Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02320-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02320-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02320-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
17 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02320-01
Accionante: ANTONIO JOSÉ REYES QUINTERO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra auto interlocutorio
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Antecedentes
1. Antonio José Reyes Quintero promovió acción de tutela contra el auto
interlocutorio de 28 de marzo de 2025, proferido dentro del proceso de nulidad
identificado con radicado 68001-33-33-009-2024-00053-00 adelantado por el
Tribunal Administrativo de Santander. Con el fin de ofrecer mayor claridad de los
antecedentes, se expondrán cronológicamente, en primer lugar, los del proceso
ordinario, y luego los del proceso de tutela.
Antecedentes del proceso de nulidad identificado con número 68001-33-33-
009-2024-00053-00
2. En marzo de 2024, el tutelante ejerció demanda de nulidad contra el acuerdo
municipal 017 de 30 de diciembre de 2022 proferido por el municipio de
Floridablanca. En ella solicitó la suspensión provisional del acto. El señor Reyes
Quintero explicó que el mencionado acto administrativo municipal suspendió los
efectos del acuerdo municipal No. 035 de 2018, emitido por el mismo concejo
municipal. Sostuvo que el acuerdo 017 de 2022 incurrió en las causales de nulidad
de falta de competencia y falsa motivación, pues el concejo no tiene la competencia
para suspender actos administrativos. A su juicio, esa potestad es privativa de la
jurisdicción de lo contencioso administrativa, según la prescripción del artículo 238
superior.
3. En providencia de 17 de mayo de 2024, el Juzgado Noveno Administrativo de
Bucaramanga negó el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional del
acuerdo municipal No. 017 de 2022, dado que la petición de suspensión provisional
no contenía un desarrollo argumentativo con suficiente claridad y solidez para
evidenciar que el acto desconociera las normas superiores. La decisión fue apelada.
En el recurso, el demandante insistió en que el concejo municipal carecía de
competencia para proferir el acuerdo 017 de 2022, mediante el cual suspendió los
efectos legales del acuerdo No. 035 de 2018. Reiteró que la competencia para
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02320-01
Accionante: Antonio José Reyes Quintero
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
suspender los actos administrativos es propia y exclusiva de la jurisdicción de lo
contencioso administrativa.
4. En providencia de 28 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander
confirmó el auto atacado. Sin embargo, esta autoridad judicial se separó del criterio
del juez de primera instancia y concluyó que la petición de medida cautelar estaba
adecuadamente sustentada, pero no se cumplían los requisitos para suspender el
auto. Esto se debió a que, al examinar el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, se
verificó que la autoridad pública conserva la facultad para revocar sus propios actos.
En el caso concreto, la autoridad judicial indicó que el Concejo Municipal de
Floridablanca decidió derogar el acto administrativo, lo que hace parte de la libertad
administrativa y política de la entidad.
Fundamentos jurídicos del escrito de amparo
5. El actor sostiene que el auto cuestionado implica una vulneración del derecho al
debido proceso, por cuando el tribunal accionado desconoce el fundamento legal
de falta de competencia del concejo municipal para suspender sus propios actos
administrativos. En punto a los argumentos de la vulneración del debido proceso, el
actor transcribió el contenido de la medida cautelar. En relación con el derecho a la
administración de justicia, lo estima vulnerado, pues el tribunal desatendió las
razones jurídicas de falta de competencia para suspender sus propios actos
administrativos en virtud de lo previsto en el artículo 238 superior, conforme al cual,
únicamente las autoridades de la jurisdicción de lo contencioso administrativo tienen
la competencia para suspender actos administrativos.
6. Adujo que la providencia incurrió en el defecto procedimental o sustantivo, (en
ello no es preciso el actor), pues la decisión se fundó en una norma inaplicable al
caso concreto, y porque se inobservó la norma que sí debía ser aplicada. Por lo
anterior, solicitó que se amparen sus derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, y en consecuencia se “revoque” el auto de 28 de marzo
de 2025 del Tribunal Administrativo de Santander.
