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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02317-00

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02317-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la carencia actual de objeto, en relación con las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor Alcibíades Amaya Amorocho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-02317-00 Demandante: Alcibíades Amaya Amorocho 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02317-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

19 de junio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02317-00
Demandante: Alcibíades Amaya Amorocho

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-02317-00
Demandante ALCIBÍADES AMAYA AMOROCHO
Demandado COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Temas Derecho fundamental al debido proceso. Mora judicial injustificada.
Apelación interpuesta por el quejoso contra auto que ordena el
archivo de la actuación. Carencia actual de objeto.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Alcibíades Amaya Amorocho de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 21 de abril de 20251, el señor Alcibíades Amaya Amorocho, actuando en nombre
propio, interpuso acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela
judicial efectiva, con ocasión a la presunta mora judicial en la que se incurrió al no
haber resuelto el recurso de apelación que presentó en el proceso disciplinario Nro.
73001-25-02-000-2023-00849-00.

En consecuencia, en el escrito de tutela se formularon las siguientes pretensiones2:
«1.- Se ADMITA la presente acción constitucional en razón a que reúne los requisitos básicos,
establecidos al respecto en el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991 para iniciar su trámite.
2.- Se AMPAREN mis derechos fundamentales y de aplicación inmediata al Debido Proceso
y Tutela Jurisdiccional efectiva frente a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Tolima y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
3.- Se ORDENE a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en el plazo perentorio que
usías estimen pertinente, RESOLVER, segunda instancia el recurso de apelación
interpuesto contra la decisión de archivo de la investigación emitida dentro de la actuación
distinguida con serial 73001250200020230084901;
4.- Se ORDENE a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, dentro del plazo que el juez
constitucional estime pertinente, señalar fecha y hora para la diligencia de ratificación y
ampliación de la queja que este gestor instauró bajo consecutivo
11001080200020250032200.» (Sic a toda la cita)

A su vez, el actor en el escrito de subsanación3 precisó sus pretensiones:
«La solicitud de amparo no se promueve contra providencia alguna. Es más, el resguardo
impetrado se encamina a que se ordene a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial emitir
sentencia en segundo grado dentro de la actuación disciplinaria que se sigue contra el Dr.
José Luis Gualacó Lozano, juez segundo civil municipal de El Espinal Tolima dentro del
proceso distinguido con consecutivo 73001-25-02-000-2023-00849-00 y ese fallo sea
notificado en debida forma al infrascrito».

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Samai, índice 2.
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Samai, índice 2.
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Samai, índice 10.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02317-00
Demandante: Alcibíades Amaya Amorocho

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. En el año 2023 el señor Alcibíades Amaya Amorocho presentó queja
disciplinaria contra el Juez Segundo Civil Municipal de El Espinal; trámite que
le correspondió conocer a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Tolima con el radicado Nro. 73001-25-02-000-2023-00849-00.

2.2. Con decisión del 28 de agosto de 2024, la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Tolima dispuso la terminación de la indagación previa adelantada
contra el Juez Segundo Civil Municipal de El Espinal y, en consecuencia,
ordenó el archivo de las diligencias.

2.3. El 2 de septiembre de 2024, el señor Alcibíades Amaya Amorocho interpuso
recurso de apelación contra la decisión de archivo definitivo del 28 de agosto
de 2024 dentro del proceso disciplinario.

2.4. Mediante auto del 20 de septiembre de 2024, la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Tolima concedió en efecto suspensivo ante la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial el recurso de apelación interpuesto por el
quejoso, contra la decisión de archivo de la diligencia adelantada respecto del
Juez Segundo Civil Municipal de El Espinal.

2.5. El 11 de febrero de 2025, el accionante remitió un correo electrónico dirigido a
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, a la dirección:
sdisciba@cendoj.ramajudicial.gov.co, cuyo asunto era «Solicitud de trazabilidad de
recurso de apelación ante Comisión Nacional de Disciplina Judicial; Actuación Disciplinaria
contra José Luis Gualacó Lozano, juez 2.º civil municipal de El Espinal.» en el que pedía
la constancia de remisión del recurso de apelación ante el superior.

