Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02339-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02339-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02339-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
29 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02339-01
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: JAIRO MENESES RIAÑO
TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN DEL A QUO QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE
LA SOLICITUD DE AMPARO POR INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, EL CUAL ES MÁS RIGUROSO EN CUANTO A LA
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LAUDOS ARBITRALES. LO
PRETENDIDO POR LA ACTORA ES REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL
LAUDO ARBITRAL. ASUNTO LEGAL Y ECONÓMICO. SUMADO A ELLO,
TAMPOCO SE CUMPLE CON EL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD
DEBIDO A QUE EL ACTOR CONTABA CON EL RECURSO
EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN.
DERECHO FUNDAMENTAL: DEBIDO PROCESO
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra
la sentencia de 26 de septiembre de 2025, mediante la cual la
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE
ESTADO1 declaró improcedente la solicitud de amparo.
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En adelante SECCIÓN TERCERA.
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ACTOR: JAIRO MENESES RIAÑO
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor JAIRO MENESES RIAÑO, actuando a través de apoderado
especial y en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo
86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho
fundamental al debido proceso, el cual estima vulnerado por el
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE LA CÁMARA DE COMERCIO
DE BOGOTÁ2 al haber proferido el laudo arbitral de 23 de enero de
2025, dentro del asunto identificado con el número único de
radicación 147397.
I.2.- Hechos
Indicó que el 1o. de febrero de 2023 suscribió el contrato de
arrendamiento de vivienda urbana núm. FEAB-0001-23 de la casa
18, lote la paz 2, en el condominio Carina, ubicado en el municipio
de Chía, con el FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN
DE BIENES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN3.
2
Conformado dentro del trámite arbitral núm. 133080 por los Árbitros Carlos Mayorca Escobar, Carolina
Guillén Gómez y Daniel Rodríguez Bravo. En adelante TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO.
3
En adelante FEAB.
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Indicó que el FEAB incumplió dicho contrato ya que el bien inmueble
se encontraba en mal estado, lo cual impedía su uso y goce, y por
esta razón el 31 de marzo de 2023 solicitó su terminación unilateral
y anticipada.
Relató que el 6 de diciembre de 2023 presentó demanda arbitral
contra el FEAB ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio
de Bogotá, con el fin de dirimir las diferencias originadas con ocasión
del contrato núm. FEAB-0001-23.
Adujo que el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO mediante laudo de
23 de enero de 2025, declaró que no existió incumplimiento del
contrato y negó las pretensiones de la demanda.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio del actor, el laudo arbitral censurado incurrió en defecto
sustantivo, comoquiera que interpretó subjetivamente el contrato
cuestionado, por lo que tal decisión resulta desproporcionada e
irrazonable, además que empleó una connotación simplista y
exegética frente a la obligación de entregar el bien en buen estado
para ser habitado.
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ACTOR: JAIRO MENESES RIAÑO
Finalmente, indicó que también incurrió en defecto fáctico,
comoquiera que omitió valorar todas las pruebas documentales
recaudadas dentro del mencionado proceso, entre ellas, el acta de
entrega, fotografías y videos del bien inmueble arrendado.
I.3.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como violados y, en consecuencia:
“[…]1. Amparar el derecho fundamental del debido proceso al
Sr. Jairo Meneses Riaño.
2. En consecuencia, se ordene a la entidad accionada que ordene
practicar y valorar la totalidad de las pruebas decretadas en el
proceso arbitral, y que proceda a aplicar las normas de carácter
sustancial que le impone la ley civil o comercial para dirimir el
caso en derecho.
3. Se profiera un nuevo laudo arbitral que declare la prosperidad
de las pretensiones de la demanda.
4. Por último, se ordene a la entidad accionada realizar el
respectivo control de legalidad en aras de garantizar los
derechos fundamentales de las partes en contienda. […]”.
I.4.- Defensa
I.4.1.- El CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ se limitó a enviar link del
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expediente objeto de controversia.
I.5.- Intervinientes
I.5.1.- El FEAB rindió informe de los trámites surtidos dentro del
proceso arbitral y resaltó que todas las actuaciones que adelantó se
realizaron con acatamiento irrestricto de la normatividad legal y
procedimientos internos de la entidad, por lo que no vulneró los
derechos fundamentales invocados por el actor y solicitó declarar
improcedente la presente solicitud de amparo y ser desvinculado del
presente trámite constitucional.
