Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02306-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02306-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02306-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
4 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., cuatro (4) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02306-00
Demandante: Yhon Francy Zambrano Charry
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho para reclamar el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por retardo en el pago de las cesantías a favor de los
docentes / Entidad competente / Condena en costas / Defecto
sustantivo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Yhon Francy Zambrano Charry, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Yhon Francy Zambrano Charry promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia proferida el 3 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Tolima,
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 73001-33-33-002-2022-00228-01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional y al
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio2, con el fin de cuestionar la legalidad
del acto ficto negativo configurado respecto de la petición presentada el 6 de febrero
de 2020, que le negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no
cancelación oportuna de las cesantías, en los términos de las leyes 1071 de 2006 y
1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda_TUTELAANDRESFELIPEPU(.pdf) NroActua 2».
2
En adelante Fomag.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Yhon Francy Zambrano Charry
1955 de 2019.
2.2.El Juzgado Segundo del Circuito Judicial de Ibagué, en sentencia proferida el
22 de noviembre de 2023 accedió a las súplicas de la demanda En contra de esta
decisión la parte demandada interpuso recurso de apelación.
2.3. El Tribunal Administrativo del Tolima, en sentencia del 3 de octubre de 2024
revocó lo resuelto por el a quo al considerar que, si bien es cierto se acreditó la mora
en el pago alegada, en los términos de la sentencia de unificación 18 de julio de
20183 del Consejo de Estado, Sección Segunda, «como el FOMAG pagó $340.138, lo
que cubre 5 días de penalidad, esta Sala considera que el día de sanción que falta debió
ser reclamado ante el Departamento del Tolima», ente que no fue vinculado al proceso.
Asimismo, resolvió «CONDENAR en costas a la parte actora, las cuales se deberán
liquidar por el juzgado de origen. Las agencias en derecho a favor de la parte demandada
y a cargo de la parte actora corresponden a la suma equivalente a un (1) salario mínimo
legal mensual vigente por cada instancia al momento de la ejecutoria de esta providencia»
(sic).
2.4. La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en defecto sustantivo4 por desconocer que el artículo 57 de la Ley 1955 de
2019, dispuso que «todas las sanciones por mora causadas hasta el 31 de
diciembre de 2019, serán a cargo de la Nación- Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, las cuales deben ser
financiadas a través del Ministerio de Hacienda con la emisión de Títulos de
Tesorería, las causadas a esa fecha, serán de cargo de las entidades territoriales»
(sic).
También se aplicó en indebida forma el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
adicionado por el 47 de la Ley 2080 de 2021, que dispone que «solo habrá lugar a la
condena en costas cuando en el expediente se pruebe de manera objetiva su causación,
por lo que, en ausencia de su comprobación, no resultarían procedentes.» (sic).
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:
«[…] 1. Se amparen los derechos fundamentales de mi poderdante, conculcados por el
TRIBUNAL ADMINISTRATVO DEL TOLIMA.
2. Que como consecuencia de la anterior de cisión se profiera una orden judicial con
destino al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, en donde se revoque la
sentencia de segunda instancia y se emita una nueva sentencia bajo los parámetros de
justicia que establezca la Corte Constitucional como garante de los derechos
fundamentales de las personas. Máximo Tribunal de lo Contencioso-Administrativo en
su rol de Juez Constitucional.
3. Que se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA revocar el numeral
segundo de la sentencia de segunda instancia, para n condenar en costas al accionante
YHON FRANCY ZAMBRANO CHARRY. […]». (sic).
3 Expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15).
4 Aunque no se identifica de forma expresa, la motivación efectuada permite establecerlo.
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1.2. Informes rendidos en el proceso
4. La Gobernación del Tolima5 solicitó que se declarara improcedente la tutela por
no superar los requisitos de procedibilidad en tratándose de decisiones judiciales,
además, de que comparte las consideraciones contenidas en la decisión proferida
por el Tribunal Administrativo del Tolima.
5. El Ministerio de Educación Nacional6 solicitó que se declarara la improcedencia
de la tutela, toda vez que carece de relevancia constitucional al no evidenciarse
vulneración de derecho fundamental alguno. Asimismo, que se le desvinculara del
asunto ya que el juez natural sería el llamado a desplegar las actuaciones que
pudieran resultar contrarias al ordenamiento jurídico.