2.6. Mediante Oficio CSDJT-03057 del 6 de marzo de 2025, la Secretaría Judicial
de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima le informó al señor
Alcibíades Amaya Amorocho que recibió la copia de su nueva queja. De otro
lado, le indicó que «por auto del veinte (20) de septiembre del 2024 se concedió el recurso
de apelación interpuesto, remitiéndose las diligencias ante esa Superioridad, a través del oficio
CSJT-12047, sin que a la fecha se conozca decisión de segunda instancia.» , y que de la
consulta efectuada al proceso se advertía que el asunto le fue asignado el 22
de enero de 2025 al magistrado Carlos Arturo Ramírez Vásquez, consulta que
también podría realizar el solicitante a través de la página de la Rama Judicial.

Finalmente, le indicó que con esa comunicación se entendía resuelta su
solicitud, en los siguientes términos: «se emite respuesta igualmente a su correo
recibido el pasado 11 de febrero de 2025».

2.7. La parte actora manifestó que han transcurrido más de siete meses desde que
presentó el recurso de apelación contra la decisión de archivo, sin que la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial lo haya resuelto.

3. Fundamentos de la acción

En el escrito de tutela y de subsanación el señor Alcibíades Amaya Amorocho acusó
la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial
efectiva comoquiera que a la fecha de presentación de esta acción de tutela la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial no ha resuelto el recurso de apelación que
presentó contra la decisión de archivo del 28 de agosto de 2024, dentro del proceso
disciplinario Nro. 73001-25-02-000-2023-00849-00, el cual fue dictado por la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Tolima.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02317-00
Demandante: Alcibíades Amaya Amorocho

Afirma que han transcurrido más de siete meses desde que presentó el recurso de
apelación sin que la autoridad accionada lo haya resuelto, desconociendo el término
establecido en el artículo 234 de la Ley 1952 de 2019.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Con auto del 29 de abril de 20254, el despacho sustanciador requirió a la parte
accionante para que: demostrara la conexidad entre las peticiones de amparo
de los procesos Nro. 73001-25-02-000-2023-00849-00 y Nro. 11001- 08-02-000-
2025-00322-00 o presentara las pretensiones respecto de cada proceso en
acciones de tutela separadas; indicara los motivos de inconformidad respecto
del proceso disciplinario Nro. 73001-25-02-000-2023-00849-00 e identificara las
pretensiones; señalara si cuestionaba alguna providencia judicial, y en caso
de ser así, precisara los defectos establecidos en la sentencia C - 590 de 2005;
e individualizara los sujetos procesales que participaron en los procesos 73001-
25-02-000-2023-00849-00 y 11001-08-02-000-2025-00322-00, aportando sus
direcciones de notificación.

Requerimiento que fue atendido por la parte actora mediante memorial del 2
de mayo de 20255.

4.2. Por auto del 16 de mayo de 20256, el despacho ponente admitió la acción de
tutela interpuesta por el señor Alcibíades Amaya Amorocho contra la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, magistrado Carlos Arturo Ramírez Vásquez.

En la misma decisión se vinculó en calidad de terceros con interés al Juez
Segundo Civil Municipal de El Espinal, a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Tolima y a los demás terceros que participaron dentro del proceso
disciplinario nro. 73001-25-02-000-2023-00849-00; se ofició a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
del Tolima para que notificaran a los participantes del proceso disciplinario; se
requirió a la autoridad accionada para que rindiera informe del trámite que le
ha dado al expediente nro. 73001-25-02-000-2023-00849-00 y el turno en el que
se encuentra el proceso; se ordenó a la Secretaría y a la Oficina de Sistemas
fijar un aviso comunicando la existencia de este proceso a los interesados; se
ordenó desglosar la acción de tutela de la referencia en lo relacionado con la
presunta mora judicial del proceso nro. 11001-08-02-000-2025-00322-00, para
que se procediera a realizar el reparto correspondiente; y se dispuso a efectuar
las notificaciones correspondientes.

