Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-02352-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-02352-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-02352-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
29 de agosto de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02352-01
Accionante: Herminio Castañeda Forero
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02352-01
Accionante: Herminio Castañeda Forero
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Referencia: Acción de tutela
Tutela contra providencia judicial. Requisito de procedencia. Relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación que interpuso la parte actora en contra de la sentencia
del 12 de junio de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que
declaró improcedente la solicitud de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Herminio Castañeda Forero, en nombre propio, presentó escrito de tutela en el que
solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia, que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B y por el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, con ocasión de las sentencias del 10 de marzo de 2022 y del 11 de octubre de
2024, proferidas respectivamente, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado número 25000-23-37-000-2018-00632-00/01.
2. Hechos
La solicitud de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica1:
2.1. El actor interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento en la que pretendió la nulidad de la Liquidación Oficial RDO-2017-
01950 de junio 30 de 2017 mediante la cual la Unidad de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales e la Protección Social (en adelante UGPP) determinó la
omisión en la afiliación y/o vinculación, así como la inexactitud en las autoliquidaciones
1 Ibídem. / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=25000233700020180063200250002
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Accionante: Herminio Castañeda Forero
y pagos de los aportes al sistema de seguridad social integral, e impuso sanción por
no declarar por la conducta de omisión y por inexactitud.
2.2. El asunto fue asignado por reparto, en primera instancia, al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, la cual dictó sentencia el 10 de
marzo de 2022 en la que i) declaró la nulidad parcial del acto acusado, en lo atinente a
los valores liquidados por concepto de aportes al régimen de pensión y fondo de
solidaridad pensional, así como a la sanción por omisión y; ii) dispuso que el señor
Castañeda Forero no está obligado a pagar las sumas que la UGPP determinó por
concepto de aportes a pensión y al fondo de solidaridad, ni la sanción por omisión.
2.3. Inconforme con dicha decisión la referida entidad interpuso recurso de apelación.
2.4. Mediante fallo del 11 de octubre de 2024 la Sección Cuarta del Consejo de Estado
modificó la decisión de primer grado. En tal sentido resolvió i) declarar la nulidad parcial
de la resolución demandada y; ii) ordenar a la UGPP reliquidar los ajustes a salud y
pensión por los periodos de enero a diciembre de 2014, para lo cual debía tomar como
IBC el calculado por la Sala en la parte considerativa de esta providencia y, si había
lugar a ello, se debía disminuir las sanciones impuestas.
3. Pretensiones y argumentos de la tutela
3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional: i) amparar los derechos
fundamentales solicitados. Como consecuencia de ello, pidió ii) revocar las
providencias criticadas, y en su lugar, declarar la nulidad total del acto demandado al
interior de proceso ordinario al comprobar la inexistencia del IBC en la determinación
de aportes para los trabajadores independientes”.
3.2. Como fundamento de la acción de tutela, el accionante expuso lo siguiente:
3.2.1. Se vulneró el derecho a la igualdad “al no reconocer la existencia de normativas
reglamentarias contradictorias con la ley, la omisión por parte del Gobierno en aplicar
de forma debida el principio dispuesto en el literal b del Parágrafo 1 del Articulo 15 de
la Ley 100 de 1993 que promulgaba, cuya normativa indicaba la posibilidad de pagos
anticipados, aunada a la inexistencia de la base gravable dentro del subsistema de
pensión para el trabajador independiente sin contrato de prestación de servicios para
el año 2014, sujeto pasivo al que se le exigió la colosal tarea, en total desigualdad con
los demás, de hacer oídos sordos a la promesa legislativa de poder realizar pagos
anticipados sin inexactitud, así como la de inaplicar o aplicar la reglamentación vigente
y confusa dispuesta en el Decreto 3085 de 2007, que ni se correspondía con lo descrito
en la ley, y por otra parte ordenó al contribuyente la tarea imposible de predecir de
forma anual y anticipada su ingreso”.
Afirmó que la Sección Cuarta del Consejo de Estado fundamentó su análisis en la
presunta existencia del IBC para trabajadores independentes bajo una normativa que
no se encontraba vigente (parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, el Decreto
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806 de 1998, el Decreto 1406 de 1999 y el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011).
