacional humanitario. En tal
sentido, afirmó que no era procedente dar cabida a la declaratoria de la caducidad.
Asimismo, solicitó que este asunto sea estudiado por la Sala Plena del Consejo de
Estado.
3.2.2. Acotó que en la sentencia T-352 de 2016 la Corte Constitucional estudió un
asunto similar y precisó que en los casos en los que se alegan violaciones al
derecho internacional humanitario el término de caducidad debe ser flexibilizado.
Además, sostuvo que los fundamentos con los que se declaró la caducidad frente a
sus pretensiones son contrarios a la jurisprudencia de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en la que se señaló que los crímenes atroces no pueden quedar
en la impunidad, por lo que el fenómeno de la caducidad no es aplicable.
Indicó que, en la misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo
énfasis en la garantía de imprescriptibilidad del derecho a obtener una reparación
en casos de responsabilidad estatal asociadas a graves violaciones de derechos
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Accionante: Wilson Chilito Díaz
humanos (Caso Órdenes Guerra vs Chile). En tal sentido, sostuvo que al juez
administrativo le corresponde realizar un control de convencionalidad orientado a la
inaplicación de la caducidad para dichos asuntos.
3.2.3. Señaló que en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 la Sección
Tercera de esta corporación estableció que la caducidad debe contabilizarse a partir
del momento en que los demandantes tuvieron conocimiento del hecho. Sin
embargó, a su juicio esta decisión no puede ser aplicada a su caso concreto dado
que, de los 8 magistrados, 3 salvaron el voto, 1 presentó aclaración, y, por tanto,
solo 4 de ellos aprobaron la tesis.
Agregó que la sentencia no habiaa sido proferida en la fecha en que se radicó la
demanda ordinaria por lo que en primacía del principio de seguridad jurídica sus
parámetros no podían ser aplicados en forma retroactiva, tal y como lo consideró la
Sección Segunda del Consejo de Estado respecto de los efectos a futuro de la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2022.
3.2.4. Puntualizó que la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado
incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, dado que obstaculizó
el goce efectivo de los derechos del actor con base en un motivo formal. Esto, por
cuanto dicha autoridad desconoció que el secuestro se presentó en el marco del
conflicto armado y generó consecuencias irreparables, y en su lugar, dictó una
decisión con apego extremo y aplicación mecánica a las formas.
3.2.5. Agregó que en la sentencia de tutela dictada al interior del asunto identificó
con el radicado 11001-03-15-000-2020-00688-01 la Sección Tercera del Consejo
de Estado amparó los derechos de la madre de un militar que también fue
secuestrado y precisó que el juez ordinario estaba llamado como mínimo a cumplir
con la carga argumentativa necesaria para apartase del precedente aplicable que
resultaba vinculante. En tal sentido, sostuvo que la sentencia de unificación del 29
de enero de 2020 no podía ser aplicada para resolver las pretensiones que planteó.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 28 de abril de 20252 se admitió la acción de tutela y se
dispuso la vinculación como terceros con interés del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, a la Nación – Ministerio de Defensa
– Policía Nacional y a los demandantes en el proceso de reparación directa:
Cándido Chilito Flórez, Betty Díaz Reina, Jefferson Fabián Chilito, Mónica María
Chilito, Oscar Eduardo Chilito días, Jairo Emilio Flórez, Pastor Emilio Flórez
Cardona, Blanca Irene Castro de Flórez, Luz Yanet Buitrago Navarro, Jairo Esteban
Flórez Buitrago, Diego de Jesús Flórez Castro, Jorge Castellanos Peña, Carmen
Rosa Peña Riaño, Salma Castellanos Polanía y Carol Viviana Díaz Peña.
2 Índice 00004 del aplicativo SAMAI.
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Accionante: Wilson Chilito Díaz
4.2. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B3 al oponerse al
amparo adujo que la tutela es improcedente. Para ello, indicó que los argumentos
que la sustentan no denotan una verdadera relevancia constitucional, puesto que lo
que pretende el actor es crear una instancia adicional del proceso ordinario, a pesar
de que la sentencia cuestionada contiene un correcto análisis fáctico, probatorio y
jurídico.
En cuanto al desconocimiento del precedente judicial, señaló que el fallo de
segunda instancia acató el criterio de unificación establecidos en la sentencia del
29 de enero de 2020 según la cual la regla de caducidad que prevé la
correspondiente norma procesal también es aplicable para dicho tipo de eventos,
excepto cuando se observen situaciones que hubiesen impedido materialmente el
ejercicio del derecho de acción. En consecuencia, se determinó que la caducidad
debía computarse a partir de la fecha en que el actor fue liberado (junio de 2001),
además, no se demostró que la parte actora estuviese en una situación material de
carácter particular que le hubiese impedido presentar la demanda luego de pasados
17 años desde la ocurrencia del daño.
