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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02382-00

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02382-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Héctor Iván Cossio Correa por no superar el requisito de la subsidiariedad. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02382-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

19 de junio de 2025

Demandante: Héctor Iván Cossio Correa
Demandados: Consejo Nacional Electoral y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02382-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02382-00
Demandante: HÉCTOR IVÁN COSSIO CORREA
Demandados: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y OTRO

Tema: Tutela contra acto electoral. Improcedencia por no superar
el requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en
ejercicio de la acción de amparo prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política y de conformidad con lo dispuestos en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1 Solicitud de amparo

El señor Héctor Iván Cossio Correa, en nombre propio, formuló acción de
tutela contra el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del
Estado Civil, el Tribunal Administrativo de Antioquia, las comisiones
escrutadoras municipal y departamental del municipio de Apartadó
(Antioquia) y la Personería del ente territorial antes mencionado, con el fin de
que le sean amparados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, a la «participación política, al voto, a elegir y ser elegido», así como
también el principio de soberanía popular.

Consideró vulneradas tales garantías constitucionales, al impedir la posesión
del señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez como alcalde del municipio de
Apartadó (Antioquia), a pesar de haber sido democráticamente elegido para
ejercer dicho cargo en las elecciones atípicas realizadas el 6 de abril de
2025.

1.2 Pretensiones

En concreto, solicitó lo siguiente:

1. Que se ampare mi derecho fundamental como ciudadano, a elegir, dando
cumplimiento a la votación que obtuvo el ciudadano, HECTOR RANGEL
PALACIOS RODRIGUEZ, al haber logrado la mayoría de votos y se
valide el mandato constitucional de la soberanía popular.

1

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Demandante: Héctor Iván Cossio Correa
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2. Que se ordene a las autoridades accionadas, dar aplicación al art 191 del
Código Electoral Colombiano, dando posesión al ciudadano que obtuvo
la mayoría de votos en el escrutinio general y ratificado en el E26 que se
encuentra en la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado
Civil y el Consejo Nacional Electoral.

3. Que se tomen las medidas necesarias para restablecer el derecho
colectivo de los ciudadanos, que se respete su decisión democrática,
salvaguardando la soberanía popular.

4. Se vinculen a las demás partes interesadas que se hayan visto afectadas
con la vulneración de la soberanía popular.1

La solicitud tuvo como fundamento, los siguientes:

1.3. Hechos

Afirmó el accionante que en las elecciones atípicas del 6 de abril de 2025, el
señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez fue elegido democráticamente
como alcalde del municipio de Apartadó (Antioquia) como lo certificaron los
resultados electorales oficiales registrados en las plataformas de la
Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.

Indicó que a pesar de haber sido elegido mediante sufragio popular y cumplir
con los requisitos constitucionales y legales para ejercer el cargo, el Consejo
Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil han
desconocido su elección, impidiéndole al señor Palacios Rodríguez tomar
posesión del cargo y ejercer las funciones para las cuales de manera
democrática fue designado.

Manifestó que la actuación de las entidades mencionadas constituye no sólo
vulneración directa de los derechos del ciudadano elegido, sino también de
sus derechos políticos y de quienes participaron en las elecciones.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora, en su escrito de tutela como fundamento de la vulneración
de los derechos fundamentales invocados, se limitó a transcribir apartes de
los artículos 2, 13, 29, 121 de la Constitución Política y del artículo 191 del
Código Electoral para concluir que “cuando una autoridad desconoce o impide el
ejercicio del cargo a una persona que ha sido elegida mediante el voto popular, está
vulnerando no solo los derechos de esa persona, sino también la decisión del
pueblo soberano”.

Así mismo refiere sentencias de la Corte Constitucional2 con relación al
derecho a ser elegido y el respeto a la voluntad popular expresada en las
urnas.

1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia

Mediante providencia del 14 de mayo de 2025, el magistrado ponente

1 Trascripción literal con posibles errores.
2 Sentencias T-424 de 2008 y T-606 de 2015.

2

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admitió la solicitud de amparo y dispuso tener como accionados al Consejo
Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Así mismo, se ordenó vincular como tercero con interés en las resultas del
proceso al Tribunal Administrativo de Antioquia, a los miembros de las
comisiones escrutadoras municipal y departamental de las elecciones
atípicas del 6 de abril de 2025 en el municipio de Apartadó (Antioquia), a la
personería municipal del mismo ente territorial y al señor Héctor Rangel
Palacios Rodríguez.

Efectuadas las notificaciones respectivas3, se presentaron las siguientes:

1.6. Intervenciones

1.6.1. Consejo Nacional Electoral

Mediante escrito suscrito por el apoderado adscrito a la Oficina de Asesoría
Jurídica y Defensa Judicial del Consejo Nacional Electoral, expuso que la
entidad en las elecciones atípicas del 6 de abril de 2025, mediante formulario
E-26 del 10 de abril del mismo año, declaró electo como alcalde del
municipio de Apartadó departamento de Antioquia al candidato Adolfo David
Romero Benítez.