I.5.2.- La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN solicitó
declarar improcedente la solicitud de amparo de la referencia en
razón a que no reúne los requisitos de procedencia establecidos en
la jurisprudencia de las altas cortes, en especial el de la relevancia
constitucional, toda vez que lo pretendido por el actor es utilizar la
acción de tutela para reabrir un debate jurídico, sumado a ello, aquel
contaba con otros medios ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial, en este caso el recurso extraordinario de anulación.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
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La SECCIÓN TERCERA, mediante sentencia de 26 de septiembre de
2025, declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia
al considerar que no se cumplió con los requisitos generales de la
relevancia constitucional y subsidiariedad, toda vez que sus
fundamentos se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos
que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el
proceso arbitral y lo que pretende el actor es crear una instancia
adicional a lo ya surtido.
Resaltó que el demandante contaba con el recurso extraordinario de
anulación contra el laudo arbitral censurado.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia y solicitó
que se revoque, para lo cual argumentó lo siguiente:
Señaló que, contrario a lo manifestado por el a quo, el asunto sí
reviste verdadera relevancia constitucional, comoquiera que
involucra una discusión en torno a la vulneración de su derecho
fundamental al debido proceso y no pretende reabrir un debate
jurídico.
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Afirmó que el a quo realizó un análisis insuficiente, por cuanto no
evaluó si el recurso extraordinario de anulación es el mecanismo
idóneo y eficaz para proteger su derecho fundamental invocado como
violado.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Cuestión previa
La Sala advierte que el FEAB solicitó ser desvinculada de la presente
acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
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bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que la entidad en mención hizo parte dentro del proceso
arbitral objeto de tutela, le asiste interés como tercero en las resultas
del proceso, razón por la cual la Sala denegará su solicitud de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa
de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la
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acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias
de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
De la procedencia de la acción de tutela contra laudos
arbitrales
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La Corte Constitucional en sentencia T-131 de 20224 dispuso sobre
el particular que, si bien es cierto, en principio, resultan aplicables a
los laudos las mismas causales tanto generales como específicas para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
su examen debe ser más riguroso y estricto, de conformidad con la
SU-174 de 20075.
Por su parte, la sentencia SU-033 de 20186 precisó que el respeto
por la decisión de los árbitros y la procedencia de la tutela supone
analizar con especial detenimiento el requisito general de la
relevancia constitucional.
Al respecto, en la mencionada sentencia T-131 de 2022 la Corte
Constitucional sostuvo lo siguiente:
“[…] La relevancia constitucional en materia de tutela
contra laudos arbitrales7 y contra sentencias que resuelven
el recurso extraordinario de anulación. En concordancia con lo
indicado en precedencia, demostrar la relevancia constitucional de
las afectaciones causadas por un laudo arbitral exige una sólida
carga argumentativa. Lo anterior, para que la acción de tutela no
se convierta en una instancia judicial que remplace las vías
ordinarias, de modo tal que las transgresiones alegadas sean
4
M.P. Diana Fajardo Rivera.
5
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
6
M.P. Alberto Rojas Ríos.
7
Al respecto, ver especialmente, las consideraciones expuestas en las sentencias SU-033 de 2018. M.P.