Trámite de tutela
7. Una vez admitida, el despacho sustanciador de la primera instancia vinculó al
Tribunal Administrativo de Santander, al municipio de Floridablanca, al Concejo
Municipal de Floridablanca y al Juzgado Noveno Administrativo de Bucaramanga.
8. El juzgado Noveno Administrativo de Bucaramanga sostuvo que la acción de
tutela pretende reabrir un debate concluido en dos instancias, y que las
providencias, sin importar el sentido de la decisión, fueron proferidas garantizando
el debido proceso del tutelante. El municipio de Floridablanca argumentó que la
providencia cuestionada se encuentra ajustada a derecho pues realizó un estudio
completo de la petición de suspensión provisional del acto demandado. En esa
medida la tutela se utilizó para presentar un inconformismo de la parte a quien no le
prosperaron las pretensiones. El Tribunal Administrativo de Santander argumentó
que no se presentó violación alguna a los derechos fundamentales del actor, y que
la acción de tutela no satisface los requisitos de procedencia general de tutela.
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Accionante: Antonio José Reyes Quintero
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
Sentencia de primera instancia
9. En providencia de 30 de mayo de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado declaró improcedente la petición de amparo por carecer de
relevancia constitucional. Estimó que el escrito de tutela pretende utilizar el medio
de amparo como una tercera instancia para reabrir debates concluidos en las dos
instancias de la petición de la medida cautelar.
Impugnación1.
10. Dentro del término de ejecutoria del fallo de primera instancia, la parte actora
impugnó la providencia. Tras resumir las consideraciones del juez constitucional de
primera instancia, el actor sostuvo que no es correcta la conclusión de la providencia
en la que indicó que lo argumentado en el escrito de tutela es el mismo argumento
que presentó en el recurso de apelación dentro del proceso ordinario.
Adicionalmente afirmó que no es cierto que pretenda utilizar la acción de tutela como
una instancia adicional, pues lo que solicitó es defender el acceso a la
administración de justicia porque la providencia del Tribunal “en lugar de analizar si
se ha vulnerado el artículo 238 de la Constitución Política por haber suspendido el
Acuerdo Municipal, fundamentó y sustentó la actuación del municipio en la
revocatoria directa, situación procesal que nunca fue propuesta por mí”2 .
CONSIDERACIONES
Competencia
11. Esta Subsección es competente para conocer de esta acción de tutela, en
segunda instancia, conforme el artículo 32 del decreto ley 2591 de 1991 y el artículo
13 del Acuerdo 080 de 2019, reglamento del Consejo de Estado.
Problema jurídico
12. En primer lugar, la Subsección debe establecer si la acción de tutela de la
referencia satisface los requisitos de procedibilidad formal, y en caso de resolver
positivamente el anterior interrogante, se formulará el problema jurídico de fondo.
13. Con el fin de resolver el primer problema jurídico, de manera sucinta, la sección
reiterará el precedente constitucional sobre procedencia de tutela contra
providencias, y posteriormente resolverá el caso concreto.
Procedibilidad de tutela contra providencia. Reiteración de precedente3.
14. El medio constitucional de amparo es un instrumento eficaz de protección de
derechos fundamentales, cuando quiera que ellos se vean en riesgo o sean
afectados por hechos u omisiones de una autoridad -incluidas las autoridades
judiciales- e inclusive de particulares. Con todo, la procedibilidad de la acción de
1 Índice samai 18.
2 Folio 6 del escrito de impugnación. Índice samai 21.
3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
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Accionante: Antonio José Reyes Quintero
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
tutela contra decisiones judiciales, precisa de un mayor rigor, dadas las
presunciones de acierto y validez que los acompañan, y por ello tiene un carácter
excepcional. Todo ello en guarda de los principios de seguridad jurídica y autonomía
judicial, en tanto que la acción de tutela no puede constituirse en un mecanismo
adicional, alterno, o paralelo para discutir las providencias judiciales emitidas por el
juez natural en cada asunto.
Causales genéricas de procedencia, reiteración de precedente4.
