RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-02327-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02327-00

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02327-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación del Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del Distrito. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la Fiduprevisora S.A. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02327-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

5 de junio de 2025

Demandante: Fiduprevisora S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02327-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02327-00
Demandante: FIDUPREVISORA S.A.
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN C Y OTRO

TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Sanción moratoria por pago
tardío de las cesantías. Improcedencia por falta de relevancia
constitucional y de agotamiento de todos los medios de defensa
judicial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la solicitud de amparo de la referencia, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La Fiduciaria La Previsora S.A. (en adelante Fiduprevisora S.A.), por medio de
apoderado judicial, presentó acción de tutela con el fin de que se le protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Las mencionadas garantías las consideró transgredidas con la sentencia 6 de
noviembre de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C confirmó parcialmente1 el fallo de 18 de junio de
2024, proferido por el Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, que accedió parcialmente a las pretensiones del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho promovido por el señor Edwin Hernán Guerrero
Valenzuela contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – Secretaría de Educación de Bogotá –
Fiduprevisora S.A., el cual se identificó con el radicado 11001-33-42-050-2023-00304-
00/01.

1.2. Peticiones de amparo constitucional

Las pretensiones son las siguientes:

1 Así mismo, revocó la sentencia «en cuanto ordenó la indexación de la sanción moratoria desde el día

siguiente al que cesó la causación de la mora y hasta la fecha de ejecutoria de la presente sentencia,
por lo expuesto».
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fiduprevisora S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02327-00

1. REVOCAR y dejar sin efectos las providencias de fallo de primera instancia del 18 de
junio de 2024, proferida por el Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá Sección Segunda, por medio del cual condena a la FIDUCIARIA LA PREVISORA
S.A., al pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías del señor
EDWIN HERNAN GUERRERO VALENZUELA, identificado con la C.C. No. 80056367,
desde el 5 de enero de 2023 al 30 de marzo de 2023, para un total de 84 días de sanción,
y el fallo de segunda instancia del 06 de noviembre de 2024, proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Sub – Sección “C”, por medio de la
cual confirmó Parcialmente el fallo de primera instancia del 18 de junio de 2024.

2. Ordenar al Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá Sección
Segunda, dejar sin efecto la sentencia de primera instancia del 18 de junio de 2024 y
proferir nuevo fallo en el cual se tengan en cuenta todas las consideraciones y
particularidades del proceso, teniendo en cuenta los documentos como medio de prueba
siendo valorados y se abstenga de condenar a FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

3. Ordene señor juez, dejar sin efecto la sentencia de primera instancia proferida el 18
de junio del 2024, por el Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá Sección Segunda y dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUB-
SECCIÓN “C” de fecha 06 de noviembre del 2024, que confirma decisión de primera
instancia. Ya que han incurrido en las siguientes causales específicas de DEFECTO
FÁCTICO.

4. Se revoque y deje sin efecto el respectiva fallo de primera instancia de fecha 18 de
junio de 2024, proferida por el Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá Sección Segunda y fallo de segunda instancia TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUB-SECCIÓN “C” de fecha 06 de
noviembre del 2024 que confirma parcialmente y se solicita se corrija la atribución de
responsabilidad para pago en el caso en concreto, aplicando toda la respectiva
valoración probatoria, para de esta manera determinar que el pago realizado por la
entidad que represento lo realizo como lo señala la norma dentro del término legal de
Ley.

5. Se tutele el derecho fundamental al debido proceso y demás derechos invocados
dentro del presente escrito de tutela 2.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:

El señor Edwin Hernán Guerrero Valenzuela presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Secretaría de Educación de Bogotá – Fiduprevisora S.A., con el fin de obtener la
nulidad de los actos administrativos que le negaron el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.