4.3. El Juez Segundo Civil Municipal de El Espinal Tolima7 rindió informe en el
que manifestó que el actor está utilizando este mecanismo constitucional para
congestionar el aparato judicial tratando de revivir controversias ya concluidas,
pues con anterioridad el accionante había presentado una denuncia penal y
una queja disciplinaria contra el titular de ese despacho judicial, mecanismos
que ya habían sido tramitados y concluidos conforme al ordenamiento jurídico.

Como evidencia de lo anterior adjuntó la decisión proferida el 19 de agosto de
2021, mediante la cual se terminó el proceso disciplinario Nro. 73001-11-02-
002-2020-00217-00 que inició el accionante, la decisión proferida el 4 de agosto
de 2023, a través de la cual la Fiscal Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Ibagué ordenó el archivo de la diligencia, y copia del
auto del 26 de marzo de 2025 en el cual se confirmó la decisión de terminar la
indagación previa y se ordenó su archivo dentro del proceso Nro. 73001-25-02-
000-2023-00849-01.

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Samai, índice 4.
5
Samai, índice 10.
6
Samai, índice 12.
7
Samai, índice 18.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02317-00
Demandante: Alcibíades Amaya Amorocho

Por último, solicitó que se declare improcedente esta acción constitucional, en
razón a que no se cumple los requisitos generales de procedencia
establecidos por la Corte Constitucional.

4.4. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial8, a través del magistrado
Carlos Arturo Ramírez Vásquez, señaló que el expediente le fue repartido a su
despacho el 22 de enero de 2025, para resolver el recurso de apelación
formulado por el quejoso contra la decisión adoptada el 28 de agosto de 2024
en audiencia de pruebas y calificación provisional.

Frente al caso puntual, precisó que el 26 de marzo de 2025 profirió decisión
de segunda instancia (documento anexo), en la que se confirmó la terminación
y el consecuente archivo del procedimiento, providencia que fue notificada el
11 de abril de 2025 y comunicada al quejoso mediante oficio del 21 de mayo
de esta misma anualidad. De ahí que se entienda que este asunto ya fue
evacuado por esa Corporación.

Manifestó que no se vulneraron los derechos fundamentales del accionante
pues se dio cumplimiento al término establecido en el artículo 234 de la Ley
1952 de 2019, no se evidenció la negligencia alegada por el actor, y finalmente
solicitó que se declarara la carencia actual de objeto por hecho superado.

4.5. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima9 realizó un
recuento del trámite impartido al proceso disciplinario Nro. 73001-25-02-000-
2023-00849-00, para demostrar que fue diligente en su actuar.

Al respecto indicó que el 8 de septiembre de 2023 se recibió por reparto el
expediente, pasó al despacho el 11 de septiembre de esa misma anualidad,
luego se dispuso la apertura de la indagación previa en averiguación de
responsables en contra del Juez Segundo Civil Municipal de El Espinal,
después se decretaron pruebas de oficio, y en Sala Ordinaria Nro. 025-24 del
28 de agosto de 2024 se dispuso la terminación de la actuación disciplinaria.
Decisión que fue apelada por el señor Alcibíades Amaya Amorocho y enviada
a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial mediante Oficio CSJT-12047.

De otro lado, indicó que el Secretario Judicial de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Tolima, a través del Oficio CSDJT-03057 del 6 de marzo
de 2025 atendió una solicitud del actor señalándole que el recurso había sido
enviado al superior, le precisó a qué despacho le correspondió conocerlo y le
indicó como podría consultar el trámite.

Dados los anteriores planteamientos solicitó su desvinculación del proceso al
considerar que no ha vulnerado los derechos fundamentales del actor.

4.6. El 9 de junio de 202510, el despacho sustanciador requirió a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, con la finalidad de solicitar la copia de las
constancias de notificación y comunicación del auto del 26 de marzo de 2025,
dictado dentro del expediente disciplinario Nro. 73001-25-02-000-2023-00849-
00.

