Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02385-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02385-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-02385-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
4 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02385-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: FABIÁN MAURICIO BORJA PÉREZ
TESIS: SE CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE
AMPARO POR INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA INMEDIATEZ.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO E IGUALDAD
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia de 3 de julio de 2025, mediante la cual la SECCIÓN CUARTA DEL
CONSEJO DE ESTADO declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor FABIÁN MAURICIO BORJA PÉREZ, actuando en nombre propio, en
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Actor: FABIÁN MAURICIO BORJA PORTELA
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso
y a la igualdad, los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN “C”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, al proferir la sentencia de 26 de enero de 2022, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 2016-00028-01.
I.2.- Hechos
Explicó que prestó servicios a la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA
EJÉRCITO NACIONAL por más de 19 años, donde se desempeñó como
ejecutivo y segundo comandante en los batallones de ingenieros Pedro Nel
Ospina y el número 40.
Señaló que siendo oficial en el batallón Pedro Nel Ospina se produjo una
pérdida de explosivos pertenecientes a una empresa privada al interior de uno
de los polvorines, que dio lugar a una denuncia penal en su contra que
correspondió al Juzgado 24 Penal Militar. En curso de la investigación se
evidenció la falta de un contrato de arriendo sobre los polvorines utilizados para
el almacenamiento de los explosivos, a pesar de lo cual se recibían pagos por
el bodegaje, sin que hubiera registro en el fondo interno del batallón, por lo cual,
al estar en servicio activo durante los hechos, fue incluido en el proceso penal
teniendo que rendir versión libre y el 10 de diciembre de 2014, mediante
resolución 10862 la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA, decidió retirarlo del
servicio activo.
El accionante atacó la mencionada resolución con medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho que fue conocida en primera instancia por el
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE GIRARDOT,
autoridad que mediante sentencia de 2 de febrero de 2021, negó las
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pretensiones teniendo como fundamento el acta número 6 de 15 de septiembre
de 2014 expedida por la JUNTA ASESORA DEL MINISTERIO DE DEFENSA
que por unanimidad decidió su retiro. También tuvo en cuenta las omisiones
relacionadas con el manejo de explosivos y el cobro irregular de dinero por
bodegaje, afectando la credibilidad y confianza en él a pesar de su destacada
trayectoria y reconocimiento institucional.
Por estar en descuerdo, presentó recurso de apelación que fue desatado por
la SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “C” DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, que mediante providencia de 26 de
enero de 2022, confirmó la decisión del JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE GIRARDOT.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio del actor, en el trámite del proceso ordinario, se materializaron 3
causales especiales de procedibilidad del amparo solicitado, defecto
sustantivo por haber sido retirado mediante la figura del retiro discrecional, sin
que pudiera controvertir los argumentos del acta 06 de 2014 como tampoco,
presentar los recursos administrativos, desconociendo el principio de
contradicción y derecho a ser oído, como elementos esenciales del debido
proceso.
Adujo que hubo inobservancia del artículo 104 del Decreto Ley 1790 de 14 de
septiembre de 20001 que exige evaluar la conducta y desempeño del militar
1 Por el cual se modifica el Decreto que regula las normas de carrera del personal de oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares.
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para justificar el retiro discrecional, lo cual no se acreditó como tampoco, que
su desempeño afectara gravemente el servicio.
Indicó que hubo ausencia de razonabilidad y proporcionalidad por cuanto su
desempeño contradice los fines del retiro discrecional que buscó mejorar el
servicio, y no se justificó que el retiro fuera necesario ni que existieran medios
menos lesivos para alcanzar los objetivos institucionales. Además, no tuvo
oportunidad de contradecir el contradecir el informe.
Sostuvo que el defecto sustantivo tuvo incidencia al no reconocer que la
resolución 10862 de diciembre 10 de 2014, vulneró el principio de legalidad y
que de haberse admitido habría declarado la nulidad del acto administrativo
demandado y el reintegro del actor al servicio activo del EJÉRCITO
NACIONAL, así como el reconocimiento de sus derechos salariales,
prestacionales y el tiempo de servicio ininterrumpido.
Advirtió que la SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “C” DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA incurrió en defecto fáctico por
cuanto ignoró que el retiro del actor se hubiera derivado del proceso militar 351
de 2014 sin que existiera una decisión judicial o administrativa que acreditara
su responsabilidad, prueba que evidenciaba que el retiro se basó en hechos no
demostrados vulnerando la presunción de inocencia; indicó que bajo la figura
del retiro discrecional el MINISTERIO DE DEFENSA emitió juicios de valor que
implicaban reproches disciplinarios sin sustento probatorio, en el que se alegó
pérdida de confianza y afectación a las razones del servicio sin acreditar hechos
que justificaran su desvinculación.
