Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02301-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02301-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02301-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
19 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02301-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: FRANCISCO BUITRAGO MONROY
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO. LA ACCIÓN
DE TUTELA ES IMPROCEDENTE EN LO REFERENTE AL INCIDENTE DE
LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS POR FALTA DEL REQUISITO DE
INMEDIATEZ. EN CUANTO AL RECURSO EXTRAORDINARIO DE
REVISIÓN TAMPOCO SE CUMPLE CON EL REQUISITO DE LA
SUBSIDIARIEDAD, EL ACTOR NO HIZO USO DEL RECURSO DE
SÚPLICA QUE TENÍA A SU ALCANCE.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- y la SALA
VEINTISIETE (27) ESPECIAL DE DECISIÓN DEL CONSEJO DE
ESTADO.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02301-00
Actor: FRANCISCO BUITRAGO MONROY
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor FRANCISCO BUITRAGO MONROY, actuando a través de
apoderada judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso
a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados por la
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- y la SALA VEINTISIETE
(27) ESPECIAL DE DECISIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO al
haber proferido, respectivamente, las providencias de 14 de
noviembre de 2023 y 16 de diciembre de 2024, dentro del incidente
de liquidación de perjuicios identificado con el número único de
radicación 47001-23-31-000-2003-00961-02 y el recurso
extraordinario de revisión radicado bajo el número 11001-03-15-
000-2024-06139-00.
I.2.- Hechos
Indicó que promovió una acción de reparación directa contra el
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), con el fin de
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02301-00
Actor: FRANCISCO BUITRAGO MONROY
que se le indemnizara por los perjuicios causados con la revocatoria
directa de las decisiones administrativas por medio de las cuales la
mencionada entidad le adjudicó los inmuebles “La Selva” y “Pueda
Ser” a los señores JESUALDO IGUARÁN ARIZA y RAÚL FRAGOSO
MARTÍNEZ, predios rurales que adquirió, previamente, de buena fe
mediante contrato de compraventa con los citados señores, lo cual
quedó sin efecto como consecuencia de la revocatoria.
Aseguró que al proceso le fue asignado el número único de radicación
2003-00961-00 y le correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo del Magdalena que, mediante sentencia de 16 de abril
de 2008, declaró la responsabilidad patrimonial de la entidad y la
condenó a pagar a su favor la suma de $2.500.000 por daño
emergente, con la respectiva indexación y negó las demás súplicas
de la demanda.
Manifestó que tanto la parte actora como la demandada,
interpusieron recurso de apelación, disenso desatado por la
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE
ESTADO que, mediante sentencia de 1o. de agosto de 2016,
modificó el reconocimiento de la indemnización y, en consecuencia,
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reconoció el pago del lucro cesante en abstracto, para cuyo efecto
debía iniciar un incidente de liquidación de perjuicios.
Relató que, por lo anterior, presentó incidente de liquidación de
perjuicios, el cual fue negado por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, mediante providencia de 27 de mayo de 2020, decisión
que fue objeto de apelación, el cual fue resuelto por la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO que, en
proveído de 14 de noviembre de 2023, confirmó la providencia al
considerar que no era posible constatar la veracidad de la
información aportada ni se allegó prueba que soportara la estimación
económica solicitada.
Señaló que interpuso recurso extraordinario de revisión al considerar
que existía una nulidad originada en la sentencia, comoquiera que, a
su juicio, la anterior providencia debió ser proferida por la Sala de
decisión y, además, se debió correr traslado para alegar de
conclusión.
Adujo que dicho recurso correspondió a la SALA VEINTISIETE (27)
ESPECIAL DE DECISIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO que,
mediante proveído de 16 de diciembre de 2024, lo rechazó al
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considerar que la providencia cuestionada no era una sentencia sino
un auto, por lo que no se encontraban acreditadas las condiciones
para su procedencia.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Manifestó que la providencia de 14 de noviembre de 2023 fue
proferida únicamente por el consejero Ponente, sin contar con los
demás magistrados que conforman la Sala, lo cual resulta contrario
al ordenamiento jurídico, comoquiera que el artículo 278 del Código
General del Proceso establece el incidente de liquidación de perjuicios
como sentencia, por lo que debe ser decidida en sala de decisión y,
sumado a ello, también se omitió el traslado de alegatos de
conclusión.
