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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02383-01

Fecha
7 de julio de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02383-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 15 de mayo de 2025 que profirió la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta providencia. En su lugar, quedará así: PRIMERO: ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia del 9 de mayo de 2025, dictada por el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Bogotá, en el proceso de tutela de radicado núm. 11001-40-03-017-2025-00384-00, conforme a lo expuesto en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02383-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

7 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., siete (07) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02383-01
Accionante: Gloria Inés Gómez Romero
Accionados: Presidencia de la República y otros

Tema: tutela por vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a
la dignidad humana y a la igualdad. Subtema 1: actuación temeraria. Subtema 2:
cosa Juzgada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso
de impugnación interpuesto por Cajacopi EPS SAS, contra la sentencia del 15 de
mayo de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Gloria Inés Gómez Romero, por intermedio de apoderado judicial, interpuso
acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la
vida, a la salud, a la dignidad humana, y a la igualdad, los cuales consideró vulnerados
por la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación, la
Defensoría del Pueblo, la Personería Distrital de Bogotá, el Ministerio de Salud y
Protección Social, Cajacopi EPS SAS, la Secretaría de Transparencia de la
Presidencia de la República, la Superintendencia Nacional de Salud, la Secretaría
Distrital de Salud de Bogotá, Fosyga, la EPS Unidad Médica Oncolife S.A.S. y el
Hospital Regional de Zipaquirá.

La accionante fundamentó la vulneración de sus derechos en la omisión de las
entidades accionadas al no garantizar su remisión hospitalaria a un centro asistencial
de cuarto nivel con especialidad en hematología en la ciudad de Bogotá, a pesar del
delicado estado de salud que presenta.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02383-01
Accionante: Gloria Inés Gómez Romero
Accionados: Presidencia de la República y otros

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos probados
1. La señora Gloria Inés Gómez Romero, de 51 años de edad, fue diagnosticada con
Leucemia Mieloide Aguda y actualmente se encuentra hospitalizada en la Unidad
Médica Oncolife S.A.S., ubicada en el municipio de Zipaquirá, desde el día 12 de
marzo de 2025.
2. Está afiliada a Cajacopi EPS, en el régimen subsidiado y la sede principal de la
entidad está ubicada en la ciudad de Barranquilla, Atlántico.
3. Su médico tratante, el día 23 de marzo de 2025, le ordenó en el plan de manejo,
lo siguiente:

Tratamiento -
PLAN:
AISLAMIENTO PROTECTOR
HOSPITALIZAR POR HEMATOLOGÍA
[…]
SS REMISION PARA HEMATOLOGIA 4 NIVEL PRIORITARIA***

[…]1

4. Mencionó que los directivos del Hospital Regional de Zipaquirá informaron que,
con base en la EPS a la cual se encuentra afiliada actualmente la accionante, el
traslado hospitalario podría efectuarse a las ciudades de Barranquilla o Bucaramanga.
5. La accionante manifestó que se ha comunicado en múltiples ocasiones, vía
telefónica, con Cajacopi EPS, sin obtener una respuesta favorable. Agregó que dicha
entidad no ha adelantado el trámite administrativo correspondiente que permita su
traslado a un centro asistencial que cuente con la especialidad requerida para el
tratamiento de su enfermedad, preferiblemente en la ciudad de Bogotá, teniendo en
cuenta que carece de los recursos económicos necesarios para sufragar el
desplazamiento hacia las ciudades de Barranquilla o Bucaramanga.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
6. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

PRIMERA: [Q]ue ordene de manera inmediata a LA EPS CAJACOPI la remisión al
HOSPITAL CANCEROLÓGICO de Bogotá D.C., o a cualquier otra clínica en Bogotá
que tenga la especialidad en Hematología IV NIVEL, ya que según manifiesta la
Paciente Accionante y su familia que “no contamos con los recursos económicos para

1 Transcrito incluso con errores de texto.

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desplazarnos a la ciudad de Barranquilla o Bucaramanga”, ya que señor Juez como se
comentaba en el acápite de los hechos de la presente Tutela, los Directivos del hospital
regional de Zipaquirá, que posiblemente le sale o dirigen el traslado es para la ciudad
de Barranquilla o Bucaramanga, ya que la EPS a la cual está afiliada en el régimen
subsidiado la Paciente Accionante es CAJACOPI, y su sede principal es en Barranquilla
Atlántico, lo cual es imposible trasladar la paciente hasta esa ciudad pues sería someter
a la Paciente accionante a soportar o aguantar más de 24 horas en ambulancia y puede
que llegue ya sin vida a Barranquilla y es inhumano e injusto someter a la Paciente
Accionante a esa tortura de soportar tanto tiempo en una ambulancia […]

