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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02354-01

Fecha
8 de agosto de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02354-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia del 19 de junio de 2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02354-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

8 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02354-01
Accionante: Rubén David Suárez Cañizares
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

Tema: Expedición de manual de funciones para los funcionarios de la Rama
Judicial. Manejo de personal y distribución de trabajo al interior del
Juzgado. Implementación de juzgados. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante en contra de la
sentencia del 19 de junio de 2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, a través de la cual negó la tutela respecto del derecho de petición y la
declaró improcedente en relación con las demás pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Rubén David Suárez Cañizares, en nombre propio, pretende que se proteja
sus derechos fundamentales de petición, debido proceso, acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva; los que considera vulnerados
por el Consejo Superior de la Judicatura, el Juzgado Quinto Civil Municipal de
Cúcuta y la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Manifestó el actor que es secretario en propiedad del Juzgado Quinto Civil Municipal
de Cúcuta. Que el 11 de marzo de 2024; la juez titular de ese despacho expidió la
Resolución 008, «Por medio de la cual se adopta el manual de funciones de los
empleados del Juzgado Quinto Civil Municipal de Cúcuta»; que presentó recurso de

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reposición y en subsidio de apelación contra esa Resolución al considerar que la
jueza subrogaba las competencias del Consejo Superior de la Judicatura, pues a su
juicio, definir las funciones de los empleados de ese despacho judicial es una
atribución exclusiva del Consejo Superior de la Judicatura.

Que la juez expidió la Resolución 037 del 19 de septiembre de 2024 «por medio de
la cual se adopta el reglamento interno e instrucciones de trabajo para los
empleados y auxiliares judiciales ad honorem del Juzgado Quinto Civil Municipal de
Oralidad de Cúcuta»; dejó sin efectos la Resolución anterior y no le dio trámite, por
sustracción de materia, a los recursos interpuestos.

Que contra dicha Resolución interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación, por las mismas razones que recurrió la Resolución 008 del 11 de marzo
de 2024; que mediante la Resolución 040 del 25 de octubre de 2024, la Juez Quinta
Civil Municipal modificó el acto administrativo, en el sentido de cambiar el nombre a
«instrucciones de trabajo para los empleados y auxiliares judiciales ad honorem del
Juzgado Quinto Municipal de Oralidad de Cúcuta» Que en este último dispuso que
regiría hasta que el Consejo Superior de la Judicatura estableciera lo contrario.

Que no concedió el recurso de apelación, por lo que el 1° de noviembre de 2024
interpuso recurso de queja y mediante oficio CJO24-8680 del 20 de diciembre de
2024, la Unidad Administrativa de Carrera Judicial afirmó que no eran procedentes
los recursos de apelación ni de queja porque el asunto no correspondía a
actuaciones disciplinarias o de calificación de servicios de empleados judiciales.

Que el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta mediante Resolución 012 de
2024 decidió abstenerse de resolver el recurso de queja que había presentado el
actor contra la decisión de no tramitar el recurso de apelación interpuesto contra la
Resolución 037 de 2024, al considerar que era improcedente, de acuerdo con la Ley
270 de 1996 pues esa ley no había dispuesto como funciones de la Sala Plena de
los Tribunales Superiores de Distrito Judicial actuar como superiores jerárquicos de
los jueces cuando cumplen funciones administrativas.

Que en la práctica no se dejó sin efectos la Resolución 008 de 2024, porque su
contenido fue replicado en la Resolución 037 de 2024 y que el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cúcuta y la Unidad de Carrera Judicial se relevaron de resolver
el recurso de queja que presentó contra la decisión de no tramitar el recurso de
apelación interpuesto contra la Resolución 037 de 2024, lo que, a su juicio,
trasgrede sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y a
la tutela judicial efectiva.

Que solicitó al Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Interinstitucional de
la Rama Judicial, entre otras cosas, que se crearan más juzgados municipales en
el circuito judicial de Cúcuta, pero que no obtuvo respuesta alguna.

Afirmó que el artículo 85 de la Ley 270 de 1996 ordena al Consejo Superior de la
Judicatura dictar el manual de funciones para los empleados y funcionarios
judiciales del país, sin embargo, han transcurrido más de 3 décadas desde la

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promulgación de esa norma y el Consejo Superior de la Judicatura no ha expedido
el mencionado manual de funciones; lo que genera un grave perjuicio a la
administración de justicia y a los funcionarios judiciales.