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Resaltó que hubo desconocimiento del proceso disciplinario conforme con la
Ley 836 de 20032, incurriendo en una indebida valoración de pruebas y por
tanto en defecto fáctico.
Aseveró que la SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “C” DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA incurrió en desconocimiento del
precedente al no tener en cuenta las sentencias SU-053 de 2015, SU 172 de
2015, y SU 288 de 2015 proferidas por la Corte Constitucional respecto del
deber de las autoridades de motivar los actos de retiro discrecional y
desconocimiento del debido proceso de los uniformados que son retirados de
la institución.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como violados y, en consecuencia:
“[…] Primera: CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales del
DEBIDO PROCESO (Art. 29 C.N.) y la IGUALDAD (Art. 13 C.N.) que le
asisten al señor FABIAN MAURICIO BORJA PEREZ, los cuales han sido
vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN C, quien en la sentencia proferida
el día 26 de Enero de 2022, expedida al resolver recurso de apelación
presentado dentro del trámite del Medio de Control de NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO promovido por FABIAN
MAURICIO BORJA PEREZ Y OTROS en contra de la NACIÓN-
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL distinguido con el Radicado N°
2016-00028, dispuso negar las pretensiones, incurriendo en las causales
contempladas por la sentencia C – 590 de 2005 bajo los nomen iuris de
“DEFECTO SUSTANTIVO”, “DEFECTO FÁCTICO” Y
“DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE”.
Segunda: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN VALOR NI
EFECTO la sentencia proferida el 26 de Enero de 2022 por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN C, la cual fue proferida dentro del trámite del Medio de
2 “Por la cual se expide el reglamento del régimen disciplinario para las fuerzas militares".
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Actor: FABIÁN MAURICIO BORJA PORTELA
Control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO promovido
por FABIAN MAURICIO BORJA PEREZ Y OTROS en contra de la
NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL distinguido con el
Radicado N° 2016-00028.
Tercera: Como resultado de la petición contenida en el numeral
SEGUNDO (2), ORDENAR a la SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN
SEGUNDA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
que dentro del término no mayor a ocho (08) días hábiles siguientes al
momento en que reciba el expediente, profiera sentencia en la cual se
resuelva lo siguiente:
1. Que se declare que es nula la Resolución No. 10862 de 10 de diciembre
de 2014, proferida por el Ministerio de Defensa Nacional, por medio de la
cual “se retira del servicio activo de las Fuerzas Militares a un Oficial
Superior del Ejército Nacional” y en la que se resolvió “retirar del servicio
activo de las Fuerzas Militares – Ejército Nacional, en forma temporal con
pase de reserva, “por retiro discrecional”, al Mayor (RA) BORJA PEREZ
FABIAN MAURICIO, identificado con la cedula de ciudadanía No. [...], a
partir de la fecha de expedición del presente acto administrativo, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 100 literal a) numeral 8
(modificado por el artículo 24 de la Ley 1104 de 2006) y artículo 104 del
Decreto Ley 1790 de 2000”.
2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a LA
NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA reintegrar al Mayor (RA) FABIAN
MAURICIO BORJA PEREZ al servicio activo del Ejército Nacional en el
grado que le corresponda por antigüedad conservando la precedencia que
tenía en el escalafón al momento del retiro.
3. Que como consecuencia de lo anterior se condene a LA NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA a pagar al Mayor (RA) FABIAN MAURICIO
BORJA PEREZ todos los salarios, primas, bonificaciones, vacaciones,
cesantías que se produzcan, aumentos de salario, prestaciones legales y
extralegales y demás emolumentos concurrentes al cargo, que le
correspondan y que haya dejado de percibir desde la fecha del retiro hasta
que se produzca el reintegro definitivo.
