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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02350-00

Fecha
12 de junio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02350-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la acción de tutela presentada por la Asociación de Mineros Mina Flores SAS contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02350-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

12 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 02350 00
Demandante: Asociación de Mineros Mina Flores SAS
Demandados: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Niega.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por la Asociación de Mineros
Mina Flores SAS en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

2. El 23 de abril de 2025, la Asociación de Mineros Mina Flores SAS presentó,
a través de su representante legal, una acción de tutela en la que alegó la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, con ocasión de la
Sentencia de 25 de octubre de 2024 de la Subsección A de la Sección Tercera, Rad.
11001-03-26-000-2021-00071-00. A título de amparo, solicitó:

«1.- Se TUTELEN y se PROTEJAN los derechos fundamentales de la sociedad
accionante que represento, conculcados por las sistemáticas y reiteradas
vulneraciones del Consejo de Estado, a fin de que se declare que al proferir el fallo de
la litis No. 1001-03-26-000-2021-000071-00 (66795), se vulneraron derechos
fundamentales como el debido proceso y otros, al otorgar legalidad a actos
abiertamente ilegales.

2.- Las demás que surjan de las anteriores.»

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la parte accionante
relató que, el 10 de mayo de 2013, presentó ante la Agencia Nacional de Minería
(ANH) una solicitud de formalización de minería tradicional, la cual se identificó con
el radicado No. OEA-14583, con el fin de legalizar los trabajos de explotación en un
yacimiento de minerales de oro y sus concentrados, ubicado en los municipios de
Santa Rosa del Sur y Montecristo (Bolívar). La parte actora señaló que la solicitud

1
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.

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Accionante: Asociación de Mineros Mina Flores S.A.S.

fue radicada durante la vigencia del artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 y de los
Decretos 1970 de 2012 y 933 de 2013.

4. El 23 de octubre de 2019, mediante la Resolución No. 001075, la Agencia
Nacional de Minería rechazó la solicitud de formalización de minería tradicional,
argumentando que no existía un área libre susceptible de contratación. Sustentó su
decisión en lo dispuesto por la Ley 1955 de 2019 y las Resoluciones No. 504 del 18
de septiembre de 2018 y 505 del 2 de agosto de 2019.

5. El 16 de diciembre de 2019, la parte actora presentó recurso de reposición
contra la Resolución No. 001075 del 23 de octubre de 2019, en el que manifestó
que la solicitud debía haber sido resuelta conforme a la Ley 1382 de 2010, toda vez
que, según el accionante, las Sentencias C-242 de 2009 y C-259 de 2016 de la
Corte Constitucional, daban cuenta de la constitución de un derecho adquirido con
relación a la solicitud de legalización de minería tradicional a su favor. Alegó que
con la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010, la solicitud había
quedado en un «status quo» que impedía que la autoridad definiera su situación
jurídica, al haber desaparecido los fundamentos normativos. Consideró que la
decisión no debió fundarse en las Resoluciones No. 504 de 2018 y 505 de 2019 y
que la aplicación de la Ley 1955 de 2019 vulneró el principio de irretroactividad de
la ley.

6. El 27 de marzo de 2020, mediante la Resolución No. 000262, la Agencia
Nacional de Minería resolvió el recurso de reposición interpuesto por la parte actora
y confirmó la Resolución No. 001075 del 23 de octubre de 2019.

7. El 21 de abril de 2021, el accionante presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra las Resoluciones No. 001075 del 23 de octubre
de 2019 y No. 000262 del 27 de marzo de 2020, argumentando que dichos actos
administrativos carecían de motivación y que sus fundamentos eran abstractos, al
no incluir las razones ni justificaciones legales exigidas, como la norma o normas
aplicables al procedimiento de rechazo para ese tipo de solicitudes. Señaló, en
particular, que la autoridad debió aplicar el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 y los
Decretos 1970 de 2012 y 933 de 2013.