El proceso correspondió por reparto al Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, bajo el radicado 11001-33-42-050-2023-00304-00. La mencionada
autoridad judicial profirió sentencia de primera instancia el 18 de junio de 2024, en la
que resolvió acceder parcialmente a las pretensiones del medio de control y condenó
a la Fiduprevisora S.A. al pago de la sanción moratoria desde el 5 de enero de 2023
hasta el 30 de marzo de 2023, para un total de 84 días de sanción.

2 Transcrito de texto original con posibles errores y sin énfasis.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fiduprevisora S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02327-00

Esta decisión fue apelada por la Fiduprevisora S.A., bajo los siguientes argumentos:

• Que de acuerdo con el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, esa fiduciaria no
tenía legitimación en la causa por pasiva para actuar dentro del proceso por no ser la
responsable del pago.

• Que de encontrarse demostrado que la sanción moratoria era procedente, debía
ser atribuida al ente territorial, quien deberá responder patrimonialmente con sus
propios recursos.

• Que la Fiduprevisora S.A. efectuó el pago de las cesantías de manera oportuna,
como se acreditó en el proceso.

• Que aunque es cierto que la Fiduprevisora S.A. es vocera y administradora del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, eso no significa que los
recursos de cada uno sean los mismos, sino que, por el contrario, deben estar
separados en virtud de lo dispuesto en el artículo 1233 del Código de Comercio.

• Que en caso de encontrar configurada la sanción, los días de mora causados
se deberían contar desde el momento en el que el ente territorial envió la resolución a
la Fiduprevisora S.A., comoquiera que la normativa es clara en señalar que desde ese
momento se genera el conteo de los 45 días para realizar el pago correspondiente.

El proceso fue asignado en segunda instancia al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C que, en sentencia 6 de noviembre de
2024, confirmó parcialmente el fallo recurrido, bajo las siguientes consideraciones:

• Que se encontró demostrado que la petición de reconocimiento de las cesantías
fue radicada el 10 de octubre de 2022 y que el 13 del mismo mes y año la Secretaría
de Educación Distrital profirió el acto administrativo de reconocimiento, notificado el 20
siguiente, es decir, dentro del término legal establecido para ello, puesto que tenía
como plazo máximo para proferir el acto hasta el 1. ° de noviembre de 2022.

• Que el pago de las cesantías debió efectuarse a más tardar el 27 de diciembre
de 2022, es decir, dentro de los 45 días hábiles posteriores a la ejecutoria del acto de
reconocimiento de cesantías. Sin embargo, que se encontró acreditado que el pago
solo se hizo hasta el 31 de marzo de 2023, para un total de 93 días de mora, en
atención a que el acto administrativo de 13 de octubre de 2022 adquirió firmeza el 20
de octubre de ese año.

• Así mismo, sobre el pago realizado por la entidad, destacó lo siguiente:

Sin embargo, está acreditado dentro del sumario que el pago fue puesto a disposición
del accionante solo a partir del 31 de marzo de 2023, como consecuencia de un
desorden administrativo derivado de la falta de claridad en el trámite de pago de las
cesantías, pues pese a que el acto administrativo ordenó pagar el 13 de octubre de 2022
la prestación con cargo al acreditó número 204119041542 del Banco Scotiabank
Colpatria, y que el demandante acreditó con certificado de Scotiabank que a octubre de
2022 efectivamente presentaba un vínculo comercial con ese Banco por medio del
crédito con número 204119041542, la entidad no materializó el pago alegando en
respuesta a petición del actor que el dinero no fue recibido por la entidad bancaria,
empero no allegó al proceso documento alguno que compruebe esta situación,

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fiduprevisora S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02327-00

incumpliendo con la carga probatoria que le pesa ante una afirmación de esa categoría.
Además, revisado el plenario brilla por su ausencia una afirmación contundente sobre
el particular.