Alberto Rojas Ríos. AV. Alejandro Linares Cantillo y T-133 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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constitucionalmente significativas y trasciendan la esfera legal, el
carácter eminentemente económico de la controversia y la
inconformidad con las decisiones adoptadas por los árbitros.8
[…]
Así mismo, la Sala Séptima de Revisión determinó que carecen de
relevancia constitucional los asuntos que (i) se contraen a dirimir
discusiones estrictamente económicas o patrimoniales relacionadas
con la condena impuesta en el laudo arbitral; o (ii) tienen una
relación directa con la interpretación de un contrato o su valoración
probatoria por parte del tribunal de arbitramento.9 Precisó,
también, que el carácter económico de la discusión no
excluye, per se, la posibilidad de que el caso comprometa la
faceta constitucionalmente protegida del debido proceso, pero
además de los perjuicios económicos, debe demostrarse el
desconocimiento de un derecho fundamental o la intervención en
otros bienes y derechos constitucionalmente relevantes como la
libertad personal o la eficaz administración de justicia.10
44. Ahora bien, aunque específicamente la jurisprudencia
constitucional no ha realizado una distinción en la determinación
de los supuestos que acreditan la relevancia constitucional o la
tornan carente en el análisis de procedencia de la acción de tutela
contra laudos arbitrales y contra la sentencia que resuelve el
recurso extraordinario de anulación,11 importa señalar que en éste
último escenario sí ha precisado que se debe tener en cuenta la
naturaleza especial que enmarca al recurso extraordinario de
anulación y justamente el alcance restringido que tienen sus
causales de procedencia. Lo anterior porque es ese el escenario
natural para que el juez verifique la adecuación del laudo a la
Constitución respecto de las causales que están enfocadas en la
valoración del derecho al debido proceso por posibles errores in
8
En la Sentencia SU-033 de 2018 la Sala Plena refirió, a partir de Ferrajoli, que una distinción entre
los derechos fundamentales y los derechos patrimoniales consiste en que los primeros se destacan
“entre otras características por no ser negociables, mientras que los segundos establecen ‘relaciones
de dominio y de sujeción, es decir, de poder’.” Sentencia SU-033 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos. AV.
Alejandro Linares Cantillo. Criterio reiterado en la Sentencia T-354 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo
Ocampo. AV. Antonio José Lizarazo Ocampo. AV. Gloria Stella Ortiz Delgado.
9
Sentencia T-131 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
10
Ver sentencia T-102 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
11
Así ocurre, por ejemplo, en las Sentencias T-244 de 2007, SU-174 de 2007, SU-033 de 2018 y SU-
500 de 2015, entre otras.
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procedendo y, en ese sentido, el análisis de relevancia
constitucional que se realiza en sede de tutela se torna más estricto
con miras a que el amparo no se utilice como un nuevo espacio
procesal para reexaminar cuestiones jurídicas y fácticas que fueron
objeto del proceso arbitral, o para cuestionar el criterio que empleó
el fallador dentro de su ámbito de autonomía12 […]”.
Caso concreto
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
que se ampare su derecho fundamental al debido proceso y, en
consecuencia, se deje sin efecto el laudo arbitral de 23 de enero
de 2025, proferido por el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO dentro
del expediente identificado con el número único de radicación
147397.
Al citado laudo arbitral se le atribuye la vulneración del derecho
fundamental invocado, habida cuenta que, a su juicio, incurrió en
defecto sustantivo comoquiera que interpretó subjetivamente el
contrato cuestionado, por lo que tal decisión resulta
desproporcionada e irrazonable, además que empleó una
connotación simplista y exegética frente a la obligación de entregar
el bien en buen estado para ser habitado.
12
Al respecto se pueden consultar las Sentencias SU-500 de 2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez;
SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; y, SU-081 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
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Finalmente, indicó que también incurrió en defecto fáctico,
comoquiera que omitió valorar todas las pruebas documentales
recaudadas dentro del proceso, entre ellas, el acta de entrega,
fotografías y videos del bien inmueble arrendado.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 26 de septiembre
de 2025, declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia
al considerar que no se cumplió con los requisitos generales de la
relevancia constitucional y subsidiariedad, toda vez que sus
fundamentos se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos
que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el
proceso arbitral y lo que pretende el actor es crear una instancia
adicional a lo ya surtido.
Resaltó que el actor contaba con el recurso extraordinario de
anulación contra el laudo arbitral censurado.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión
proferida en primera instancia e indicó que el presente asunto sí
reviste verdadera relevancia constitucional, comoquiera que
involucra una discusión en torno a la vulneración de su derecho
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fundamental al debido proceso y no pretende reabrir un debate
jurídico.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico que
debe resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual, en
primer lugar, se debe estudiar si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra laudo arbitral y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL DE
ARBITRAMENTO vulneró el derecho fundamental al debido proceso
e incurrió en los defectos deprecados, al haber proferido el laudo
arbitral de 23 de enero de 2025, dentro del expediente identificado
con el número único de radicación 147397.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, especialmente contra laudos arbitrales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, los requisitos de
subsidiariedad y relevancia constitucional.