4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B 4 al oponerse al amparo, adujo que al abordar el estudio del recurso
de apelación, el Consejo de Estado aplicó los parámetros de unificación de la
sentencia del 29 de enero de 20220 en relación con la caducidad de las
pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de delitos de lesa humanidad,
y concluyó que la parte actora no demostró una situación que le haya imposibilitado
el acceso a la administración de justicia.
4.4. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional5 indicó que, conforme a
la jurisprudencia del órgano de cierre de esta jurisdicción, el actor contaba con 2
años a partir de su liberación (28 de julio de 2001) para presentar la demanda de
reparación directa. Por ende, la decisión judicial censurada no vulneró sus derechos
fundamentales.
Agregó que, informó que el señor Wilson Chilito Diaz es actualmente titular de una
asignación de retiro lo que desvirtúa el carácter de urgencia que pretendió darle a
la acción de tutela.
4.5. Los demás vinculados guardaron silencio en esta etapa procesal.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
3 Índice 00009 del aplicativo SAMAI.
4 Índice 00010 del aplicativo SAMAI.
5 Índice 00012 del aplicativo SAMAI.
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Accionante: Wilson Chilito Díaz
La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Wilson
Chilito Díaz, al ser el titular de los derechos que afirma fueron vulnerados, dado que
actuó como demandante en el trámite de reparación directa adelantado bajo el
radicado núm. 25000-23-36-000-2018-00545-00/01.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B por cuanto actuó como juez de segunda
instancia dentro del proceso mencionado y fue su actuación a la que la parte
accionante le atribuyó la vulneración de su garantía constitucional.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20056 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela7 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 8.
6 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
8 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
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Accionante: Wilson Chilito Díaz
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”9.
4.1. Relevancia constitucional
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que
el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga
una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el
juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la
vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”10.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a
demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que
ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es,
cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto
material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes
o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos
y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo
condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g)
desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
8 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
10 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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Accionante: Wilson Chilito Díaz
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez
constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes
y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad
y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que
ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la
causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los
defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto11.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
5.1. Del análisis del escrito de tutela se colige que, el señor Wilson Chilito Díaz
argumentó que la sentencia cuestionada vulneró sus derechos fundamentales, dado
que i) no se tuvo en cuenta la magnitud del daño, derivado del secuestro del que
fue víctima en el marco del conflicto armado con violación del derecho internacional
humanitario; ii) el marco fáctico que sustentó las pretensiones del proceso ordinario
imponía al juez administrativo la inaplicación de la figura de la caducidad; iii) los
parámetros de unificación establecidos en la sentencia del 29 de enero de 2020 no
podían ser aplicados para decidir la demanda ordinaria, dado que fue posterior a los
hechos, y además, existían otras decisiones anteriores que constituían precedente,
11 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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en el sentido de indicar que los casos relacionados con delitos de lesa humanidad
no estaban afectados por caducidad.
5.2. Ahora bien, conforme al contenido de la sentencia del 11 de septiembre de 2024
dictada por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, así como de
las pruebas incorporadas al proceso, se advierte que la autoridad arribó a las
siguientes conclusiones:
“(…) 4) En el asunto puesto a consideración de la Sala, se reitera que el daño
alegado es el secuestro de los referidos miembros de la Policía Nacional por
un tiempo aproximado de 32 meses, en el caso de Jairo Emilio Flórez Castro
se advierte que fue liberado el 16 de junio de 2001 y en el de Wilson Chilito
Díaz y Jorge Castellanos Peña el día 28 de ese mismo mes y año,
circunstancia fáctica que las partes no ponen en discusión y que implica que
los actores tuvieron conocimiento del daño desde el momento mismo en que
este se produjo, razón por la cual la demanda debió ser formulada dentro de
los dos (2) años siguientes al momento en el cual los policiales recuperaron
su libertad.
5) Ahora bien, uno de los puntos de discusión es si se configuran los
elementos necesarios para considerar que el secuestro del cual fueron
víctimas Jorge Castellanos Peña, Wilson Chilito Díaz y Jairo Emilio Flórez
constituye un delito de lesa humanidad, lo cual tiene como propósito
determinar si, en el presente caso, deben aplicarse las reglas propias del
fenómeno de la caducidad, frente a ello la Sala estima que tal distinción
resulta irrelevante, ya que, incluso en el supuesto de que se considere que
dicho hecho presenta los elementos de un crimen de lesa humanidad, el
medio de control de reparación directa se encuentra caducado.