De cualquier forma, no se vislumbra que luego de esto la Fiduprevisora haya desplegado
alguna actuación adicional para pagar las cesantías, y solo luego de que el acto elevó
múltiples peticiones alertando de la tardanza en el pago de su prestación, e incluso
después de que le dijeron equivocadamente que su dinero se encontraba desde el 23
de marzo de 2023 en el Banco BBVA, y le hicieron acudir en vano a la entidad Bancaria
el 29 de marzo de ese año, le pagaron la prestación finalmente el 31 de marzo de 2023,
con las consecuencia propias que se pudieron derivar de no obtener oportunamente las
cesantías que tenían como destino el pago de una obligación contractual cual era la
liberación de gravamen hipotecario bancario.3

• Que la Fiduprevisora S.A. es la responsable de la mora porque no demostró
haber realizado el pago de la prestación dentro de los términos legales que le impone
el artículo 2.4.4.2.3.2.27 del Decreto 942 de 2022.

• Que en el evento en el que la administración hubiere realizado algún pago bajo
el concepto de sanción moratoria, ello se determinaría al momento de dar
cumplimiento a la sentencia, al anotar y dejar constancia del comprobante de pago, y
se descontaría del valor total liquidado como condena.

• Que no era ajustado a derecho lo dispuesto en el fallo de primer grado en cuanto
a ordenar la indexación de la sanción moratoria desde día siguiente al que finalizó la
mora, y hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia. Por ello, revocó el fallo en ese
sentido.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora consideró que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia con la
expedición de las sentencias de 18 de junio y 6 de noviembre de 2024, comoquiera
que incurrieron en un defecto fáctico.

En primer lugar, explicó que se cumplen con todos los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. Particularmente, sobre
la relevancia constitucional indicó que este se acredita, dado que los jueces de
instancia incurrieron en 2 inconsistencias que vulneraron el debido proceso: (i)
omitieron la valoración probatoria de los documentos que acreditaban la ejecución del
pago de las cesantías, y (ii) la falta de motivación de los fallos proferidos en el ordinario.

Ahora bien, en cuanto al defecto fáctico que invocó, destacó que este se configuró
dado que las autoridades accionadas omitieron valorar que el pago de las cesantías
se hizo el 27 de octubre de 2022 en la cuenta 204119041542 a favor del Banco
Scotiabank Colpatria S.A., pero que, ante la falta de cobro por parte del demandante
y el rechazo del desembolso por la inexistencia de la cuenta, fue necesario
reprogramar el pago; situaciones que fueron informadas dentro del proceso, dado que
en este existían comunicaciones que daban cuenta de la reprogramación.

3 Transcripción literal del texto original con posibles errores.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fiduprevisora S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02327-00

Alegó que también se pasó por alto que las reprogramaciones del pago no generan
mora, máxime cuando las circunstancias que le dieron lugar no le eran atribuibles a la
Fiduprevisora S.A., sino al demandante.

Manifestó que se dio una errada valoración probatoria, dado que la fecha del inicio de
la causación de la mora sería el 10 de enero de 2023, no obstante, el pago se realizó
el 27 de octubre de 2022 y no como lo consideraron los juzgadores de instancia, el 31
de marzo de 2023, conforme con la certificación que se aportó al proceso pero que no
fue estudiada, lo cual condujo a que injustamente se condenara a pagar a la
Fiduprevisora S.A.

Adujo que la reprogramación del pago fue una situación de la que incluso dio cuenta
el demandante, en los folios 36, 37, 43 y 44 de su escrito de demanda. Particularmente,
citó el oficio 20231070485121 de 13 de marzo de 2023, en el que se le informó al
accionante que el pago de la prestación salió en el cronograma de 28 de octubre de
2022. También mencionó el oficio 20230910587551 del 28 de marzo de 2023 donde
se informó que el pago se hizo el 27 de octubre, pero que se reprogramó para el 23 de
marzo de 2023, por la inexistencia de la cuenta.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 28 de abril de 2025, el despacho admitió la acción de tutela y ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
y al Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá como parte
accionada. Además, les solicitó que remitieran copia digital o el enlace de acceso del
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
11001-33-42-050-2023-00304-00/01.

Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de
1991, vinculó al señor Edwin Hernán Guerrero Valenzuela4 [parte demandante en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho], a la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a la Secretaría Distrital de
Educación de Bogotá [entidades también demandadas en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho].

De otro lado, requirió al abogado Jhordin Stiven Suárez Lozano para que allegara el
poder que le fuera conferido en debida forma, conforme al artículo 74 del Código
General del Proceso o a lo previsto en el artículo 5 del Decreto 2213 de 2022.

Por último, negó la medida provisional invocada por la parte actora y ordenó a la oficina
de sistemas del Consejo de Estado que realizara una publicación en la página web de
la corporación, con la información de la tutela, con el fin de ponerla en conocimiento
de los terceros interesados.

1.6. Contestaciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:

4Notificado al correo edwin@rodrigodetriana.edu.co, aportado por el apoderado la Fiduprevisora
mediante memorial visible en el índice 17 de Samai.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fiduprevisora S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02327-00

1.6.1. Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

La juez titular del despacho solicitó que se niegue el amparo invocado por la parte
actora, bajo los siguientes argumentos:

En primer lugar, en relación con los reproches realizados por la actora respecto de la
presunta omisión probatoria, refirió lo que se transcribe a continuación:

5. Pese a ello, considera el Despacho que la acción constitucional ha de negarse, por
cuanto al revisar los enérgicos reclamos de la representación judicial de Fiduciaria La
Previsora S.A. y contrastados con su actuación procesal al interior del proceso ordinario,
salta a la vista que los fallos de tipo probatorio y jurídico atribuidos, jamás fueron
avizorados y/o reclamados por aquella en el proceso objeto de estudio.

6. Lo anterior, por cuanto Fiduciaria La Previsora S.A. en la contestación de la demanda,
solo atino a referir grosso modo que de conformidad con la Ley 1955 la obligación de
pago recae exclusivamente en las entidades territoriales, no aportó pruebas, mucho
menos hizo una valoración de las pruebas recaudadas y practicadas en la etapa de
alegatos de conclusión debido a que ni siquiera se pronunció en la oportunidad procesal
otorgada para el efecto, y las pruebas que estima no valoradas fueron las que allegó la
propia parte actora.

Luego de reproducir las consideraciones hechas en las sentencias reprochadas,
consideró que en ellas sí se tuvo en cuenta la situación de extemporaneidad invocada
por la Fiduprevisora S.A., por lo que no puede ahora la parte actora pretender refutar
una situación que en su momento omitió cuestionar y probar en las instancias
procesales.

Por último, aseveró que lo que pretende la parte actora es reabrir debates procesales
que ya fueron superados y convertir la acción de tutela en una tercera instancia.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C

El magistrado ponente de la decisión reprochada se opuso a las pretensiones de la
parte tutelante y solicitó negar el amparo pretendido por ella ante la ausencia de
violación de sus derechos fundamentales.

Indicó que la sentencia de segundo grado fue proferida con prevalencia de los
principios de la sana crítica y la buena fe, después de haberse surtido el
correspondiente procedimiento con garantía de la igualdad e imparcialidad de las
partes del proceso.

Consideró que en este caso no se configuran los requisitos dispuestos por la Corte
Constitucional para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
y que lo que pretende la parte accionante es que se surta una tercera instancia, al
tener una sentencia desfavorable a sus intereses.

Sobre la configuración del defecto fáctico, precisó:

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fiduprevisora S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02327-00

En efecto, la parte actora alega la existencia de un defecto fáctico por una presunta
inobservancia en la valoración de las pruebas del proceso. No obstante, en el fallo de
manera clara se aprecia que el Tribunal sí tomo en consideración, la situación puesta
en consideración en la tutela, sin embargo, luego de analizar las evidencia allegas al
sumario encontró que la entidad no aportó prueba alguna que comprobase de forma
prístina que hubiera hecho el pago en las fechas que alegó —hecho que ahora pretende
cuestionar en esta acción tutelar— incumpliendo con la carga de la prueba que pesa
sobre sus hombros ante una afirmación de tal categoría. Sumado a que revisado el
plenario, en los memoriales presentados por la entidad brillaba por su ausencia una
afirmación contundente sobre el particular, lo que de suyo conllevó a establecer su
responsabilidad en los términos fijados en la sentencia.

