Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02302-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02302-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02302-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
14 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02302-00
Accionante: Camilo Hincapié Rúa
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados
Tema: Acción de tutela por la presunta vulneración del derecho
fundamental de petición
Decisión: Declara carencia actual de objeto por hecho superado
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela interpuesta1 por el señor Camilo Hincapié Rúa, en contra del
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados,
por la presunta vulneración del derecho fundamental de petición en virtud de la
solicitud remitida el 11 de abril de 2025 a la dirección electrónica de la entidad.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El señor Camilo Hincapié Rúa remitió petición el 11 de abril de 2025 a la
dirección de correo electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co del Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados a fin de
obtener la siguiente información:
«1. Una relación detallada del cronograma de la aplicación del
examen de idoneidad para la aplicación 2025 l, la cual se tiene
prevista para el mes de mayo. 2. Se informe si ya existe una fecha
tentativa para la aplicación del examen y si este efectivamente se
llevará a cabo en el mes de mayo, teniendo en cuenta que a la fecha
no se ha publicado más información luego de la lista de admitidos e
inadmitidos y no se ha actualizado el cronograma en el aplicativo
destinado2».
1 El 22 de abril de 2025 ante esta Corporación.
2 Índice 4 del aplicativo SAMAI.
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Acción De Tutela
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Accionante: Camilo Hincapié Rúa
3. En consecuencia, la entidad accionada respondió la solicitud del señor
Hincapié Rúa el 22 de abril de 2025, en los siguientes términos:
«La Corporación no ha autorizado el cronograma para la
presentación de la prueba 2025-I. En ese sentido, le recomendamos
estar pendiente del micrositio de la “LEY 1905 DE 2018” del SIRNA,
el cual puede ser consultado en el siguiente link:
https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/LEY19052018.aspx, donde
se publica toda la información y actos administrativos relacionados
con la prueba3».
4. Sin embargo, el accionante determinó que la respuesta brindada por el
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad Registro Nacional de Abogados,
vulneró su derecho fundamental de petición al no brindar la información
requerida.
2.2. Fundamento jurídico
5. El accionante argumentó que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
Registro Nacional de Abogados vulneró su derecho fundamental de petición al
no responder de fondo la solicitud presentada el 11 de abril de 2025.
2.3. Pretensiones
6. Con fundamento en lo anterior, la parte accionante solicitó:
«Se declare que Consejo Superior de la Judicatura ha vulnerado mi
derecho fundamental de petición.
Se tutele mi derecho fundamental de petición.
Como consecuencia, se ordene al Consejo Superior de la Judicatura,
que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de
tutela, se dé respuesta de fondo conforme lo establecen la
normatividad y la jurisprudencia colombianas.
Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura, la publicación del
cronograma de la aplicación 2025-1 del examen de idoneidad para
abogados.
Se ordene en lo sucesivo, que la entidad accionada incurra en
acciones u omisiones que impidan el acceso oportuno a la
información»4. (sic en toda la cita).
3 Índice 4 del aplicativo SAMAI.
4 Índice 4 del aplicativo SAMAI.
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2.4. Intervenciones
7. La acción de tutela fue admitida mediante auto del 24 de abril de 2025, a través
del cual se ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Registro Nacional de Abogados como accionado.
8. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados señaló que respondió de fondo la solicitud presentada por el
accionante, indicándole que: «(i) podía consultar el cronograma del examen de
estado aplicación 2025-I en el micrositio de Ley 1905 de 2018; (ii) la fecha en
que se llevará a cabo el mencionado examen -15 de junio- y (iii) el procedimiento
para consultar la citación al examen, a partir del 30 de mayo» 5. Por lo tanto,
consideró que se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
9. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
10. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
determinar si el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional
de Abogados incurrió en la presunta vulneración del derecho fundamental de
petición en virtud de la solicitud remitida el 11 de abril de 2025 a través del correo
electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co.
3.3. Generalidades de la acción de tutela
11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1. ° del Decreto 2591 de 1991,
reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política, «toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto».
12. Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o vulneración, de
los derechos fundamentales, por la acción u omisión de las autoridades públicas,
o de los particulares en casos concretos y excepcionales.
5 Índice 8 del aplicativo SAMAI.
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Acción De Tutela
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13. No obstante, la acción de tutela es subsidiaria a otras herramientas judiciales
que permitan proteger los derechos fundamentales del tutelante, salvo que se
interponga como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable.