Requerimiento que fue atendido oportunamente el 10 de junio de 202511 por
el despacho del magistrado Carlos Arturo Ramírez Vásquez y por la Secretaría
Judicial de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

8
Samai, índice 19.
9
Samai, índice 20 y 21.
10
Samai, índice 25. Constancia del despacho.
11
Samai, índice 23.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 199112, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas, salvo cuando se interponga como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes y pretensiones de la acción de tutela, corresponde
a la Sala determinar si operó la figura de la carencia actual de objeto, debido a que,
en el trámite de la acción de tutela, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
adelantó gestiones tendientes a garantizar los derechos fundamentales al debido
proceso y a la tutela judicial efectiva del señor Alcibíades Amaya Amorocho.

3. Cuestión previa. Legitimación

Previo a realizar el estudio del caso se debe precisar que, tratándose de procesos
disciplinarios, esta Sección13 ha sido del criterio que los derechos del quejoso se
encuentran limitados en sede disciplinaria, en principio, por no tener la calidad
víctima, sujeto procesal o interviniente en el mismo, limitación que se extiende al
análisis que debe hacer el juez de tutela, el cual debe restringirse a los derechos
expresamente consagrados en favor de aquel.

Razón por la cual se debe indicar que en este caso se encuentra acreditada la
legitimación en la causa por activa del accionante porque la decisión judicial
respecto de la cual cuestiona la mora y la ausencia de notificación es aquella por la
cual se ordenó la terminación de la indagación previa y se dispuso el archivo de la
diligencia. El artículo 110 de la Ley 1952 de 2019 determina las facultades de los
sujetos procesales en el proceso disciplinario, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 110. FACULTADES DE LOS SUJETOS PROCESALES. Los sujetos procesales
podrán:
1. Solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en la práctica de las mismas.
2. Interponer los recursos de ley.
3. Presentar las solicitudes que consideren necesarias para garantizar la legalidad de la
actuación disciplinaria y el cumplimiento de los fines de la misma, y
4. Obtener copias de la actuación, salvo que por mandato constitucional o legal esta tenga
carácter reservado.
PARÁGRAFO 1o. La intervención del quejoso, que no es sujeto procesal, a excepción de lo
establecido en el artículo anterior, se limita únicamente a presentar y ampliar la queja bajo la
gravedad del juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión
de archivo y el fallo absolutorio. Para estos precisos efectos podrá conocer el expediente en
la Secretaría del Despacho que profirió la decisión.
PARÁGRAFO 2o. Las víctimas o perjudicados, cuando se trate de investigaciones por
violaciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario o
actos constitutivos de acoso laboral, tienen la facultad de designar apoderado.» (Énfasis
propio)

12
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
13 Sentencia del 10 de marzo de 2022, expediente número: 11001-03-15-000-2021-01969-01, Consejo de Estado, Sección
Cuarta, sentencia del 26 de mayo de 2022, expediente número: 11001-03-15-000-2022-02142-00, Consejo de Estado,
Sección Cuarta. expediente número: 11001-03-15-000-2023-00836-00, Consejo de Estado, Sección Cuarta.

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Demandante: Alcibíades Amaya Amorocho

Como se observó en el parágrafo primero de la citada norma una de las facultades
del quejoso en el proceso disciplinario es recurrir la decisión de archivo, como en
este caso ocurrió, razón por la cual se encuentra legitimado el actor para presentar
esta acción constitucional.

4. Carencia actual de objeto

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata,
oportuna y adecuada de derechos fundamentales ante situaciones de amenaza o
vulneración, por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares. Su
finalidad, entonces, es evitar que una amenaza a un derecho fundamental se
materialice, o una vez la vulneración ya se ha producido hacer que cese.

Por ende, cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen o cuando no
hay forma de resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón de ser.
Cualquier pronunciamiento al respecto carecería de fundamento. Este fenómeno ha
sido denominado por la jurisprudencia constitucional como carencia actual de objeto
dividido en tres escenarios: (i) hecho superado14; (ii) daño consumado15 y (iii) situación
sobreviniente16.