6) Lo anterior, debido a que la Sala Plena de esta Sección mediante
sentencia de 29 de enero de 2020 unificó su jurisprudencia y señaló que en
relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas
con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y
cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado, resultan aplicables las reglas de
caducidad previstas para la reparación directa, criterio este avalado por la
Corte Constitucional en sede de revisión de tutela en la sentencia SU312 del
13 de agosto de 2020.
7) Puntualmente, la Sección Tercera del Consejo de Estado en dicha
providencia estableció que, para contabilizar el término de caducidad de las
pretensiones indemnizatorias derivadas de los delitos de lesa humanidad,
crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la
declaratoria de responsabilidad patrimonial y extracontractual del Estado, se
deben observar las siguientes subreglas:
a) El término de caducidad establecido por el legislador se computa desde
cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por
acción u omisión del Estado en la producción del daño y advirtieron la
posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial.
b) La contabilización de ese plazo para las súplicas indemnizatorias
derivadas del delito de desaparición forzada, se sujeta a la regulación legal
expresa prevista para el efecto.
c) Ese lapso no se aplica cuando se adviertan situaciones que hubiesen
impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción, de suerte que,
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Accionante: Wilson Chilito Díaz
una vez superadas aquellas empezará a correr el término de ley, dado que,
para tales efectos no resulta determinante la situación causante del daño
sino la condición particular de quien acude a la administración de justicia.
8) A pesar de que en la apelación se aludió a varios pronunciamientos del
Consejo de Estado en los cuales se acogió la postura según la cual los
hechos derivados de delitos de lesa humanidad no están sometidos al
término de caducidad, lo cierto es que en la actualidad la posición unificada
de la Sección Tercera es la previamente anunciada.
9) En ese orden de ideas, en el presente caso no hay elemento de juicio que
permita considerar que los demandantes se encontraban en una situación
material de carácter particular, especial y grave que les impidiera presentar
la respectiva demanda de reparación directa, pues, aunque no se desconoce
que el secuestro de los uniformados pudo generar consecuencias negativas
y graves para quienes lo padecieron, esta situación no constituye, por sí
misma, una justificación válida para encontrar configurada la imposibilidad
material de acceder a la administración de justicia, el cual es un derecho al
que se puede acceder aun en situaciones irregulares; por tanto, tampoco se
encuentra razonable considerar que la situación de los demandantes
justifique la imposibilidad de acceso a la administración de justicia.
10) De otra parte, no es de recibo el argumento según el cual, en el caso del
señor Wilson Díaz Chilito la caducidad debe computarse desde del 18 de
marzo de 2018 cuando el Tribunal Médico de Revisión valoró las patologías
de esa víctima y estableció una pérdida de capacidad laboral, por cuanto la
oportunidad para la presentación de la demanda debe considerarse desde el
momento en el cual se advierte o conoce el daño, para el presente caso el
hecho del secuestro de los uniformados es lo relevante, sin que la norma
procesal aplicable exija tener en cuenta las consecuencias adversas del
mismo, ya que, aunque estas puedan prolongarse en el tiempo en la
modalidad de perjuicios, no implican la extensión de la oportunidad para
ejercer el correspondiente medio de control.
11) Por consiguiente, como en el presente asunto no se demostró una
situación o circunstancia de imposibilidad material alguna para acceder a la
administración de justicia, se concluye que si se contabiliza el término para
presentar la demanda desde el día siguiente al momento de la liberación de
los miembros de la Fuerza Pública, se advierte que los actores acudieron a
esta jurisdicción por fuera del término de dos (2) años previsto para el efecto
en el artículo 136-8 del CCA, norma vigente al momento del secuestro que,
en el caso de Jairo Emilio Castro Flórez cesó el 16 de junio de 2001 y en el
de Wilson Chilito Díaz y Jorge Castellanos Peña el día 28 de junio de 2011,
porque cuando presentaron la solicitud de conciliación extrajudicial el 15 de
marzo de 2018 (fl. 2 cdno. 2) el término bienal previsto en la norma procesal
ya había expirado; en consecuencia, se conformará la sentencia de primera
instancia que declaró probada la excepción de caducidad del medio de
control de reparación directa.
