Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02310-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02310-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02310-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
30 de mayo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02310-00
Demandante: Fernando Vicente Villamizar Díaz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02310-00
Demandante: FERNANDO VICENTE VILLAMIZAR DÍAZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES PROFERIDAS EN
EL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE DESACATO / Se deben acreditar los supuestos
jurisprudenciales de procedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en
este caso porque la solicitud de amparo carece de la carga argumentativa mínima.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el coronel Fernando Vicente
Villamizar Díaz, en calidad de director del Centro Penitenciario de Mediana
Seguridad y Carcelario de Cartagena, contra el Juzgado Quinto Administrativo de
Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda
1. El 16 de abril de 2025 1 , el coronel Fernando Vicente Villamizar Díaz, en
calidad de director del Centro Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de
Cartagena, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Quinto Administrativo de
Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, con ocasión de los autos proferidos el 28 y el
31 de octubre de 2024, que lo sancionaron por desacato al fallo de tutela proferido
dentro del radicado 13-001-33-33-005-2024-00242-00/01. Formuló las siguientes
pretensiones (se transcriben):
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, A
LA IGUALDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, Y AL
PRINCIPIO DE LEGALIDAD, toda vez que el Juzgado Quinto Administrativo de
Cartagena y el Honorable Tribunal Administrativo de Cartagena, no tuvieron en
cuenta los informes rendidos por parte del suscrito, mediante los cuales se
1
Se advierte que el 16 de mayo de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Demandante: Fernando Vicente Villamizar Díaz
informaba el cumplimiento del fallo de Tutela emitido el 13 de septiembre de
2024.
SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la sanción impuesta mediante
providencia fechada 28 de octubre de 2024 emanada por el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Cartagena y la confirmación proferida por el
Honorable Tribunal Administrativo de Cartagena, proferida el 31 de octubre de
2024.
TERCERO: ORDENAR al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Cartagena, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la
acción de tutela instaurada por el señor Janio de Jesús Cardozo Guerra, contra
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de
Cartagena- CPMS CARTAGENA.
2. De la demanda de tutela, de las pruebas aportadas, la Sala extrae los
siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. El señor Janio de Jesús Cardozo Guerra, quien se encontraba recluido en el
Centro Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, ejerció
acción de tutela contra dicho establecimiento, para que se amparara su derecho de
petición, dado que elevó una solicitud el 23 de julio de 2024, sin obtener la respuesta
de fondo dentro del término señalado en la ley.
4. Con sentencia del 13 de septiembre de 2024, el Juzgado Quinto
Administrativo de Cartagena amparó el derecho fundamental y ordenó «(…) a la
Oficina Jurídica del Instituto Nacional Penitenciario Inpec- EPMSC Cartagena-
Cárcel San Sebastián de Ternera que, en un término no mayor de cuarenta y (48)
horas siguientes a la notificación del presente fallo, proceda a poner en conocimiento
del señor Janio de Jesús Cardozo Guerra la respuesta emitida el 09 de septiembre
de 2024 frente a la petición de 23 de julio de 2024 (…)».
5. El 12 de octubre de 2024 el señor Janio de Jesús Cardozo Guerra presentó
incidente de desacato, que culminó con auto del 28 de octubre siguiente, mediante
el cual se sancionó al coronel Fernando Villamizar Diaz con el pago de una multa
equivalente a 3 s.m.l.m.v.
6. Surtido el grado jurisdiccional de consulta, el Tribunal Administrativo de
Bolívar confirmó la providencia con auto del 31 de octubre siguiente, dado que, a su
juicio, no acreditó la notificación de la respuesta al derecho de petición.
7. El actor sostuvo que cumplió el fallo de tutela del 13 de septiembre de 2024,
y aunque inicialmente se notificó la respuesta de la petición al correo de quien se
pensaba era el abogado del solicitante, con posterioridad, se efectuó la notificación
personal directamente al peticionario.
8. Además, tras advertir que el señor Cardozo Guerra contaba con el tiempo
para gestionar el trámite de libertad por pena cumplida, se solicitó al Área de Registro
y Control la expedición de los certificados TEE y de conducta, que a su vez se
remitieron al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
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Cartagena, para el estudio de redención de pena y subsidiariamente libertad por
cumplimiento de la pena. De todo esto, se notificó al peticionario.