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Del requisito de subsidiariedad
Al respecto, cabe señalar que el artículo 6º del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, «Por el cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política», prevé como
causal de improcedencia que «existan otros recursos o medios
de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto
a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los
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derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se
dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer
del fondo del asunto.»13 (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Ahora, en el caso sub examine se observa que el señor JAIRO
MENESES RIAÑO no hizo uso del recurso extraordinario de
anulación contra el laudo arbitral objeto de cuestionamiento, el cual
en atención a lo dispuesto en los artículos 149, numeral 7, de la Ley
1437 de 18 de enero de 201114 y 40 y siguientes de la Ley 1563 de
12 de julio de 201215, es el escenario idóneo para controvertir y
alegar la presunta vulneración del derecho aquí alegado.
13 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
14
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
15
“Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras
disposiciones”.
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ACTOR: JAIRO MENESES RIAÑO
Ahora, de considerarse que la presente acción de tutela carece del
requisito de subsidiariedad, tampoco cumple con el presupuesto de
la relevancia constitucional, como pasa a exponerse.
Del requisito de la relevancia constitucional
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación16, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene
dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio
constitucional de la autonomía funcional de los jueces
(artículos 228 y 230 de la Carta)”; por otro, evita que la acción
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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ACTOR: JAIRO MENESES RIAÑO
de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”.
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del
actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de
relevancia constitucional por la afección de sus derechos
fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de
derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
constitucional.
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no
puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida
para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial
que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de
relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
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“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que
se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una
cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en
cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a
una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios,
es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras
palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un
asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad. Si bien no
siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional
de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha
sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de
diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los
antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de
1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al
debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y
que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que
es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente
debido proceso.
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29
CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas
de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías
esenciales son el derecho al juez natural; el derecho a presentar y
controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el
derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en
el proceso penal; el principio de predeterminación de las reglas
procesales o principio de legalidad; el derecho a la publicidad de
los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de juicios
secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos y
arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa y
contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de
manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
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ACTOR: JAIRO MENESES RIAÑO
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales impone un estudio riguroso de los requisitos de
procedibilidad y de prosperidad de la acción, más cuando se
trata de atacar las providencias de las altas Cortes, tal como
lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917
de 2013. […]” (Destacado fuera del texto).
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción de
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia
y la independencia del juez ordinario.
Ahora, de conformidad con lo expuesto en líneas anteriores, el
requisito general de la relevancia constitucional resulta más
exigente para la procedencia de la acción de tutela contra
laudos arbitrales, de tal forma que dicho presupuesto no se
encuentra superado cuando i) el asunto resulta estrictamente
económico o versa sobre discusiones patrimoniales relacionadas con
la condena impuesta en el laudo o ii) tiene una relación directa con
la interpretación probatoria dada en el laudo.
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Se destaca que, aun cuando el carácter económico no excluye, per
se, la posibilidad de que se comprometan principios y derechos
constitucionales, en este caso se debe demostrar el desconocimiento
de un derecho fundamental relevante como la libertad personal o la
eficaz administración de justicia.
Sumado a lo anterior, se debe tener en cuenta la naturaleza especial
del recurso extraordinario de anulación, así como su restringido
alcance, por lo que el estudio de la relevancia constitucional también
se torna más estricto, con el fin de que no se utilice a la acción de
tutela como un nuevo espacio donde se pretenda reabrir un debate
fáctico o jurídico ya zanjado o para cuestionar el criterio del árbitro
dentro de su ámbito de autonomía.
En el caso bajo examen, la solicitud de tutela se fundamentó en el
hecho, según el cual, el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO declaró el
cumplimiento del contrato, no obstante, omitió valorar las pruebas
documentales aportadas en debida forma al expediente.
Conforme con lo anterior, la Sala advierte que las inconformidades
descritas por la parte actora pretenden retrotraer asuntos que fueron
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ACTOR: JAIRO MENESES RIAÑO
objeto de análisis dentro del proceso arbitral, en la medida en que lo
pretendido es que se realice una nueva interpretación del material
probatorio allegado en su momento al proceso arbitral, como si este
mecanismo constitucional se tratara de una instancia adicional.
Así las cosas, la Sala advierte que los argumentos que invoca la parte
actora como fundamento de la presunta vulneración del derecho
deprecado, son los mismos que fueron puestos a consideración ante
el juez arbitral y se evidencia que lo pretendido es crear una instancia
adicional trayendo argumentos que ya fueron suficientemente
debatidos por los jueces naturales del litigio.