Puntualizó que, la regulación prevista en la Ley 100 de 1993 perdió vigor a partir del
mes de febrero de 2007 con la expedición de la Ley 1122 de 2007, concretamente los
artículos 18 y 46. Agregó que en la sentencia ordinaria de segunda instancia se indicó
que el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, regulaba el IBC de los trabajadores
independientes, pese a que en el fallo del 5 de mayo de 2022 la Sección Quinta de esta
Corporación, al interior del proceso 25000-23-41-000-2022-00033-01 señaló que dicha
norma no regulaba el IBC de los trabajadores independientes.
De otro lado, indicó que, contrario a lo manifestado por la Sección Cuarta, para el año
2014 no estaban vigentes los Decretos 806 de 1998 y 1406 de 1999, en tanto no
regulaban el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 ni el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011
y, en tal sentido, no se les podía otorgar una efecto ultraactivo. Por consiguiente, para
dicho año los trabajadores independientes sin contrato de prestación de servicios se
regían bajo las siguientes reglas de cotización para el subsistema de salud:
i) El trabajador independiente afiliado al subsistema de salud debe efectuar
cotización bajo el reglamento de presunción de ingresos diseñado por el Gobierno
nacional con fundamento en la información sobre actividades económicas, la
región de operación, la estabilidad, y la estacionalidad del ingreso.
ii) Esta regla, deroga la antigua normativa prevista en el parágrafo 2 del artículo
204 de la Ley 100 de 1993, que ordenó un sistema de presunción de ingresos con
base en información sobre el nivel de educación, la experiencia laboral, las
actividades económicas, la región de operación y el patrimonio de los individuos.
Así mismo, que la periodicidad de la cotización para estos trabajadores pudiera
variar dependiendo de la estabilidad y periodicidad de sus ingresos.
3.2.2. La Liquidación Oficial RDO-2017-01950 del 30 de junio de 2017 contiene una
determinación indebida de la cotización e impuso sanción por dos conceptos: por
omisión ($81.596.400) y por lo intereses de mora regulados en el artículo 23 de la Ley
100 de 1993. En ese orden, considera que avalar la legalidad del acto afecta
directamente a su patrimonio y causa un perjuicio irremediable debido a las medidas
de embargo adelantadas por la UGPP.
3.2.3. Alegó la existencia de un defecto fáctico dado que no se tuvo en cuenta que,
durante el trámite del proceso, y en especial en el recurso de apelación, se puso de
presente que mediante la sentencia del 5 de mayo de 2022 la Sección Quinta de
Consejo de Estado ordenó al Gobierno Nacional reglamentar la presunción de
ingresos. Esta decisión se dictó en fecha anterior a la providencia cuestionada.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 13 de mayo de 20252 la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y vinculó a la UGPP en calidad de tercera con interés.
2 Índice 00010 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
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Accionante: Herminio Castañeda Forero
4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B3
remitió el proceso ordinario en medio digital. Igualmente, presentó informe en el que
señaló que lo que presenta el actor es una inconformidad con los fundamentos y el
análisis de las sentencias cuestionadas, pues insiste en los argumentos que desarrolló
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para cuestionar la
falta de precisión de los elementos de la obligación tributaria, y por ende, la inexistencia
del deber de cotizar. En tal sentido, solicitó que se declare improcedente la solicitud,
dado que el mecanismo no puede utilizarse como una instancia adicional al proceso
ordinario.
4.3. La Sección Cuarta del Consejo de Estado4 señaló que le acción de tutela no
cumple con el requisito de inmediatez, en tanto la sentencia del 11 de octubre de 2024
se notificó a través de mensaje de datos enviado el 17 del mismo mes y año, por lo que
de conformidad con lo previsto en el artículo 205 del CPACA, se entiende notificada el
22 de octubre siguiente. Sin embargo, la solicitud de amparo se radicó el 23 de abril de
2025, momento para el cual habían transcurrido 6 meses y 1 día. Agregó que la parte
actora no expuso razones que justifiquen la flexibilización del término establecido por
la jurisprudencia constitucional.