Así las cosas, destacó que tal situación generó la nulidad de lo
actuado, conforme con la causal dispuesta en el numeral 6 del
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, así como la causal de
revisión prevista en el artículo 188, numeral 6 del Decreto 01 de 2
de enero de 19841.
1
“Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.
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Mencionó que la decisión dictada en auto de 16 de diciembre de 2024
resulta desafortunada, pues la providencia cuestionada sí es una
sentencia, por lo que debido considerar viable el estudio del recurso
extraordinario de revisión.
Señaló que en el caso concreto se cumple con los requisitos de
procedibilidad, especialmente, el de relevancia constitucional, toda
vez que se están desconociendo los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de
justicia, de conformidad con lo mencionado en precedencia, pues
existe una indebida conformación del juez natural del asunto.
Advirtió que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un
defecto sustantivo al inaplicar lo dispuesto en el numeral 4 del
artículo 181 del Decreto 01 de 1984 y en el artículo 278 del CGP,
toda vez que el incidente de liquidación de perjuicios se resuelve
mediante una sentencia y no en un auto.
Alegó que la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL
CONSEJO DE ESTADO incurrió en desconocimiento del
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Actor: FRANCISCO BUITRAGO MONROY
precedente al apartarse sin razón alguna de las sentencias 2 que
resolvieron el incidente de liquidación de perjuicios en Sala de
decisión y, asimismo, sostuvo que la SALA VEINTISIETE (27)
ESPECIAL DE DECISIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO se apartó del
precedente reiterado por la Sala Plena del Consejo de Estado3, que
ha considerado viable el estudio del recurso extraordinario de
revisión contra autos que pongan fin al proceso.
Finalmente, resaltó que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en violación directa de la Constitución, comoquiera que
las providencias cuestionadas vulneran sus derechos fundamentales
invocados, pues omitieron resolver mediante sentencia un asunto
que era pronunciamiento de Sala y, además, se rechazó el recurso
extraordinario de revisión interpuesto.
I.4.- Pretensiones
2
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia
de 26 de abril de 2017, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación 19001-23-31-000-1999-
2203-02.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia
de 27 de agosto de 2018, C.P. Stella Conto Diaz del Castillo, radicación 25000-23-26-000-2012-00419-
01.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecisiete Especial de Decisión,
sentencia de 26 de enero de 2023, radicación 11001-03-15-000-2019-04168-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 25 de mayo
de 2017, radicación 11001-03-28-000-2017-00013-00.
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Actor: FRANCISCO BUITRAGO MONROY
El actor solicita el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] SEGUNDO: DEJAR sin efecto las siguientes providencias:
• Providencia del 14 de noviembre de 2023 proferida por la
Subsección A de la de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, dentro del radicado 47001-23-31-000-2003-
00961-02 (radicado interno 69.251)
• Providencia del 16 de noviembre de 2024, proferida por
la Sala Veintisiete (27) Especial de Decisión de la SALA
PLENA del Honorable Consejo de Estado dentro radicado
11001031500020240613900
TERCERO: ORDENAR a la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado proferir nuevamente sentencia dentro de
la acción de incidente de liquidación de perjuicios No. 47001-23-
31-000-2003-00961-02 (radicado interno 69.251) teniendo que
la decisión debe ser tomada por la mayoría absoluta de la
respectiva subsección.
En SUBSIDIO se solicita que la Sala Veintisiete (27) Especial
de Decisión de la SALA PLENA del Honorable Consejo de Estado
dentro radicado 11001031500020240613900, profiera nueva
sentencia que de tramite al recurso extraordinario de revisión
[…]”. (Negrilla pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- El consejero FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ,
integrante de la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL
CONSEJO DE ESTADO informó que no intervino en la aprobación de
la providencia de 14 de noviembre de 2023, por lo que se limitará a
respetar y acatar lo que se resuelva en el asunto.