En efecto, la divergencia recae sobre un asunto económico y de mera
legalidad, porque los motivos que fundamentan la inconformidad de
la parte actora se sustentan, básicamente, en que no se debió
declarar el cumplimiento del contrato frente a las pretensiones de
orden económico.
Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva
constitucional, se limita a una discusión meramente económica y
legal, que gira en torno a la inconformidad con la decisión adoptada
en el laudo arbitral.
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En efecto, revisada la providencia cuestionada, se advierte que las
inconformidades que ahora trae la parte actora a esta sede
constitucional ya fueron resueltas de forma admisible por el
TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO, así:
“[…]De conformidad al acervo probatorio recaudado se concluye
que la intención del sr. JAIRO MENESES al arrendar el inmueble
era comprarlo posteriormente, y que a pesar de no haber
suscrito un contrato de arrendamiento de vivienda con opción de
compra, o haber suscrito en un documento aparte la opción de
compra del inmueble que arrendaba, procedió a su cuenta y
riesgo a ejecutar reparaciones en la casa No. 18 por valor
superior a la suma pactada en el contrato de arrendamiento
suscrito entre las partes, desconociendo los limites contractuales
y en desarrollo de la autonomía de la voluntad privada, a
sabiendas de la ausencia de compromiso escrito en donde
constara la obligación para el ARRENDADOR de hacer devolución
de lo invertido por el ARRENDATARIO en reparaciones al
inmueble.
El señor JAIRO MENESES conocía la casa No. 18 del Condominio
Carina de Chía, previamente a la suscripción del contrato de
arrendamiento y conocía el estado del inmueble porque lo había
visitado y tuvo la oportunidad de investigar sobre las condiciones
locativas, sanitarias y estructurales del mismo, tenía
conocimiento y había aceptado la cuantía establecida para la
ejecución de mejoras en el inmueble, consta su conocimiento y
aceptación en el contrato de arrendamiento de vivienda No.
FEAB 0001 – 2023, en los correos enviados entre las partes, en
el acta de terminación anticipada del contrato.
No se probó que la señora IVETH LORENA SANABRIA hubiera
consentido ni de manera expresa ni tacita, la realización de
reparaciones de cualquier índole en el inmueble que superara el
valor establecido en el contrato de arrendamiento No. FEAB
0001-2023, ni se probó, el compromiso de la Sra. SANABRIA
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ACTOR: JAIRO MENESES RIAÑO
referente a hacer una devolución de los dineros invertidos en el
inmueble cuando la aseguradora Seguros del Estado le aceptara
las reparaciones.
Adicionalmente, el esposo del convocante, señor ROBINSON
MORA, profesional de la construcción, también, era conocedor
del pacto contractual, del tamaño de la vivienda, de las obras
que requería y el costo de estas, así como de lo pactado
contractualmente, sin embargo, decidieron asumir y realizar
obras con costos por fuera de lo convenido en el contrato
suscrito por su pareja.
Se probó, que el FEAB cumplió con la obligación de entregar la
casa No. 18 del Condominio Carina de Chía, en los términos
acordados en el contrato de vivienda suscrito con el
ARRENDATARIO. El señor JAIRO MENESES debía realizar las
reparaciones autorizadas hasta la cuantía autorizada
contractualmente.
En el párrafo segundo de la CLAUSULA SEXTA del contrato de
arrendamiento de vivienda No. FEAB -0001-2023 se pactó entre
las partes que: “Cualquier reparación que el ARRENDATARIO
realice en el inmueble objeto del presente contrato, será por
cuenta y riesgo de este y no será reconocida por el Fondo
Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General
de la Nación – FEAB”
El arrendatario decidió por su propia cuenta y riesgo ejecutar
reparaciones por valor superior al pactado contractualmente
para hacer habitable el inmueble, bajo su expectativa de compra
de la vivienda, que de ninguna forma puede implicar una
modificación de las condiciones contractuales, ni la obligación
del propietario del inmueble de reintegrar los valores precio,
costo o indemnización alguna al ARRENDATARIO por las mejoras
realizadas. Acuerdos que este Tribunal no encuentra contrarios
a la ley, ni a la buena fe negocial.