Afirmó que la tutela no es el mecanismo adecuado para controvertir el acto
administrativo que puso fin al procedimiento administrativo electoral, porque
de acuerdo con el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, el medio indicado para atacar su validez es
el de nulidad y restablecimiento del derecho, mecanismo que tuvo a su
alcance el accionante para la defensa de sus derechos.

Manifestó que, en materia electoral, el artículo 139 del CPACA consagra el
medio de control de nulidad de los actos de elección por voto popular o por
cuerpos electorales por las causales indicadas en el artículo 275 de la misma
codificación, trámite que debe agotar el actor para controvertir los resultados
de los escrutinios, razón por la cual no se cumple el requisito de la
subsidiariedad.

En consecuencia, se opuso a la prosperidad de la acción constitucional y
solicitó la desvinculación de la autoridad electoral por no haber vulnerado ni
puesto en amenaza los derechos fundamentales del accionante.

1.6.2. Registraduría Nacional del Estado Civil

En escrito remitido a la Secretaría General del Consejo de Estado, el jefe de
la Oficina Jurídica expuso que lo pretendido por el accionante no tiene
relación con las funciones y facultades que la Constitución Política y la ley le
asignaron a la entidad, ya que corresponde a los escrutadores designados
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y los delegados del

3 Mediante comunicaciones del 9 de mayo de 2025 enviados a las partes, accionados y
tercero con interés. Índice 8 Samai.
3

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Consejo Nacional Electoral realizar los escrutinios de la nueva elección del
alcalde del municipio de Apartadó, quienes después de resolver
reclamaciones, declararon la elección y expidieron las credenciales
correspondientes, motivo por el cual se presenta la falta de legitimación en la
causa por pasiva de la autoridad administrativa.

Manifestó que la acción de tutela es improcedente por no cumplir con el
requisito de la subsidiariedad establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, al desconocer el actor la vía judicial ordinaria del medio de control
de nulidad electoral establecida en el artículo 139 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para que se
examine la legalidad de los actos expedidos en el curso de una elección
popular.

De igual manera, de conformidad con el artículo 5 del Decreto 2591 de 1991,
no se presenta acción u omisión de las autoridades públicas con la cual se
haya violado o amenazado cualquiera de los derechos fundamentales del
accionante.

Informó que la Registraduría Especial de Apartadó, Antioquia, en
cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito de Turbo- Antioquia en auto 199 del 28 de marzo de 20254, inscribió
al señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez como candidato a la alcaldía,
para lo cual imprimió las tarjetas electorales, las actas de escrutinio de mesa
y realizó la parametrización de los software de preconteo y escrutinio.

Indicó que el Tribunal Administrativo de Antioquia, en providencia del 4 de
abril de 20255 decretó como medida provisional la suspensión inmediata del
auto antes mencionado, para en consecuencia no tenerlo como candidato a
la Alcaldía de Apartadó; orden notificada a la entidad 2 horas hábiles antes
del inicio del proceso de votación del día 6 del mismo mes y año, por lo que
fue imposible acatar lo dispuesto por la autoridad judicial.

Manifestó que el 8 de abril siguiente, en el curso del proceso de escrutinio
municipal, la registradora especial ad hoc de Apartadó puso en conocimiento
de los escrutadores lo decidido por el Tribunal Administrativo de Antioquia en
la acción de tutela instaurada en contra del Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Turbo en el sentido de dejar sin efectos el auto del 28 de
marzo de 2025 proferido por dicha autoridad, por lo que la medida provisional
del 4 de abril del mismo año, se tendría como definitiva, y debía ser cumplida
de manera inmediata.

Expresó que una vez resueltos los recursos interpuestos en contra de las
decisiones de la Comisión Escrutadora Municipal de Apartadó, el 10 de abril
de 2025 en acta de escrutinio general, declararon electo como alcalde para
el período restante constitucional al señor Adolfo David Romero Benítez.

4 Se decretó “como medida cautelar de urgencia, la inscripción del señor Héctor Rangel
Palacios Rodríguez, como candidato a la alcaldía de Apartadó, para los próximos comicios
electorales que se adelantarán el seis (6) de abril de 2025”. Proceso de nulidad radicado
05837-33-33-000-2025-00041-00.
5 Tutela con radicado 05001-23-33-000-2024-00396-00.

4

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5 del
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021, así como el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si el Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del Estado Civil, vulneraron los derechos
fundamentales de la parte actora al impedir la posesión del señor Héctor
Rangel Palacios Rodríguez como alcalde del municipio de Apartadó
(Antioquia), a pesar de haber sido democráticamente elegido para ejercer
dicho cargo en las elecciones atípicas realizadas el 6 de abril de 2025.

Para el efecto, se estudiará: i) generalidades de la acción de tutela, ii) el
estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad, y iii) el caso concreto.

2.3 Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución consagra el precepto según el cual, toda
persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la
protección inmediata de sus derechos fundamentales, siempre que sean
violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o
de los particulares en los casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente,
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción
no es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia
contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 19916, entre otros motivos,
la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para
garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o vulnerado.