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I.5.2.- La consejera GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA ponente
de la providencia de 16 de diciembre de 2024 e integrante de la SALA
ESPECIAL DE DECISIÓN VEINTISIETE (27) DEL CONSEJO DE
ESTADO, sostuvo que de la lectura del escrito inicial de tutela no se
evidencian verdaderos motivos que conlleven concluir la relevancia
constitucional del asunto, en tanto que el accionante reitera los
motivos presentados en la demanda del recurso extraordinario de
revisión, los cuales ya fueron resueltos en la providencia de 16 de
diciembre de 2024.
Advirtió que tampoco se cumple con el requisito de la subsidiariedad,
en la medida en que contra la decisión de 16 de diciembre de 2024
que rechazó la demanda del recurso extraordinario de revisión,
procedía el recurso de súplica, en los términos del numeral 2 del
articulo 246 y el numeral 1 del artículo 243 del CPACA, el cual no fue
agotado por el actor.
Adujo que en la providencia de 16 de diciembre de 2024 se advirtió
que el recurso extraordinario de revisión procede contra sentencias
ejecutoriadas y ciertos autos que terminan el proceso, por lo que en
el caso concreto no se reunía ninguno de esos elementos, pues se
trata de una providencia que resolvió la apelación respecto del auto
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que negó el incidente de liquidación de perjuicios, de tal forma que
no se configura el defecto sustantivo alegado.
Así las cosas, solicitó declarar improcedente el amparo solicitado, por
no superar los requisitos generales de relevancia constitucional y
subsidiariedad.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
solicitó que se le desvincule del presente trámite, toda vez que la
acción de tutela no está dirigida contra esa autoridad judicial.
I.6.2.- El MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL refirió que el actor no formuló pretensión alguna que
implique la toma de decisiones por parte de esa entidad, por lo que
solicitó que se le desvincule del presente trámite constitucional.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
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La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
MAGDALENA y el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL solicitaron su desvinculación en la presente
acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
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“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).
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Ahora bien, comoquiera que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
MAGDALENA fue la autoridad judicial que conoció del medio de
control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 2003-00961-01, así como del incidente de liquidación de
perjuicios seguido por la parte actora, y que el MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL fue vinculado en calidad
de demandado dentro del mencionado medio de control, objeto de
cuestionamiento, les asiste interés directo en las resultas del proceso
constitucional de la referencia, razón por la cual la Sala denegará sus
solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
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violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
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afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo,
se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional
en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
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tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
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Actor: FRANCISCO BUITRAGO MONROY
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
dejen sin efecto las providencias de 14 de noviembre de 2023 y
16 de diciembre de 2024 proferidas por la SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN “A”- y la SALA VEINTISIETE (27) ESPECIAL DE
DECISIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO, dentro del incidente de
liquidación de perjuicios identificado con el número único de
radicación 2003-00961-02 y el recurso extraordinario de revisión
radicada bajo el número 2024-06139-00, respectivamente.
A las citadas providencias el actor les atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso
a la administración de justicia.
Los disensos del actor radican en que la SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO incurrió en
defecto sustantivo, comoquiera que la providencia de 14 de
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Actor: FRANCISCO BUITRAGO MONROY
noviembre de 2023 debió ser una sentencia proferida en Sala de
decisión y no mediante auto de ponente, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 4 del artículo 181 del Decreto 01 de 1984 y
en el artículo 278 del CGP.
Alegó que tal situación fue pasada por alto por la autoridad judicial
accionada que también incurrió en desconocimiento del
precedente al apartarse sin razón alguna de las sentencias 4 que
resolvieron el incidente de liquidación de perjuicios en Sala de
decisión y, asimismo, sostuvo que la SALA VEINTISIETE (27)
ESPECIAL DE DECISIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO se apartó del
precedente reiterado por la Sala Plena del Consejo de Estado, que ha
considerado viable el estudio del recurso extraordinario de revisión
contra autos que pongan fin al proceso.
En esa medida, destacó que se generó la nulidad de lo actuado,
conforme con la causal dispuesta en el numeral 6 del artículo 140 del
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”,
sentencia de 26 de abril de 2017, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación 19001-23-31-
000-1999-2203-02.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia
de 27 de agosto de 2018, C.P. Stella Conto Diaz del Castillo, radicación 25000-23-26-000-2012-00419-
01.