Que se debe tener en cuenta a la secretaría del Juzgado Quinto Civil Municipal de
Cúcuta para decidir sobre la distribución de trabajo de esa sede judicial, de acuerdo
con el artículo 15 del Decreto 2570 de 1970 y que no fue tenido en cuenta para la
elaboración de un plan conjunto de trabajo dirigido a cumplir las funciones del
Juzgado.

PRETENSIONES

Que se amparen los derechos fundamentales invocados y en consecuencia:

1. Se ordene «a la Sala Plena/ Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, inicie
los estudios pertinentes para que en el término máximo de seis (6) meses se adopte un
Plan Piloto para expedir el MANUAL DE FUNCIONES DE LOS DISTINTOS CARGOS (tanto
de funcionario(a) Juez(a) y como empleados(as) judiciales), del Juzgado 005 Civil Municipal
de Cúcuta» únicamente en los aspectos no previstos por el legislador «conforme el numeral
1 del artículo 35 de la ley 2430 de 2024 que reformó la ley estatutaria de justicia.»

2. Se ordene dejar sin efectos las Resoluciones Nro. 040 de fecha 25 de octubre de
2024, Nro. 037 y Nro. 008 de 2024 proferidas por el Juzgado 005 Civil Municipal de
Cúcuta.

3. Se ordene «al Juzgado Quinto Civil Municipal de Cúcuta, que en virtud del
Ministerio de Ley que las instrucciones de trabajo de índole Secretarial a los
empleados judiciales, se dan en cumplimiento del artículo 40 del decreto 52 de
1987, y el decreto 1265 de 1970 que los empleados de dicha sede judicial también
podrán desempeñar sus funciones bajo las instrucciones secretariales del
Secretario de dicho despacho judicial.»

4. «Ordénese al Consejo Superior de la Judicatura y a la Comisión Interinstitucional
de la Rama Judicial del Poder Público, estudie dentro del ámbito de sus
competencias la apertura de sedes judiciales para el Distrito Judicial de Cúcuta, en
la categoría de Juzgados Municipales para atender la alta demanda de Justicia, en
equiparación con otros Distritos Judiciales de similares condiciones u otro
equivalente demográficamente…»

5. «Ordénese a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial del Poder Público
y al Consejo Superior de la Judicatura dar una respuesta clara, precisa de fondo, y
sustentada, indicando las razones de su decisión a la solicitudes de los numerales
y al 7 del acápite "Subsidiariamente a este recurso y por lo expuesto dada la alta
carga laboral que maneja esta sede judicial de manera comedida y respetuosa
solicito al Consejo Superior de la Judicatura y a la Comisión Interinstitucional de la
Rama Judicial del Poder Público" de la solicitud fechadas Jue 03/10/2024 15:32 y

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Vie 01/011/2024 12:58 vía correo electrónico por el accionante a tales entidades.»
(sic para toda la cita).

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 25 de abril de 2025 el magistrado sustanciador admitió la demanda, ordenó
notificar a las autoridades accionadas y como terceros con interés, al presidente y
a los magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y al presidente
del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca; entre otras
determinaciones.

El accionante interpuso recurso de reposición contra la decisión de no vincular a
otras autoridades y el Despacho sustanciador de primera instancia rechazó por
improcedente el recurso.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Juzgado Quinto Civil Municipal de Cúcuta pidió su desvinculación, al
considerar que no ha desconocido el derecho al debido proceso del tutelante. Adujo
que la Resolución 040 de 2024 contiene instrucciones laborales congruentes,
acordes con la dignidad humana, las necesidades del despacho y el rol de los
cargos del personal que allí labora. Que, además, se encuentra vigente y no ha sido
objeto de recursos.

La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial pidió que se declarara su falta
de legitimación en la causa por pasiva. Manifestó que recibió una solicitud de
aclaración de la Resolución 037 de 2024, junto con los recursos de reposición y de
apelación presentados contra esa resolución, que esos documentos fueron
trasladados por competencia al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de
Santander y a la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura.

El Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca propuso
falta de legitimación en la causa por pasiva. Dijo que no tiene injerencia en el asunto,
al no ser competente para decidir sobre la adopción de manuales de funciones de
despachos judiciales y que tampoco había recibido petición alguna por parte del
accionante.