SEGUNDA: Señor Juez […] se amparen los siguientes: EL DERECHO A LA SALUD Y
SU PRESTACION EFECTIVA Y DILIGENTE POR PARTE DE LA EPS ACCIONADA, A
LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS, dignidad humana,
a la igualdad, al derecho prevalente de los enfermos terminales, a la protección especial
de los adultos mayores como sujetos de especial protección constitucional debido a que
la Accionante tiene 51 años de edad es decir es adulta mayor, y sus derechos
fundamentales constitucionales han sido vulnerados y/o amenazados por parte de la
EPS ACCIONADA.

TERCERA: […] expida las medidas provisionales o cautelares a favor de la Accionante
Gloria Inés Gómez Romero con el fin de que le sea a el HOSPITAL CANCEROLÓGICO
de Bogotá D.C., o a cualquier otra clínica en Bogotá que tenga la especialidad en
Hematología IV NIVEL de acuerdo a lo ordenado por los Médicos en la Historia Clínica
actual YA QUE SINO SE LE REALIZA DICHA REMISIÓN LA PACIENTE ACCIONANTE
PODRIA MORIR ASÍ QUE ESTÁ EN PELIGRO SU VIDA E INTEGRIDAD FISICA.
[…]
QUINTA: Solicito se Vigile el cumplimiento; de forma tal que no continúe la vulneración
y amenaza de los derechos de la Paciente Accionante como afiliada activa a la EPS
ACCCIONADA.

SEXTA: Ordenar a los accionados o a la EPS ACCIONADA para que, en el término de
10 días, informen sobre el cumplimiento de lo ordenado por usted, señor Juez
constitucional.

[…]

OCTAVA: ORDENAR al representante para asuntos legales de la E.P.S. CAJACOPI o
quien haga sus veces, que en el término perentorio e improrrogable de cuarenta y ocho
(48) horas, se le dé cumplimiento a la orden de su señoría a través de la sentencia de
primera instancia.

NOVENA: Solicito se tengan en cuenta los documentos que se anexan como pruebas
a esta Acción de Tutela que constata la veracidad de los hechos.

[…]2.

2 Transcrito con errores de texto.

3

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2.3. Trámite procesal
7. El despacho ponente profirió auto el 12 de mayo de 20253 en el que admitió la
solicitud de amparo; requirió a los accionados para que allegaran la documentación
que consideraran pertinente, y ordenó las notificaciones de rigor.

2.4. Intervenciones
8. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social,
ADRES4 solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva. Adujo
que la prestación del servicio de salud es función de la EPS.
9. Pidió negar la solicitud de recobro por parte de la EPS, teniendo en cuenta que
los servicios, medicamentos o insumos en salud necesarios se encuentran
garantizados plenamente, ya sea a través de la UPC o de los presupuestos máximos.
10. La Procuraduría General de la Nación5 solicitó su desvinculación del proceso
de tutela, al no tener atribuciones ni competencia para dar solución al caso.
11.
La Personería de Bogotá D. C.6 solicitó se declare la improcedencia de la acción,
pues no ha desarrollado conducta alguna de la cual se pueda derivar la afectación de
los derechos fundamentales de la accionante. Lo anterior, en razón a que la remisión
desde la IPS Unidad Médica Oncolife de Zipaquirá hacia una clínica u hospital en la
ciudad de Bogotá D. C. corresponde a Cajacopi EPS y a las demás entidades
accionadas del sector salud, quienes son las llamadas a pronunciarse respecto de los
hechos y pretensiones planteados en la presente acción.
12. La ESE Hospital Universitario de la Samaritana7 indicó que ha atendido
oportunamente, con calidad y accesibilidad a la señora Gloria Inés Gómez Romero,
de acuerdo con el nivel de complejidad y servicios habilitados. Solicitó se declare la
falta de legitimación en la causa por pasiva, habida cuenta que lo pretendido por la
actora, no es de su competencia. Aclaró que la institución no brinda los servicios
oncológicos ni hematología.