1.6.3. Ministerio de Educación Nacional

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica del ministerio solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela y que se le desvincula de la presente actuación al
considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.

Aclaró que el Ministerio de Educación Nacional no administra ni representa al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y mucho menos tiene injerencia
directa sobre el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que están a cargo
de este patrimonio autónomo. En ese sentido, puso de presente que esa carta
ministerial no es responsable de la conducta que genera la vulneración alegada y, por
lo tanto, no tiene competencia para pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de
la presente acción de tutela.

De otro lado, alegó que mediante este mecanismo de amparo se pretende reprochar
una decisión legítimamente adoptada, la cual no puede ser excluida del ordenamiento
jurídico por la vía de la acción de tutela, comoquiera que el juez constitucional no puede
resolver de fondo una cuestión que le compete a otra autoridad judicial, dado que ello
desconocería la independencia y autonomía judicial.

Afirmó que en este caso no se demuestra que las vulneraciones a las garantías
procesales y fundamentales invocadas comprometan gravemente la existencia de la
accionante, sino que, por el contrario, lo que se presenta es una controversia de
naturaleza estrictamente económica, que involucra intereses privados, lo cual excede
la competencia del juez de tutela y carece de relevancia constitucional.

1.6.4. Secretaría de Educación del Distrito

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad pidió que se declare la
improcedencia de la acción constitucional, toda vez que carece de legitimación en la
causa por pasiva, dado que la presunta vulneración se relaciona directamente con la
legalidad de las providencias judiciales expedidas por autoridades judiciales, sobre
quienes la Secretaría de Educación del Distrito carece de injerencia. Al respecto,
afirmó que «no le es dable a esta Oficina pronunciarse ni asumir responsabilidad
alguna sobre las actuaciones u omisiones atribuidas de forma exclusiva a las
autoridades accionadas».

1.6.5. Jhordin Stiven Suárez Lozano

El apoderado de la parte actora aportó el poder requerido en el auto admisorio.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fiduprevisora S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02327-00

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por la Fiduprevisora S.A. contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y otro, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

El Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del Distrito solicitaron
su desvinculación de la presente acción constitucional, al considerar que carecen de
legitimación en la causa por pasiva.

No obstante, estas solicitudes serán negadas, toda vez que su vinculación se hizo
como terceros con interés directo en las resultas del proceso, al haber conformado el
extremo pasivo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que ahora ocupa
a la Sala, por lo que resulta necesaria su comparecencia en este trámite.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a esta Sección determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales de la parte accionante, los cuales consideró vulnerados con ocasión de
la sentencia de 6 de noviembre de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C confirmó parcialmente la decisión
de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que inició el señor Edwin Hernán Guerrero
Valenzuela contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – Secretaría de Educación de Bogotá D.C. –
Fiduprevisora S.A.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los
requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia constitucional y,
en caso de encontrase superados; (iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 5,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y ella
misma habían adoptado posturas diversas sobre el tema6.

5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fiduprevisora S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02327-00

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148, la referida
Sala Plena, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional
contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia Constitucional

La Sala advierte que en el sub examine no se cumple el presupuesto de la referencia,
para lo cual resulta pertinente recordar que, en principio, esta colegiatura otorgaba
relevancia constitucional a toda pretensión que, en sede de tutela, estuviera
relacionada con una controversia en torno al amparo de un derecho o garantía de
rango fundamental, como lo son las cesantías; no obstante, en asuntos como el caso
en concreto, se ha sostenido que las pretensiones que versen sobre derechos de
índole estrictamente económico, al no encontrarse ligados a la satisfacción de una
garantía de dicha naturaleza, se tornan improcedentes frente al amparo
constitucional9.