Adicionalmente, indicó que la controversia planteada no reviste relevancia
constitucional, por cuanto la demanda tuitiva reitera los argumentos propuestos en el
marco del proceso ordinario y denota la intención de dar continuidad a una discusión
de naturaleza estrictamente legal que fue resulta en las dos instancias por los jueces
naturaleza y especializados en el asunto.
4.4. La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social5 manifestó que la solicitud de amparo no es
idónea para revivir la discusión agotada en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, además, que la vulneración denunciada carece de sustento. Finalmente, pidió
ser desvinculada del presente trámite, negar las pretensiones o en su defecto declarar
improcedente la acción.
5. La sentencia de primera instancia
La Sección Primera del Consejo de Estado profirió sentencia el 12 de junio de 20256
que declaró improcedente la acción de tutela por no superar el requisito de relevancia
constitucional.
Como sustento de su decisión, sostuvo que los argumentos planteados por el
accionante ya fueron decididos por los jueces ordinarios que este mecanismo
constitucional no puede ser utilizado como una tercera instancia par reabrir el debate
ya concluido.
3 Índices 00014 y 00015 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
4 Índice 00016 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
5 Índice 00020 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
6 Índice 00024 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
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Precisó que la afectación alegada tiene su origen en un debate estrictamente legal,
probatorio y económico que fue expuesto y resuelto al interior del proceso primigenio.
En tal sentido, la solicitud de amparo busa cuestionar la interpretación de las
autoridades accionadas en busca de la corrección del criterio jurídico del juez natural.
6. Impugnación
La parte actora presentó escrito de impugnación7 en el que solicitó revocar el fallo de
primer grado y, en su lugar, conceder la protección deprecada.
Señaló que la acción tiene relevancia constitucional. Para ello, reiteró que el asunto
implica la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, dado que existe un falta de regulación del IBC de los
trabajadores independientes vigente y aplicable para el año 2014. Además, que se
impone al contribuyente una obligación de cotizar con base en una interpretación
normativa equivocada, que vulnera el derecho a la igualdad y el principio de la
confianza legítima, con un impacto negativo directo en su mínimo vital y la consecuente
causación de un perjuicio irremediable.
Igualmente, insistió en los argumentos con los que sustentó el defecto fáctico, relativos
a la omisión en la valoración del fallo del 5 de mayo de 2022 dictado por la Sección
Quinta del Consejo de Estado que ordenó reglamentar la presunción de ingresos.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto
2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Herminio
Castañeda Forero al ser el titular de los derechos que afirma fueron vulnerados, dado
que tuvo la calidad de demandante al interior del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número de radicado 25000-23-37-000-2018-00632-
00/01.
2.2. Por otro lado, está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección y de la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, por cuanto fungieron como juez de primera y segunda instancia
dentro del proceso mencionado y son sus decisiones a las que la parte accionante le
atribuyó la vulneración de sus garantías constitucionales.
7 Índice 00028 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
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3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la
impugnación tienen el alcance para confirmar, modificar o revocar el fallo de primera
instancia que declaró improcedente la solicitud de tutela.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20058 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela9 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto10.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona
pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por
parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”11.
8 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de
acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse
la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima
violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la
vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo
censurado no sea de tutela
10 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo
en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el
que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en
contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error
inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión
que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces
desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta
Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
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4.1. Relevancia constitucional
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el
asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una
clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez
constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que
garantiza la autonomía e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción
de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”12.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate
en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que
la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucional se
establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
12 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en
la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya
que el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto
más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de
la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha
hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa
ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos
definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto13.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, y, por consiguiente, confirmará el fallo de primera instancia,
por las razones que se exponen a continuación:
5.1. Al analizar la solicitud de tutela y el escrito de impugnación se advierte que la parte
actora considera que el fallo del 11 de octubre de 2024 i) avaló la existencia del IBC
para trabajadores independientes con fundamento en la Ley 100 de 1993, en el Decreto
806 de 1998, en el Decreto 1406 de 1999 y la Ley 1438 de 2011, pese que sus
disposiciones no eran aplicables a la materia; y además, desconoció que la referida
Ley 100 perdió vigencia desde el año 2007 como consecuencia de la promulgación de
la Ley 1122 de 2007; ii) no valoró que la sentencia del 5 de mayo de 2022 dictada por
la Sección Quinta de esta Corporación precisó que la Ley 1438 de 2011 no regulaba lo
atinente al IBC para esa clase de trabajadores; iii) los Decretos 806 de 1998 y 1406 de
1999 no se encontraban en vigor en el año 2014 y; iv) la Liquidación Oficial RDO-2017-
01950 del 30 de junio de 2017 contiene una determinación indebida de la cotización e
impuso una doble sanción al accionante, con afectación directa a su patrimonio debido
a las medidas de embargo aplicadas por la UGPP.
