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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02393-00

Fecha
29 de mayo de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02393-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE FACATATIVÁ, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 32 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02393-00 Actor: JAIME AVADIA MÉNDEZ PEDROZA SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02393-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

29 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02393-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JAIME AVADIA MÉNDEZ PEDROZA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR FALTA DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. EL ACTOR PRETENDE CUESTIONAR UNA
DECISIÓN JUDICIAL COMO SI ESTE MECANISMO SE TRATASE DE UN
RECURSO O INSTANCIA ADICIONAL AL PROCESO ORDINARIO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD
JURÍDICA Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida el actor

contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02393-00
Actor: JAIME AVADIA MÉNDEZ PEDROZA

El señor JAIME AVADIA MÉNDEZ, actuando a través de apoderado

judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica y al acceso

a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados por el

TRIBUNAL al haber proferido la providencia de 13 de noviembre de

2024, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho identificado con el número único de radicación 25269-33-

33-003-2019-00144-01.

I.2.- Hechos

Afirmó que laboró al servicio de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA

MUNICIPAL TÉCNICA COMERCIAL SANTA BARBARA2 en el

cargo de auxiliar de servicios generales, bajo diferentes órdenes de

prestación de servicios los cuales tuvieron los siguientes extremos

temporales.

2
En adelante la Institución.

3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02393-00
Actor: JAIME AVADIA MÉNDEZ PEDROZA

Adujo que mientras trabajó en la INSTITUCIÓN prestó sus servicios

desempeñando las funciones asignadas y cumpliendo el horario

establecido de 8 horas diarias.

Sostuvo que el 22 de enero de 2019 presentó reclamación de

contrato realidad y el pago de las respectivas prestaciones sociales

ante la ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ,

CUNDINAMARCA3 que, a través de Oficio de 29 de enero de 2019,

expedido por el secretario jurídico, denegó la solicitud.

Manifestó que inconforme con lo anterior, presentó demanda en

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho contra de la ALCALDÍA, proceso que fue identificado con el

3
En adelante la Alcaldía.

4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02393-00
Actor: JAIME AVADIA MÉNDEZ PEDROZA

número único de radicación 2019-00144-00 y le correspondió en

primera instancia al JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL

CIRCUITO DE FACATATIVÁ4 que, mediante providencia de 29 de

septiembre de 2023, declaró la nulidad parcial del Oficio de 29 de

enero de 2019 y, en consecuencia, accedió a las pretensiones de la

demanda.

Refirió que contra la aludida decisión interpuso recurso de apelación

el cual fue resuelto por el TRIBUNAL que, mediante providencia de

13 de noviembre de 2024, confirmó parcialmente la decisión del a

quo y, en su lugar, modificó los numerales tercero y cuarto de la

sentencia apelada en el sentido de declarar la prescripción de las

prestaciones sociales que se pudieron causar en los períodos

comprendidos entre el 1o. de febrero de 2013 al 24 de enero de 2014

y de 23 de noviembre de 2014 al 22 de enero de 2015.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto

factico, por cuanto no comprobó la suspensión contractual y valoró

4
En adelante el Juzgado.

5

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02393-00
Actor: JAIME AVADIA MÉNDEZ PEDROZA

erróneamente las interrupciones acreditadas entre cada uno de los

contratos celebrados, pues, coincidían con las vacaciones escolares.

Indicó que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica y al acceso

a la administración de justicia, por cuanto efectuó una valoración

contraria al acervo probatorio que aportó en el proceso, pues

consideró que dentro de los períodos de ejecución laboral no existió

suspensión contractual.

Adujo que relacionó de manera clara los extremos temporales de

cada uno de los contratos que celebró, así como el número de días

trascurridos entre uno y otro; no obstante, alegó que el TRIBUNAL

los interpretó de manera errónea al establecer que el accionante

había celebrado cinco contratos de prestación de servicios y no seis

como ya había probado en la primera instancia.

Aseveró que el a quo, también incurrió en defecto procedimental,

toda vez que excluyó de la valoración probatoria el testimonio del

señor GUSTAVO ADOLFO LOZANO MORENO como rector de la

INSTITUCIÓN, por cuanto consideró que se daba aplicación a lo

establecido en el artículo 195 del Código General del Proceso.