La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura solicitó que se denegara el amparo deprecado porque no ha afectado
los derechos fundamentales del demandante. Que resolvió el recurso de queja y la
petición presentada por el actor, a través de los oficios CJO24-7117, CJO24-7118
de 21 de octubre de 2024 y CJO24-8680 de 20 de diciembre de 2024,
respectivamente. Señaló que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para
cuestionar actos administrativos, que las resoluciones cuestionadas son
susceptibles de control judicial a través de los medios de control dispuestos en el
CPACA. Que no se probó la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

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Que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 2º del Acuerdo PCSJA17-10780 de
2017, el cargo que ocupa el accionante es de orden administrativo y judicial, que,
no obstante, corresponde al nominador determinar la complejidad de los asuntos
que le asigna a su grupo de trabajo. Que, junto con la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, desde el año 2019, ha venido adelantando gestiones para
la elaboración e implementación del manual de funciones de los empleados de la
Rama Judicial.

POSICIÓN DE LAS VINCULADAS

La presidenta del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta solicitó su
desvinculación, al considerar que no tenía interés legítimo ni relación con los hechos
objeto de tutela. Mencionó que el 5 de diciembre de 2024 esa corporación resolvió
el recurso de queja interpuesto por el actor contra la decisión de no tramitar el
recurso de apelación propuesto contra la Resolución 037 de 2024 y que la acción
de tutela no cumple el requisito de subsidiariedad, porque el actor puede acudir a
los medios de control dispuestos en la Ley 1437 de 2011, para pedir la protección
de los derechos reclamados.

SENTENCIA IMPUGNADA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 19 de junio de
2025 decidió:

Declarar improcedente la pretensión de que se expida del manual de funciones de
los distintos cargos de la Rama Judicial; bajo la consideración de que el señor
Suárez Cañizares puede demandar de las autoridades públicas el cumplimiento de
lo previsto del literal g del numeral 1 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996; al igual
que la pretensión de que se dejen sin efectos las Resoluciones 040, 037 y 008 de
2024 proferidas por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Cúcuta; al considerar que
el actor cuenta con el medio de control de nulidad simple previsto en el artículo 137
de la Ley 1437 de 2011

De igual manera, declaró improcedentes las pretensiones de que se ordene al
Juzgado Quinto Civil Municipal de Cúcuta cumplir lo dispuesto en el artículo 40 del
Decreto 52 de 1987 y el Decreto 1265 de 1970 y al Consejo Superior de la
Judicatura implementar otros juzgados civiles municipales en el circuito judicial de
Cúcuta. La primera al observar que el actor no dijo de qué manera se incumplen los
mencionados decretos y cómo con ello se trasgrede sus garantías fundamentales;
la segunda, por cuanto desborda el ámbito de competencias del juez constitucional;
habida cuenta las competencias del Consejo Superior de la Judicatura y los criterios,
procedimientos y condicionamientos para ello.

Finalmente, negó la pretensión relativa al derecho de petición, al observar que el
Consejo Superior de la Judicatura y/o la Comisión Interinstitucional de la Rama
Judicial no trasgredieron los derechos fundamentales del señor Suárez Cañizares,
pues el Consejo Superior de la Judicatura atendió su solicitud y le explicó por qué

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no era procedente la creación de otros juzgados municipales en el distrito judicial
de Cúcuta y no se acreditó radicación de alguna petición dirigida a la Comisión
Interinstitucional de la Rama Judicial.

IMPUGNACIÓN

La parte accionante impugnó la sentencia, exponiendo como razones: «VIOLACION
DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL SENTENCIA C-037 DE 1996 Y C-134 DE
2023 EFECTOS ERGA OMNES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO» y
seguidamente indicó que la primera instancia validó las actuaciones del Consejo
Superior de la Judicatura y del Juzgado Quinto Civil Municipal de Cúcuta en relación
con los manuales de funciones y que el acudir a la Jurisdicción Contenciosa
administrativa, al final conllevará a la misma conclusión.

Reiteró lo argumentado en primera instancia en cuanto a las funciones del Consejo
Superior de la Judicatura, invocando la Ley 270 de 1996, artículo 85, numerales 12
y 13 «modificados por el 35 de la ley 2430 de 2024 examen de constitucionalidad
dispuesto en la sentencia C-134 de 2023, desconociendo el fallador de primera
instancia que el asunto es una COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL con efectos
erga omnes por tratarse de una sentencia de constitucionalidad, permitiendo reabrir
un debate probatorio en sede constitucional que ya se encuentra zanjado».