4. Que las sumas indicadas en el numeral anterior se actualicen aplicando
los índices de precios al consumidor certificados por el DANE, entre la
fecha del retiro y la fecha en que se profiera sentencia, y sobre ellas se
liquiden intereses a la tasa establecida en el artículo 1617 del Código Civil,
entre las mismas fechas. 5. Que se declare que, para todos los efectos
legales, no ha habido solución de continuidad en la prestación del servicio
por parte del mayor FABIAN MAURICIO BORJA PEREZ. 6. Que como
consecuencia de la anterior declaración se condene a LA NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA a pagar a FABIAN MAURICIO BORJA
PEREZ, MARCIA PAOLA PRECIADO ZORRO, MARIANA VALENTINA
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Actor: FABIÁN MAURICIO BORJA PORTELA
BORJA PRECIADO, FABIAN ANDRES BORJA PRECIADO, CESAR
ALEJANDRO BORJA PRECIADO, ELVIRA PEREZ DE BORJA, PAULINO
BORJA POVEDA, SONIA ESPERANZA BORJA PEREZ, WILSON
JAVIER BORJA PEREZ, JUAN CARLOS BORJA PEREZ y PABLO
CESAR BORJA PEREZ, el equivalente en pesos de cien (100) salarios
mínimos mensuales legales vigentes para cada uno de ellos, por concepto
de indemnización de los perjuicios morales ocasionados con la expedición
de los actos demandados. 7. Que se condene a LA NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA a pagar las costas procesales y agencias en
derecho. 8. Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos del
artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. Todo ello, ajustándose a la normatividad tanto
sustancial como procedimental vigente y tomando los correctivos
necesarios para el respeto de los Derechos Fundamentales del Debido
Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia del señor FABIAN
MAURICIO BORJA PEREZ. […]”. (Negrilla del texto).
I.5.- Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “C” DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA manifestó que la sentencia proferida
el 26 de enero de 2022 fue notificada el 2 de febrero de ese año, por lo que el
actor perdió la oportunidad para que el juez de tutela estudiara de fondo las
pretensiones, adujo que no se vulneraron los derechos fundamentales
invocados por el accionante, toda vez que la sentencia cuestionada se profirió
con fundamento en el análisis fáctico y jurídico correspondiente al caso.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- El JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
GIRARDOT remitió la copia digital del expediente 2016- 00028-00.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO, mediante sentencia de
3 de julio de 2025, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar
que no se cumplió con el requisito de la inmediatez, comoquiera que la
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Actor: FABIÁN MAURICIO BORJA PORTELA
providencia cuestionada de 26 de enero de 2022 fue notificada el 2 de febrero
del mismo año, mientras que la acción de tutela se presentó el 24 de abril de
2025, esto es, superando el término de 6 meses establecido por la
jurisprudencia constitucional.
Advirtió que aun cuando el actor sostuvo que la decisión adoptada por la
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “C” DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA presuntamente incurrió en defecto sustantivo, fáctico y
desconocimiento del precedente, tales afirmaciones no constituyen una
justificación válida para flexibilizar este presupuesto jurisprudencial, máxime
cuando no se allegó prueba sumaria que las sustente.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la decisión de primera instancia y solicitó que se revoque por
cuanto considera que el hecho vulnerador que dio lugar al retiro del servicio
activo del EJÉRCITO NACIONAL como consecuencia de la causal de retiro
discrecional, tiene y produce efectos de carácter continuo y permanente, siendo
una circunstancia excepcional descrita por la sentencia de unificación 02201
de 2014 proferida por el Consejo de Estado.
Alegó que el actor se encuentra en situación de debilidad que le impidió acudir
antes a este mecanismo de amparo constitucional, por lo que pidió flexibilizar
este presupuesto con el fin de salvaguardar sus derechos prestacionales, los
cuales son considerados imprescriptibles, por lo que solicita a la SECCIÓN
CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO no contar el plazo razonable que se
tiene para presentar la acción de tutela y en su lugar admitir que se cumple el
requisito de inmediatez.
Para el efecto, aportó la resolución 2031 de 6 de marzo de 2015 expedida por
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el MINISTERIO DE DEFENSA, mediante la cual se ordena el reconocimiento y
pago de la asignación de retiro al actor.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de
noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida
en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º
del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80
de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
que regula la distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009-
01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, consejera María Elizabeth García
González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras
a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de
derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros
jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de
2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros
pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual
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fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del consejero Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos
generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede
entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de
tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los
mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la
defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales,
de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es,
de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años
después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de
resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que
la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
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impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. No
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si
la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales,
tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de
imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en
el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la
acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias
a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el
actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al
interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender
la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates
sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
[…] Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que
proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario
acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de
procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este
sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra
una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o
defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
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un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación
reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Negrilla fuera del texto).
Caso concreto
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende que se deje
sin efecto la providencia de 26 de enero de 2022, proferida por la SECCIÓN
SEGUNDA SUBSECCIÓN “C” DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, por medio de la cual confirmó la sentencia dictada el 2 de
febrero de 2021 por el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE GIRARDOT, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
2016-00028-01, y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a resolver
consiste en determinar si en el presente caso se debe confirmar, modificar o
revocar la decisión del a quo, para lo cual se verificará si se cumplen con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial, especialmente el requisito de la inmediatez.