5.2. Ahora, del análisis de los aspectos abordados en la sentencia cuestionada dictada
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y que puso fin a la actuación, así como
de las pruebas incorporadas al proceso, se advierte que el ad quem arribó a las
siguientes conclusiones:
En cuanto al estudio de la Ley 1438 de 2011:
“Por otra parte, aunque la solicitud que se aplique la excepción de
inconstitucionalidad frente al inciso final del artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 y
se inapliquen los artículos 3 del Decreto 510 de 2003 y 1 del Decreto 3085 de
2007, solo fue propuesta en el recurso de apelación, el análisis que la Sala
abordará sobre la existencia de la base gravable -cargo invocado en la demanda
13 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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y en el recurso de apelación-, implica la revisión de las citadas normas, tal como
se hará a continuación”.
Frente IBC para realizar los aportes a cargo de los trabajadores independientes:
“[…] Sobre el IBC para las cotizaciones a salud de los trabajadores por cuenta
propia y/o independientes no vinculados mediante contrato de prestación de
servicios, la Sección ya se pronunció en varias oportunidades, concluyendo que
existía base gravable para los períodos de enero a diciembre de 2014, como pasa
a exponerse a partir del siguiente desarrollo normativo:
En lo que se refiere al IBC para el subsistema de salud, el parágrafo 2 del artículo
204 de la Ley 100 de 1993, prevé:
[…]
Se observa que en el inciso segundo del artículo 4 del Decreto 1070 de 1995, el
Gobierno Nacional dispuso que «[l]a Superintendencia Nacional de Salud
establecerá el sistema de presunción de ingresos para los trabajadores
independientes, el cual deberá ser utilizado por las Entidades Promotoras de
Salud para determinar la base de cotización».
[…]
Posteriormente, el artículo 66 del Decreto 806 de 1998 reafirmó la que sería la
base de cotización para los trabajadores independientes, en los siguientes
términos:
[…]
Por su parte, el artículo 25 del Decreto 1406 de 1999 también se refirió al IBC de
los trabajadores independientes en relación con el sistema de salud, indicando
que:
[…]
Con la Ley 1438 de 2011, en el artículo 33 el legislador estableció la presunción
de capacidad de pago y de ingresos, así:
[…]
Del recuento normativo, se extraen las siguientes conclusiones:
• Por disposición legal, el cálculo del IBC para liquidar los aportes a salud quedó
a cargo del Gobierno Nacional mediante reglamentación de un sistema de
presunción de ingresos, que a su vez el ejecutivo le asignó a la Superintendencia
Nacional de Salud.
• El citado órgano de vigilancia y control por medio de acto administrativo adoptó
y estableció el diseño conceptual del sistema de presunción de ingresos.
• La aplicación del mencionado sistema estaba sujeta a la afiliación voluntaria por
parte del trabajador independiente, en cuyo caso, las entidades promotoras de
salud debían procurar el diligenciamiento de los cuestionarios que permitieran
establecer la base presunta mínima.
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• Cuando los ingresos reales del trabajador independiente superaban los que
resultaban de la aplicación de las presunciones sobre bases mínimas, los aportes
debían hacerse a partir de los ingresos reales.
• Las personas naturales declarantes de renta, IVA e ICA, y quienes tienen
certificado de ingresos y retenciones que reflejan el ingreso mínimo para
pertenecer al régimen contributivo, se presumen con capacidad de pago y deben
afiliarse, so pena de ser inscritos oficiosamente.