8. El 25 de octubre de 2024, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la
demandante. Sostuvo que el procedimiento administrativo no podía regirse ni
definirse con base en normas que ya no se encontraban vigentes al momento de la
decisión. Indicó que la sola radicación de una solicitud no constituía un derecho
adquirido bajo la Ley 1382 de 2010 ni sus reglamentos, por lo cual el procedimiento
debía continuar rigiéndose por las normas vigentes al momento de adoptar cada
decisión, hasta la eventual consolidación del derecho con la inscripción del contrato
en el Registro Minero. Precisó que lo mismo aplicaba al tránsito del sistema de
polígonos al sistema de cuadrículas, en virtud de lo previsto en el artículo 172 de la
Ley 153 de 1887, según el cual las meras expectativas no constituían derecho frente

2
Artículo 17. Las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley nueva que las anule ó cercene.

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a una ley posterior que las anule, previsión reiterada en el artículo 243 de la Ley
1955 de 2019. Finalmente, señaló que se abstendría de pronunciarse sobre los
argumentos relativos a la inaplicabilidad de la Ley 1955 de 2019 y de las
Resoluciones No. 504 de 2018 y 505 de 2019, por tratarse de un asunto que excedía
el objeto del medio de control incoado y la competencia de la Sala, circunscrita a la
nulidad de actos administrativos particulares y al correspondiente restablecimiento
del derecho.

9. Como fundamentos de derecho, la parte actora afirmó que la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en (i) un defecto
procedimental, al aplicar la Resolución No. 505 del 2 de agosto de 2019, pese a que
dicha norma no producía efectos retroactivos. Afirmó que ello vulneró los principios
de legalidad y seguridad jurídica, así como el derecho adquirido, de conformidad
con lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-242 de 2009; (ii) un
defecto sustantivo, al aplicar la Ley 1955 de 2019 en lugar de la Ley 1382 de 2010,
contrariando lo dispuesto en la Sentencia C-763 de 2002. Señaló que no existía
correspondencia normativa entre la Ley 1955 y la Resolución No. 505 de 2019, en
relación con el principio de irretroactividad, conforme con lo señalado por la Corte
Constitucional en dicha sentencia; y (iii) un desconocimiento del precedente, al
omitir lo establecido en la Sentencia C-242 de 2009, en la cual la Corte
Constitucional precisó que cuando una ley es declarada inexequible sin haber
cumplido su finalidad, los beneficios y prerrogativas concedidos por esta se
convierten en derechos adquiridos, que no pueden ser desconocidos por una norma
posterior.

Intervenciones4

10. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló
que los reparos esgrimidos por la hoy accionante pretendieron promover una nueva
instancia frente a una decisión judicial proferida en el marco de un proceso de única
instancia, precisamente porque dicha decisión no se ajustó a sus expectativas o
intereses particulares.

11. Advirtió que la parte actora no identificó en su escrito ningún defecto que
pudiera configurar la vulneración de un derecho fundamental, sino que se limitó a
reproducir los argumentos expuestos en el proceso ordinario para sustentar sus
pretensiones dentro del mecanismo constitucional, los cuales ya habían sido objeto
de análisis dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Finalmente, indicó que para que proceda una acción de tutela contra sentencias

3
Artículo 24. Sistema de cuadrícula en la titulación minera. La implementación del sistema de cuadrículas se llevará a cabo
de acuerdo con las normas de información geoespacial vigentes y los lineamientos que para el efecto defina la autoridad
minera nacional.
Todas las solicitudes y propuestas se evaluarán con base en el sistema de cuadrícula minera implementado por la autoridad
minera nacional. Por lo anterior no se permitirá la superposición de propuestas sobre una misma celda, con excepción de las
concesiones concurrentes. Se entiende por celda el cuadro definido por la autoridad minera nacional como una unidad de
medida para la delimitación del área de las solicitudes y contratos de concesión minera.
Los títulos mineros otorgados con anterioridad a la entrada en operación del sistema de cuadrícula o el que haga sus veces,
migrará a este sistema manteniendo las condiciones y coordenadas en las que fueron otorgados, para lo cual se atenderá la
metodología que para el efecto establezca la autoridad minera nacional.
4
Mediante Auto de 12 de mayo de 2025, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y vinculó a la Agencia Nacional de Minería, como tercero con interés en proceso.

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proferidas por las altas cortes, es necesario demostrar una contradicción manifiesta
entre la providencia cuestionada y la Constitución. Además, subrayó que, junto con
el cumplimiento de los requisitos generales y especiales de procedencia debe
evidenciarse la existencia de una anomalía de tal entidad que haga imperiosa la
intervención del juez constitucional, circunstancia que, a su juicio no se configuraba
en el caso concreto.