Las circunstancias precisadas en precedencia fueron analizadas de cara a los
lineamientos de unificación, bajo los siguientes criterios:
“[…] 12) De otra parte, debe igualmente observarse que este análisis
compagina con los criterios establecidos en la sentencia de unificación de la
Sección Tercera del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020 para el
análisis de la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con
ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier
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otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial al Estado, postulados que fueron acogidos por la Corte
Constitucional en sentencia SU-312 de 2020 con la aclaración de que el juez
contencioso administrativo debe analizar las particularidades de cada asunto
en concreto, y que la desestimación del medio de control de reparación
directa por caducidad, no le impide al perjudicado obtener la compensación
económica del daño causado por otras vías.
3) La Corte reiteró esa postura recientemente en sentencia SU-167 de 2023
y agregó que “la aplicación del fallo de unificación de la Sección Tercera del
Consejo de Estado debe realizarse teniendo en cuenta la necesidad de
readecuar el trámite para brindar oportunidad a las partes de ajustarse a las
nuevas cargas y posibilidades procesales que este contiene”; esta Sala no
encuentra necesario readecuar el trámite en el caso concreto debido a que
las particularidades del mismo no permiten avizorar que ello pueda dar lugar
a un cambio en el sentido de esta decisión, pues, de lo acreditado en el
proceso y asegurado en la demanda hay absoluta certeza de que desde el
conocimiento del hecho dañoso y de la supuesta participación del Estado
operó la caducidad y no hay ningún elemento probatorio que permita inferir
que los demandantes estuvieron impedidos para ejercer el derecho de
acción.
14) Finalmente, a pesar de la configuración de la caducidad, la Sala
considera que, como se ha hecho en otros asuntos similares al presente, por
tratarse de hechos relacionados con el conflicto armado interno, en aras de
que se pueda contribuir al sistema integral de verdad, justicia, reparación y
no repetición, es pertinente remitir copia de la presente decisión a la Justicia
Especial para la Paz (JEP) para que examine el caso en el ámbito de su
competencia”.
En conclusión, para el Tribunal accionado i) las pruebas desmostaron que los
hechos que motivaron la demanda de reparación directa ocurrieron entre el 1 de
noviembre y el mes de junio de 2001. Asimismo, que el accionante fue liberado del
secuestro del que fue objeto el 16 de junio de 2001, por lo que tuvo conocimiento
del daño desde esa fecha. En consecuencia, la demanda debió ser presentada
dentro de los dos (2) años siguientes; ii) aunque el hecho fue calificado como un
delito de lesa humanidad, resultaban aplicables las reglas de caducidad conforme
a los parámetros establecidos en la sentencia de unificación del 20 de enero de
2020. Esta postura cuenta, además, con respaldo de la Corte Constitucional
mediante sentencia SU-312 de 2020; iii) a pesar de que en el recurso de apelación
la parte actora invocó diferentes pronunciamientos del Consejo de Estado que
acogieron la postura referente a que los hechos derivados de delitos de lesa
humanidad no estaban afectados por la caducidad, prevalecía la posición unificada
adoptada por la corporación; iv) la parte actora no probó estar incursa en una
situación de carácter particular y grave que le hubiere impedido acudir
oportunamente a la jurisdicción, además, las secuelas generadas no tienen la
virtualidad de justificar dicha omisión.
Los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con claridad,
que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por el juez
competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de forma
arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni que
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se hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el
desarrollo del proceso ordinario.
Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender
como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su
carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes
que permitan al juez constitucional advertir tal vulneración12.
5.3. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que el actor pretende imponer su
interpretación normativa sobre las consideraciones expuestas por las autoridades
enjuiciadas, así como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y
continuar con el debate surtido en el trámite del proceso de reparación directa, pues
a partir de la revisión del proceso se advierte que los argumentos expuestos en este
escenario guardan identidad con lo esbozado en el recurso de apelación
interpuesto, sin que haya demostrado la violación del derecho fundamental para el
que pidió su protección.
Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada está
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del proceso de
reparación directa, toda vez que reitera argumentos de índole legal desarrollados
en el marco de dicho asunto, sin esbozar las razones concretas por las cuales el
derecho fundamental invocado fue vulnerado con la providencia atacada, lo que
escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que la decisión censurada se
sustenta en el principio de autonomía judicial.
5.4. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un
nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada13, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o
12 Sentencia SU215 de 2022.
13 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
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Accionante: Wilson Chilito Díaz
de interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso
ordinario14.
Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por lo que se procederá a declarar improcedente el
amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
Wilson Chilito Diaz en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, por no superar el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
Notifíquese y Cúmplase,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SFGS
14 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.
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