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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02345-01

Fecha
25 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02345-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves. Segundo. REVOCAR la sentencia del 30 de mayo de 2025 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar, NEGAR el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Tercero.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02345-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

25 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02345-01
Accionante: Pedro Eliseo Ruiz Toledo
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba

Tema: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del derecho.
Reconocimiento pensión de jubilación. Tiempo de servicios. Valoración probatoria
y precedente judicial. REVOCA SENTENCIA- NIEGA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 30 de mayo de 2025 proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción.

ANTECEDENTES

El señor Pedro Eliseo Ruiz Toledo pretende que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, así
como el principio de seguridad jurídica, los cuales considera vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, con la sentencia del
15 de octubre de 2024 proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, al que se le asignó el radicado 23001-33-33-005-2017-00137-01.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

El actor señaló que nació el 29 de septiembre de 1960 y laboró desde el 7 de
diciembre de 1987 hasta el 7 de diciembre de 1989 como inspector de policía en el
corregimiento de San Antonio de Táchira; como docente del municipio de Ciénaga
de Oro, mediante Órdenes de Prestación de Servicios desde el año 1989 hasta 1993

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y de 1995 a 2001; pasando en el 2002 a formar parte de la planta de cargos del
departamento de Córdoba.

Que el 17 de noviembre de 2016, solicitó a la Secretaría de Educación de Córdoba
el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación con fundamento en la Ley 33
de 1985 en concordancia con la Ley 91 de 1989, pero no se le otorgó respuesta,
por lo cual se configuró un silencio administrativo negativo.

Que instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Nación-Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (en adelante Fomag).

Que el 20 de junio de 2019, el Juzgado Quinto Administrativo de Montería declaró
probadas las excepciones de inexistencia de la obligación con fundamento en la ley
e inexistencia del derecho propuestas por el Fomag, así como las de inexistencia
del derecho, inexistencia de la obligación y pago o cobro de lo no debido formuladas
por el municipio de Ciénaga de Oro, vinculado al proceso, y, en consecuencia, negó
las pretensiones.

Que interpuso recurso de apelación y el 15 de octubre de 2024, el Tribunal
Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, confirmó la sentencia recurrida
por no cumplirse el tiempo de servicios requerido para el reconocimiento pensional.

Considera que la autoridad judicial de segunda instancia incurrió en las siguientes
causales específicas de procedibilidad de la tutela en contra de providencias
judiciales:

I) Defecto fáctico porque no valoró la certificación del 19 de octubre de 2016
proferida por el archivista municipal de Ciénaga de Oro, en la que consta que en los
archivos de la entidad existe copia simple sin autenticar del 7 de diciembre de 1987,
donde se le nombró como inspector de Policía en propiedad del corregimiento de
San Antonio del Táchira, y tampoco tuvo en cuenta que en la contestación el
municipio de Ciénaga de Oro aceptó que laboró en esa entidad en dicho cargo, sin
establecer el extremo final de la relación laboral.

Que las anteriores pruebas, junto con la señalada por la Sala, consistente en el acta
de posesión como inspector en el corregimiento mencionado, permitían concluir que
estaba probada la prestación del servicio, pues estaba plenamente demostrada, a
pesar de no estarlo el extremo final de esta.

Que la autoridad aquí accionada debió decretar las pruebas de oficio para
determinar la fecha en que finalizó dicha relación laboral, conforme con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, como la
contenida en las sentencias del 3 de febrero de 2011, exp. 11001-03-15-000-2010-
00951-01, y 2 de mayo de 2011, exp. 11001-03-15-000-2011-00388-00, proferidas
por el Consejo de Estado y SU-167/24 del máximo tribunal constitucional, con mayor
razón teniendo en cuenta que se trata del derecho pensional de un adulto mayor; y

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ii) Desconocimiento del precedente judicial, ya que negó las pretensiones por la
inconsistencia en su historia laboral en el municipio de Ciénaga de Oro, a pesar de
que la Corte Constitucional ha sostenido que no pueden imponerse al afiliado las
consecuencias desfavorables derivadas de dichas inconsistencias. Al respecto, citó
las sentencias SU-405/21 y T-409/24.

PRETENSIONES

Solicitó que se ordene la anulación de la sentencia del 15 de octubre de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, y a
dicha autoridad judicial que dicte una nueva decisión, sin vulnerar sus derechos
fundamentales.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 25 de abril de 2025, se admitió la acción; se vinculó al Juzgado Quinto
Administrativo de Montería, al Fomag y al municipio de Ciénaga de Oro, como
terceros con interés; y se corrió el respectivo traslado.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, afirmó que la
tutela no cumple con los requisitos de procedencia, pues la parte accionante
pretende utilizarla para suplir las deficiencias en que incurrió en el proceso, al no
aportar o solicitar las pruebas que acreditaban el tiempo de servicio.