(…)
También pretende el demandante, la nulidad de la cláusula 21
del contrato de arrendamiento de vivienda No. FEAB 0001-2023,
que a su tenor literal dispone:
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“CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA- PROHIBICIÓN DE
REALIZACIÓN DE MEJORAS: El ARRENDATARIO tendrá a su
cargo las reparaciones locativas a que se refiere la Ley (Art.
2028, 2029 y 2030 del C.C.) y no podrá realizar en el inmueble
ningún tipo de mejoras, esto es, ni útiles, suntuarias y
voluntarias, sin el consentimiento del ARRENDADOR.”
Esta cláusula establece límites a las reparaciones y mejorar en
el inmueble por parte del arrendatario, pacto que no es contrario
al ordenamiento jurídico colombiano, ni es contrario a los
postulados de la buena fe contractual. (artículos 2028, 2029 y
2030 del C.C.) se trata de un acuerdo que corresponde a una
expresión de la voluntad contractual de las partes
La totalidad de las cláusulas contractuales que impugna la parte
convocante, cuentan con la plenitud de su fuerza normativa de
acuerdo con lo que preceptúa el artículo 1602 del Código Civil,
no existe plena prueba de los vicios que alegados, se encuentran
acordes con la voluntad de las partes que rigen las relaciones
contractuales y con la regulación contemplada en la Ley 820 de
2003, y lo consagrado en el Código civil.
Del ejercicio de la revisión de legalidad del contrato de
arrendamiento de vivienda No. FEAB 0001 2023, en particular
de la revisión de las cláusulas atacadas de nulidad o ineficacia,
no se encontró la existencia de causal que invalide el contrato
de pleno derecho por violación de disposiciones legales o
vulneración la buena fe negocial o abuso de una posición
dominante, ni contradicción entre el contenido de las
estipulaciones contractuales y el derecho público.
Conforme al acervo probatorio recaudado, es claro que, el
arrendatario tuvo la oportunidad de revisar el contrato y
previamente a su suscripción le hizo observaciones, toda vez que
no se trata de un contrato de adhesión, ni estaba obligado a
firmar el contrato de arrendamiento, circunstancia que nos ubica
en el campo de la responsabilidad pre – contractual de las
partes, como el “Deber de indicar las causales de nulidad
conocidas” previamente a la suscripción del contrato
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(…)
De conformidad a las pruebas aportadas por las partes al
proceso arbitral, se probó que a la casa No. 18 del Conjunto
Carina de Chía arrendada por la parte convocante, se le debían
hacer reparaciones en la cubierta, humedades y otros, que, si
estos arreglos superaban lo presupuestado, acordado y
establecido en la cláusula sexta del contrato, el arrendatario
asumiría todos los costos de reparaciones en la vivienda que
superaran dicho valor, por lo cual en consecuencia, las obras
requeridas en el inmueble no estaban ocultas, ni eran
sorpresivas para el Sr. JAIRO MENESES, toda vez que había
visitado la casa varias veces, en fechas anteriores a la
suscripción del contrato de arrendamiento de vivienda FEAB
0001-2023 y era conocedor de que era una casa muy grande
con más de 600 metros cuadrados, construida hace mucho
tiempo, abandonada desde muchos años atrás, que tenía zonas
húmedas. Estas circunstancias entre otras indican que se hace
necesario hacer inversiones en reparaciones debían ser
cotizadas antes de suscribir el contrato de arrendamiento de
vivienda y en todo caso antes iniciar las obras de reparación en
cuantía no autorizada por el arrendador.
El Sr. JAIRO MENESES bajo su responsabilidad y propio riesgo
decidió contratar y adelantar las obras de intervención en la
vivienda
La consideración de justa causa para terminar el contrato
expuesta por el Sr. JAIRO MENESES la ejecución de obras e
intervenciones que requiere la vivienda, como el tiempo para su
ejecución y los costos de las reparaciones, que desbordan el
acuerdo establecido entre las partes en el contrato no es justa
causa para la terminación del contrato de arrendamiento de
vivienda. Dicha causal no está contemplada como causal de
terminación del vínculo contractual ni en el contrato ni en la ley.