3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02383-00, índice 8, certificado núm. E3E10A68870026EF
9C97FF33B7C2120E 4727031516C60DF3 10F201AC84AB8B1D.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02383-00, índice 13, certificado núm. 1787841A10EC8A1C
EC0C6DB2EAB74DF4 C6BC056BDD465DC9 F18E3408B2D2EC2C.
5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02383-00, índice 15, certificado núm. 064A86A6679E7282
EB87B37B49A0865A 800EB9DED0046E14 5F56E4EEB68FB402.
6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02383-00, índice 16, certificado núm. 77EF4F5A4E763DAA
7D52D55B21276D0A 2F1DD93BEBBBE963 075DC08885B92322.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02383-00, índice 17, certificado núm. 67BD1E80992547E6
38EB4EF475989AF2 93262DB278DBC5E7 25F149C6FA70B862.

4

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13. La Secretaría Distrital de Salud8 solicitó se declare la improcedencia de la acción
porque no ha realizado conducta activa o pasiva que afecte los derechos
fundamentales de la accionante.
14. Cajacopi EPS SAS9 manifestó que la actuación es temeraria porque sobre los
mismos hechos y pretensiones, la parte accionante ya presentó una acción de tutela
que por reparto le fue asignada al Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Bogotá bajo
el radicado núm. 110014003017-2025-00384-00.
15. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República10 solicitó
su desvinculación del proceso, alegando falta de legitimación en la causa por pasiva.
Argumentó que no existe una acción u omisión atribuible a la Presidencia de la
República que haya generado la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la accionante, razón por la cual debe declararse la improcedencia del
mecanismo constitucional.

2.5. Sentencia de primera instancia
16. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, profirió sentencia
de primera instancia el 15 de mayo de 202511, en la que tuteló los derechos
fundamentales a la vida, a la salud, a la dignidad humana y a la igualdad de la señora
Gloria Inés Gómez Romero.
17. A juicio del juez de primera instancia, las pruebas demostraron que la Unidad
Médica Oncolife IPS no contaba con la especialidad requerida para la atención médica
de la paciente, razón por la cual emitió la orden de remisión hospitalaria a un centro
de cuarto nivel con especialidad de hematología, con carácter urgente. Además,
consideró ciertas las afirmaciones formuladas contra la EPS Cajacopi, en atención a
que dicha entidad guardó silencio durante el trámite constitucional.

2.6. Impugnación
18. Cajacopi EPS SAS12 presentó escrito de impugnación contra el fallo del 15 de
mayo de 2025. Insistió en que la actuación es temeraria, dado que ya existe otra
acción de tutela por los mismos hechos y pretensiones. Afirmó que el juez de tutela
de primera instancia no consideró su contestación, a pesar de haberla presentado de
manera oportuna, conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Ley 2212 de 2022.

8 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02383-00, índice 30, certificado núm. FBA8A24D4C214B07
0390DEDD5F4759AC 989929BA6DADD0B1 EB7E61F25BA950D8
9 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02383-00, índice 31, certificado núm. 7CD75A1B9BC2C903
476EAB18FBCFFFA4 620DAA4B273FC669 47D8CC08DCB63563
10 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02383-00, índice 32, certificado núm. 96AD7BC94AF179AF
DB20D45AABA06FE1 A6774CF22D7ECE80 1EE49DB5DD3D856A
11 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02383-00, índice 25, certificado núm. 97A424522B8E4133
DF03585633B77877 E5E9957CF30BFA45 464AA407C9A06E52.
12
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02383-00, índice 34, certificado núm. 8EC4022875A78C19
E4500F941037D30E 2205EBFDD9A41E2E 5642FF8FDDE120CB

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia
19. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, el recurso de impugnación interpuesto contra la sentencia del 15
de mayo de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado.

3.2. Legitimación en la causa
20.
La legitimación en la causa por activa de la señora Gloria Inés Gómez Romero se
encuentra acreditada, por ser la titular de los derechos fundamentales que adujo, le
fueron vulnerados.
21. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de Cajacopi EPS
SAS, porque es la entidad a la que se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales a la vida, a la salud, a la dignidad humana y a la igualdad, al no haber
adelantado las gestiones administrativas necesarias para garantizar la prestación
oportuna del servicio de salud.
22. El juez de primera instancia desvinculó del trámite constitucional, por falta de
legitimación en la causa por pasiva, a la Presidencia de la República, a la Procuraduría
General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Personería Distrital de Bogotá,
al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Secretaría de Transparencia de la
Presidencia de la República, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Secretaría
Distrital de Salud de Bogotá, al Fosyga, a la IPS Unidad Médica Oncolife S.A.S. y al
Hospital Regional de Zipaquirá.