Que en el medio de control no se acreditó 1 año y 9 meses que el demandante
alegaba haber laborado como inspector de policía en el corregimiento de San
Antonio de Táchira, en tanto la única prueba que allegó fue el acta de posesión, en
la que se indicó que fue nombrado mediante Decreto 051 del 7 de diciembre de
1987, en el mencionado cargo, sin que existiera prueba adicional que indicara hasta
qué fecha se prolongó esa relación laboral o si nunca se ejecutó.

Que, si bien existía una dificultad probatoria por la pérdida de documentos del
municipio de Ciénaga de Oro, lo cierto es que el demandante podía instar o
adelantar un trámite de reconstrucción de expediente o acudir a pruebas supletorias,
lo cual pasó por alto, pretendido ahora exigir el decreto de pruebas de oficio para
suplir dicha falla y desconociendo que le correspondía probar su dicho, en los
términos del artículo 167 del Código General del Proceso.

Señaló que la parte actora solo demostró haber prestado los servicios al Estado por
18 años, 10 meses y 23 días, por lo que no cumplió con los 20 años exigidos en el
artículo 10 de la Ley 33 de 1985 para que se ordenara su reconocimiento pensional.

En consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción.

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POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito de Montería indicó que ha
cumplido diligentemente con todas las etapas del proceso y los términos
establecidos en la Ley 1437 de 2011, puesto que todas las actuaciones las realizó
en cumplimiento de la ley, garantizando los derechos fundamentales de todos los
sujetos procesales.

El municipio de Ciénaga de Oro expuso que las autoridades judiciales que
conocieron el asunto eran competentes, acataron las disposiciones legales y
procedimentales, fundamentaron su decisión en las pruebas debidamente
valoradas y salvaguardaron el derecho de defensa de las partes, sin que hayan
incurrido en algún yerro, al concluir que el demandante no cumplía con uno de los
requisitos para la obtención de la pensión solicitada, esto es, el tiempo requerido.

Concluyó que la acción debe declararse improcedente, por falta de relevancia
constitucional.

La Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del Fomag, manifestó que no puede realizar reconocimientos,
modificaciones, correcciones o adiciones de actos administrativos ni realizar pago
alguno mientras no exista un acto que así lo determine, y no cuenta con los
certificados de tiempos de los docentes o historia laboral.

Que la argumentación de la parte accionante es exigua en relación con la
configuración de los defectos, lo que demuestra que está utilizando la tutela para
invalidar actuaciones procesales realizadas previamente, y, además, cuenta con
otros mecanismos para solicitar el pago de una prestación económica, sin que haya
acreditado la existencia de un perjuicio irremediable.

Sostuvo que no ha incurrido en conductas concretas que afecten los derechos
fundamentales invocados por la parte actora y que las autoridades judiciales que
conocieron el proceso actuaron conforme a la normativa, sin desconocer los
precedentes sobre la materia, por lo cual solicitó negar la acción o, en su defecto,
declararla improcedente y desvincularla.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 30 de mayo de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción porque determinó que no se cumplió el
requisito de relevancia constitucional, en la medida que los cargos expuestos por el
actor no estaban debidamente justificados y estaban dirigidos a revivir el análisis
jurídico efectuado por el juez natural, como si se tratara de una instancia adicional
al proceso ordinario.

Que la Sala accionada analizó minuciosamente los elementos probatorios y coligió
que no existía controversia respecto al tiempo laborado por el actor como docente

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y le otorgó valor probatorio a una certificación laboral emitida por el municipio de
Ciénaga de Oro, en el cual se dejó constancia de que prestó sus servicios entre
1989 y 1997 y continuó vinculado entre 1998 y 2001, pero evidenció que no se
demostró el tiempo como inspector de policía, pues no obraba la ejecución o
terminación de esa relación.

Precisó que el accionante pretende utilizar la acción como una instancia adicional,
para reabrir el debate resuelto e imponer su interpretación sobre la decisión
adoptada, pues los aspectos probatorios fueron estudiados detenidamente por el
fallador competente.

Que los reparos esgrimidos sobre el desconocimiento del precedente judicial
también carecen de relevancia constitucional, ya que el actor no acreditó que las
sentencias supuestamente inobservadas compartieron identidad fáctica con el caso
examinado ni identificó concretamente la subregla jurisprudencial que habría sido
pasada por alto.

IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia, al considerar que no es cierto que las pruebas
fueron cuidadosamente valoradas, pues de haber sido así, no se habría afirmado
que solo existía una prueba que daba cuenta de su labor como inspector de policía
en el corregimiento de San Antonio de Táchira, pues también reposaba una
certificación del 19 de octubre de 2016 proferida por el archivista municipal de
Ciénaga de Oro, relativa a su nombramiento en dicho cargo, y la contestación de
ese ente territorial, aceptando que laboró como inspector de policía.

