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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02363-00

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02363-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las pretensiones formuladas por la señora Isnelda Edith Díaz Hoyos, dadas las razones expuestas en la motivación precedente. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02363-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

19 de junio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02363-00
Demandante: Isnelda Edith Díaz Hoyos

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-02363-00
Demandante ISNELDA EDITH DÍAZ HOYOS
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Temas Acción de tutela. Mora judicial. Tardanza en proferir sentencia de
segunda instancia en medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. Sujeto especial de protección constitucional.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir en primera instancia
la acción de tutela instaurada por la señora Isnelda Edith Díaz Hoyos, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 23 de abril de 20251, la señora Isnelda Edith Díaz Hoyos, en nombre propio,
instauró acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al acceso a
la administración de justicia, debido proceso y seguridad social.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«Señor Magistrado solicito muy respetuosamente le solicito que, en uso de su potestad e
investidura, imparta justicia, en el sentido de amparar mi derecho al debido proceso, derecho
a la justicia, derecho al mínimo vital, seguridad social y se ordene al Consejo de Estado que
emita el fallo en el proceso».

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. En el año 2018, la parte actora interpuso medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones en adelante), en la que solicitó la declaratoria de
nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se negó la pensión
de jubilación, entre otras pretensiones.

2.2. Del asunto conoció el Tribunal Administrativo de Córdoba, bajo el radicado
23001-23-33-000-2018-00392-00.

Mediante sentencia de 5 de marzo de 2020 el a quo declaró la nulidad de los
actos administrativos demandados. En consecuencia, ordenó el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a la señora Isnelda Edith
Díaz Hoyos, de conformidad con lo dispuesto (i) en la Ley 33 de 1985, en
cuanto a los requisitos de edad, tiempo de servicio y tasa de reemplazo del
75%; y (ii) en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, frente al ingreso base de

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Samai, índice 2.

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liquidación IBL, que será el promedio de lo devengado en los últimos 10 años
de servicios.

2.3. Colpensiones interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia.

2.4. El expediente se remitió al Consejo de Estado para resolver el recurso de
apelación. El 7 de julio de 2021, el asunto ingresó al despacho ponente; y por
auto de 19 de agosto de 2021 se ordenó devolver el expediente al tribunal de
origen con el fin de agotar la conciliación que establecía el inciso 4 del artículo
192 de la Ley 1437 de 2011.

2.5. Surtida tal etapa, el 26 de enero de 2023 se volvió a remitir el expediente al
Consejo de Estado, a fin de tramitar la segunda instancia.

El 12 de abril de 2023, el expediente ingresó a despacho; el 24 de agosto de
2023, el recurso de apelación fue admitido; el 9 de mayo de 2024, se corrió
traslado para presentar alegatos de conclusión; y el 29 de julio de 2024, el
asunto ingresó a despacho para fallo.

2.6. En memorial de 16 de diciembre de 2024, el apoderado judicial de la
accionante solicitó impulso procesal, atendiendo tanto a la edad y
enfermedades de la señora Isnelda Edith Díaz Hoyos, como a su situación
económica.

2.7. El 5 de febrero de 2025, el asunto cambió de magistrado ponente
asignándosele al consejero de Estado Juan Camilo Morales Trujillo.

3. Fundamentos de la acción

La tutelante reprochó que la autoridad judicial accionada aún no ha proferido
decisión de segunda instancia.

Asimismo, aseguró que tiene 77 años y que sufre de hipertensión arterial, diabetes
mellitus tipo 2, enfermedad isquemia crónica del corazón y enfermedad renal
crónica etapa 4. Sostuvo que esas enfermedades le impiden trabajar y que por estas
su calidad de vida ha disminuido, pues requiere de la ayuda de terceros para realizar
funciones básicas y no cuenta con una pensión para sustentarse económicamente.
Afirmó que las enfermedades le generan dolor de cabeza, mareos, falta de aire,
dolor fuerte en el pecho y que se ha desmayado por episodios relacionados con la
tensión.

Agregó que es una persona de escasos recursos y que lleva 14 años en el trámite
de su pensión.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Mediante auto de 29 de abril de 2025, se admitió la acción de tutela interpuesta
por la señora Isnelda Edith Díaz Hoyos contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A; se ordenó notificar en calidad de terceros a
Colpensiones, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al
Ministerio Público y al Tribunal Administrativo de Córdoba; y efectuar las
notificaciones correspondientes.