12. La Agencia Nacional de Minería solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela o, en su defecto, se negaran las pretensiones formuladas por la
parte actora, toda vez que no se configuró un daño o perjuicio irremediable, ni
tampoco la vulneración de derecho fundamental alguno. Sostuvo que todas las
gestiones realizadas por la entidad se habían ajustado a derecho, en cumplimiento
de los procedimientos administrativos correspondientes, garantizando el debido
proceso y el respeto por los demás derechos fundamentales.

13. Finalmente, manifestó que respetaba, compartía y acataba el fallo objeto de
la acción de tutela, por cuanto consideraba que los argumentos expuestos por la
parte accionante no tenían vocación de prosperidad, ya que correspondían a
asuntos debatidos amplia y profundamente en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, donde fueron negadas las pretensiones. Reiteró que
como se indicaba en la sentencia cuestionada, aunque la solicitud de formalización
de minería tradicional No. OEA-14583 fue presentada durante la vigencia de la Ley
1382 de 2010 y sus reglamentos, al momento en que se analizó y decidió su rechazo
por falta de área libre, dichas normas ya habían sido expulsadas del ordenamiento
jurídico.

II. CONSIDERACIONES

Cuestión previa

14. Revisado el escrito de tutela, se advierte que el accionante consideró que la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un defecto
procedimental, sustantivo y en el desconocimiento del precedente. Sin embargo, al
analizar cada uno de los argumentos expuestos, se evidenció que todos giraban en
torno a una misma cuestión, según la cual la Agencia Nacional de Minería debía
resolver la solicitud de formalización de minería tradicional con base en lo dispuesto
en el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010, así como en los Decretos 1970 de 2012 y
933 de 2013, y no conforme a la Ley 1955 de 2019 ni a las Resoluciones 504 de
2018 y 505 de 2019. Por tal motivo, esta Sala procederá a estudiar los defectos
alegados por el accionante de manera conjunta, al tratarse de un mismo núcleo
argumentativo.

Problema jurídico

15. A la Sala le corresponde determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad, si la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
vulneró el derecho fundamental al debido proceso a la Asociación de Mineros Mina

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Flores SAS al negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, por la presunta configuración de los defectos procedimental, sustantivo
y desconocimiento del precedente.

Procedibilidad de la acción de tutela

16. La presente acción de tutela resulta procedente porque: (1) se orientó a lograr
el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso de cara una presunta
indebida aplicación de normatividad, es decir, la controversia cuenta con relevancia
constitucional; (2) se tiene acreditada la legitimación, tanto activa como pasiva,
porque la Asociación de Minero Mina Flores SAS es el titular de las garantías
mencionadas y la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado fue
la autoridad que profirió la Sentencia de 25 de octubre de 2024. (3) no existe otro
mecanismo judicial que permita a la parte actora procurar la defensa de sus
derechos constitucionales; (4) hubo un plazo razonable entre la vulneración
alegada y la presentación de la acción de tutela; (5) no se cuestionó una
irregularidad procesal, sino el hecho de haber aplicado un régimen normativo
diferente para resolver la solicitud de formalización de minería tradicional; (6) se
identificaron razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en los
cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; y (7) la tutela no se
interpone contra una providencia de igual naturaleza.

17. Comoquiera que la acción de tutela es procedente, la Sala estudiará el fondo
de la controversia.

Análisis de vulneración alegada

18. La Sala negará el amparo solicitado por la Asociación de Mineros Mina Flores
SAS, por las razones que se exponen a continuación:

19. En el presente caso, esta Sala advierte que los reparos formulados por la parte
actora se dirigieron a cuestionar que la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en la Sentencia del 25 de octubre de 2024, no realizó un análisis
adecuado de la normatividad aplicable con base en la fecha de radicación de la
solicitud de formalización de minería tradicional, presentada el 10 de mayo de 2013
ante la Agencia Nacional de Minería. En criterio del accionante, tanto la autoridad
minera como el Consejo de Estado aplicaron de forma errónea la Ley 1955 de 2019
y las Resoluciones No. 504 de 2018 y 505 de 2019, en lugar de haber considerado
la Ley 1382 de 2010 y sus decretos reglamentarios (Decretos 1970 de 2012 y 933
de 2013), los cuales se encontraban vigentes para la fecha de la radicación.