6. La Previsora La Fiduprevisora S.A.7 solicitó que se declarara la improcedencia
de la tutela y se le desvinculara del asunto por carecer de legitimación en la causa
por pasiva, ante la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales, la cual
se le atribuyó al Tribunal Administrativo del Tolima.
7. El Juzgado Segundo del Circuito Judicial de Ibagué y el Tribunal
Administrativo del Tolima si bien allegaron el link de consulta del proceso
contencioso-administrativo, guardaron silencio frente a la solicitud de amparo.
2. Consideraciones
8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia de
la tutela contra providencia judicial; iv) problema jurídico; y v) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
9. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 1 del Decreto 333 del
6 de abril de 2021,8 esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo
contra el Tribunal Administrativo del Tolima.
2.2. Cuestión previa - falta de legitimación en la causa por pasiva
10. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho
5 Ver índice 17.
de Samai. Archivo denominado «19_MemorialWeb_Respuesta-CONTESTACIONTUTELA(.pdf)
NroActua 17».
6 Ver índice 18 de Samai. Archivo denominado
«22RECIBEMEMORIAL_Memorial_2025EE142282Comunica(.pdf) NroActua 18».
7 Ver índice 21 de Samai. Archivo denominado «27_MemorialWeb_Alegatos-
20251062002496061pd(.pdf) NroActua 21».
8 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
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a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por
quién actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, tal como lo
señala el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991:
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior.
11. La Corte Constitucional9 en lo que a la legitimación en la causa por pasiva en los
trámites de solicitudes de tutela se refiere, ha considerado:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental10. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”11, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta
Fundamental.”12 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales
(oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección
del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es
demandado. […]». (sic)
12. El Ministerio de Educación Nacional y la Fiduprevisora S.A. alegaron su falta de
legitimación en la causa por pasiva, al considerar que el llamado a responder por
una posible afectación de derechos fundamentales es el Tribunal Administrativo del
Tolima.
13. Respecto de lo anterior, la Sala aclara que sus vinculaciones fueron en calidad
de terceros con interés, al ser quienes integraron la parte pasiva en el proceso
contencioso-administrativo cuestionado, y en aras de salvaguardar sus derechos a
la defensa y contradicción, razón por la cual se negará tal solicitud.
9 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
10 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
11 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
12 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
14. En fallo del 31 de julio de 2012, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso-administrativo13 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 14. Al
respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».
15. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
16. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo15 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
17. Ahora bien, la Corte Constitucional16 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
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Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
18. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos17, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales18.
19. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.4. Problema jurídico
20. La Sala deberá definir: ¿si el Tribunal Administrativo del Tolima vulneró los
derechos fundamentales de Yhon Francy Zambrano Charry con ocasión de la
sentencia del 3 de octubre de 2024 a través de la cual le negó las pretensiones de
reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de la cesantías, en razón
a la no vinculación del ente territorial llamado al pago, y lo condenó en costas en
ambas instancias, con lo que incurrió, presuntamente, en defecto sustantivo por
indebida aplicación del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, y del artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, adicionado por el 47 de la Ley 2080 de 2021?
2.5. Análisis de la Sala
2.5.1 Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
21. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio de fondo del asunto planteado.
2.5.2 Defecto sustantivo
22. En cuanto a este defecto, es importante recordar que la Corte Constitucional ha
señalado que se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda el
marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable
al caso concreto19. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que este
defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de
autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta
17 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
19 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
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no es una facultad absoluta20, para lo cual precisó que los límites se encuentran en
el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al Estado Social de Derecho.
23. El alto tribunal de lo constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una
norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contraevidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que
hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna
regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica
de la norma; y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.
24. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales21.
2.5.3. Sobre el caso concreto
25. Yhon Francy Zambrano Charry acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
la sentencia proferida el 3 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Tolima que, en segunda instancia, le negó las pretensiones de reconocimiento de
la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, en razón a la no vinculación
del ente territorial llamado al pago, y lo condenó en costas en ambas instancias.
26. Lo anterior, al considerar que se incurrió en defecto sustantivo por indebida
interpretación y aplicación del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, en cuanto la
llamada al pago de la sanción moratoria generada hasta el 31 de diciembre de 2019
era la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio; y del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por
el 47 de la Ley 2080 de 2021, que dispone la condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal», lo
cual no ocurrió ni se causaron en el asunto contencioso-administrativo cuestionado.
27. En cuanto al primer cargo de inconformidad, se recuerda que el artículo 5722 de
la Ley 1955 de 201923, dispuso:
20 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018.