Sin embargo, se menciona que el parágrafo primero de la
cláusula cuarta del contrato de arrendamiento estableció la
facultad de terminación unilateral del contrato únicamente para
el FEAB, el artículo 24 de la Ley 820 de 2003, regula la esta
facultad para el arrendatario, por lo cual, ambos extremos
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ACTOR: JAIRO MENESES RIAÑO
contractuales se encuentran facultados para dar por terminado
el contrato, en virtud de la ley.
Se analizo el desequilibrio económico en los términos planteados
por el convocante, en consideración a que al contrato de
arrendamiento FEAB 0001-2023 es un contrato privado de la
administración, por lo que podría alterarse durante su ejecución
el equilibrio económico del contrato por diferentes circunstancias
como actos o hechos de la administración contratante, el uso de
los poderes exorbitantes de la administración, modificación,
interpretación y terminación unilateral y el incumplimiento del
contrato por parte de la administración. También, se podría
alterar el equilibrio económico del contrato por actos propios de
la administración como "el hecho del príncipe", según la cual y
con apoyo en lo manifestado en el concepto del Ministerio
Publico, ocurre cuando la causa del desequilibrio económico se
deriva de un acto de la propia administración contratante, o de
un acto, hecho u operación, atribuibles al poder público en
cualquiera de sus ramas que perturben la ecuación contractual
en perjuicio del contratista, debe ésta restablecerse. O por
factores externos a las partes contratante.
Con base en los argumentos expuestos este Tribunal no
encuentra sustento legal, ni contractual para acceder al
reconocimiento de los gastos en que incurrió el Sr. JAIRO
MENESES de manera voluntaria y con pleno conocimiento de los
limites económicos acordados entre las partes en el Contrato
FEAB 0001- 2023, para la inversión en reparaciones de la casa
No. 18 del Condominio Carina de Chía.
Adicionalmente, el señor JAIRO MENESES RIAÑO tenía la
obligación de cumplir sus obligaciones contractuales hasta la
fecha de terminación del contrato FEAB 0001-2023 que se
concreta con la suscripción del acta de terminación anticipada
del contrato. En consideración a que el demandante no cumplió
con sus obligaciones contractuales hasta la fecha de suscripción
del acta terminación anticipada del contrato, no está habilitado
para reclamar indemnización de perjuicios, siendo improcedente
su reconocimiento.
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La pretensión de resolución del Contrato de arrendamiento FEAB
0001-2023, que plantea la parte actora, es improcedente en
consideración a que las partes suscribieron el acta de
terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo.
La solicitud de tener como sospechosa a la señora IVETH
SANABRIA porque no hace parte de la gerencia del FEAB, porque
no tiene contacto directo, ni relación directa con la entidad o
porque al estar en otra dependencia de la Fiscalía, puede alterar
los hechos y la realidad de las cosas que se debaten en este
asunto, no es de recibo por no cumplir los requisitos de ley para
la procedencia.
Conforme con la transcripción en cita, la Sala advierte que las
inconformidades expuestas en el escrito de tutela de la referencia,
además de que carecen de una perspectiva constitucional, en la
medida en que su solución se deriva de la interpretación que el
accionante pretende que se dé a la normativa y a las pruebas
debidamente aportadas, las cuales fueron resueltas por la autoridad
accionada en la decisión cuestionada, así mismo, corresponde a un
asunto meramente económico sin ninguna connotación
constitucional, pues lo que se pretende es cuestionar una actuación
como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia
adicional, sin que en todo caso se vislumbre que la parte demandada
pudo haber actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordando
los límites del principio de la autonomía.
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ACTOR: JAIRO MENESES RIAÑO
Lo anterior significa que lo pretendido por el actor es que el juez de
tutela haga una nueva interpretación de las normas dispuestas y
pruebas aportadas, con la finalidad de que se corrija el análisis que
hizo el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO y se acoja la interpretación
que propone, como si el mecanismo de amparo fuera una instancia
o recurso adicional a los previstos.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino
una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como si
este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la
autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela
un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
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ACTOR: JAIRO MENESES RIAÑO
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, especialmente, cuando se trata de laudos arbitrales,
lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos fundamentales, lo
que en el presente caso no se encontró probado.
Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la sentencia
impugnada que declaró improcedente el amparo solicitado por falta
de los requisitos generales de subsidiariedad y relevancia
constitucional y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el FEAB, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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ACTOR: JAIRO MENESES RIAÑO
SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de enero de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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