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Código de Procedimiento Civil, así como la causal de revisión prevista
en el artículo 188, numeral 6º del Decreto 01 de 2 de enero de 19845.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- y la SALA VEINTISIETE (27)
ESPECIAL DE DECISIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO, vulneraron
los derechos fundamentales invocados dentro del incidente de
liquidación de perjuicios identificado con el número único de
radicación 2003-00961-02 y el recurso extraordinario de revisión
radicado bajo el número 2024-06139-00, respectivamente, estudio
que se realizará de manera separada.
Frente al incidente de liquidación de perjuicios identificado
con el número único de radicación 2003-00961-02
En primer lugar, la Sala abordará el estudio de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, especialmente, el requisito de inmediatez.
5
“Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.
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Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha
sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida
como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de
los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que
aunque no tenga previsto un término de caducidad para su
presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de
un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso
injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y
la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del
mecanismo […]”6.
Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,
para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el
momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la
instauración de la tutela.
Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción
constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a
que exige un examen más riguroso en aras de preservar los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el
6
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
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interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente
afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 7:
“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.
En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, sostuvo8:
“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.
[…]
7
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.
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De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.
Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela es más estricto cuando se interpone
contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta
claramente desproporcionado el control constitucional de una
providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo.
[…]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable.
[…]
[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).
En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición
de la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe
tener en cuenta los siguientes eventos:
(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso
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fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor
para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de
un hecho nuevo e inesperado, entre otras9;
(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado10;
(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión11;
(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales12;
(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad
manifiesta13.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que en las pretensiones el actor
solicitó que se deje sin efectos la providencia de 14 de noviembre de
2023, a través de la cual se confirmó la decisión del a quo, que
9
Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
10
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
11
Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
12
Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
13
Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, Magistrado ponente: doctor
Humberto Antonio Sierra Porto.
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Actor: FRANCISCO BUITRAGO MONROY
denegó el incidente de liquidación de perjuicios identificado con el
número único de radicación 2003-00961-02, de tal forma que el
término dispuesto por la jurisprudencia constitucional para la acción
de tutela contra providencia judicial debe empezar a contabilizarse
desde la notificación de la misma.
Por lo anterior, conforme con las constancias obrantes en el
expediente del proceso origen de la controversia visible en el
aplicativo de consulta SAMAI14, la providencia de 14 de noviembre
de 2023, aquí cuestionada, fue notificada a las partes por estado
electrónico del 21 de noviembre de 2023, sin embargo, en aplicación
del numeral segundo del artículo 205 de la Ley 1437 de 18 de enero
de 201115, la Sala entenderá que la notificación de la providencia
cuestionada se surtió el 24 de noviembre de 2023.
Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la
referencia se presentó el 22 de abril de 2025, esto es,
transcurrido 1 año, 4 meses y 29 días, esto es, superados así los
6 meses que han sido estimados por la jurisprudencia como término
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=470012331000200300
14
961021100103
15
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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razonable para impugnar por vía de tutela el contenido de una
decisión judicial, sin que la parte actora haya expuesto razón alguna
que justifique la inactividad o tardanza en la presentación de la
solicitud de amparo.
Ahora bien, el actor adujo que interpuso recurso extraordinario de
revisión contra dicha decisión y que el mismo fue desatado en auto
de 16 de diciembre de 2024, por la SALA VEINTISIETE (27)
ESPECIAL DE DECISIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO.
La Sala destaca que las razones aducidas por el actor no justifican la
inactividad o tardanza en la presentación de la solicitud de amparo,
toda vez que en tratándose de las acciones de tutela contra
providencias judiciales, el término con el que cuenta el interesado
para promover la solicitud de amparo se determina por la fecha en
la que se surte debidamente la notificación de la decisión
cuestionada, sin que para tal efecto, pueda considerarse como válido
el argumento presentado, pues la decisión proferida por la SALA
VEINTISIETE (27) ESPECIAL DE DECISIÓN DEL CONSEJO DE
ESTADO dentro del recurso extraordinario de revisión es
absolutamente autónoma e independiente de la actuación
cuestionada.