21 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018.
22 El parágrafo transitorio fue modificado por el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023.
23 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por
la Equidad”.
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Demandante: Yhon Francy Zambrano Charry
ARTÍCULO 57. EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. Las
cesantías definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán
reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad territorial y
pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
[…]
Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solo podrán
destinarse para garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales y
asistenciales a sus afiliados docentes, pensionados y beneficiarios. No podrá decretarse
el pago de indemnizaciones económicas por vía judicial o administrativa con cargo a los
recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora
en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se
genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación
o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría de Educación
territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente
del pago de las cesantías.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para efectos de financiar el pago de las sanciones por
mora a cargo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio causadas a
diciembre de 2019, facúltese al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir
Títulos de Tesorería que serán administrados por una o varias sociedades fiduciarias
públicas; así mismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público definirá la operación,
las reglas de negociación y pago de los mismos. El Consejo Directivo del FOMAG
efectuará la adición presupuestal de los recursos de los que trata el presente parágrafo.
La emisión de bonos o títulos no implica operación presupuestal alguna y solo debe
presupuestarse para efectos de su redención.
28. En este punto, se recuerda lo considerado por el tribunal demandado para
concluir que las pretensiones formuladas debían negarse, en razón al no
agotamiento de la reclamación administrativa de forma autónoma ante el ente
territorial y su no vinculación al proceso contencioso-administrativo, así:
«[…] 2.4.2.3. Reclamación administrativa de manera autónoma tratándose de la
sanción moratoria del personal docente con posterioridad a la entrada en vigencia
de la ley 1955 de 201913
Se precisa en este punto que, al establecerse que el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019
consagró que la entidad territorial es responsable del pago de la sanción moratoria
derivada del reconocimiento y pago tardío de las cesantías en los eventos en los que la
cancelación extemporánea se genere como consecuencia del incumplimiento de los
términos otorgados para la radicación de la solicitud de pago de cesantías por parte de
las secretarías de educación territoriales ante el FOMAG, surge igualmente para la parte
que pretende dicho reconocimiento la obligación de elevar la respectiva reclamación al
ente territorial de manera autónoma. Solo con ello se puede predicar un debido
agotamiento de la vía administrativa, requisito indispensable para que pueda ser llamado
a responder dentro de esta clase de asuntos, en los que se pretende el reconocimiento
de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías al personal docente, la cual,
como se estableció anteriormente, es autónoma y divisible frente a las demoras en que
incurra el ente territorial al cual se encuentra vinculado el docente y la entidad fiduciaria
encargada del pago de las cesantías de este personal y que administra el Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02306-00
Demandante: Yhon Francy Zambrano Charry
[…]
Igualmente, se ha señalado que la reclamación administrativa, al ser un requisito de
procedibilidad para iniciar acciones judiciales en contra de la administración, debe
guardar congruencia. Es decir, los temas y peticiones que se realizan en sede
administrativa deben estar en concordancia con las pretensiones de la demanda, so
pena de declararse que no se agotó este requisito de procedibilidad en debida forma.
Desde la entrada en vigencia del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, no puede elevarse
la reclamación administrativa solo al FOMAG en los procesos en los que se pretenda el
pago de la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
[…]
2.5. Caso concreto
En este asunto, se acreditó que el docente Yhon Francy Zambrano Charry solicitó el
reconocimiento y pago de cesantías parciales para la compra de vivienda el 26 de julio
de 2019. La prestación fue reconocida mediante la Resolución 4871 del 21 de agosto de
2019, emitida por la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Tolima.
Esta resolución fue notificada personalmente al interesado el 23 de agosto de 2019, con
renuncia a los términos de ejecutoria. Las cesantías fueron canceladas el 14 de
noviembre de 2019.
[…]
De acuerdo con lo establecido hasta aquí, se puede concluir que, si la solicitud de
cesantías se formuló el 26 de julio de 2019, el término máximo de 15 días para la emisión
del acto venció el 20 de agosto de 2019. Dado que el acto fue emitido finalmente el 21
de agosto de 2019 mediante la Resolución 4871, es evidente que la Secretaría de
Educación del Tolima incumplió con la obligación legal de emitir el acto de
reconocimiento de la prestación dentro del término establecido, superándolo por al
menos un día.