15. La excepcionalidad de la tutela contra providencia se ha enmarcado a partir de
requisitos de procedencia o causales de procedibilidad que han venido reiterándose
por la Corte Constitucional. En primer lugar, las denominadas causales genéricas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales posibilitan el
estudio de fondo del asunto y que se han resumido así:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede
entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De
allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que
la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela o sentencias proferidas en
ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida”5. La Corte Constitucional extendió la
imposibilidad de cuestionar en tutela a las decisiones proferidas con
ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte
Constitucional6 o el Consejo de Estado7, ni una sentencia interpretativas
4 Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 2021.
5 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005
6 Corte Constitucional, Sentencia SU-304 de 2024.
7 Ibid.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02320-01
Accionante: Antonio José Reyes Quintero
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
(SENIT) proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz
de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-8.
16. La acción de tutela dirigida contra una providencia debe satisfacer las seis
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica. A continuación, se
examina si la providencia atacada satisface los requisitos de procedibilidad general.
Si los satisface, se proseguirá con la formulación de un problema jurídico de fondo.
Resolución del caso concreto
17. La Sala anticipa que confirmará la providencia de primera instancia, pues
concluye que el escrito de amparo no satisface los requisitos de procedencia,
concretamente, la relevancia constitucional ni el requisito de subsidiariedad.
Respecto a la primera exigencia, así como lo concluyó la subsección C de la Sección
Tercera en sede de juez constitucional de primera instancia, el escrito de amparo
se utiliza como una tercera instancia para plantear motivos de discrepancia del
tutelante en relación con la providencia cuestionada, pues no estructura una
argumentación que presente un debate constitucional. Si bien el tutelante invoca
que la providencia de 28 de marzo de 2025 desconoció el artículo 238
constitucional, a juicio de esta Corporación, los argumentos no muestran un genuino
debate constitucional, toda vez que de la literalidad de la norma superior no se
deriva una contradicción evidente con la providencia impugnada. Por el contrario, el
actor referencia la norma de la carta, con el pretexto de plantear una diferencia con
el sentido de la decisión atacada, pero no se atisba una discusión de estirpe
superior. Se trata de un debate de mera legalidad, respecto a la competencia de un
concejo municipal para modificar actos administrativos de carácter general.
18. En relación con el requisito de relevancia constitucional, en las sentencias SU-
033 de 20189, SU-128 de 202110 y la SU-215 de 202211, la Corte Constitucional ha
indicado que la acción de tutela resulta improcedente cuando es utilizada para
cuestionar providencias judiciales con base en argumentos de índole legal que ya
fueron estudiados y resueltos dentro del proceso judicial ordinario y es utilizada
como una tercera instancia para reabrir debates probatorios ya precluidos12.
También se ha indicado que, carece de relevancia constitucional, la acción de tutela
que “se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como,
por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo
que de ésta se desprendan claramente violaciones de derechos fundamentales”13.
Se ha indicado que, la acción de tutela es improcedente cuando los argumentos que
la sostienen se limitan a expresar razones o interpretaciones diferentes a las
contenidas en el fallo cuestionado y que evidencian un disgusto o inconformidad del
actor.
19. Las providencias de unificación citadas han indicado que el juez de tutela debe
declarar improcedente la acción cuando: (i) no tienen el alcance para desarrollar la
8 Corte Constitucional, Sentencia C-111 de 2023.
9 M.P. Alberto Rojas Ríos.
10 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
11 M.P. Natalia Ángel Cabo.
12 SU-128 de 2021.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02320-01
Accionante: Antonio José Reyes Quintero
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Referencia: Segunda instancia acción de tutela
constitución política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que no se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
20. En el caso concreto, más allá de la simple enunciación del artículo 238 Superior,
los argumentos del actor reiteran una discrepancia de criterio con las decisiones
ordinarias cuestionadas, razón por la cual, se impone confirmar que la acción de
tutela se utiliza como una tercera instancia. A pesar de que, en el escrito de
impugnación, el tutelante afirme que no utiliza la tutela como tercera instancia, lo
cierto es que omite ofrecer razones constitucionales para mostrar que la providencia
cuestionada adolece de defectos que afecten su validez. Por el contrario, el actor
presenta razones que muestran su discrepancia de criterio con la decisión atacada.
