Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02393-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02393-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-02393-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
26 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D. C., 26 de septiembre de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02393-01
Demandante: Jaime Avadia Méndez Pedroza
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda
– Subsección C
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto fáctico – Ampara|
Desconocimiento del precedente - Niega
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia mediante la cual el tribunal
accionado confirmó parcialmente y modificó los numerales tercero y cuarto de la decisión
que accedió a las pretensiones de la demanda.
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el accionante
contra la Sentencia de tutela de 29 de mayo de 2025, por medio de la cual
la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud
de amparo, por no superar el requisito de relevancia constitucional1.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 24 de abril de 2025, Jaime Avadia Méndez Pedroza presentó una
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda – Subsección C por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad jurídica y
acceso a la administración de justicia, con ocasión de la Sentencia de 13
de noviembre de 2024, proferida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 25269-33-33-003-2019-00144-01.
2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
“PRIMERA.- De una parte, amparar de manera inmediata los derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso, seguridad jurídica y
acceso a la administración de justicia, que han sido violados por la autoridad
colegiada judicial accionada, consagrados en el Preámbulo, Artículos 1, 2, 4, 6,
29, 48, 58, 85, 93, 228 y 230 de la Constitución Política; Artículos 22 y 25 de la
1 “SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02393-01
Demandante: Jaime Avadía Méndez Pedroza
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca y ampara
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Declaración Universal de los Derechos Humanos; Artículo 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); Artículos 3, 9 y 11 del
Pacto Internacional de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y
Culturales; Sentencias de Constitucionalidad números 539, 634 y 816 de 2011, y
179 de 2016, y los precedentes judiciales de la corporación de cierre de la
jurisdicción contencioso administrativa explicitados in extenso en el presente
escrito de tutela, en favor de Jaime Avadia Méndez Pedroza; y de otra de
manera consecuencial, dejar sin valor ni efecto jurídico alguno, la sentencia
judicial de segunda instancia de fecha noviembre 13 de 2024 -notificada
electrónicamente en noviembre 18 de 2024-, dictada por la Subsección C de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ponencia
del Magistrado Dr. Samuel José Ramírez Poveda, dentro del expediente número
25269 3333 003 2019 00144 01.
SEGUNDA.- Como consecuencia de la anterior declaración, ordénese a la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, con ponencia del Magistrado Dr. Samuel José Ramírez Poveda,
que en el término de 15 días hábiles, profiera nueva sentencia en sede de
segunda instancia, en consonancia con las consideraciones que para el caso
imparta el juez constitucional de tutela.”
3. Como hechos relevantes fueron identificados los siguientes:
4. 1) Jaime Avadia Méndez Pedroza y el municipio de Facatativá
celebraron 6 contratos, cuyo objeto era la prestación de servicios como
auxiliar de servicios generales para el aseo y limpieza de salones, pasillos,
baños y áreas comunes en las instalaciones de la Institución Educativa
Municipal Técnica Comercial Santa Rita, durante el período comprendido
entre febrero de 2013 y julio de 2018.
5. 2) El 22 de enero de 2019, el señor Méndez Pedroza presentó
reclamación ante el municipio de Facatativá para solicitar el
reconocimiento de un contrato realidad, solicitud que le fue negada
mediante Oficio de 29 de enero de 2019.
6. 3) Por lo anterior, el accionante presentó demanda, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual fue
conocido por el Juzgado 3 Administrativo de Facatativá, bajo el radicado
No. 25269-33-33-003-2019-00144-00.
7. 4) Mediante Sentencia de 29 de septiembre de 2023, el Juzgado 3
Administrativo de Facatativá declaró la nulidad parcial del Oficio de 29 de
enero de 2019, mediante el cual el municipio de Facatativá negó el
reconocimiento y pago de todas las prestaciones sociales y demás
emolumentos solicitados por el señor Méndez Pedroza. Asimismo, declaró la
existencia de un contrato realidad entre aquel y el municipio de Facatativá,
por el período comprendido entre el 1 de febrero de 2013 y el 8 de junio de
2018, sin incluir los días de interrupción, y sin que ello le otorgara la calidad
de empleado público. Además, condenó a dicha entidad a reconocer y
pagar las prestaciones sociales a que tiene derecho un auxiliar de servicios
generales del nivel asistencial de la planta de personal de la entidad desde
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca y ampara
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el 2013 hasta el 2018, pues no encontró probada la excepción de
prescripción.