3.3. Procedencia de la acción de tutela
23.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por
la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la
ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez13.
24. El primero exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que busque evitar un perjuicio irremediable 14; y el segundo, consiste en que se
acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo contrario,

13
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
14 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.

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«[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho
[…]»15.

3.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
25. En el presente asunto, el presupuesto de subsidiariedad se encuentra satisfecho,
dado que la parte actora no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para
discutir la posible afectación de sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la
dignidad humana y a la igualdad, derivada de la omisión en la prestación oportuna del
servicio de salud por parte de la entidad a la cual se encuentra afiliada.
26.
Además, la Sala tendrá por cumplido el requisito de inmediatez, en la medida en
que la accionante argumentó que no se ha materializado por la entidad accionada, la
gestión y remisión hospitalaria a un centro de cuarto nivel con especialidad en
hematología en la ciudad de Bogotá, circunstancia que, en principio, es continua en
el tiempo16.

3.5. Problema jurídico
27. Corresponde a la Sala determinar si debe revocar, confirmar o modificar la
sentencia de primera instancia del 15 de mayo de 2025, proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que tuteló los derechos
fundamentales a la vida, a la salud, a la dignidad humana y a la igualdad de la señora
Gloria Inés Gómez Romero.
28.
Para el efecto, conforme a lo expuesto por la EPS accionada en el escrito
impugnación, deberá estudiarse, en primer lugar, si se configura la temeridad ante la
existencia de otra acción de tutela promovida por la actora con fundamento en los
mismos hechos, derechos y pretensiones de la que ahora es objeto de revisión en
sede de segunda instancia.

3.6. Caso concreto
29.
En el caso sub examine, la señora Gloria Inés Gómez Romero pretendió, a través
de este mecanismo constitucional, la protección de sus derechos fundamentales a la
vida, a la salud, a la dignidad humana y a la igualdad, que afirmó fueron vulnerados
por las entidades accionadas al omitir las gestiones administrativas necesarias para
garantizar la prestación oportuna del servicio de salud, específicamente la remisión
hospitalaria a un centro asistencial de cuarto nivel, con especialidad en hematología,
en la ciudad de Bogotá, que requiere para continuar con su tratamiento médico.

15 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, reiterada en sentencia SU-084 de 2019.
16 Corte Constitucional, sentencia T-332 de 2015: La Corte Constitucional ha señalado que en aquellos casos en

los que se demuestre que la vulneración del derecho es permanente en el tiempo y el hecho que la originó por
primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, pero la situación es continua y actual, el
principio de inmediatez en la interposición de la tutela no es exigible de manera estricta.

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30. En primera instancia, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en fallo del 15 de mayo de 2025 amparó los derechos fundamentales a la
vida, a la salud, a la dignidad humana y a la igualdad de la señora Gloria Inés Gómez
Romero en los siguientes términos:

[…]
Ordenar al representante legal de la EPS Cajacopi, o quien haga sus veces, que
dentro del término improrrogable de veinticuatro (24) horas contadas a partir de la
notificación de esta providencia, realice toda la gestión administrativa en la que se
garantice la remisión hospitalaria a un centro de cuarto nivel con especialidad en
hematología en la ciudad de Bogotá y materialice el respectivo traslado a dicho
centro, por las consideraciones anteriormente expuestas.
[…]
31. Inconforme con la decisión, la entidad Cajacopi EPS S.A.S. impugnó la sentencia,
al considerar que el juez de primera instancia no atendió el escrito de contestación,
pues desconoció los términos previstos en el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022.
Además, señaló que la decisión fue adoptada sin tener en cuenta la existencia de otra
acción similar, resuelta por el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Bogotá el 9 de
mayo de 2025.
32. En atención a la primera inconformidad del impugnante, es pertinente precisar que
el juez de tutela cuenta con amplias facultades para resolver con celeridad los asuntos
relacionados con el derecho a la salud, dada la naturaleza urgente que caracteriza la
protección de los derechos fundamentales.
33. En punto al derecho a la salud, la Corte Constitucional, en su jurisprudencia, ha
reiterado que tiene el carácter de fundamental cuando está en conexidad con otros
derechos como la vida y la dignidad humana. Por esta razón, el juez de tutela debe
actuar con diligencia y prontitud17 para que la falta de atención médica no genere un
perjuicio irremediable. En la sentencia T-016 de 2007 se indicó que el juez
constitucional puede adoptar medidas inmediatas para garantizar el acceso efectivo a
los servicios de salud, incluso si ello implica ordenar e traslado a un centro
especializado, cuando se evidencia la necesidad médica y la falta de respuesta por
parte de la entidad prestadora.
34. Bajo los anteriores criterios jurisprudenciales esta Sala concluye que para el caso
concreto en discusión, el juez de primera instancia resolvió conforme a sus
competencias y a las previsiones legales y jurisprudenciales que aplican en tratándose
de la afectación del derecho a la salud.