21. Por otro lado, no se satisface el requisito de subsidiariedad, toda vez que el actor
cuestiona un auto interlocutorio en el que se negó el decreto de una medida cautelar.
Quiere decir esto que ataca una decisión intermedia proferida dentro del desarrollo
de un proceso judicial que aún no ha surtido ni su primera instancia. Debe
recordarse que, en virtud del requisito de subsidiariedad previsto en el artículo 86
superior y el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia constitucional ha
señalado que la acción de tutela contra providencias procede cuando se han
agotado todas las etapas y recursos, ordinarios y extraordinarios. Por tal motivo, en
principio resulta improcedente cuando se cuestiona una decisión intermedia o que
no pone fin a un proceso judicial y el mismo está abierto y pendiente de continuar
su avance.
22. Lo anterior cobra importancia especial, cuando se trata de autos interlocutorios
que imponen medidas cautelares provisionales, toda vez que: “i) no se trata de
decisiones definitivas; ii) la persona tiene a su disposición distintos recursos
jurídicos para controvertir el auto, en el marco del proceso judicial en el cual fue
emitido y, además, iii) tiene la posibilidad de recurrir la decisión final”. Sin embargo,
se ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela contra autos
interlocutorios que imponen medidas cautelares cuando se demuestra la existencia
de un perjuicio irremediable. La Sentencia T-511 de 2020 precisó las condiciones
de procedencia de la acción de tutela contra dichas providencias interlocutorias:
“En lo que respecta a la tutela contra autos, de cara a determinar la procedencia
del amparo, es necesario diferenciar si se trata de autos de trámite o
interlocutorios. Según la jurisprudencia constitucional, en relación con estos
últimos, la acción de tutela procede en los siguientes eventos: i) cuando “se
evidencie una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de las
partes que no puede ser reprochada mediante otros medios de defensa judicial”;
ii) si “a pesar de que existen otros medios, éstos no resultan idóneos para
proteger los derechos afectados o amenazados”; o iii) si “la protección
constitucional es urgente para evitar un perjuicio irremediable”. En cualquier
caso, el juez debe verificar el cumplimiento de “los requisitos generales de
procedencia y presentarse al menos una de las causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales que han sido
fijados por esta [Corte]”.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02320-01
Accionante: Antonio José Reyes Quintero
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
23. La jurisprudencia constitucional14 es consistente en señalar que resulta
improcedente la acción de tutela que cuestiona un auto interlocutorio dentro de un
proceso judicial en el que aún están pendiente de tomar decisiones de fondo. Salvo
que el actor, esté en condiciones de probar que se presenta un perjuicio
irremediable que haga procedente un amparo transitorio. En el caso concreto, el
actor censura el sentido de un auto interlocutorio en que se negó el decreto de una
medida cautelar, dentro de un proceso de nulidad en el que aún está pendiente de
proferir sentencia de primera instancia. En esa razón, en general, el escrito de
amparo es improcedente pues está pendiente de agotarse la totalidad del proceso
judicial de nulidad. En todo caso, conforme el artículo 233 del CPACA, el actor
puede volver a presentar una nueva petición de decreto de medida cautelar, siempre
que cumpla la condiciones que fija el inciso final de la mencionada norma. Situación
que evidencia que está pendiente de agotarse todo el procedimiento judicial.
Además, el tutelante no ofreció razones relacionadas con que esté frente a un
perjuicio irremediable, motivo por el cual, el amparo transitorio no resulta
procedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 30 de mayo de 2025, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en cuanto DECLARÓ
IMPROCEDENTE el amparo.
SEGUNDO: ORDENAR por secretaría informar a las partes por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
14
Corte Constitucional, Sentencia SU-659 de 2015.
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