Esta causal de improcedencia tiene una salvedad: cuando la solicitud de
amparo se eleva como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable y cuando las circunstancias que invoca, se acrediten al menos
sumariamente.

2.4. Requisitos adjetivos de procedibilidad - Subsidiariedad

La acción de tutela está consagrada para garantizar derechos fundamentales
cuando estos resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de

6"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política''.
5

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cualquier autoridad pública o por particulares, pero su procedencia está
supeditada a los requisitos generales de procedibilidad.

El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela no
procede, entre otros, cuando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales.

La norma en cita consagra textualmente:

“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La
acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante.

(…)”

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que “esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.

De tal modo que, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que
resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que
se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la
acción de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces naturales de
cada proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas y la
jurisprudencia.

Por lo tanto, es claro que la tutela es un mecanismo residual y excepcional
para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional
contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

En caso contrario, en el evento en que el asunto supere dichos requisitos,
corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir
de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o
negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón
a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

Al respecto, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede
ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo,
para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son
propias del juez natural.

6

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2.5. Caso concreto

El accionante afirmó que sus derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso, a la «participación política, al voto, a elegir y ser elegido»,
así como también el principio de soberanía popular, fueron vulnerados por el
Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, al
impedir la posesión del señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez como
alcalde del municipio de Apartadó (Antioquia), a pesar de haber sido
democráticamente elegido para ejercer dicho cargo en las elecciones
atípicas realizadas el 6 de abril de 2025.

El señor Héctor Iván Cossio Correa acompañó como prueba de que el señor
Palacios Rodríguez resultó ganador de las elecciones (i) copia del formulario
E-14 correspondiente a la zona 04, puesto 03, mesa 013 en la cual depositó
su voto, (ii) acta de escrutinio municipal del 9 de abril de 2025 en la que se
relaciona la votación de todos los candidatos inscritos, (iii) boletín No. 014 del
6 de abril de la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante el cual se
informa la votación de las elecciones atípicas, (iv) Acta del escrutinio general
E-26 ALC del 10 de abril mediante la cual se relaciona los resultados finales
de las votaciones.

No obstante, la Sala advierte que el accionante contó con un mecanismo de
defensa judicial para proteger los derechos fundamentales, como es el de
formular de conformidad con el artículo 139, en concordancia con el 275 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
medio de control de nulidad electoral, trámite en el cual y dada la naturaleza
de la causal invocada, la autoridad judicial de conocimiento resuelve lo
pertinente con relación a las irregularidades presentadas en el trámite de la
elección cuestionada, proceso que no instauró el actor en el término indicado
en el numeral 2 literal artículo 164 del CPACA.

Ahora bien, la regla general de improcedencia puede ser superada en
circunstancias excepcionales y debidamente probadas, esto es, la existencia
de un perjuicio irremediable.

Por lo anterior, al momento de analizar si en un caso particular se está ante
un perjuicio irremediable que justifique el superar el requisito de la
subsidiariedad, deben evaluarse en conjunto los siguientes elementos, los
cuales han sido definidos de forma reiterativa bajo los siguientes términos7:

i) Que el perjuicio sea inminente, lo cual implica que la amenaza exista o esté
por existir.
ii) Que éste sea grave y tenga la suficiente entidad para comprometer un
bien moral o material de la persona.
iii) Que haya necesidad de adoptar medidas urgentes para superar la
condición de amenaza del derecho fundamental.
iv) Que no se pueda postergar la acción de tutela, pues de lo contrario el
mecanismo de protección sería ineficaz.

7 Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, T-809 de 2013, T-695 de 2014 y T-884 de

2014, entre otras.
7

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Además, es necesario que este perjuicio irremediable debe ser inminente o
actual, y además ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e
impostergables.

Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron
delimitados por la Corte Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993,
con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo Mesa, postura reiterada y
reconocida posteriormente por la Sala Plena de esa corporación en la
sentencia C-531 de 1993, en el sentido de indicar:

“… son elementales para la comprensión de la figura del perjuicio
irremediable, A) El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está
por suceder prontamente"…. || B) Las medidas que se requieren para
conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, || C) No basta
cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la
gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber
jurídico de la persona… || D) La urgencia y la gravedad determinan que
la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada
para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay
postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por
inoportuna… Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida,
fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades
públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y
garantías básicos para el equilibrio social”.

Al descender al caso concreto, la Sala no encuentra demostrado que el
señor Héctor Iván Cossio Correa se encuentre en una situación de tal
gravedad que permita que se supere el requisito de la subsidiariedad, pues
no realizó ninguna manifestación ni aportó prueba alguna en tal sentido.

Tales circunstancias, sumadas a la posibilidad de formular el actor sus
inconformidades a través del medio de control de nulidad electoral, hacen
evidente la improcedencia de la acción de tutela.

Por consiguiente, la Sala declarará improcedente la acción de amparo por no
cumplir con el requisito adjetivo de la subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

II. FALLA

PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el
señor Héctor Iván Cossio Correa por no superar el requisito de la
subsidiariedad.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

8

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TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”

9

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