En consecuencia, dado que no hay discusión sobre que la mora en el pago de la sanción
se produjo del 8 al 13 de noviembre de 2019 (6 días calendario), y que el valor total de
la sanción asciende a $408.165, se infiere que el valor correspondiente a cada día de
sanción es de $68.027. Como el FOMAG pagó $340.138, lo que cubre 5 días de
penalidad, esta Sala considera que el día de sanción que falta debió ser reclamado ante
el Departamento del Tolima. Esto se debe a que la Secretaría de Educación y Cultura
emitió el acto de reconocimiento de las cesantías un día después del plazo estipulado, y
este hecho está probado en el presente asunto.
Por lo tanto, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negarán las
pretensiones de la demanda, dado que se ha desvirtuado que el FOMAG adeude suma
alguna por concepto de sanción moratoria debido al pago tardío de las cesantías
reconocidas al actor mediante la Resolución 4871 del 21 de agosto de 2019.
Respecto al Departamento del Tolima, no se realizarán más apreciaciones, ya que no es
parte en el proceso, dado que no fue demandado. Además, no se elevó reclamación
administrativa sobre las pretensiones de la demanda frente a dicha entidad. Esta
precisión se fundamenta en que, según lo establecido en el marco normativo aplicable,
tras la expedición de la Ley 1955 de 2019, la responsabilidad por el reconocimiento de
la sanción moratoria para los docentes afiliados al FOMAG es individual y divisible entre
la entidad territorial certificada en educación y el fondo. Por lo tanto, si no se agota
debidamente la reclamación administrativa ante la entidad causante de la mora, no será
posible determinar si esta debe responder por la sanción moratoria reclamada en sede
judicial, debido a la falta de reclamación administrativa frente a dicha entidad. […]». (sic)
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02306-00
Demandante: Yhon Francy Zambrano Charry
29. De la norma en cita y los argumentos expuestos por el tribunal demandado en
su providencia, se tiene que el demandante no agotó la reclamación administrativa
ante el departamento del Tolima de forma autónoma, en los términos del artículo 57
de la Ley 1955 de 2019, con el fin de lograr el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria configurada en su favor, pues, tal como quedó acreditado solo lo hizo ante
el Fomag, lo cual era necesario para el fin perseguido, en razón a que « la Secretaría
de Educación del Tolima [fue la que] incumplió con la obligación legal de emitir el acto de
reconocimiento de la prestación dentro del término establecido, superándolo por al menos
un día» (sic). Además, de que tampoco fue vinculado al proceso contencioso-
administrativo.
30. Es decir, sin desconocer que el parágrafo transitorio del artículo 57 de la Ley
1955 de 2019, en efecto disponía que «[p]ara efectos de financiar el pago de las
sanciones por mora a cargo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
causadas a diciembre de 2019», lo cierto es que tal circunstancia no le aplicaba a la
situación del demandante, como de manera errada lo consideró, toda vez que, se
reitera, el tribunal demandado encontró que la sanción por mora advertida era
atribuible al departamento del Tolima, no al Fomag. Situación que permite concluir
que el referido cargo no está llamado a prosperar.
31. Ahora, en lo que a la condena en costas que hiciera el Tribunal Administrativo
del Tolima en la sentencia acusada se refiere, se recuerda la motivación expuesta
al respecto:
«[…] 2.6. Costas procesales
El artículo 188 del CPACA, sobre condena en costas, establece lo siguiente:
“ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando
se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal.”
[…]
De las consideraciones del órgano de cierre en esta jurisdicción, se precisa que la
imposición de costas requiere un análisis objetivo-valorativo, que se da en este asunto
en la medida en que es objetivo porque las costas se imponen a la parte vencida, y
valorativo porque, aunque no se haya demostrado que el demandante actuó con mala
fe o deslealtad procesal, la entidad demandada debió constituir apoderado para
oponerse a un derecho subjetivo inexistente. Por lo tanto, se cumple el presupuesto de
orden económico para conceder costas a favor de la autoridad demandada, por concepto
de agencias en derecho.
Sobre las agencias en derecho, el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 del
Consejo Superior de la Judicatura establece en su artículo 5° que, en los procesos
declarativos en general en segunda instancia, las agencias en derecho oscilan entre 1 y
6 SMLMV.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02306-00
Demandante: Yhon Francy Zambrano Charry
Dado que el apoderado de la entidad demandada intervino en todas las etapas
procesales en primera instancia y recurrió la decisión adversa, que prospero en esta
instancia, se le reconocerá por agencias en derecho un (1) salario mínimo legal mensual
vigente por cada instancia al momento de la ejecutoria de esta providencia, que será
carga de la parte actora.