4.2. El magistrado Juan Camilo Morales Trujillo, perteneciente al Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, informó que el expediente ingresó
al despacho por reparto el 7 de julio de 2021; a través del auto del 19 de agosto
de 2021 se ordenó que fuera remitido al tribunal de origen con el fin de agotar
la conciliación que establecía el inciso 4 del artículo 192 de la Ley 1437 de

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2011. Una vez agotado el trámite, el proceso regresó al Consejo de Estado el
13 de marzo de 2023 y el recurso de apelación fue admitido el 24 de agosto
de 2023. Posteriormente, ingresó al despacho para fallo el 29 de julio de 2024.
De otra parte, sostuvo que para la fecha de su posesión, esto es el 4 de febrero
de 2025, se recibieron cerca de 1.100 procesos para sentencia, dentro de los
cuales al caso de la accionante se le asignó el turno 711.
Por lo expuesto, afirmó que no se ha obrado negligentemente en el trámite y,
consecuentemente, solicitó que se nieguen las pretensiones, por considerar
que no se transgredió derecho fundamental alguno y que no existe una mora
injustificada en el cumplimiento de los términos procesales.
4.3. Colpensiones manifestó que, revisadas sus bases de datos, corroboró que
no existe solicitud alguna elevada por parte del accionante; que la tutelante no
demostró que la mora obedezca a dilaciones injustificadas; que acceder a las
pretensiones significaría invadir la órbita del juez ordinario; y que no se probó
vulneración a derechos fundamentales, ni la existencia de un perjuicio
irremediable. Por lo expuesto, solicitó negar las pretensiones.
4.4. En memorial de 11 de junio de 2025, el consejero de Estado Juan Camilo
Morales Trujillo informó que en la Sala convocada para el 12 de junio de 2025
se discutiría el proyecto de sentencia correspondiente al asunto de la
accionante.
4.5. La señora Isnelda Edith Díaz Hoyos allegó memorial solicitando proferir fallo
de tutela.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer si el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A incurrió en mora judicial
injustificada, debido a que aún no ha proferido sentencia de segunda instancia, en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 23001-23-33-000-
2018-00392-01.

3. La mora judicial injustificada
3.1. Como lo establece el artículo 29 de la Constitución, el derecho fundamental al
debido proceso se aplica a todas las actuaciones judiciales y administrativas,
y al momento de determinar su alcance, la norma señala que toda persona
tiene derecho a «un debido proceso público sin dilaciones injustificadas».
La Corte Constitucional ha indicado que la vulneración de este elemento del
derecho al debido proceso, trátese de un proceso judicial o administrativo, se
configura cuando: «(i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar
alguna actuación por parte del funcionario competente; (ii) que la mora desborde el concepto
de plazo razonable que involucra análisis sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal

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del interesado, la conducta de la autoridad competente y el análisis global de procedimiento;
(iii) la falta de motivo o justificación razonable en la demora»2.

Con base en lo anterior, se puede afirmar que el solo incumplimiento de un
término establecido en la ley no basta para considerar vulnerado el derecho al
debido proceso, sino que debe comprobarse que tal dilación es injustificada.

3.2. Frente a la mora judicial, esta Sala ha reconocido que quien interpone una
acción judicial o algún recurso dentro de un proceso judicial tiene derecho a
que se le resuelva dentro de los términos establecidos en la ley. Sin embargo,
se ha insistido en que dadas las condiciones que producen congestión y
lentitud en los despachos judiciales, no toda dilación en la decisión equivale a
negligencia3. Debe decirse, entonces, que la mora judicial corresponde al
incumplimiento injustificado de los plazos legales por parte de los funcionarios
judiciales para la tramitación o decisión de los procesos a su cargo.

Por lo anterior, al juez de tutela le corresponde valorar en cada caso si la
conducta del funcionario o corporación judicial es injustificada y negligente,
pues existen causas imprevisibles y externas; esto es, circunstancias objetivas
que impiden que los jueces cumplan con los plazos para decidir o para dictar
alguna decisión, como lo son la excesiva carga laboral o la falta de una
infraestructura básica en los despachos judiciales, que impiden que los
funcionarios judiciales adopten decisiones oportunas. Circunstancias que no
pueden ser atribuibles a los funcionarios judiciales.