3.4. Del derecho fundamental de petición
14. El derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la
Constitución Política de Colombia y desarrollado por la Ley 1755 de 2015,
permite el establecimiento de una comunicación efectiva entre la
Administración y los ciudadanos, cuya fluidez y eficacia constituye una
exigencia impostergable para los ordenamientos organizados bajo la insignia
del Estado Democrático de Derecho.
15. Así mismo, las reglas consagradas en la Constitución y la ley y
desarrolladas por la jurisprudencia, dan cuenta de la calidad que debe tener la
respuesta que se brinde: la misma debe resolver el fondo del asunto, sin que
ello implique la concesión o la negación de lo pedido; y debe ser coherente,
entendiendo por ello la armonía entre lo solicitado por el peticionario y la
decisión adoptada por la peticionada. Al respecto, la Corte Constitucional ha
precisado:
«Al respecto, esta Corporación ha señalado que la respuesta de la
autoridad debe ser: “(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de
argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda
directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin
incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii) congruente, de suerte que
abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado;
y además (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera
que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición
formulada dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la
cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una
respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que,
si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de
las razones por las cuales la petición resulta o no procedente.”
La respuesta de fondo no implica tener que otorgar necesariamente lo
solicitado por el interesado, salvo cuando esté involucrado el derecho de
acceso a la información pública (art. 74 C.P.)».6
3.5. Caso concreto
16. El accionante argumentó que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
Registro Nacional de Abogados vulneró su derecho fundamental de petición al
no responder de fondo la solicitud presentada el 11 de abril de 2025, en la que
solicitaba que se relacionara el cronograma de la aplicación del examen de
idoneidad para el periodo 2025 - l, y requería información de la fecha tentativa
en que se llevaría cabo dicho examen.
6 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2020.
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17. Sobre el particular, la entidad accionada informó que el 30 de abril de 2025
notificó al accionante su admisión al examen de Estado de la Ley 1905 de 2018
en el periodo 2025 – I. Asimismo, se le indicó que la prueba se aplicaría el
domingo 15 de junio de 2025 y se le relató el procedimiento para consultar la
citación del examen a partir del 30 de mayo de 2025.
18. Por lo expuesto, se observa que el accionante recibió una nueva respuesta
de la entidad accionada con posterioridad a la presentación de la acción de tutela
de la referencia. Así las cosas, resulta conveniente establecer si en el caso
concreto opera la carencia actual de objeto por hecho superado.
19. En ese orden de ideas, se tiene que el fenómeno de carencia actual de
objeto por hecho superado opera cuando entre el momento de interposición de
la acción de tutela y al momento de proferir la decisión judicial, desaparece la
situación que genera la presunta conculcación de los derechos fundamentales
invocados, situación que le impide al juez de tutela adoptar cualquier medida
dirigida a proteger las garantías constitucionales del accionante, pues nada
contrariaría más la lógica, que proferir una orden frente a una circunstancia que
en la actualidad se torna en inexistente, o contravenir la decisión que al respecto
se haya proferido en instancias diferentes a la del juez constitucional.7
20. Sin embargo, aunque las pruebas aportadas al proceso de tutela demuestren
que, en apariencia, el hecho generador de la acción ha sido superado, resulta
imperativo que el juez de tutela examine si en el fondo persisten circunstancias
que ocasionen la vulneración de los derechos fundamentales, de acuerdo con la
interpretación en derecho del caso concreto y su posible superación.
21. Al respecto, esta Sala advierte que, en definitiva, el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados, el 30 de abril de 2025
emitió una contestación clara, precisa, de fondo y congruente con la solicitud
expuesta por el señor Camilo Hincapié Rúa.
22. Por lo anterior, se entiende que entre el momento de interposición de la
acción de tutela y el momento en que se analiza el caso concreto para proferir la
decisión judicial en primera instancia, se satisfizo la pretensión principal de la
accionante, pues se resolvieron sus inquietudes frente a la aplicación del examen
de idoneidad para el periodo 2025-I.
23. Aunado a lo anterior, no se observa que persistan circunstancias que
ocasionen la vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.
En consecuencia, la Sala advierte que se declarará la carencia actual de objeto
por hecho superado.
24. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
7
Corte Constitucional, sentencia T-919 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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Acción De Tutela
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Accionante: Camilo Hincapié Rúa
I. FALLA
Primero: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado dentro
de la acción de tutela instaurada por el señor Camilo Hincapié Rúa, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.
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