De acuerdo con la misma norma citada (art. 188 del CPACA), las costas se liquidarán
conforme a los artículos 365 y siguientes del Código General del Proceso. […]». (sic)
32. Como se observa, el tribunal demandado acudió a un criterio objetivo para
condenar al demandante en costas, con fundamento en los artículos 365 del CGP
y 188 de la Ley 1437 de 2011, tesis actualmente vigente en algunas secciones de
la corporación, como se evidencia, por ejemplo, en sentencia proferida el 9 de abril
de 202524 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en la que
resolvió:
«[…] El numeral 1 del artículo 365 del CGP27 dispone que se condenará en costas a la
parte vencida en el proceso “o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación”, siempre que se demuestre en el expediente su causación y en la medida de
su comprobación28. Atendiendo a lo allí ordenado, se condenará en costas en segunda
instancia a la parte actora, por resultar vencida en esta instancia. […]». (sic)
33. Sin embargo, es pertinente advertir que hay otras secciones de la corporación,
como la Sala que hoy decide, cuya tesis en asuntos ordinarios es resolver acerca
de la condena en costas desde un juicio subjetivo valorativo, tal como se señaló en
sentencia del 10 de julio de 202425, así:
«[…] 43. Ahora bien, la adición de la Ley 2080 de 2021 al artículo 188 del CPACA
refuerza el argumento relativo a la necesidad de analizar la conducta de las partes, pues
deja en evidencia que debe evaluarse si la demanda se presentó con manifiesta carencia
de fundamento legal, es decir, aun cuando el demandante haya sido vencido en el
proceso y no se haya advertido una conducta temeraria o de mala fe que implique ser
condenado en costas, esta procederá si se observa que no tenía fundamento legal.
44. De esta manera, está claro que el legislador no pretendió imponer al juez la
necesidad de condenar en costas cuando una las partes fue vencida, sino la de
pronunciarse sobre esas costas, sobre la base de un juicio subjetivo valorativo.
45. Este juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté
revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las
diferentes etapas del procedimiento26. Al respecto esta corporación ha acudido a los
criterios señalados en el artículo 79 del CGP a efectos de establecer los eventos en los
que se puede concluir que se ha actuado con temeridad o mala fe, esto es cuando por
ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad;
se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para fines
claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u
omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del
proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas.
46. De acuerdo con lo expuesto, frente a la condena de las costas el juez debe realizar
un análisis subjetivo valorativo, en tanto para decidir si condena es necesario que i)
revise la conducta de las partes en el proceso; y ii) en el expediente, identifique si las
24
CP Adriana Polidura Castillo. Expediente 25000-23-36-000-2020-00334-01 (70517).
25 CP Juan Enrique Bedoya Escobar. Expediente: 50001-23-33-000-2019-00438-01 (0280-2023).
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Demandante: Yhon Francy Zambrano Charry
referidas costas se causaron. Distinto es que, luego de concluir que hay lugar a condenar
en costas, la cuantía de la condena se fije en atención a lo dispuesto en el CGP y a la
posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador,
el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos
recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo
1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, modificado por
el Acuerdo PSAA13-9943 de 2013). […]». (sic)
34. Así, sin perjuicio de la tesis adoptada por esta Sala de decisión en asuntos
contencioso-administrativos, es evidente que al interior del Consejo de Estado no
existe una postura uniforme acerca de la imposición de costas en los términos del
artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021;
situación frente a la cual, la solicitud de tutela no es el mecanismo idóneo para
unificar una posición al respecto.
35. De tal manera, se observa que el razonamiento efectuado por el Tribunal
Administrativo del Tolima estuvo sustentado en la normativa vigente, cuya
interpretación no ha sido pacífica en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo,
por lo cual, el cargo aludido tampoco tiene vocación de prosperidad.
36. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
37. En vista de lo anterior, se observa que no se configuró el defecto sustantivo
endilgado, y que lo que existe es una inconformidad con el resultado de la valoración
efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida en que
aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada cuenta
con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera, este
mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
3. Conclusión
38. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de
los derechos fundamentales de Yhon Francy Zambrano Charry, en la solicitud de
tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Tolima.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de
Educación Nacional y la Previsora La Fiduprevisora S.A., de conformidad con la
parte motiva de esta providencia.
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Demandante: Yhon Francy Zambrano Charry
Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Yhon Francy
Zambrano Charry, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo del Tolima, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento
en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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