Que no pretende reabrir el debate probatorio realizado por la autoridad judicial, sino
poner en evidencia un defecto fáctico por la omisión en la valoración conjunta de
dichos elementos probatorios, lo que generó que no se accediera a sus
pretensiones y pudiera gozar de su derecho pensional, como única fuente de
ingresos, situación que claramente es relevante constitucionalmente.

Expuso que tampoco es acertado que no haya justificado debidamente el
desconocimiento del precedente judicial, pues inclusive solo con la sentencia del 3
de febrero de 2011, exp. 11001-03-15-000-2010-00951-01, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, queda claro que la omisión de la autoridad judicial
para decretar pruebas de oficio conlleva la vulneración de derechos fundamentales
y que esa facultad implica un compromiso del juez con la verdad.

Que en las sentencias 2 de mayo de 2011, exp. 11001-03-15-000-2011-00388-00 y
SU-167/24, se cuestionó la omisión de decretar pruebas de oficio, lo que pone en
evidencia la regla jurisprudencial consistente en la obligación de la autoridad judicial
en decretar pruebas de oficio, como un «poder-deber» del director del proceso para
asegurar una correcta administración de justicia.

Se decidirá previas las siguientes,

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CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) cuestión previa; ii) generalidades de la acción de tutela; iii) procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales; y iv) caso concreto.

Cuestión previa

El magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves manifestó impedimento para conocer de
la presente acción con fundamento en la causal 6 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal porque suscribió los autos del 16 de septiembre y 9 de octubre
de 2019 proferidos en el proceso ordinario que dio lugar a la instauración de esta
acción.

El régimen de impedimentos busca garantizar la imparcialidad e independencia en
las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales y evitar que existan
situaciones que puedan comprometer el criterio asumido en las providencias que
profieran dentro de los asuntos bajo su conocimiento. Siendo así, cuando un
funcionario judicial advierta que se encuentra impedido, deberá manifestarlo, con el
fin de salvaguardar los principios que rigen la debida administración de justicia.

Una vez analizada la manifestación de impedimento, se observa que el magistrado
referido participó dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, cuya sentencia de segunda instancia se discute en esta sede, por lo que
se configura la causal de impedimento invocado.

Por tanto, esta Subsección declarará fundado el impedimento manifestado por el
magistrado precitado, en aras de salvaguardar los principios de imparcialidad y
transparencia.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos

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fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido
posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que
haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello. (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)

1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2
M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una
argumentación cualificada4.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite
la intervención urgente del juez de tutela6»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Caso concreto

A esta Subsección corresponde definir inicialmente si se encuentran cumplidos los
requisitos generales de procedencia, especialmente, el de relevancia constitucional
que no se encontró satisfecho, pues solo de ser así, habría lugar a realizar un
estudio de fondo sobre las inconformidades expuestas por el accionante
consistentes en la configuración de los defectos fáctico y desconocimiento del
precedente judicial.

Al respecto, se considera que la acción sí supera dicha exigencia general, puesto
que lo pretendido por la parte actora es lograr la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los
cuales considera vulnerados con la sentencia discutida, mas no plantear un asunto
de mera legalidad, desconocer la autonomía e independencia judicial del juez
natural de la causa o convertir esta acción en una instancia adicional al proceso

3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4
Sentencia SU-074 de 2022.
5
Sentencia SU-074 de 2022.
6
Sentencia SU-072 de 2018.

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ordinario.

En efecto, el solicitante del amparo procura demostrar la incursión en algunas de
las causales específicas establecidas por la Corte Constitucional que habilitan la
procedencia de la tutela cuando se discuten providencias judiciales, las cuales
sustentó de forma que resultan comprensibles sus desacuerdos respecto a la
providencia controvertida en esta sede y que podrían tener eventualmente una
incidencia en la decisión adoptada.

En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos generales de procedencia, se
observa que i) la acción se presentó con inmediatez, en la medida que la sentencia
discutida adquirió ejecutoria el 25 de octubre de 2024 y esta acción fue instaurada
el 21 de abril de 2025; ii) no se está invocando una irregularidad procesal, por lo
que no hay lugar a la exigencia relacionada con ese supuesto; iii) se agotaron los
medios judiciales con los que se contaba; iv) se identificaron claramente los hechos
generadores de la vulneración y los derechos estimados como transgredidos; y v)
no se trata de una sentencia de tutela. En consecuencia, se procederá al estudio de
los defectos invocados.

En relación con el tiempo de servicios discutido a través de esta acción, esto es, el
período laborado presuntamente por el actor como inspector de policía en el
corregimiento de San Antonio de Táchira en el municipio de Ciénaga de Oro, el
Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, en la sentencia aquí
discutida, determinó que únicamente se aportó el acta de posesión, en la que se
indicó que fue nombrado en dicho cargo mediante Decreto 051 del 7 de diciembre
de 1987, pero sin que existiera prueba de hasta qué fecha se prolongó esa relación
laboral o si nunca se ejecutó.