El anterior lineamiento acogido por esta magistratura se ha construido en estricto
seguimiento de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de
201910.

En este fallo se señaló que el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado
con su naturaleza como prestación patronal de rango legal, cuya finalidad es el auxilio
de la persona que se quede temporalmente en situación de desempleo y, por tanto,
«solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría
procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del
derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador».

Así mismo, precisó la referida Corte en aquella sentencia unificadora que todo pago
adicional no correspondiente con la finalidad buscada por las cesantías, sino
relacionado con una penalidad impuesta al empleador por el no pago o pago tardío de
las mismas, cuenta con una naturaleza estrictamente patrimonial cuyo reconocimiento,
no requiere la acción del juez de tutela.

7 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Ver fallos del 20 de febrero de 2020, proferido en el trámite del proceso N°11001-03-15-000-2019-

04788-01, y 7 de mayo de 2020, dictado en el expediente 11001-03-15-000-2019-04762-01, ambos con
ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate.
10 Corte Constitucional, Sentencia SU-573, 27.11.19, M.P. Carlos Bernal Pulido.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fiduprevisora S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02327-00

Esta posición es reiterada por la misma corporación en la SU-215 de 202211, en la cual
se unificaron los criterios respecto al requisito de la relevancia constitucional en los
casos de tutela contra providencia judicial, para lo cual se indicó:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de
tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este requisito
se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal
o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].
(Énfasis de la Sala)

En ese orden, conforme a los pronunciamientos de unificación de la Corte
Constitucional antes referidos, los cuales son acogidos y aplicados por esta judicatura,
es claro que la petición de amparo en estudio resulta improcedente por incumplimiento
del presupuesto de la relevancia constitucional, pues, se itera, el asunto en debate es
de naturaleza eminentemente económica con intereses claramente particulares o
privados.

Así mismo, respecto de la presunta inconsistencia en la que incurrieron las autoridades
accionadas ante la falta de motivación de los fallos proferidos en el proceso ordinario,
la Sala advierte que esta censura no cumple con la carga argumentativa necesaria
para ser estudiada en el marco de la trasgresión de derechos fundamentales, dado
que la accionante no expuso las razones por las cuales considera que hubo una
indebida motivación del fallo.

Recuérdese que no es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión
judicial se transgredieron determinados derechos superiores, por el contrario, es
menester que quien se considera afectado, cumpla con el deber de argumentar el
concepto de la violación que se deriva de una providencia judicial en abierta
contradicción de los postulados constitucionales, que implique por parte de este juez
un pronunciamiento respecto al análisis que ha efectuado.

Así las cosas, se declarará improcedente el mecanismo constitucional de la referencia,
por falta de relevancia constitucional.

2.5.2. Agotamiento de todos los medios de defensa judicial

Se recuerda que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado al
juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces naturales
de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los argumentos
de raigambre constitucional esgrimidos por la parte actora dentro del trámite de tutela,
toda vez que si se analizaran solo los argumentos de la parte accionante sin el debido
contraste del estudio irracional por parte de la autoridad judicial, se atentaría contra el
principio de autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo
constitucional en una tercera instancia.

11 Junio 16 de 2022.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fiduprevisora S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02327-00

Para esta Sala los argumentos de la tutela se resumen en reprochar una indebida
valoración probatoria de los documentos que, a juicio de la Fiduprevisora S.A., daban
cuenta del debido pago de las cesantías del demandante y de las circunstancias por
las cuales fue necesario reprogramar el pago, como lo fueron la falta del cobro por
parte del señor Guerrero Valenzuela y el rechazo del desembolso ante la inexistencia
de la cuenta.