35. Ahora, respecto al reparo dirigido a que se configuró la temeridad, sea lo primero
precisar que el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispone que serán rechazadas

17 T-760 de 2008 y T-1040 de 2001, entre otras.

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o decididas desfavorablemente las acciones de tutela que se presentan por la misma
persona o representantes ante diferentes jueces o tribunal, sin motivo expresamente
justificado.
36. Por su parte, la Corte Constitucional ha definido la temeridad como «el abuso
desmedido e irracional del recurso judicial»18. Además, ha precisado que para su
declaratoria, se requiere demostrar que el actor ha obrado con mala fe. De forma
textual ha expresado:

Para declarar que una actuación es temeraria, la Corte Constitucional ha señalado que
es necesario demostrar que el actor “ha obrado con mala fe, deslealtad procesal, o si
su actuación infringe el deber de moralidad procesal”. En este contexto, ha explicado
que en consideración a que el artículo 83 de la Constitución advierte que la buena fe se
presume, sólo existirá temeridad cuando sea posible derivar un actuar procesal desleal
o esté demostrado que se trata de una actuación que se ha motivado en la mala fe.

37. En el presente asunto, la Sala encuentra que el 24 de abril de 2025, la señora
Gloria Inés Gómez Romero envió un único correo electrónico al que anexo el escrito
de tutela, entre otros, a direcciones de la Secretaría General del Consejo de Estado y
de la Secretaria del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil.
38.
Así, la misma solicitud de amparo que se tramitó en esta corporación también fue
adelantada ante el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Bogotá, por remisión del
escrito realizada por el citado tribunal superior, y a la que se le asignó el número de
identificación 11001-40-03-017-2025-00384-00. En dicho trámite, se dictó sentencia
el 9 de mayo de 2025, en la cual el juzgado resolvió:

PRIMERO. CONCEDER el amparo constitucional de los derechos fundamentales a la
vida y a la salud de la señora GLORIA INÉS GOMEZ ROMERO a través de apoderado
judicial en contra de EPS CAJACOPI, por las razones expuestas en la parte
considerativa de este proveído.

SEGUNDO. ORDENAR a la EPS CAJACOPI a través de su representante legal y/o
quien haga sus veces, que en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta sentencia proceda:

Autorizar, asignar y trasladar a la señora GLORIA INÉS GOMEZ ROMERO, a una
institución médica en la ciudad de Bogotá con la cual posea convenio, en compañía de
un familiar, y que preste el servicio o la especialidad de HEMATOLOGIA 4 NIVEL a fin
de que sea hospitalizada y reciba el tratamiento médico que le fuere ordenado.

TERCERO. ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD que en el
término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, se
comunique con la señora GLORIA INÉS GOMEZ ROMERO y realice un
acompañamiento continúo para dar efectividad a las ordenes impuestas en esta
decisión, adoptando las medidas dentro del ámbito de sus competencias y las funciones

18 Sentencia C-054 de 1993.

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02383-01
Accionante: Gloria Inés Gómez Romero
Accionados: Presidencia de la República y otros

legales y reglamentarias que considere necesarias para que la EPS se abstenga de
imponer trabas administrativas u obstáculos burocráticos a la accionante en la
prestación de los servicios de salud que requiere.

CUARTO. DESVINCULAR de este trámite a la UNIDAD MÉDICA ONCOLÓGICA
ONCOLIFE IPS SAS, INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, ALCALDIA
MAYOR DE BOGOTA y ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES, por lo expuesto19.