20. Al respecto, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en
su sentencia señaló lo siguiente:

«La Sala negará las pretensiones de la demanda, pues aunque la solicitud de
formalización de minería tradicional OEA – 14583 fue presentada el 10 de mayo de
2013, esto es, cuando estaban vigentes la Ley 1382 de 2010, el Decreto 933 de 2013
y el sistema de polígonos previsto en la Ley 685 de 2001, al momento de decidir la
solicitud (el 23 de octubre de 2019), la Ley 1382 de 2010 había sido expulsada del

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ordenamiento jurídico y el Decreto 933 de 2013 que derogó al Decreto 1970 de 2012
era inaplicable por el decaimiento de sus efectos, mientras que el sistema de polígonos
previsto en la Ley 685 de 2001 había perdido su vigor con ocasión de lo dispuesto en
las leyes 1753 de 2015 y 1955 de 2019, así como en las resoluciones 504 de 2008 y
505 de 2009 proferidas por la ANM. Contrario a lo pretendido por la parte actora, el
procedimiento administrativo no podía seguirse rigiendo y definiendo de fondo por una
normativa que no estaba vigente al momento de ser decidida.

La Sala parte por diferenciar entre quienes formalizaron su actividad y adquirieron un
título minero en vigencia de la Ley 1382 de 2010 y sus reglamentos, es decir, que
perfeccionaron el contrato de concesión minera, de aquellos que aunque habiendo
presentado su propuesta o solicitud con la intervención de esas normas, ésta no
hubiera sido objeto de decisión antes de ser retiradas del ordenamiento jurídico.
Mientras los primeros ostentan un derecho adquirido bajo la norma inexequible que
debe respetarse bajo la aplicación de las disposiciones que definieron y constituyeron
ese derecho, los segundos, como en el caso concreto, no ostentan una situación
jurídica consolidada, por lo que el procedimiento precontractual debe continuar
rigiéndose por las normas vigentes al momento de adoptar las decisiones subsiguientes
hasta la consolidación del derecho (inscripción del contrato en el Registro Minero).
[…]
el tratamiento de una situación jurídica consolidada y una mera expectativa se previó
por el legislador en el artículo 24 de la Ley 1955 de 2019, conforme al cual, “[l]os títulos
mineros otorgados con anterioridad a la entrada en operación del sistema de cuadrícula
o el que haga sus veces, migrará a este sistema manteniendo las condiciones y
coordenadas en las que fueron otorgados, para lo cual se atenderá la metodología que
para el efecto establezca la autoridad minera nacional”. Como se observa, frente a los
concesionarios amparados en títulos mineros anteriores al sistema de cuadrícula, la
norma es clara al reconocer los derechos adquiridos sobre el área otorgada en
concesión, mientras que frente a los demás casos estableció que “[t]odas las solicitudes
y propuestas se evaluarán con base en el sistema de cuadrícula minera implementado
por la autoridad minera nacional (…)”.
[…]
De manera que, ante la inexistencia de una situación jurídica consolidada en cabeza
del demandante por la sola presentación de la solicitud de formalización de minería
tradicional, la aplicación retrospectiva del sistema de cuadrícula para la verificación del
área libre objeto de la concesión no desconoce ningún derecho perfeccionado, aun
cuando legítimamente pudiere confinar sus expectativas fundadas en la posibilidad de
alcanzar un derecho, por cuanto estas expectativas carecen de relevancia jurídica.»

21. Ahora bien, la Asociación de Mineros Mina Flores SAS sostuvo que el Consejo
de Estado vulneró el principio de ultraactividad de la ley, según lo previsto en la
Sentencia C-763 de 2002 y desconoció la existencia de un derecho adquirido
derivado de la radicación de la solicitud, conforme al precedente establecido en la
Sentencia C-242 de 2009. En consecuencia, argumentó que debía aplicarse la
normatividad vigente al momento en que se formuló la solicitud, por haber generado
una situación jurídica consolidada que no podía ser desconocida mediante normas
posteriores. No obstante, esta Sala considera necesario aclarar el alcance y
aplicabilidad de dichas decisiones, particularmente en lo que se refiere a su valor
vinculante y su pertinencia en el contexto del trámite de formalización minera.