9. Agregó que, como consecuencia del trámite anterior, la autoridad judicial
mediante auto del 18 de octubre de 2024, decretó el cumplimiento de la pena
impuesta al señor Janio de Jesús Cardozo Guerra y se expidió la boleta de libertad
con la misma fecha, que dio paso a la excarcelación del penado al día siguiente.
10. Conforme a lo anterior, el actor sostuvo que el objetivo del incidente de
desacato no es la sanción, y que en este caso se cumplió a cabalidad la razón de
ser de la acción de tutela, dado que, incluso, se obtuvo la libertad del detenido.
11. Acto seguido se refirió a la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, a las circunstancias que se enmarcan en las denominadas
vías de hecho, e hizo una mención general de los artículos de la Constitución Política
que consagran las garantías invocadas, tales como la dignidad humana, la igualdad,
el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
B. Trámite impartido e intervenciones
12. Mediante auto de 28 de abril de 2025 se admitió la solicitud de amparo, se
ordenó notificar la decisión a las autoridades judiciales demandadas y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, como tercero con interés, al señor Janio
de Jesús Cardozo Guerra, toda vez que promovió el trámite de incidente de desacato
con radicado 13001-33-33-005-2024-00242-00/01. También se tuvieron como
prueba los documentos aportados con la demanda.
13. El Tribunal Administrativo de Bolívar señaló que la tutela es improcedente
porque no cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que el auto censurado se
profirió el 31 de octubre de 2024 y se notificó el 8 de noviembre siguiente, por lo que
la solicitud de amparo se interpuso fuera de un plazo razonable.
14. Agregó que en el trámite de incidente de desacato se verificó que existió un
incumplimiento del fallo de tutela por parte del coronel Fernando Villamizar Diaz, en
calidad de Director del Centro Penitenciario de San Sebastián de Ternera, dado que,
pese a haber realizado la notificación electrónica a los correos
notificaciones@inpec.gov.co y jurídica.epccartagena@inpec.gov.co, en el
expediente no se aportó la constancia de notificación de la respuesta presuntamente
emitida, puesto que en esa oportunidad se anexó el Oficio de 24 de octubre de 2024,
por el cual presuntamente se atendió una petición distinta (fechada el 19 de
septiembre de 2024 y no el 23 de julio del mismo año).
15. Aunado a ello, aunque se allegó constancia del envío al peticionario de un
correo el 9 de septiembre de 2024, lo cierto es que dicha respuesta fue incompleta
porque no contenía el total de las certificaciones solicitadas en el escrito del 23 de
julio de 2024.
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16. El Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena explicó que mediante
sentencia del 13 de septiembre de 2024 se accedió al amparo solicitado por el señor
Janio de Jesús Cardozo Guerra, dado que se verificó que la autoridad accionada
desconoció el derecho de petición, como quiera que no puso en conocimiento del
interesado la respuesta brindada a la petición instaurada el 23 de julio de 2024. El
fallo no se impugnó.
17. Más adelante, el señor Cardozo Guerra promovió incidente de desacato, que
terminó con la imposición de la sanción que ahora es objeto de reproche y que fue
confirmada por el Tribunal Administrativo de Bolívar en el grado jurisdiccional de
consulta.
18. Sostuvo que la decisión censurada no incurre en vía de hecho y por lo tanto,
la tutela es improcedente. Además, afirmó que la autoridad judicial no conculcó los
derechos fundamentales invocados por el accionante.
19. Se intentó la notificación personal al señor Janio de Jesús Cardozo Guerra,
sin embargo, ello no fue posible, toda vez que mediante oficio del 303-AJUR-
CPMSCAR del 12 de mayo de 2025 el director del IPMS de Cartagena informó que
el citado obtuvo la libertad a partir del 29 de octubre de 2024 2. En todo caso, la
Secretaría General de esta Corporación fijó el aviso correspondiente, a fin de enterar
al interesado en esta actuación3.
20. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica no interino en esta oportunidad.
II. CONSIDERACIONES
C. Competencia
21. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es
competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37
del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080
de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).