Sobre esta clasificación, desde sus inicios la Corte Constitucional en Sentencia T-
494 de 1993, precisó lo siguiente:
«[…] la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto”
para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se
encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses
jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye
en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a
través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella
que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de
una “situación sobreviniente”.
La primera de estas figuras, regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende
el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo
y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la
vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada
(ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos
derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer.
La segunda de las figuras referenciadas consiste en que a partir de la vulneración
iusfundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la
acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela imparta
una orden al respecto.
Para finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad de
eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por carecer por completo
de objeto y es en aquellos casos en que, como producto del acaecimiento de una “situación
sobreviniente” que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada, la vulneración
predicada ya no tiene lugar, sea porque el actor mismo asumió una carga que no le
correspondía, o porque, a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis.»
(Subrayas fuera del texto)

Así pues, la carencia actual de objeto se configura en los casos en que, en el lapso
transcurrido entre la radicación de la acción de tutela y la expedición de la sentencia,
la entidad demandada adelantó las acciones tendientes a cesar la vulneración de
los derechos fundamentales, lo que por sustracción de materia hace inocuo
cualquier pronunciamiento u orden del juez de tutela para lograr el amparo de los
derechos.

14
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 540 de 2007, T-678 de 2011, T-597 de 2015, T-669 de 2016, T-624 de 2016 y
T-021 de 2017.
15
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 225 de 2013, T-011 de 2016 y T-082 de 2006.
16
Cfr. Corte Constitucional, sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-158 de 2017.

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Como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-274 de 2019 «ante la
alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia y sustento, así como su
razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial».

De allí que, una vez desaparece el supuesto de hecho que motivó la presentación
de la solicitud de amparo, sería inocua cualquier determinación del juez
constitucional, ya que «la materia o amenaza cesa porque ha tenido lugar un evento que
conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho o la inocuidad de las pretensiones».

5. Del trámite impartido por la autoridad accionada. Carencia actual de
objeto.

5.1. El señor Alcibíades Amaya Amorocho (quejoso) cuestionó que a la fecha de
radicación del escrito de tutela la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, no
había resuelto y notificado el recurso de apelación que presentó contra la
decisión de archivo del 28 de agosto de 2024, dentro del proceso disciplinario
Nro. 73001-25-02-000-2023-00849-00, a pesar de que transcurrieron más de
siete meses desde la presentación.

5.2. De la revisión del expediente, del informe rendido por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y de la consulta en la página de la Rama Judicial, se tiene
que el proceso disciplinario Nro. 73001-25-02-000-2023-00849-00/01 le fue
repartido al magistrado Carlos Arturo Ramírez Vásquez el 22 de enero de
202517, fecha en la cual ingresó al despacho, para resolver el recurso de
apelación interpuesto por el quejoso contra la decisión del 28 de agosto de
2024, en donde la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima ordenó
la terminación de la indagación previa y dispuso el archivo de las diligencias
en favor del Juez Segundo Civil Municipal de El Espinal.

Posteriormente el 26 de marzo de 2025, la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial despachó desfavorablemente los planteamientos que realizó el señor
Alcibíades Amaya Amorocho (quejoso) en el recurso de apelación contra la
decisión de archivo, y en consecuencia dispuso confirmar la decisión adoptada
el 28 de agosto de 2024, en los siguientes términos:
«PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada el 28 de agosto de 2024 por la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, mediante la cual se decretó la terminación de la
indagación previa y dispuso el archivo de las diligencias en favor del Juez Segundo Civil
Municipal de El Espinal, según las razones expuestas.»