De hecho, la jurisprudencia de altas cortes, como el Consejo de Estado y la
Corte Constitucional, ha reconocido que la razón principal por la que se
incumplen los términos judiciales no se debe al actuar de los funcionarios, sino
a las dificultades prácticas que debe afrontar la Rama Judicial. Por lo tanto, en
el evento en que exista una justificación que explique la tardanza o cuando
esta no sea imputable al actuar del juez no existirá mora judicial injustificada y
en consecuencia no se habrán vulnerado los derechos fundamentales de
quien acudió a la justicia4.

Sobre el particular, en la sentencia T-366 de 2005, la Corte Constitucional
señaló que «la dilación injustificada de los procesos constituye una grave y seria vulneración
de los derechos fundamentales mencionados. No obstante, esa dilación ha de ser injustificada,
como lo dispone la propia Carta Política, pues, si la mora judicial obedece a circunstancias
objetivas y razonables, ajenas a la voluntad del fallador, mal podría la Corte Constitucional
acceder a las pretensiones de una tutela en ese sentido, sin analizar con sumo cuidado las
razones de la mora judicial que se alega».

En cambio, habrá mora judicial injustificada si el afectado con la dilación del
proceso comprueba que el juez u órgano judicial excedió
desproporcionadamente el plazo razonable para pronunciarse sobre el asunto,
sin que exista motivación para justificar la demora en que incurrió. Es decir,
que al juez de tutela le corresponde realizar una valoración de los aspectos
objetivos y subjetivos que rodean la tardanza.

En la sentencia SU-394 de 2016, la Corte Constitucional precisó que la mora
judicial injustificada, se presenta cuando (i) existe un incumplimiento objetivo
del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que justifique la dilación y
(iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión sistemática de
los deberes del funcionario judicial.

2
Sentencia T-297 de 2006 proferida por la Corte Constitucional.
3
Consejo de Estado. Sentencia de 4 de septiembre de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez R. Radicado:
11001-03-15-000-2014-01444-00.
4
Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013.

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Y para identificar la ocurrencia de un plazo irrazonable, la alta corte señaló que
se deben tener en cuenta: (i) las circunstancias generales del caso concreto;
(ii) la complejidad del caso; (iii) la conducta procesal de las partes; (iv) la
valoración global del procedimiento; y (v) los intereses que se debaten en el
trámite.

3.3. Por otro lado, se ha reiterado que, aunque exista demora en la resolución de
los casos, el turno en el que los expedientes pasaron al despacho para fallo
debe ser respetado. Esta posición es reflejo del artículo 18 de la Ley 446 de
19985 que prevé lo siguiente:
«Artículo 18. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo
orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda
alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal».

Esta regla, entonces, busca impedir que el juez adelante procesos según su
arbitrio sobre otros que estaban antes en el despacho. De no ser así, se
vulneraría el derecho que tienen los ciudadanos de acceder a la administración
de justicia en condiciones de igualdad.

A pesar de lo anterior, la propia Corte Constitucional ha admitido que
excepcionalmente se varíe dicho orden de decisión y se dé prelación a ciertos
procesos, en situaciones particulares6: básicamente cuando la mora judicial
justificada pueda poner en grave riesgo los derechos fundamentales de los
usuarios de la administración de justicia y siempre que exista una relación
directa entre las condiciones particulares del afectado y la resolución que
espera de la administración de justicia7.

Así pues, en los casos de mora judicial justificada excepcionalmente hay lugar
a alterar el sistema de turnos establecido al interior de cada despacho judicial.
Posibilidad que, además de resultar extraordinaria, se restringe al
cumplimiento de las condiciones dispuestas por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.

4. Análisis del caso

4.1. Como se indicó en los antecedentes, se encuentra que (i) el 26 de enero de
2023 se remitió por segunda vez el expediente al Consejo de Estado, tras
surtirse la conciliación que establecía el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011;
(ii) el 12 de abril de 2023, el expediente ingresó a despacho; (iii) el 24 de agosto
de 2023, el recurso de apelación fue admitido; (iv) el 9 de mayo de 2024, se
corrió traslado para presentar alegatos de conclusión; (v) el 29 de julio de 2024,
el asunto ingresó a despacho para fallo; y (iv) el 5 de febrero de 2025, el asunto
cambió de magistrado ponente.