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Aunado a lo anterior, la Sala señala que para que proceda el amparo
constitucional como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, debe ser actual y las medidas que se
requieran para conjurarlo han de ser urgentes; no basta cualquier
perjuicio, se requiere que sea grave, lo que equivale a una gran
intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber
jurídico de la persona; y la urgencia y la gravedad determinan que la
acción de tutela sea impostergable, debido a que tiene que ser
adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.
Precisado lo anterior, teniendo en cuenta que en la presente acción
de tutela no se evidenció situación que se enmarque en alguno de
los supuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional que
puedan excusar su presentación por fuera del término establecido
por la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sala concluye que la
solicitud de amparo constitucional se presentó por fuera del término
razonable para cuestionar vía tutela providencias judiciales.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el
amparo solicitado frente a la providencia de 14 de noviembre de
2023, por carencia del requisito general de inmediatez, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02301-00
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En cuanto al recurso extraordinario de revisión identificado
con el número único de radicación 2024-06139-00.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, frente al proceso identificado con el número
único de radicación 2024-06139-00, según la jurisprudencia trazada
por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta
Corporación, en especial, el requisito de la subsidiariedad.
El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el
cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86
de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que
«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y
negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
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cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los
derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se
dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer
del fondo del asunto.»16 (Subrayas y negrillas fuera del texto).
16 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván
Palacio Palacio.
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Precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente acción de
tutela es improcedente por incumplir con el requisito general
de la subsidiariedad, comoquiera que el actor no hizo uso del
recurso de súplica que procedía contra la providencia de 16 de
diciembre de 2024, por medio de la cual se rechazó el recurso
extraordinario de revisión, de conformidad con lo establecido en los
numerales 2 y 3 del artículo 246 del CPACA, que tenía a su alcance,
mecanismo judicial idóneo para controvertir la providencia
cuestionada.
En efecto, de conformidad con los numerales 2 y 3 del artículo 246
del CPACA, contra el auto que rechaza el recurso extraordinario de
revisión procede el recurso de súplica. El citado artículo prevé:
“[…] ARTÍCULO 246. Súplica. El recurso de súplica procede contra
los siguientes autos dictados por el magistrado ponente:
[…]
2. Los enlistados en los numerales 1 a 8 del artículo 243 de este
código cuando sean dictados en el curso de la única instancia, o
durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios.
3. Los que durante el trámite de la apelación o de los recursos
extraordinarios, los rechace o declare desiertos […]”. (Destacado
fuera de texto).
En ese sentido, si el actor se encontraba inconforme con la
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providencia de 16 de diciembre de 2024, por medio de la cual la
SALA VEINTISIETE (27) ESPECIAL DE DECISIÓN DEL
CONSEJO DE ESTADO rechazó el recurso extraordinario de revisión,
lo correcto era haber interpuso el recurso de súplica que procedía
contra dicho proveído, sin que se haya hecho uso del mismo.
Así las cosas, la Sala considera que la presente acción de tutela
es improcedente ante la existencia de otros medios de defensa
judicial, esto es, el recurso de súplica, el cual el actor tuvo a su
alcance y no interpuso, por lo que no es válido que ahora pretenda
suplir su desidia y descuido dentro del recurso extraordinario de
revisión.
En ese orden de ideas, se destaca que mal podría el juez de tutela
ordenar un amparo constitucional con el propósito de que se emitan
unas órdenes que evidentemente son competencia del juez de
conocimiento y que deben ser ventiladas dentro del recurso
extraordinario de revisión, escenario idóneo para resolver la
controversia aquí planteada.
Aunado a lo anterior, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela de la referencia
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como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable,
dado que de los elementos de juicio obrantes en el expediente no es
posible establecer dicha circunstancia.
Por lo expuesto, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio
irremediable, esto es, un daño cierto o inminente que amerite la
intervención del juez constitucional en el caso concreto, razón por la
que declarará improcedente la presente acción de tutela por carencia
de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA y el MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
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SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia por falta de los requisitos de
inmediatez y subsidiariedad, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de junio de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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