6

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Actor: JAIME AVADIA MÉNDEZ PEDROZA

Finalmente, indicó que el TRIBUNAL incurrió en un desconocimiento

del precedente y trajo a colación las sentencias SU-2013-011435 y

2011-00304-016, que tratan sobre la prescripción extintiva de

derechos laborales y las prestaciones sociales a pagar en la

modalidad de reparación de daño frente a la figura del contrato

realidad.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados

como violados y, en consecuencia:

“[…] dejar sin valor ni efecto jurídico alguno, la sentencia judicial
de segunda instancia de fecha noviembre 13 de 2024 -notificada
electrónicamente en noviembre 18 de 2024-, dictada por la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, con ponencia del Magistrado Dr. Samuel José
Ramírez Poveda, dentro del expediente número 25269 3333 003
2019 00144 01.

SEGUNDA. - Como consecuencia de la anterior declaración,
ordénese a la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con ponencia del Magistrado
Dr. Samuel José Ramírez Poveda que, en el término de 15 días
hábiles, profiera nueva sentencia en sede de segunda instancia,
en consonancia con las consideraciones que para el caso imparta
el juez constitucional de tutela […]” (Negrilla pertenece al
texto).

5
Consejo de Estado, Sección Segunda, SU-1317-2016, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01.
6
Consejo de Estado, Sección Segunda, Radicado: 50001-23-31-000-2011-00304-01, M.P. Carmelo
Perdomo Cueter.

7

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Actor: JAIME AVADIA MÉNDEZ PEDROZA

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL, luego de hacer un recuento de las actuaciones

que se surtieron en primera instancia, indicó que valoró en su

integridad las pruebas obrantes dentro del expediente y dio

aplicación a las normas pertinentes con el fin de proferir una decisión

en derecho que garantizara el debido proceso de las partes.

Adujo que dio aplicación al precedente jurisprudencial establecido por

el Consejo de Estado sobre el asunto en estudio, consistente en que

para determinar si había existido una relación laboral entre las partes

que diera lugar al pago de las prestaciones sociales, se debía verificar

cada una de las certificaciones y contratos aportados al proceso con

el fin de probar las fechas en que fueron ejecutados cada uno de ellos

y contrastar la procedencia del pago de las prestaciones sociales

reclamadas.

Resaltó que, tal como lo estableció en la decisión recurrida, cuando

se prueba la existencia de una relación laboral pero la reclamación

se presenta después de transcurridos tres años desde la terminación

del vínculo laboral, prescribe el derecho a reclamar las prestaciones

sociales, con excepción a los aportes a pensión, por lo que deben

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02393-00
Actor: JAIME AVADIA MÉNDEZ PEDROZA

descontarse los días no laborados e interrupciones o suspensiones a

las que hubiera lugar.

Finalmente, aseveró que la providencia fue decidida con suficiente

motivación dentro del debido proceso, por lo que considera

improcedente la presentación de la acción de tutela.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL

CIRCUITO DE FACATATIVÁ desarrolló un resumen de las

actuaciones adelantadas en primera instancia y, posteriormente,

precisó que el fallo se profirió como consecuencia del análisis de los

elementos de hecho y de derecho aplicables al caso, por lo que lo

actuado no constituye violación a las garantías constitucionales y,

como consecuencia, solicitó su desvinculación de la presente acción

constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02393-00
Actor: JAIME AVADIA MÉNDEZ PEDROZA

abril de 2021 y en virtud y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la Litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO

DEL CIRCUITO DE FACATATIVÁ solicitó su desvinculación en la

presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por

pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02393-00
Actor: JAIME AVADIA MÉNDEZ PEDROZA

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).