Para la Sala este recuento denota que el trámite se ha efectuado dentro de
tiempos razonables, si se considera la carga laboral que aqueja la Sección
Segunda del Consejo de Estado. Como se explicó previamente, la situación
de congestión judicial por regla general no es imputable a los funcionarios
judiciales, sino a las dificultades prácticas que debe afrontar la Rama Judicial
y a condiciones exógenas a los jueces, como el alto número de demandas que
diariamente se presentan, a la complejidad de los asuntos que allí se deciden
y al número servidores judiciales, entre otros factores.

De hecho, en la sentencia de unificación SU-179 de 2021 la Corte
Constitucional aseveró que «El incumplimiento de términos previstos en normas

5
En concordancia con el artículo 63A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009.
6
Corte Constitucional. Sentencias T-708 de 2006, T-1069 de 2012, T-315 de 2017 y T-320 de 2017.
7
Corte Constitucional. Sentencia T-945A de 2008.

5
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procesales a causa de la congestión judicial, en tanto se basa en una situación estructural y
objetiva, no comporta una violación al derecho al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia».

Por lo tanto, teniendo en cuenta el contexto específico de la Sección Segunda
del Consejo de Estado y el fenómeno de congestión judicial, la Sala considera
que en el asunto no existió dilación injustificada, pues al asunto se le ha dado
trámite conforme a las posibilidades del juez natural y no se advierte un retardo
deliberado de parte de quienes han tramitado el asunto.

Tampoco podría reprochársele al magistrado ponente actual una dilación a su
cargo, ya que tan solo han trascurrido cuatro meses desde que se le asignó el
caso, cuyo turno se encuentra en el número 771 de 1.100 casos que recibió al
posesionarse como consejero de Estado.

4.2. Sin embargo, la Sala no pasa por alto que la accionante es un sujeto de
protección constitucional, en virtud de su edad, ya que a la fecha tiene 77 años.
Al respecto, la Corte Constitucional ha explicado que las personas de la tercera
edad gozan de una protección preferencial. Esta es una materialización del
principio de igualdad, según el cual «hay que tratar igual a lo igual y desigual a lo
desigual». En virtud de esta premisa es deber del Estado «no consagrar un
igualitarismo jurídico entre quienes se hallan en diversidad de condiciones fácticas, es
decir, la obligación de crear un sistema jurídico diferente para quienes se encuentran
en desigualdad en los amplios y complejos campos de la vida política, económica, social y
cultural»8 (Negrillas propias).

Justamente, dado el trato diferenciado que merecen ciertos grupos
poblacionales, en el artículo 46 de la Constitución Política se dispuso que es
deber del Estado, la sociedad y la familia proteger y asistir a las personas de
la tercera edad. Siendo «el Estado (…) el principal responsable de la construcción y
dirección de este trabajo mancomunado, que debe tener como fin último el avance progresivo
de los derechos de la población mayor»9. Por ende, en cabeza de este último recaen
deberes de protección, asistenciales y prestacionales dirigidos a la población
de tercera edad.

En armonía con lo anterior, la Corte Constitucional ha puntualizado que las
distintas autoridades estatales tienen el deber de prestar especial atención a
los casos que involucren personas de la tercera edad, a fin de determinar si
procede una atención preferente:
«las autoridades y el juez constitucional deben obrar con especial diligencia cuando se
trate de adultos mayores, dadas sus condiciones de debilidad manifiesta, interpretando
el alcance de sus propias funciones con un criterio eminentemente protectivo, de forma que
se materialice la intención del Constituyente y se garantice el goce de los derechos
constitucionales. Corresponde a ellas detener la reproducción de prácticas cotidianas que
producen opresión, haciendo especial control a los comportamientos institucionales que
puedan traer consigo consecuencias colectivas a un grupo especialmente protegido, como los
adultos mayores»10 (Negrillas propias).

Tratándose de casos que involucran a personas de la tercera edad, el juez de
tutela debe tener en mente que aquellos gozan de un socorro preferente, dada
su condición de sujetos de especial protección constitucional.