Se refirió a la cosa juzgada constitucional sin que de su narración puedan extraerse
argumentos contra la decisión; dijo que la primera instancia pasó por alto su
pretensión número 3 en el sentido de que se ordene al Juzgado Quinto Civil
Municipal de Cúcuta, «que los empleados de dicha sede judicial también podrán
desempeñar sus funciones bajo las instrucciones secretariales del Secretario de
dicho despacho judicial».

Y que «adicionalmente se agregue a las instrucciones de trabajo el cumplimiento
del artículo 15 del decreto 1265 de 1970 a los empleados de esta sede judicial,
también podrán desempeñar sus funciones bajo las instrucciones de esta
secretaria»

Finalmente, afirmó que se debe acceder al amparo del derecho de petición
solicitada, «toda vez que de los anexos aportados al escrito de tutela si se evidencia
que fueron radicadas las solicitudes fechadas Jue 03/10/2024 15:32 y Vie
01/011/2024 12:58, por cuanto esta solicitud fue radicada directamente ante esas
entidades y no puede ser contestada por otra autoridad sin facultad delegataria para
contestar tales peticiones.»

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) requisito de subsidiariedad y iii)
caso concreto.

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Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Requisito de subsidiariedad

Al respecto, en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 se señala
como causal de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante», en aras de respetar la división de competencias delineada
en la Constitución Política.

Por lo tanto, la exigencia de la subsidiariedad constituye un requisito fundamental
para la procedibilidad de la acción de tutela; frente a eso la Corte Constitucional
estableció que se deben cumplir las siguientes exigencias que: a) el actor no
disponga de otro medio de defensa judicial para proteger de manera inmediata sus
derechos fundamentales vulnerados o b) existiendo otro medio de defensa judicial,
se presente uno de dos eventos: i) que el mecanismo no sea idóneo o eficaz para
el amparo de los derechos afectados o ii) que la tutela se utilice como un mecanismo
transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable1.

Caso concreto

Como fundamentos del recurso, el accionante da a entender que al no darse las
órdenes a las autoridades accionadas en la forma por él solicitada, se desconocen
las sentencias de constitucionalidad C-037 de 1996 y C-134; sin explicar de qué
manera se aplican al caso y cómo su aplicación conduciría a que el Juez
Constitucional le ordenara al Consejo Superior de la Judicatura la expedición del
mencionado manual de funciones para los empleados de la Rama Judicial.

Tampoco ofrece claridad el recurrente sobre la manera cómo en el caso concreto
aplica la cosa Juzgada constitucional establecida en las sentencias mencionadas,
para hacer exigibles vía acción de tutela sus pretensiones.

Lo cierto es que, tal como lo estableció la primera instancia, la acción de tutela
resulta improcedente contra los actos administrativos expedidos por el Juzgado
Quinto Civil Municipal de Cúcuta, ante la existencia de las acciones contenciosas

1 Consultar Sentencias C-1225 de 2004, SU–544 de 2001, SU-1070 de 2003, T-225 de 1993, T–1670 de 2000,

T-827 de 2003, T-698 de 2004 de la Corte Constitucional, entre otras.

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establecidas en la ley 1437 de 2011, que resultan ser medios de control eficaces,
teniendo en cuenta la posibilidad de solicitar medidas provisionales y, llama la
atención que el actor diga que seguramente la conclusión será la misma, e insiste
en las pretensiones sin haber ejercido las acciones contenciosas; con lo que
desconoce el carácter subsidiario del mecanismo constitucional.

También resulta improcedente la pretensión de que se expida el manual de
funciones de los distintos cargos de la Rama Judicial; pues lo cierto es que no se
acreditó la vulneración de los derechos fundamentales del actor debido a la no
expedición de los mencionados manuales.

Dice el actor que la primera instancia pasó por alto su pretensión número 3 en el
sentido de que se ordene al Juzgado Quinto Civil Municipal de Cúcuta, «que los
empleados de dicha sede judicial también podrán desempeñar sus funciones bajo
las instrucciones secretariales del Secretario de dicho despacho judicial» y que se
agregue esto a las instrucciones de trabajo en cumplimiento del artículo 15 del
Decreto 1265 de 1970. Tal pretensión resulta improcedente, pues leídas las normas
citadas, no se encuentra razón en lo solicitado por el actor. Adicionalmente, las
competencias administrativas de los Despachos judiciales corresponden a sus
respectivos titulares, sin que el juez constitucional esté llamado a intervenir, cuando
no se observa la vulneración de derechos fundamentales que lo amerite.