Ahora bien, comoquiera que el JUZGADO TERCERO

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE FACATATIVÁ fue quien

conoció en primera instancia del medio de control de nulidad y

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02393-00
Actor: JAIME AVADIA MÉNDEZ PEDROZA

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 25269-33-33-003-2019-00144-01, objeto de

cuestionamiento, le asiste interés directo en las resultas del proceso

constitucional de la referencia, razón por la cual la Sala denegará su

solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por

pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de

la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02393-00
Actor: JAIME AVADIA MÉNDEZ PEDROZA

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02393-00
Actor: JAIME AVADIA MÉNDEZ PEDROZA

ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02393-00
Actor: JAIME AVADIA MÉNDEZ PEDROZA

sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado .[11]

15

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02393-00
Actor: JAIME AVADIA MÉNDEZ PEDROZA

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efectos la providencia de 13 de noviembre de 2024,

proferida por el TRIBUNAL, mediante la cual se confirmó

parcialmente la sentencia de 29 de septiembre de 2023 y se

modificaron los numerales tercero y cuarto de la sentencia apelada

dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 2019-00144-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica y al acceso

a la administración de justicia, habida cuenta que, a juicio del actor,

la autoridad judicial incurrió en defecto fáctico al no valorar las

pruebas en las que se evidenciaba que no hubo suspensión

contractual entre cada uno de los contratos celebrados, así como no

valorar el hecho de que las interrupciones a las que hizo referencia

coincidían con las vacaciones escolares.

Igualmente, adujo que la providencia judicial cuestionada, también

incurrió en defecto procedimental, toda vez que no valoró de

manera integral el acervo probatorio al excluir el testimonio del señor

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02393-00
Actor: JAIME AVADIA MÉNDEZ PEDROZA

GUSTAVO ADOLFO LOZANO MORENO como rector de la

INSTITUCIÓN por considerar que gozaba de la calidad de

representante legal de la misma, aun cuando esta recaía en quien

para ese momento era el alcalde del municipio por lo que no le

aplicaba lo establecido en el artículo 195 del Código General del

Proceso.

Finalmente, indicó que el TRIBUNAL incurrió en un desconocimiento

del precedente y trajo a colación las sentencias SU-2013-011437 y

2011-00304-018, que tratan sobre la prescripción extintiva de

derechos laborales y las prestaciones sociales a pagar en la

modalidad de reparación de daño frente a la figura del contrato

realidad.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

7
Consejo de Estado, Sección Segunda, SU-1317-2016, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01.
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, Radicado: 50001-23-31-000-2011-00304-01, M.P. Carmelo
Perdomo Cueter.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02393-00
Actor: JAIME AVADIA MÉNDEZ PEDROZA

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional9, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».10

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación11, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

9
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
10
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02393-00
Actor: JAIME AVADIA MÉNDEZ PEDROZA

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [12]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [13].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [14].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [15].

[12] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[13] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[14] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[15] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal

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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [16]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[16] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

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simplemente debido proceso [17].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [18]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU- 215 de 2022,

precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las

siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la

[17] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[18] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

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económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia

que propone el actor respecto de los defectos alegados implica la

reapertura de un asunto que ya fue resuelto en sede ordinaria y del

cual se pretende constituir una instancia adicional.

En efecto, la divergencia surge del hecho según el cual la autoridad

judicial accionada declaró prescritas las prestaciones sociales que se

causaron desde el 1o. de febrero de 2013 hasta el 24 de enero de

2014 y desde el 23 de noviembre de 2014 hasta el 22 de enero de

2015, además de imponer una condena por concepto de prestaciones

sociales iguales a las que se le reconocieron a los empleados de

planta en los períodos restantes, decisión que, a juicio del actor, es

contraria a lo resuelto por el juez de primera instancia.

A lo anterior se suma el hecho de que considera que no se tuvo en

cuenta que los períodos de presunta suspensión contractual

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correspondían a las interrupciones causadas por las vacaciones

escolares y no a interrupciones por terminación contractual.

Adicionalmente, pretende que el juez de tutela haga un nuevo

examen integral de las pruebas con el fin de tener en cuenta la

declaración del señor GUSTAVO ADOLFO LOZANO MORENO quien

para ese momento fungía como rector de la institución y a quien se

le recepcionó su testimonio en el proceso de primera instancia, por

lo que la sala observa que el TRIBUNAL en la sentencia cuestionada

realizó un análisis de las pruebas obrantes en el expediente, así como

de la situación fáctica y jurídica dispuesta para el asunto que lo

llevaron a concluir que aquel testimonio implicaba una confesión que

repercutía en contra de la INSTITUCIÓN por fungir para ese

momento como representante legal de la entidad accionada, por lo

que decidió no tenerla en cuenta.