22. La Sentencia C-242 de 2009 resolvió una demanda de inconstitucionalidad
contra el artículo 113 (parcial) de la Ley 50 de 1990, en el marco del derecho laboral,
y se pronunció específicamente sobre la protección de los derechos adquiridos
frente a reformas legislativas que afectan relaciones jurídicas (laborales)
previamente constituidas. En esa decisión, la Corte reiteró que cuando una norma
es declarada inexequible, sus efectos pueden limitarse para proteger situaciones
jurídicas consolidadas bajo su vigencia, particularmente cuando están en juego
derechos subjetivos ya perfeccionados.

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23. Por su parte, la Sentencia C-763 de 2002 abordó una demanda de
inconstitucionalidad contra un artículo transitorio de la Ley 600 de 2000 (Código de
Procedimiento Penal) y desarrolló el principio de irretroactividad de la ley, así como
la ultraactividad normativa en contextos de transición legal. La Corte precisó que las
leyes procesales no tienen efectos retroactivos y que, en ausencia de disposición
expresa, no pueden aplicarse a situaciones jurídicas nacidas bajo el amparo de una
norma anterior.

24. No obstante, esta Sala considera que las mencionadas providencias fueron
proferidas en contextos materialmente distintos: (i) en el ámbito del derecho laboral;
y (ii) en el marco del derecho penal y procesal penal. Ninguna de estas decisiones
tuvo como objeto el régimen jurídico minero ni la interpretación del procedimiento
administrativo de formalización de minería tradicional.

25. En consecuencia, las afirmaciones que se desprenden de dichas sentencias,
aunque ilustrativas y doctrinalmente valiosas, no constituían precedente vinculante
aplicable al caso concreto, en tanto no se refieren a una situación jurídica análoga
ni constituyen la ratio decidendi que pueda proyectarse directamente sobre el objeto
de la presente controversia. Se trata de obiter dicta, es decir, argumentos accesorios
o reflexiones del juez constitucional que si bien enriquecen el debate jurídico, no
tienen fuerza normativa directa para la decisión de situaciones ajenas al caso
resuelto.

26. Por esta razón, no puede concluirse que el Consejo de Estado haya incurrido
en un defecto ni que se configure una vulneración de derechos fundamentales por
omitir la aplicación de dichas sentencias con relación a la normatividad aplicable al
caso. Ahora bien, la autoridad judicial contó con fundamento suficiente para aplicar
la normatividad vigente al momento de tomar una decisión dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, y así determinar la negativa de las
pretensiones de la demanda, sin que ello implique contradicción alguna con los
fallos citados por la parte actora.

27. Conforme a lo anterior, esta Sala considera que el Consejo de Estado efectuó
un análisis razonado de los hechos y del marco normativo aplicable, y construyó
una argumentación coherente con el régimen vigente al momento de adoptar su
decisión. En particular, valoró de manera adecuada la distinción entre situaciones
jurídicas consolidadas y meras expectativas, lo que resultó determinante para
aplicar de forma correcta el procedimiento normativo correspondiente a la
formalización de minería tradicional.

28. Aunando a lo anterior, se advierte que la interpretación normativa efectuada
en el caso concreto no puede ser calificada como arbitraria o caprichosa. Por el
contrario, se trató de un ejercicio de interpretación que se inscribe dentro del marco
de la racionalidad jurídica, en tanto se fundamenta en criterios objetivos, coherentes
con el ordenamiento aplicable y con la finalidad de salvaguardar los principios
constitucionales y legales que rigen la actuación administrativa y judicial. Esta
interpretación respetó, además, el principio de autonomía que le asiste a las

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autoridades judiciales, quienes en desarrollo de su competencia cuentan con un
margen de apreciación para interpretar y aplicar las normas al caso particular,
siempre que dicha actividad se realice con base en una motivación suficiente, lógica
y jurídicamente sustentada. En ese sentido, el contenido y alcance de las normas
aplicadas no fueron desnaturalizados, sino comprendidos a la luz de los hechos
relevantes y del contexto normativo vigente.

29. En ese orden, se concluye que los argumentos esgrimidos por la parte
accionante no tienen vocación de prosperidad, en tanto que la Agencia Nacional de
Minería como el Consejo de Estado adoptaron sus decisiones con fundamento en
las normas vigentes al momento de resolver, respetando el principio de legalidad y
los derechos fundamentales involucrados.

Conclusión

30. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala negará la solicitud
de amparo al no advertirse vulneración de los derechos fundamentales invocados
por la parte accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela presentada por la Asociación de Mineros
Mina Flores SAS contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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