• El último inciso del artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 encargó al Gobierno
Nacional de la reglamentación de un sistema de presunción de ingresos. Pero
también estableció que, si existían diferencias entre los valores declarados ante
la DIAN y los aportes al sistema, estos debían ajustarse”.
En línea con lo anterior, puntualizó lo siguiente en cuanto a la presunción de ingresos:
“[…] De esto último, es claro para la Sala que la presunción de ingresos para
efectos de determinar la base de los aportes al subsistema de salud aplica siempre
y cuando el afiliado no se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el
artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 -personas naturales declarantes de renta, IVA
e ICA, y quienes tienen certificado de ingresos y retenciones-, porque en esos
eventos se cuenta con un indicador de ingreso que desplaza dicha presunción,
cuestión que deberá ser analizada en cada caso.
En el recurso de apelación se indicó que, de llegar a conformarse el IBC por los
ingresos reales, el ordenamiento jurídico no establece la forma de determinarlos.
Al respecto, debe señalarse que aquellos se fijan siguiendo la metodología
prevista en el parágrafo 1 del artículo 1 del Decreto 510 de 2003, según el cual,
«[s]e entiende por ingresos efectivamente percibidos por el afiliado aquellos que
él mismo recibe para su beneficio personal. Para este efecto, podrán deducirse
las sumas que el afiliado recibe y que debe erogar para desarrollar su actividad
lucrativa en las mismas condiciones previstas por el artículo 107 del Estatuto
Tributario».
Aclarándose que, resulta aplicable la forma de fijar los «ingresos efectivamente
percibidos» a los «ingresos reales», en atención a que se consideran como los
que en definitiva recibirá para su beneficio personal el afiliado, y que se determinan
detrayendo las erogaciones para desarrollar la actividad económica. Además, no
puede pasarse por alto que por disposición del artículo 3 del Decreto 510 de 2003,
la base de cotización en salud y pensión es la misma”.
5.3. En conclusión, para la autoridad accionada i) al aplicar lo previsto en las Leyes 100
de 1993 y 1438 de 2011, así como los Decretos 1070 de 1995, 806 de 1998 y 1406 de
1999, para el año 2014, concretamente en lo relativo al IBC de los trabajadores
independientes, la determinación se basó en la presunción de capacidad de pago y de
ingresos, con prevalencia de las ganancias reales y; ii) la metodología pertinente
implica que los ingresos efectivamente percibidos son aquellos destinados al uso
personal, y son los que resultan pertinente para establecer el IBC.
5.4. En virtud de lo anterior, la Sala advierte que el debate planteado en este caso fue
adecuadamente examinado por el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la
decisión haya sido dictada de forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y
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fundamentos normativos, ni que se hayan trasgredido los derechos fundamentales de
la parte actora durante el desarrollo del proceso ordinario.
Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través
del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara
que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional, se requiere demostrar:
i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien
acude a la tutela debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional
advertir tal vulneración14.
5.5. Por consiguiente, para la Sala es claro que la parte accionante pretende imponer
su interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así
como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate
surtido en el trámite del proceso primigenio sin que haya demostrado la violación del
derecho fundamental para el que pidió su protección.
Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada está
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite ya culminado toda vez que
reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados, sin esbozar las razones
concretas por las cuales los derechos fundamentales invocados fueron vulnerados con
la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que
la decisión censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial.
5.6. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si
fuera una instancia adicional a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada15, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario16.
5.7. De otro lado, la Sala advierte que el argumento referente a la falta de valoración
de la sentencia del 5 de mayo de 2022 dictada por la Sección Quinta no fue propuesto
como un cargo del recurso de apelación con el que el actor atacó la sentencia ordinaria
14 Sentencia SU215 de 2022.
15 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
16 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.
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de primera instancia. Por tal motivo, es claro que no este aspecto puntual no cumple
con el requisito de subsidiariedad, pues la acción de tutela no está dada para que las
partes suplan los errores o las omisiones en que incurrieron en el desarrollo del trámite
ordinario.
5.6. Como consecuencia de lo anterior, confirmará el fallo de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de junio de 2025 proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela de
Herminio Castañeda Forero en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección B y por el Consejo de Estado, Sección Cuarta por no
superar el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la
parte considerativa de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y Cúmplase,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SFGS
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