Lo anterior, además de que carece de una perspectiva constitucional,

gira en torno a la inconformidad con la decisión adoptada por el juez

natural del asunto, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL, así:

“[…] 5.2III. CASO CONCRETO

Lo probado en el proceso.

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Dentro del expediente se encuentra demostrado que el demandante
suscribió con la Secretaría Distrital de Integración Social, contratos de
prestación de servicios entre los años 2013 y 2018, que corresponden
a los siguientes:

[…] Respecto a la vocación de temporalidad de los contratos, la Sala
encuentra que se constató que se suscribieron en total de seis (6)
contratos de prestación de servicios, que se extendieron en el tiempo
desde el 1° de febrero de 2013 al de junio de 2018, lo que, haría
perder su carácter excepcional, además, con los implementos de la
entidad contratante y en la sede de la misma. Además, se trata de
labores complementarias al logro de los propósitos de la accionada,
que no dejaban campo a la autonomía en la medida que su labor se
centraba en realizar el aseo de las instalaciones, lo que implicaba que
estuviese disponible durante el tiempo que fuese requerido y sin
posibilidad de apoyarse en otras personas para realizar dichas tareas.

En este punto, se advierte que el a quo, dispuso el reconocimiento de
las prestaciones sociales y acreencias laborales. Al respecto, el hecho
que se declare la desnaturalización de los contratos de prestación de
servicios suscritos y de lugar al pago de prestaciones sociales a quien
fue vinculado bajo esta modalidad, no por ello, adquiere el derecho
que se le otorgue la calidad de empleado público, pues deben darse
los presupuestos de nombramiento y su posesión.

Sobre el particular, ha de tenerse en cuenta la posición jurisprudencial
unificada del Consejo de Estado, ratificada en providencia del cuatro
(4) de marzo de dos mil veintiuno (2021), Radicación número: 81001-

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23-39-000-2016-00118-01(1717-18), que indicó:

“Tampoco es dable reconocer las diferencias salariales que podrían
existir entre los servidores de planta que prestaban el servicio de
auxiliares de enfermería y lo devengado por la accionante, por cuanto
acceder a ello sería, como ya se dijo, otorgarle la calidad de empleada
pública que no tiene; por ende, no es beneficiaria de todas las
condiciones salariales a las que tendría derecho el personal vinculado
a la planta de la entidad demandada20…” (Subraya de la Sala)

Conforme lo ha indicado el Consejo de Estado, la demandante tiene
derecho solo al reconocimiento de las prestaciones sociales de
carácter legal, esto es, las correspondientes a las consagradas
en el artículo 5° del Decreto 1045 de 1978, siempre y cuando
hayan sido devengadas y no correspondan a una entidad de
previsión21, que para el momento de los hechos devengaba su cargo
análogo y las reconocidas por el sistema integral de seguridad social,
salvo las extralegales, lo que impone modificar el numeral cuarto
de la sentencia apelada para precisar al respecto.

Asimismo, se adicionará para disponer que la entidad accionada al
momento de cumplir la condena impuesta en este fallo deberá
determinar las prestaciones sociales ordinarias que serán objeto de
liquidación a favor del accionante en igualdad de condiciones que el
empleado de planta análogo que desarrolle similares funciones,
siempre que cumpla con los presupuestos legales y conforme a lo
indicado en precedencia.

IV. PRESCRIPCIÓN EN LOS CONTRATOS REALIDAD

Sobre el particular, el H. Consejo de Estado en Sentencia CE-SUJ2
No. 5 de 2016 proferida por la Sección Segunda el 25 de agosto de
2016, con ponencia del Consejero Dr. Carmelo Perdomo Cuéter,
dentro del proceso No. 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-
2015), en la que se trató el tema debatido y en detalle lo atinente al
fenómeno de la prescripción del derecho reclamado.[1]

Así entonces, los criterios allí establecidos, serán acogidos en su
integridad, por tratarse de una sentencia de unificación proferida por
el Máximo Tribunal de esta jurisdicción, por consiguiente, en aquellos
eventos en los que se busca declarar la existencia de una relación
laboral y el consecuente restablecimiento del derecho, el término de
prescripción consagrado en el Decreto 3135 de 1968, para los
derechos que surgen de la declaratoria de una relación laboral, debe
contarse dentro de los 3 años siguientes a la terminación del
vínculo contractual respecto del que pretendían que se

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declarara la existencia del derecho, excluyendo de su aplicación
aquellas prestaciones que son de naturaleza pensional, como lo son
los aportes para el sistema de seguridad social.