Precisamente, la Corte Constitucional ha explicado que «algunos grupos con
características particulares pueden llegar a sufrir daños o amenazas que, aun cuando para la
generalidad de la sociedad no constituyen perjuicio irremediable sí lo son para ellos, puesto
que por encontrarse en otras condiciones de debilidad o vulnerabilidad pueden tener
repercusiones de mayor trascendencia que justifican un ‘tratamiento diferencial positivo’, y que

8
Corte Constitucional. Sentencia T-432 de 1992.
9
Corte Constitucional. Sentencia T-252 de 2017.
10
Corte Constitucional. Sentencia T-252 de 2017.

6
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amplía a su vez el ámbito de los derechos fundamentales susceptibles de protección por vía
de tutela»11.

En consecuencia, es obligación del Estado, y por ende del juez constitucional,
«detenerse en las diferencias que de hecho existen entre las personas»12, para así adoptar
decisiones que tengan en consideración las circunstancias que padecen
ciertos grupos poblacionales, especialmente en contextos de suma
desigualdad como el colombiano. Diferenciación que responde a la premisa de
igualdad material según la cual debe tratarse igual a los iguales y diferente a
los diferentes. Esto en razón a que en el estado social de derecho el postulado
clásico de igualdad formal ante la ley trasciende. Por ende, bajo esta óptica de
la igualdad, es necesaria la adopción de medidas que garanticen un punto de
partida equitativo entre los ciudadanos13.

Justamente, dadas las especiales condiciones que afrontan los adultos
mayores, mediante la Ley 2055 de 2020, Colombia aprobó la Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores. En este instrumento, además de reconocerse « la necesidad de abordar
los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos »14,
se dispuso que los estados parte adoptarán medidas afirmativas y realizarán
los ajustes razonables que haya lugar para el ejercicio de los derechos de los
adultos mayores, y especialmente «para acelerar o lograr la igualdad de hecho de la
persona mayor»15. Asimismo, se estableció la obligación de adoptar todas las
medidas judiciales y administrativas, para «garantizar a la persona mayor un trato
diferenciado y preferencial en todos los ámbitos»16.

Si bien la Sala reconoce que, en aplicación el artículo 18 de la Ley 446 de
1998, los procesos se deben fallar en estricto orden de ingreso al despacho,
lo cierto es que existen circunstancias particulares que permiten la alteración
del turno para fallo, tal como sucede cuando se está en presencia de un sujeto
de especial protección constitucional17.

Sobre este tema, la Corte Constitucional ha precisado que, aunque las
providencias deben emitirse en estricto cumplimiento del orden de turno, es
posible alterar el turno para fallo de manera excepcional «cuando se esté en
presencia de: i) un sujeto de especial protección constitucional o ii) cuando la demora en
la resolución del asunto supere los plazos razonables en contraste con las condiciones de
espera particulares del afectado»18.

La alteración del sistema de turnos, entonces, procede en los casos en que
aunque la mora judicial sea justificada o no se advierta dilación, la tardanza en
emitir la decisión genera una situación real, verídica, comprobada y grave que
hace inminente la necesidad de priorizar el fallo, en tanto pueden verse
comprometidos los derechos fundamentales de los usuarios de la
administración de justicia. En el caso, se encuentra que la parte actora puso
en conocimiento del magistrado a cargo su precaria situación económica, su
condición de adulto mayor y acreditó las enfermedades de las que padece, a
través de memorial de 16 de diciembre de 2024.

Así las cosas, sin pasar por alto la obligación legal que le asiste a la autoridad
judicial demandada de respetar el sistema de turnos para proferir sentencia ni
el cambio reciente de magistrado ponente, en el caso se configura una de las
excepciones dispuestas por la jurisprudencia constitucional para alterar el
11
Corte Constitucional. Sentencia T-261 de 2018.
12
Corte Constitucional. Sentencia T-416 de 2013.
13
Corte Constitucional. Sentencia C-220 de 2017.
14
Ley 2055 de 2020. Preámbulo.
15
Ley 2055 de 2020. Artículo 4.
16
Ley 2055 de 2020. Preámbulo.
17
Corte Constitucional. Sentencias T-708 de 2006, T-945A de 2008, T-099 de 2021 y T-355 de 2021.
18
Corte Constitucional. Sentencia T-355 de 2021.