La autoridad accionada en su informe indicó que «el 11 de abril de 2025 fue
notificada la providencia, y mediante oficio del 21 de mayo de esta misma anualidad se remitió
copia al quejoso.». En cumplimiento al requerimiento del 9 de junio de 2025,
adjuntó las constancias de notificación y comunicación, de las cuales es
posible evidenciar que:
(i) Mediante Oficio S.J.-12515 LPCG del 11 de abril de 2025 se surtió la notificación
al Procurador Delegado, Jesualdo Villero Pallares a la dirección electrónica
sdiministeriopublico@procuraduria.gov.co.
(ii) Con Oficio S.J. 12518 LPCG del 11 de abril de 2025 fue notificado el
disciplinable, Juez Segundo Civil Municipal de El Espinal doctor José Luis
Gualacó Lozano, al correo electrónico: jgualacl@cendoj.ramajudicial.gov.co.
(iii) A través de Oficio S.J. 12516 LPCG del 11 de abril de 2025 se le remitió copia
de la providencia adoptada al señor Gustavo Orlando Fonseca Pérez de la
Oficina de Decisiones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
(iv) Con Oficio S.J. 17514 LPCG del 21 de mayo de 2025, el Secretario Judicial de
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial atendió la solicitud de notificación

17
Samai, índice 19. De acuerdo con el acta de reparto y el paso a despacho que se allegaron.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02317-00
Demandante: Alcibíades Amaya Amorocho

de la providencia presentada el 6 de mayo de 2025 por el señor Alcibíades
Amaya Amorocho, en donde pedía «Desde mi calidad de quejoso en la
actuación referida, con suma cortesía, ruego efectuar la notificación de la
sentencia proferida, según se reporta en la página web de la Rama Judicial», al
respecto la comunicación fue enviada a la dirección electrónica:
surtidotar71@hotmail.com aportada por el quejoso (de acuerdo con la
constancia de entrega), se le anexó copia de la providencia del 26 de marzo de
2025 y se le comunicó el sentido de la decisión, así:
«[…] Atentamente le comunico que en el proceso de la referencia, se dictó providencia
del veintiséis (26) de marzo de dos mil veinticinco (2025), aprobada según Acta No. 015
de la misma fecha, que resolvió: « PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada el 28
de agosto de 2024 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, mediante
la cual se decretó la terminación de la indagación previa y dispuso el archivo de las
diligencias en favor del Juez Segundo Civil Municipal de El Espinal, según las razones
expuestas.». Para el efecto se anexa copia de la providencia. […]

5.3. Encuentra la Sala que durante el trámite de esta acción la autoridad accionada
cumplió con el requerimiento que planteaba el actor.

Lo anterior en razón a que, lo pretendido por el señor Amaya Amorocho era
de una parte que se resolviera el recurso de apelación que presentó contra la
providencia del 28 de agosto de 2024, dado que consideraba se encontraba
en mora, y que le fuera notificada la decisión.

Si bien la autoridad accionada para la fecha de la presentación de esta acción
de tutela (21 de abril de 2025) ya había proferido la providencia que resolvió el
recurso de apelación presentado por el quejoso (26 de marzo de 2025), lo cierto
es que aún no le había sido comunicada tal información al señor Amaya
Amorocho, por lo que solo fue hasta el 21 de mayo de 2025 que este tuvo
conocimiento de la providencia del 26 de marzo de 2025 dictada por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el proceso disciplinario Nro.
73001-25-02-000-2023-00849-00/01 (Samai, índice 23). De ahí que, la solicitud
fue atendida en su totalidad, como se evidenció anteriormente durante el
trámite de esta acción de tutela.

En este sentido, dado que el señor Alcibíades Amaya Amorocho ya fue
notificado de la decisión adoptada por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial respecto del recurso de apelación que presentó en su calidad de
quejoso, contra la decisión de archivo, carece de objeto emitir un
pronunciamiento de fondo en razón a que la solicitud de amparo perdió
cualquier motivo que la justifique.

6. Conclusión

Así las cosas, la Sección declarará la carencia actual de objeto, ya que a la fecha
no existe vulneración o amenaza a los derechos fundamentales invocados por la
parte actora, respecto de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial dado que esta
autoridad realizó el trámite correspondiente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar la carencia actual de objeto, en relación con las pretensiones de la
acción de tutela promovida por el señor Alcibíades Amaya Amorocho, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02317-00
Demandante: Alcibíades Amaya Amorocho

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Señor usuario este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de
la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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