Por manera, cuando se prueba la existencia de una relación laboral
pero la reclamación se presenta después de pasados los 3 años
contados desde la terminación del vínculo contractual, prescribe el
derecho a reclamar las primas, bonificaciones y demás emolumentos,
con excepción de los aportes a pensión.

Igualmente, en la citada providencia se estimó que “en aquellos
contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de
interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la
prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que
uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio.”

Igualmente, se orientó que en cada caso concreto se debe establecer
si se cumplió o no el término de la solución de continuidad en la
relación laboral, que es de 15 días hábiles [2], para determinar si la
prescripción se debe empezar a contar desde la fecha de
finalización del último contrato de prestación de servicios,
cuando no hay solución de continuidad, o de cada uno de ellos
si es que se superó dicho término […].

Del mismo modo, precisó que “… la existencia de vinculaciones
contractuales consecutivas hace necesario el examen de sus
interrupciones, con el fin de establecer si se presentó o no la solución
de continuidad en la relación laboral declarada. En ese sentido, la Sala
considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días
hábiles como indicador temporal de la no solución de
continuidad entre contratos sucesivos de prestación de
servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa de fuerza»
para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los
elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de
determinar si se presentó o no la rotura del vínculo que se reputa
laboral”. (Subraya extratexto)

Acogidos los criterios jurisprudenciales antes citados, en el presente
asunto, cotejados los medios documentales de prueba allegados al
expediente, se confirma que la activa, reclamó el día 22 de enero de
2019 ante la entidad demandada, el reconocimiento y pago de las
acreencias laborales derivadas de los contratos de prestación de
servicios suscritos y que el último contrato celebrado culminó el 08
de junio de 2018, lo que significa que no se configuro el fenómeno

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de la prescripción extintiva del derecho, de acuerdo a las reglas
trazadas en la mencionada providencia unificatoria. Sin embargo, se
advierte se presentaron algunas interrupciones, las cuales se procede
a examinar:

De la relación que se viene de realizar, entre el contrato No. 093
que finalizó el 30 de noviembre de 2013 y el contrato No. 204 que
inició el 24 de enero de 2014, ocurrió una interrupción de 36 días,
seguidamente, entre el contrato No. 204 que finalizó el 23 de
noviembre de 2014 y el contrato No. 029 que inició el 22 de enero de
2015, ocurrió una interrupción de 38 días, luego, entre el
contrato 029 que finalizó el 21 de noviembre de 2015 y el contrato
No. 186 que inició el 01 de febrero de 2016, se evidenció una
interrupción de 46 días, posteriormente, entre el contrato No.
186 que finalizó el 30 de noviembre de 2016 y el contrato No. 112
que inició el 23 de enero de 2017, ocurrió una interrupción de 35
días, finalmente, entre el contrato No. 112 que finalizó el 22 de
noviembre de 2017 y el contrato No. 379 que inició el 25 de enero de
2018, ocurrió una interrupción de 40 días.

Por consiguiente, se concluye que el señor Jaime Abadía Méndez,
en realidad, tuvo cinco vinculaciones, así: (i) del 1° de febrero de
2013 al 24 de enero de 2014; (ii) del 23 de noviembre de 2014
al 22 de enero de 2015; (iii) del 21 de noviembre de 2015 al 01
de febrero de 2016, (iv) del 30 de noviembre de 2016 al 23 de
enero de 2017 y, (v) del 22 de noviembre de 2017 al 08 de junio
de 2018. […]

Así las cosas, la parte actora tiene derecho al reconocimiento y pago
de las prestaciones que se causaron respecto a los periodos

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comprendidos entre el 21 de noviembre de 2015 al 01 de febrero
de 2016, del 30 de noviembre de 2016 al 23 de enero de 2017
y del 22 de noviembre de 2017 al 08 de junio de 2018 (fecha
de culminación último contrato), pues el derecho a reclamar la
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas
en relación con los demás contratos, se extinguió por el paso del
tiempo, en virtud de la prescripción trienal antes mencionada.