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turno en consideración a que el asunto involucra a un adulto mayor de 77 años
que padece de diversas enfermedades (como lo acreditó con la historia clínica
que adjuntó al escrito de tutela), que la controversia versa sobre el
reconocimiento pensional y se alegó la falta de sustento económico. De allí
que postergar la respuesta del juzgador de segunda instancia podría
obstaculizar la posibilidad de que la accionante vea materializada la resolución
definitiva de la controversia que propuso en sede judicial sobre el
reconocimiento de la pensión.

4.3. No obstante lo anterior, se resalta que el 11 de junio de 2025 el actual
consejero de Estado ponente del asunto allegó memorial en el cual informó
que el proyecto de sentencia que resuelve el caso de la accionante sería
discutido en la Sala convocada para el 12 de junio de 2025. A tal memorial, se
adjuntó la convocatoria correspondiente a dicha Sala de la cual se desprende
que, efectivamente, el caso de la señora Isnelda Edith Díaz Hoyos fue incluido
para su discusión en esa oportunidad.

Esta circunstancia demuestra que el magistrado ponente alteró el turno de fallo
que inicialmente tenía asignado el asunto que, de acuerdo con su primer
informe rendido, era el 711. Para la Sala dicha actuación constituye una
garantía suficiente para la protección de los derechos de la accionante, pues
el hecho de que el asunto haya sido llevado a discusión a la Sala del 12 de
junio de 2025 denota que ya existe proyecto de fallo y que, consecuentemente,
en breve se proferirá la sentencia de segunda instancia.

Se precisa que, si bien el 18 de junio de 2025 en el medio de control se registró
una actuación consistente en una manifestación de impedimento (índice 36), lo
cierto es que el asunto pasó del turno 711 a ser discutido en la pasada Sala
del 12 de junio de 2025. De ahí que una vez se resuelva el trámite relacionado
con la manifestación de impedimento, se proferirá sentencia de segunda
instancia, debido a que el proyecto de sentencia ya fue puesto a consideración
de la Sala de decisión.

Así las cosas, con la nueva información suministrada por el consejero ponente
no podría concluirse que existe vulneración actual a los derechos
fundamentales de la accionante. Esto obedece a que se logró la alteración
sustancial del turno asignado al expediente de la accionante que, sería la
medida que eventualmente se podría adoptar, dadas las particularidades del
caso y la condición de sujeto especial de protección constitucional que ostenta
la señora Isnelda Edith Díaz Hoyos.

5. Conclusión

Por las razones hasta aquí expuestas, la Sala concluye que:
(i) en el caso concreto no existe dilación injustificada, pues al asunto se le ha dado
trámite conforme a las posibilidades del juez natural y no se advierte un retardo
deliberado de parte de quienes han tramitado el asunto en la segunda instancia.

(ii) no es dable reprocharle al actual magistrado ponente una dilación a su cargo, ya que
solo han trascurrido cuatro meses desde que se posesionó como consejero de
Estado.

(iii) la accionante es un sujeto de protección constitucional, debido a su edad, a sus
actuales condiciones de salud (reporta que sufre de hipertensión arterial, diabetes
mellitus tipo 2, enfermedad isquemia crónica del corazón y enfermedad renal crónica
etapa 4), y quien afirma que tales patologías le impiden trabajar, requiere de la ayuda
de terceros para realizar funciones básicas y no cuenta con una pensión para
sustentarse económicamente.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02363-00
Demandante: Isnelda Edith Díaz Hoyos

(iv) lo pretendido en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es
obtener el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.

(v) las circunstancias particulares del caso, que comprometen el derecho pensional de
un sujeto de especial protección constitucional, ameritan la alteración del turno.

(vi) la alteración del turno realizada por el consejero ponente denota una garantía
suficiente de protección a los derechos de la accionante, pues esto implica que ya
existe proyecto de fallo de segunda instancia y que el asunto ya fue sometido a
discusión por parte de los magistrados integrantes de la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado.

En consecuencia, se negarán las pretensiones de la accionante, por considerar que
la modificación de turno efectuada en el curso de esta acción de tutela es una
medida que protege suficientemente los derechos de la señora Isnelda Edith Díaz
Hoyos.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar las pretensiones formuladas por la señora Isnelda Edith Díaz Hoyos,
dadas las razones expuestas en la motivación precedente.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Señor usuario este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
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