D. Problema Jurídico
22. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela. Sólo en el evento de que se reúnan estas
exigencias, se analizará si las autoridades judiciales accionadas vulneraron los
derechos fundamentales en cabeza del señor coronel Fernando Vicente Villamizar
Díaz.
2
SAMAI, actuación 13.
3
SAMAI, actuación 14.
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E. Análisis de la Sala
De la acción de tutela contra providencias dictadas en el marco de otra acción
de tutela, incluidas aquellas proferidas en el trámite del incidente de desacato
23. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 del 1° de octubre 2015,
unificó el criterio en relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra sentencias o actuaciones adelantadas en una acción de tutela. Al respecto,
dijo lo siguiente:
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de
un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra
la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a
ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la
de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de
tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude
(Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario,
eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción se (sic) de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de
tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela
sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para
su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato,
y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional.
24. De lo anterior, se pueden puntualizar las tres excepciones en las que la acción
de tutela procede contra sentencias o actuaciones adelantadas en procesos de
tutela:
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➢ Contra la sentencia de tutela proferida por un juez, diferente a la Corte
Constitucional, siempre y cuando se demuestre que la nueva tutela no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, que la
decisión adoptada fue producto de una situación de fraude, y que no exista
otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
➢ Contra actuaciones del proceso de tutela anteriores a la sentencia, que
puede consistir, entre otros, en no haber informado, notificado o vinculado a
los terceros que serían afectados con la decisión.
➢ Contra actuaciones posteriores a la sentencia de tutela, cuando se trate de
proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del
incidente de desacato.
25. Sin embargo, para la Corte, en cualquiera de los anteriores escenarios, sigue
siendo exigible el cumplimiento de los demás requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
26. Con respecto a la procedencia específica de la acción de tutela contra
decisiones proferidas en el trámite incidental de desacato, la Corte Constitucional,
en sentencia de unificación 034 del 3 de mayo de 2018, manifestó que:
En suma, se tiene que la jurisprudencia trazada por esta Corporación sostiene
que para enervar mediante acción de tutela la providencia que resuelve un
incidente de desacato, es preciso que se reúnan los siguientes requisitos:
i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre
ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone
antes de finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es
del caso–.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la
configuración una de las causales específicas (defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser
consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de
manera que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de
expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas
que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía
que practicar de oficio.
Requisitos generales de procedibilidad
27. Inmediatez. Este requisito general de procedibilidad está ligado a que el
interesado no ejerza el mecanismo constitucional dentro de los seis meses
siguientes a la notificación o ejecutoria de la providencia atacada, según el caso4..
4
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-090 de 2018, señaló: «Estudiados los
requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional, esta Corte evidenció que el accionante
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28. Para esta Subsección5, se debe contabilizar el plazo de seis meses desde
la notificación de la providencia que se cuestiona, por cuanto es a partir de ese
momento que se conoce la decisión y se puede advertir la posible vulneración de
derechos fundamentales por la configuración de uno o varios de los defectos que
hacen procedente la acción de tutela contra providencia judicial.
29. Sólo procede contabilizar el término de seis meses desde la ejecutoria de la
decisión en los casos en que se hubiera realizado un trámite adicional con ocasión
del fallo, como lo sería una solicitud de aclaración, de corrección o de adición de
sentencia o, incluso, una solicitud de nulidad, pues los pronunciamientos que se
dicten con ocasión de esas solicitudes podrían tener incidencia en la decisión que
se cuestiona por vía de tutela y, por tanto, en principio, también tendrían que ser
objeto de cuestionamiento. En este caso, no se avizora ninguna situación de las
descritas.
30. En el sub lite, el Tribunal Administrativo de Bolívar adujo que la tutela deviene
improcedente porque no satisface el requisito de inmediatez, sin embargo, revisado
el expediente, y sin que se observe alguna solicitud del actor tendiente a la
inaplicación de la sanción, como para hacer el conteo desde un hito distinto, se
advierte que el auto que profirió el Tribunal Administrativo de Bolívar para desatar
el grado jurisdiccional de consulta dentro del incidente de desacato con radicado
13-001-33-33-005-2024-00242-00/01, data del 31 de octubre de 2024. Dicha
decisión se notificó el 8 de noviembre, de conformidad con la consulta realizada en
la plataforma SAMAI6.