Ahora bien, al margen de la razonabilidad de esta tesis, lo cierto es que esta Sala,
investida como juez constitucional, no es competente para determinar si el pago de las
cesantías del demandante fue realizado en término por parte de la Fiduprevisora S.A.,
dado que tal análisis le correspondía al juez natural del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

En todo caso, al revisarse la documental aportada al proceso de tutela, la Sala advierte
que los argumentos traídos a colación por la parte accionante a través de este
mecanismo de amparo, no fueron ventilados por ella en el transcurso del proceso
ordinario.

En primera medida, se evidencia que una vez le fue notificado a la Fiduprevisora S.A.
el auto admisorio del expediente 11001-33-42-050-2023-00304-00, esta procedió a
contestar la demanda, sin embargo, en dicho escrito no esgrimió algún argumento
relacionado con la reprogramación del pago de las cesantías del demandante.

Además, tampoco solicitó ni aportó prueba siquiera sumaria que permitiera corroborar
tales afirmaciones, puesto que solo se limitó a allegar los siguientes documentos:

1. Certificado de existencia y representación legal de FIDUPREVISORA S.A. expedido
por la CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA D.C.
2. Certificado de existencia y representación legal de FIDUPREVISORA S.A. expedido
por la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.
3. Poder especial el cual acepto.12

De igual modo, se observa una vez proferido el fallo de primera instancia, en su escrito
de apelación no puso de presente que el pago haya sido reprogramado por la falta del
cobro por parte del señor Guerrero Valenzuela y que el desembolso hubiera sido
rechazado ante la inexistencia de la cuenta del demandante.

Sus alegaciones en el recurso de apelación solo se limitaron a señalar: (ii) la falta de
legitimación en la causa de la Fiduprevisora S.A. y la competencia del ente territorial
para pagar la sanción que se generara; (ii) la diferencia de los recursos entre el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la fiduciaria; (iii) el pago oportuno
de las cesantías, y (iv) la contabilización de los días de mora a partir del momento en
el que el ente territorial envía la resolución a la Fiduprevisora.

Aun cuando en su apelación la parte actora invocó en términos generales un «pago
oportuno y debido» de las cesantías, en ningún aparte de su escrito señaló que el
desembolso del dinero fue el 27 de octubre de 2022 y no el 31 de marzo de 2023 como
lo consideró el Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
Simplemente, se limitó a señalar lo que se transcribe a continuación:

Corolario de lo expuesto, de la consulta del presente asunto ante la DIRECCIÓN DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL FOMAG, para verificar el trámite efectuado a la

12 Visible a folio 14 de la contestación de la Fiduciaria S.A., en el proceso ordinario.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fiduprevisora S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02327-00

solicitud de reconocimiento y pago de la prestación solicitada por la aquí demandante,
al respecto debe señalarse que la entidad efectuó en debida forma, según los
certificados que se aportan, el pago oportuno y debido que corresponde a las cesantías
del aquí demandante.
En todo caso, no obstante, esto será objeto de análisis por parte del despacho judicial,
sin embargo, y en el hipotético caso que ello fuese así las condenas que se llegaren a
imponer sobre este particular deberán ser dirigidas única y exclusivamente frente a las
entidades demandadas (entes territoriales) que hayan dado lugar a la configuración de
la sanción mora reclamada por la parte demandante no por FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A., en posición propia, y como entidad de servicios financieros.

Esta colegiatura advierte que la acción constitucional no puede ser usada para revivir
términos procesales ya precluidos ni para enmendar la falta de diligencia de la parte
actora al momento de ejercer su defensa en el trámite del proceso ordinario. Por lo
tanto, comoquiera que la Fiduprevisora S.A. no avizoró en medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho 11001-33-42-050-2023-00304-00/01 la presunta
omisión de tipo probatorio que hoy alega, la Sala declarará la improcedencia de la
acción de tutela por no encontrar satisfecho el requisito de agotamiento de todos los
medios de defensa judicial.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación del Ministerio de Educación
Nacional y la Secretaría de Educación del Distrito.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la
Fiduprevisora S.A.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme con
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.