En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
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en especial, el requisito de la inmediatez.
Requisito general de procedencia de la inmediatez cuando se
controvierten providencias judiciales
Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha sostenido, de
manera reiterada, que la acción de tutela está instituida como un mecanismo
ágil para obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales que
se consideran vulnerados; y que aunque no tenga previsto un término de
caducidad para su presentación, es necesario que se invoque tal protección
dentro de un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso
injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y la gravedad
de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del mecanismo […]”3.
Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso, para
determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el momento en que
ocurre la presunta vulneración de los derechos y la instauración de la tutela.
Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción constitucional
se ejerce contra una providencia judicial, en razón a que exige un examen más
riguroso en aras de preservar los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica y de salvaguardar el interés de terceros, cuya situación podría verse
injustamente afectada por el otorgamiento tardío de la protección
constitucional. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que4:
3
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
4
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
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Actor: FABIÁN MAURICIO BORJA PORTELA
“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de inmediatez
responde a necesidades adicionales. En primer lugar, proteger derechos
de terceros que pueden verse vulnerados por una tutela ejercida en un
plazo irrazonable, caso en el que ‘se rompe la congruencia entre el medio
de protección y la finalidad que se busca: la protección integral y eficaz de
los derechos fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir
que el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En tercer
lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional como herramienta
supletiva de la propia negligencia’ en la agencia de los derechos […]”.
En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, sostuvo5:
“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la
protección de las garantías constitucionales y el respeto a la seguridad
jurídica y los derechos de terceros afectados.
[…]
De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la situación que
vulnera o amenaza vulnerar un derecho fundamental sea un elemento
consustancial para la protección que se ofrece.
Este requisito que opera de forma general frente a todas las acciones
de tutela es más estricto cuando se interpone contra providencias
judiciales, por lo que, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, ‘si se
deja pasar un tiempo significativo desde el hecho vulneratorio de los
derechos, resulta claramente desproporcionado el control constitucional
de una providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe mediar
un término razonable entre la ejecutoria de la decisión judicial que se
aduce como violatoria de los derechos fundamentales del accionante y la
presentación de la acción de tutela para buscar su amparo.
[…]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción
se ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza
la realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.
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cosa juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de
certeza material, que la hace definitiva e inmutable.
[…]
[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el
caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales
se ejerce oportunamente […]”. (Negrilla fuera de texto).
En ese sentido, la Sala advierte que de acuerdo con las constancias obrantes
en el expediente del proceso origen de la controversia, visible en el aplicativo
de consulta SAMAI6, la providencia de 26 de enero de 2022, aquí cuestionada,
por medio de la cual se decidió en segunda instancia el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el actor, fue notificada el
2 de febrero de ese año.
Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la referencia se
presentó el 24 de abril de 2025, esto es, transcurridos más de 3 años, 2
meses y 28 días, en consecuencia, superados así los 6 meses que han sido
estimados por la jurisprudencia como término razonable para impugnar por vía
de tutela el contenido de una decisión judicial.
En cuanto al requisito relativo a la condición de debilidad manifiesta, conviene
traer a colación las precisiones hechas por esta Sección en sentencia de 28 de
mayo de 20157 mediante la cual ha establecido los criterios que deben tenerse
en cuenta para analizar el requisito de la inmediatez en estos casos
particulares, especialmente, el que hace referencia a la “condición de debilidad
manifiesta”, en la que señaló:
6
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=2530733400022016000
28012500023.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de mayo
de 2015, C.P. María Elizabeth García González, radicación número: 11001- 03-15-000-2015-00001-01.
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“[…] Pues bien, comoquiera que por medio de la providencia transcrita, se
estableció “el criterio que, en adelante observará la Sala para analizar la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias que traten de
prestaciones periódicas”; en casos como el presente, en que se
controvierte una sentencia relacionada con la reliquidación de una
prestación periódica, se ha acudido al citado lineamiento
Jurisprudencial de manera invariable, para determinar si el hecho de
haber superado el plazo prudencial para interponer la acción de tutela
merece ser tratado en forma especial, esto es, a la luz de los criterios de
”que i) se demuestre que la vulneración de los derechos permanece en el
tiempo, esto es, que es continua y actual, pese a que el hecho que la
originó sea muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y que ii)
el actor se encuentre en un condición de debilidad manifiesta.”