Además, en cuanto al argumento de la apelación del demandante sobre la pérdida
de dichos documentos en un incendio sufrido por la Alcaldía, precisó que la parte
interesada hubiera podido propiciar la reconstrucción, acudir a pruebas supletorias,
solicitar informes bajo juramento, pero se abstuvo de hacerlo, lo que le impedía
determinar si efectivamente se prestó el servicio o la fecha de su finalización.

Sobre el particular, el aquí accionante consideró que se incurrió en un defecto
fáctico porque la autoridad judicial no tuvo en cuenta que en la contestación de la
demanda el municipio de Ciénaga de Oro reconoció la existencia de dicha relación
laboral y en el expediente obraba una certificación del 19 de octubre de 2016
suscrita por el archivista municipal, en la que constaba que el 7 de diciembre de
1987 se le nombró como inspector de policía en propiedad en el corregimiento
mencionado.

Sin embargo, debe aclararse que la contestación no constituye un elemento
probatorio, por lo cual no puede dar lugar a la configuración de un defecto fáctico,
en los términos pretendidos por el accionante. En todo caso, tanto ese documento
como la certificación aludida únicamente demuestran la existencia de la relación
laboral, pero no acreditan el aspecto echado de menos por el Tribunal, esto es, la

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fecha en que finalizó la relación laboral o la ejecución de esta.

De hecho, en la contestación el municipio sostuvo «(…) [e]s cierto que en la hoja de
vida del señor Pedro Eliseo Ruiz Toledo, que (sic) reposa una copia simple que
contiene una acta de posesión, en las cuales indica que fue nombrado mediante
decreto (sic) 057 del 7 de diciembre de 1.987, como inspector de policía de San
Antonio de Táchira, lo que indica que sí laboro; No (sic) nos consta ni se encuentra
acreditado su temporalidad o duración, ya que no existe documento adicional que
así lo indique, como tampoco se le ha certificado la temporalidad a raíz de dicha
posesión (…)»

En ese entendido, no se encuentra demostrado el defecto invocado, pues las piezas
procesales identificadas por el actor no desvirtúan la conclusión a la que llegó la
Sala de Decisión accionada.

Tampoco se halla estructurado el desconocimiento del precedente judicial alegado,
ya que, si bien es cierto se ha admitido que en algunos casos deben decretarse
pruebas de oficio para esclarecer puntos oscuros, conforme al ordenamiento
jurídico, no puede pretenderse que esa facultad sea utilizada para suplir la carga
probatoria de las partes. En este caso, como lo sostuvo acertadamente la autoridad
judicial, el demandante contaba con distintos mecanismos para demostrar el tiempo
de servicio ahora controvertido, pero no hizo uso de estos.

Sumado a lo expuesto, las sentencias de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo señaladas por el accionante fueron proferidas en sede de tutela por
la Sección Segunda del Consejo de Estado y por la Subsección A de aquella, por lo
cual sus efectos son inter partes.

Adicionalmente, las providencias no versan sobre los mismos supuestos fácticos y
jurídicos; en la sentencia del 3 de febrero de 2011 (exp. 2010-00951-01) se analizó
un proceso de reparación directa, en el que se negaron las pretensiones por la falta
de acreditación de una filiación; y en la Sentencia SU-167/24, se examinó
igualmente un proceso de reparación directa, en el que se negaron las pretensiones,
y se concluyó que debían decretarse pruebas de oficio en atención al enfoque de
género y el principio pro infans.

En cuanto a la providencia del 2 de mayo de 2011, exp. 11001-03-15-000-2011-
00388-00, se observa que fue revocada en segunda instancia, y, en su lugar, se
negó la tutela.

Respecto a las sentencias SU-405/21 y T-409/24 de la Corte Constitucional, traídas
por el accionante para sustentar su posición frente a las consecuencias negativas
de las inconsistencias en su historia laboral, debe aclararse que la imposibilidad de
trasladar dichos efectos desfavorables al administrado no puede servir de
fundamento para obviar la carga probatoria que le correspondía en el proceso, y
aceptar que se traslade dicha carga al juez con fundamento en las mencionadas
decisiones judiciales.

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Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 2 34 5- 0 1

El análisis precedente permite descartar también la configuración del
desconocimiento del precedente judicial. En consecuencia, se revocará la sentencia
del 30 de mayo de 2025 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, al encontrarse superada la exigencia de la relevancia
constitucional, pero se negará el amparo solicitado, por no estructurarse los
defectos invocados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el magistrado Luis
Eduardo Mesa Nieves.

Segundo. REVOCAR la sentencia del 30 de mayo de 2025 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar, NEGAR
el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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