Se refirió además el recurrente a la facultad interpretativa del juez frente a los
asuntos sometidos a su juicio y a la informalidad de la acción de tutela. Al respecto,
debe decir esta Sala que dicha facultad no implica reemplazar en todo, las falencias
de los accionantes pues los fallos extra y utra petita se justifican en la medida que
se encuentren derechos fundamentales vulnerados que no hayan sido invocados o
existan maneras diferentes y/o más eficaces de proteger los derechos, siempre que
estos se encuentren amenazados.

Valga aclarar que no se trata de «validar» las actuaciones cuestionadas, como
parece entenderlo el actor, sino apenas de respetar las competencias de otras
autoridades que no pueden ser invadidas por el Juez constitucional sin que se
justifique en la inminencia de un perjuicio irremediable, lo que no se acreditó en el
caso a estudio.

Finalmente, afirmó el accionante que se debe acceder al amparo del derecho de
petición solicitado, pues de los anexos aportados al escrito de tutela se evidencia
que fueron radicadas las solicitudes fechadas Jue 03/10/2024 15:32 y Vie
01/011/2024 12:58 y «por cuanto esta solicitud fue radicada directamente ante esas
entidades y no puede ser contestada por otra autoridad sin facultad delegataria para
contestar tales peticiones».

Aportó evidencias de los siguientes correos remitidos:

• El 03/10/2024 a «Juzgado 05 Civil Municipal - N. De Santander - Cúcuta
<jcivmcu5@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretaría Sala Administrativa Consejo
Seccional - N. De Santander - Cúcuta

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<secsaladmnsan@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Presidencia Consejo Superior
<presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co>; Comision Interinstitucional
Rama Judicial <comisioninter@consejosuperior.ramajudicial.gov.co>; Comisión
Seccional Interinstitucional - N. De Santander - Arauca
<comisioninterndsar@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Daniel Hernan Rincon
<darincon@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Luis Alirio Alvernia Puentes
<lalvernp@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretaría General Tribunal Superior - N.
De Santander - Cúcuta <sgtsupcuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Daniela Cepeda
Rosas dcepedar@cendoj.ramajudicial.gov.co» con asunto:
«RecursoContraResolucion037Juzgado5CivilMpalCucSolicitudConsejoSuper
iorComisionInteristitucional»

El 01/11/2024 a «Recepción Demandas - N. De Santander - Cúcuta
<demandascuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Presidencia Consejo Superior
<presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co>; Daniel Hernan Rincon
<darincon@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Marta Lia Herrera Gaviria
<mherrerg@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Comision Interinstitucional Rama Judicial
comisioninter@consejosuperior.ramajudicial.gov.co con asunto: «RECURSO DE
QUEJA dirigido al Consejo Superior de la Judicatura»

Por su parte, la Unidad de Carrera aportó con la contestación a la acción de tutela2:

• Oficio UDAEO24-3878 del 12 de noviembre de 2024 mediante el cual, la Directora
de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico dio respuesta al señor Suarez
Cañizares. en relación con las creaciones de cargos transitorias y permanentes.

-Oficio del 20 de diciembre del mismo año en el cual el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial dio respuesta frente al
recurso de queja, señalando que era improcedente por corresponder a actuaciones
del Juez en su calidad de nominador; por lo que, en principio, no era procedente el
recurso de apelación y por ende tampoco el de queja y que la facultad para resolver
sobre los temas de carácter administrativo laboral de su respectivo despacho es la
autoridad nominadora.

De acuerdo con lo anterior, esta Sala coincide con la apreciación de la primera
instancia en cuanto a la inexistencia de vulneración del derecho de petición. No es
de recibo el argumento de que le dio respuesta una autoridad sin delegación, pues
lo relacionado con la creación de cargos fue resuelto por la Unidad de Desarrollo y
Estadística, significando que es la dependencia de la entidad, encargada de esos
temas y tratándose de una misma entidad, no resulta exigible que todas y cada una
de sus dependencias emita una respuesta a la petición del actor; de manera que no
puede predicarse la vulneración por parte de la Comisión Interinstitucional como se
entiende del recurso.

2
Índice 15 SAMAI

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En conclusión, se confirmará la sentencia de primera instancia, conforme a lo
expresado en precedencia; al no encontrarse acreditada la vulneración del derecho
de petición y resultar improcedente la tutela en relación con las demás pretensiones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia del 19 de junio de 2025 proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.

Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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