Sin embargo, cuando el tema ha involucrado prestaciones periódicas en
las modalidades de pensión o asignación de retiro, la aplicación de
dichos criterios frente al requisito de la inmediatez, en cada caso concreto,
ha dado lugar a soluciones divergentes, habida cuenta de que la Sala ha
aceptado que el pensionado, por el simple hecho de serlo, ostenta una
calidad que le permite enervar dicho requisito de procedibilidad, pero
también ha entendido que en ocasiones se requieren elementos
adicionales a tal condición para proceder al estudio de fondo […]
Dichas divergencias merecen ser precisadas y, por lo tanto, en esta
oportunidad la Sala, con el propósito de unificar su Jurisprudencia,
determinará como lineamiento único y preciso, en cuanto a la exigencia o
no del requisito de inmediatez de la tutela contra providencias judiciales,
cuando el solicitante del amparo constitucional es un pensionado o
persona que goza de Asignación de Retiro, que tal condición no es per
se circunstancia que permita enervar el citado requisito, habida cuenta de
que es necesario que confluyan elementos adicionales que permitan
concluir que el actor se encuentra en “la especial situación” que
“convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de
acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros”, tal como
lo ha señalado la Corte Constitucional en sentencia T-158 de 2006 y esta
Sala en el Expediente núm. 2013-02423-01, Consejero Ponente doctor
Marco Antonio Velilla Moreno.
Obsérvese que la Corte cita, solo a manera de ejemplo, algunas
circunstancias que pueden tenerse en cuenta para determinar si el actor
está o no en una ESPECIAL SITUACIÓN, que justifique su inactividad en
el tiempo frente a la defensa de sus derechos, dentro de las cuales sugiere
“el estado de indefensión, abandono, minoría de edad, incapacidad física,
entre otras…” sin que éstas constituyan taxatividad alguna. Justamente
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por ello, esta Sala introdujo dentro de dicha lista al pensionado, por tratarse
de un sujeto de protección especial, conforme lo ha determinado la
Jurisprudencia Constitucional.
Pero, ocurre que el concepto de sujeto de especial protección incluye,
además de los pensionados, a otros grupos de personas, tales como:
indígenas, padres y madres cabeza de familia, mujer embarazada,
menores de edad, minusválidos, ancianos, defensores de derechos
humanos, enfermos graves, desplazados, entre otros; sin que sea
aceptable concluir que en todos los casos, éstos resulten eximidos
de cumplir el requisito de procedibilidad de inmediatez, cuando
acudan a la tutela para obtener la pérdida de efectos de una
providencia judicial, por el solo hecho de ser denominados sujetos
de especial protección […]”. (Destacado fuera del texto).
Así las cosas, se evidencia que el actor argumentó que no acudió de manera
oportuna a este mecanismo de amparo constitucional debido al
desconocimiento jurídico- legal y jurisprudencial respecto del plazo para
interponer la acción de tutela contra sentencias judiciales, lo cual no se
considera debilidad manifiesta.
Para el efecto, aportó la Resolución 2031 de 6 de marzo de 2015, proferida por
el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - CAJA DE RETIRO DE LAS
FUERZAS MILITARES, a través de la cual se liquidó y reconoció a favor del
actor, la asignación de retiro, pero no evidencia que se vulneren los derechos
fundamentales invocados.
En tal virtud, la Sala considera que, si bien la resolución aportada al expediente
da cuenta de la decisión de retirar al actor, por sí sola no justifica la inactividad
procesal del actor ni constituye un obstáculo insuperable para el ejercicio
oportuno de la acción de tutela. Esta conclusión se refuerza ante la ausencia
de otros elementos probatorios que den cuenta de la persistencia e impacto de
dicha situación a lo largo del tiempo, máxime cuando los documentos
aportados datan del año 2015, no obstante que la sentencia cuestionada se
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notificó el 2 de febrero de 20228 y la presente solicitud de amparo fue
promovida el 24 de abril de 2025.
Cabe resaltar que, aunque la acción de tutela se instauró contra una
providencia en la que se confirmó negar las pretensiones de la demanda
proferida por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “C”- DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, negándole el reintegro al EJÉRCITO
NACIONAL, esto no significa que automáticamente se omita el examen del
requisito de la inmediatez, simplemente se atenúa su rigurosidad, siempre y
cuando el accionante demuestre en el proceso que la afectación o vulneración
ha sido continuada en el tiempo y que padece de una situación de especial
vulnerabilidad, por un estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría
de edad, incapacidad física, entre otros, circunstancias que no fueron
acreditadas en el caso sub examine.
Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la decisión del a quo que
declaró improcedente el amparo solicitado por carencia del requisito general
de la inmediatez, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente providencia.
8
Se resalta que en el medio de control cuestionado el actor actuó a través de un profesional del derecho.
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de septiembre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
OSWALDOGIRALDOLÓPEZ GERMÁNEDUARDOOSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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