39. Además, la Sala verificó en la página de consulta de procesos de la Rama Judicial
Siglo XXI que contra dicha decisión no se interpuso impugnación, por lo que el
expediente fue remitido a la Corte Constitucional el 19 de mayo de 2015 para su
eventual revisión. Así mismo, constató en la plataforma de esa corporación que,
mediante auto del 29 de julio de 2025, la Sala de Selección de Tutelas Número Siete
de la Corte decidió no seleccionar para revisión el proceso de la señora Gómez
Romero, expediente radicado bajo el núm. T.11.206.714.
40. A juicio de la Sala, si bien tal y como quedó demostrado, una misma solicitud de
amparo dio lugar a que existiera duplicidad de trámites que adelantaron autoridades
judiciales distintas, no es posible concluir por tal razón, que la accionante Gloria Inés
Gómez Romero obró de mala fe o con deslealtad procesal. Como se advirtió en
párrafos anteriores, la actora remitió su escrito de tutela a varios correos electrónicos,
situación que obedece más a su desconocimiento sobre la forma, autoridad y dirección
electrónica encargadas de recibir y gestionar este tipo de solicitudes, que a una
intención deliberada de engañar o entorpecer la administración de justicia.
41. Por tal razón, en el presente caso no se configura una actuación temeraria por
parte de la accionante. Tal como lo ha señalado la Corte Constitucional, esta figura
solo se presenta «si la persona interesada ha obrado injustificadamente y de mala
fe»20, supuestos que, como se ha demostrado, no concurren en este proceso.
42.
Ahora, lo que la Sala encuentra evidente es que para el 15 de mayo de 2025,
fecha en que la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación dictó la
sentencia de primera instancia en el caso concreto, el Juzgado Diecisiete Civil
Municipal de Bogotá ya había resuelto favorablemente, mediante sentencia del 9 de
mayo de 202521, la acción de tutela presentada por la señora Gómez Romero, en la
cual amparó los derechos fundamentales invocados frente al actuar omisivo de la EPS
accionada.
43. En este contexto, existen dos fallos que resolvieron la misma controversia, de
manera favorable pues en ambos se concedió el amparo solicitado, lo cual contraviene
el principio constitucional del non bis in idem, en la medida en que se decidió dos

19 Transcrito con errores de texto
20
Sentencia SU-397 de 2022.
21 Debidamente notificada al día siguiente.

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veces sobre los mismos hechos y derechos fundamentales, lo que, a su vez,
desconoce el principio de seguridad jurídica.
44. Cabe destacar que el proceso tramitado ante el Juzgado Diecisiete Civil Municipal
de Bogotá no solo comparte identidad de partes y objeto con el adelantado ante esta
corporación, sino que, además, no fue seleccionado para revisión, circunstancia que
le otorga el carácter de cosa juzgada constitucional, figura que según jurisprudencia
de la Corte Constitucional22 se configura cuando se cumplen los siguientes requisitos:

(i) identidad de partes, para lo cual “al proceso deben concurrir [los mismos sujetos] e
intervinientes que resultaron vinculad[os] y obligad[os] por la decisión que constituye
cosa juzgada”; (ii) identidad de objeto, esto es, que “sobre lo pretendido existe un
derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una
relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos
consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente”.

45.
De igual forma, la jurisprudencia constitucional ha precisado que la cosa juzgada
opera cuando «una sentencia de tutela no es objeto de selección por parte de la Corte
Constitucional»23 y ha aclarado que «la existencia de cosa juzgada constitucional no
necesariamente se deriva la configuración de la temeridad»24.
46. Por lo anterior, y verificada la existencia de cosa juzgada constitucional, la Sala
no puede mantener los efectos jurídicos de la providencia del 15 de mayo de 2025
dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

IV. CONCLUSIÓN
47. Por las razones hasta consignadas, esta Sala revocará la sentencia del 15 de
mayo de 2025, proferida en la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, que concedió el amparo invocado; y en su lugar, dispondrá estarse a lo
resuelto en la sentencia del 9 de mayo de 2025 dictada por el Juzgado Diecisiete Civil
Municipal de Bogotá.
V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

22 Sentencia SU-150 de 2021.
23
Al respecto, ver sentencias SU-1219 de 2001 y T-322 de 2019.
24 Sentencia T-250 de 2021.

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FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 15 de mayo de 2025 que profirió la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta
providencia. En su lugar, quedará así:

PRIMERO: ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia del 9 de mayo de 2025,
dictada por el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Bogotá, en el proceso de tutela de
radicado núm. 11001-40-03-017-2025-00384-00, conforme a lo expuesto en esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

KVTB/EPG/SEJV

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