Bajo las consideraciones anteriores, se confirmará parcialmente la
decisión del juez que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, puesto que se modificará el numeral cuarto en el
sentido de ordenar como restablecimiento del derecho que el
Municipio de Facatativá, pague al señor Jaime Avadía Méndez
identificado con cédula de ciudadanía 11.428.808 de Facatativá, las
prestaciones sociales comunes y ordinarias iguales a las que se
reconocieron a los empleados de planta de la entidad demandada,
correspondientes al periodo del 21 de noviembre de 2015 al 01 de
febrero de 2016, del 30 de noviembre de 2016 al 23 de enero
de 2017 y del 22 de noviembre de 2017 al 08 de junio de 2018
(salvo las interrupciones advertidas), pues si bien el contrato de
prestaciones se desnaturalizó desde la vinculación del demandante a
la entidad, lo cierto es, que al haber operado el fenómeno de la
prescripción, solamente se reconocerá los periodos antes señalados.

Así mismo, se declarará probada parcialmente la excepción de
prescripción propuesta por la entidad demandada en los términos
plasmados en esta providencia; y en tal sentido se modificará el
numeral tercero de la sentencia, para declarar prescriptas las
prestaciones sociales que pudieron causarse a favor del demandante
en los periodos comprendidos entre el 1° de febrero de 2013 al 24
de enero de 2014 y del 23 de noviembre de 2014 al 22 de enero
de 2015. […]”.

En el caso bajo examen, la Sala observa que en la providencia

cuestionada el TRIBUNAL hizo un análisis de los contratos de

prestación de servicios celebrados por el actor y, una vez verificados

sus extremos temporales, resolvió que procedía el pago de las

prestaciones que se causaron respecto a los períodos comprendidos

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entre el 21 de noviembre de 2015 al 1o. de febrero de 2016, del 30

de noviembre de 2016 al 23 de enero de 2017 y del 22 de noviembre

de 2017 al 8 de junio de 2018, pues en relación con los demás

contratos, es decir, los períodos comprendidos entre el 1o. de febrero

de 2013 al 24 de enero de 2014 y del 23 de noviembre de 2014 al

22 de enero de 2015, la aplicación del principio de la primacía de la

realidad sobre las formalidades se había extinguido por el paso del

tiempo.

Aunado a lo anterior, la Sala observa que en la providencia

cuestionada el TRIBUNAL realizó un análisis completo del material

probatorio que le permitió estudiar la procedencia de un contrato

realidad y, así mismo, identificar que la valoración del testimonio del

rector de la INSTITUCIÓN no debió ser tenida en cuenta por haber

fungido como representante legal de la misma, aspecto que

implicaba una confesión contra la entidad que representaba.

Conforme con lo anterior, la Sala advierte que la acción de tutela de

la referencia es improcedente por falta del requisito general de

la relevancia constitucional, porque a través de esta el actor lo

que pretende es cuestionar una decisión judicial como si este

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mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional al proceso

ordinario, trayendo argumentos que ya fueron suficientemente

debatidos por los jueces naturales del litigio, sin que en todo caso se

vislumbre que la autoridad judicial accionada hubiera actuado de

forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio

de la autonomía judicial.

Lo anterior significa que lo pretendido por el actor es que el juez de

tutela haga un nuevo análisis jurídico de las normas y reglas

jurisprudenciales aplicables al asunto, con la finalidad de que se haga

una corrección del análisis que hizo la autoridad judicial accionada y

se acoja la interpretación que propone, como si el mecanismo de

amparo constitucional fuera una instancia o recurso adicional a los

previstos en el trámite ordinario.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino

una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como si

este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en

relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la

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autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela

un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la

competencia y la independencia del juez ordinario.

En consecuencia, la Sala declarará improcedente la presente acción

de tutela por carencia del requisito general de la relevancia

constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación presentada por

el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

JUDICIAL DE FACATATIVÁ, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

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SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de mayo de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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