31. Significa lo anterior, que el interesado no dejó transcurrir más de 6 meses
para instaurar la acción de tutela, lo cual hizo el pasado 16 de abril de 2025, de ahí
que evidentemente se cumple el requisito de inmediatez. Por lo tanto, no tiene
vocación de prosperidad el argumento invocado por la autoridad judicial accionada.
32. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar
que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
no cumplió con el presupuesto de inmediatez, toda vez que la tutela fue formulada después de haber
sido notificada de la decisión que pretende impugnar, alegando que el fallo desconoció el precedente
jurisprudencial, careció de motivación y violó directamente la Constitución.
A más de lo anterior, la Sala Plena precisa que si bien el accionante había promovido incidente de
nulidad ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, este fue
decidido negando su pretensión por cuanto las causales alegadas por el accionante no se
encuentran dentro de las establecidas en los artículos 140 y 141 del Código de Procedimiento Civil.
Esta circunstancia no justifica entonces la inactividad del actor para interponer la acción de tutela,
toda vez que la nulidad formulada fue ostensiblemente contraevidente, y no tenía la virtualidad de
enervar el requisito de inmediatez en la formulación de la acción de tutela. A lo anterior, se suma
que, decidido el incidente de nulidad procesal, el accionante demoró seis (6) meses y siete (7)
días para plantear su pretensión, sin cumplir con un plazo razonable para presentar el amparo
constitucional, toda vez que se superó sin justificación válida el término prudencial para la
oportuna formulación de la acción de tutela».
5
En este mismo sentido, ver la sentencia del 4 de febrero de 2022, expediente con radicado 11001-
03-15-000-2021-06292-01, proferida por esta Subsección.
6https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=13001333300520240
0242011300123
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providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
33. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 7 reiterado de la
Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la
acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela
se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.
34. Al revisar las premisas expuestas en la demanda, la Sala observa que la
solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, toda vez que, no cumple con
la carga argumentativa mínima exigida para cuestionar providencias judiciales.
35. En efecto, la parte actora se limitó a señalar su inconformidad con las
providencias censuradas porque considera que se expidieron con vías de hecho y
transgresión de los derechos fundamentales invocados, sin embargo, no explicó con
exactitud las razones por las cuales estima que las autoridades judiciales adolecen
de esos vicios.
36. Es decir, que pese a que el desacuerdo con la providencia judicial es evidente,
los argumentos expuestos no cuentan con la suficiente carga para que el juez de
tutela realice el estudio de fondo, dado que la parte actora no se preocupó por detallar
las razones por las cuales considera que las providencias judiciales que censura a
través de esta acción constitucional incurrieron en la violación de sus garantías
superiores.
37. Recuérdese que esta Corporación ha señalado que quien ejerce la acción de
tutela contra una providencia judicial no puede conformarse con identificar de manera
escueta alguna de las causales específicas de procedencia, sino que es necesario
que tal señalamiento se sustente amplia y razonablemente, que sea producto de un
discernimiento y, por supuesto, que se aterrice al caso concreto. Como se sabe,
detrás de las causales específicas de prosperidad que ha fijado la Corte
Constitucional existen fuertes razones para limitar el uso abusivo y desmesurado de
la acción de tutela contra las providencias judiciales8.
38. No basta, pues, con que la parte demandante alegue que se le vulneraron
los derechos fundamentales, para considerar que se cumple con el primer elemento
del requisito de relevancia constitucional. Para ello, es necesario sustentar amplia y
razonablemente el vicio endilgado a la providencia judicial, a fin de que el juez
7 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
8
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015-00380-
00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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Demandante: Fernando Vicente Villamizar Díaz
constitucional cuente con suficientes elementos para decidir si una providencia
judicial vulnera o no derechos fundamentales.
39. Así pues, en el caso concreto, la acción de tutela se torna improcedente
porque no cumple el requisito de relevancia constitucional, en tanto carece de la
carga argumentativa mínima necesaria para que el juez de tutela se pronuncie de
fondo sobre el asunto.
40. Por las razones anotadas, se declarará improcedente el amparo solicitado.
41. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el coronel
Fernando Vicente Villamizar Díaz, por las consideraciones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO. Notifíquese esta decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
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JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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