8. 5) Contra la referida providencia el municipio de Facatativá interpuso
recurso de apelación y, a través de Sentencia de 13 de noviembre de 2024,
la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca modificó parcialmente la decisión de primera instancia. En
consecuencia, declaró prescritas las prestaciones sociales correspondientes
a los períodos del 1 de febrero de 2013 al 24 de enero de 2014 y del 23 de
noviembre de 2014 al 22 de enero de 2015, y reconoció, únicamente, las
prestaciones sociales comunes y ordinarias para los períodos del 21 de
noviembre de 2015 al 1 de febrero de 2016, del 30 de noviembre de 2016 al
23 de enero de 2017 y del 22 de noviembre de 2017 al 8 de junio de 2018.
9. Como fundamento de la vulneración, la parte actora alegó que la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrió en:
10. 1) Defecto fáctico, al interpretar de forma errónea el material
probatorio que obraba en el proceso, especialmente lo relacionado con las
fechas de inicio y terminación del vínculo laboral y con las interrupciones
entre contratos. Consideró que el tribunal, aunque reconoció los 6 contratos,
concluyó que hubo 5 vinculaciones laborales y luego 4, lo que excluyó
períodos efectivamente trabajados sin justificación alguna. También afirmó
que no se demostró la existencia de ninguna suspensión contractual, porque
las interrupciones que sí fueron acreditadas entre un contrato y otro
coincidían con el período de vacaciones escolares. Finalmente, cuestionó
que se habilitara al municipio para acreditar interrupciones y suspensiones
contractuales en la etapa de cumplimiento de la sentencia, cuando, en su
criterio, dichas circunstancias debían probarse dentro del proceso y en las
oportunidades procesales correspondientes.
11. 2) Defecto procedimental porque el tribunal excluyó el testimonio del
rector de la institución educativa, al considerar que tenía la calidad de
representante legal del municipio. El actor sostuvo que esa exclusión fue
indebida, ya que el rector no ostentaba dicha representación y su
declaración debía valorarse como prueba testimonial válida.
12. 3) Desconocimiento del precedente judicial vertical. Para el
accionante el tribunal desconoció el precedente jurisprudencial sobre
prescripción y continuidad contractual. Señaló que, aunque citó las
sentencias pertinentes, no las aplicó ni justificó su apartamiento mediante la
carga argumentativa que exige la jurisprudencia. En concreto, omitió
aplicar las reglas establecidas en las siguientes decisiones del Consejo de
Estado: la Sentencia de 9 de septiembre de 2021 (Radicado 05001-23-33-
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca y ampara
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000-2013-01143-01 expediente 1317-2016) y el Auto de 11 de noviembre de
2021 que aclaró la providencia anterior. Asimismo, en relación con las
prestaciones sociales a pagar al reconocerse la existencia de un contrato
realidad, consideró que se desconoció la Sentencia de 6 de mayo de 2021
(Radicado 50001-23-31-000-2011-00304-01) pues el tribunal debió señalar de
manera explícita cuáles debían pagarse a título de restablecimiento del
derecho.
1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación2
13. Mediante Sentencia de 29 de mayo de 2025, la Sección Primera del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no superar
el requisito de relevancia constitucional. Consideró que el actor buscaba
reabrir un debate ya resuelto por el juez natural, sin que se evidenciara una
vulneración grave de derechos fundamentales ni una actuación arbitraria
por parte de este, que justificara la intervención del juez de tutela.
14. La parte actora impugnó la anterior providencia y, además de reiterar
los argumentos de su escrito de tutela, resaltó que, en su criterio, la
controversia sí tenía relevancia constitucional en la medida en que se
acreditó una afectación de los derechos fundamentales al debido proceso,
seguridad jurídica y acceso a la administración de justicia con la indebida
valoración de los medios de prueba realizada por el juez ordinario y porque
fundamentó su decisión en hipótesis fácticas inexistentes carentes de
soporte probatorio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido. 2.1. Identificación de los defectos alegados. 2.2. Fijación de la controversia 2.3.
Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4. Verificación de
defectos y/o vulneración de derechos fundamentales. 2.5. Conclusión
2.1. Identificación de los defectos alegados
15. La Sala pone de presente que, si bien la parte actora alegó en su
escrito de tutela la existencia de un defecto procedimental, entre otros, sus
reparos frente a este aspecto serán analizados en conjunto con los del
defecto fáctico. Lo anterior, en consideración a que se cuestiona la omisión
de valoración del testimonio del rector de la institución educativa donde el
accionante desempeñó sus funciones. En consecuencia, la Sala analizará el
defecto fáctico y el desconocimiento del precedente alegados.
2.2. Fijación de la controversia
2 Mediante Auto de 25 de abril de 2025, el despacho sustanciador de primera instancia resolvió (1) admitir la acción
de tutela de la referencia, (2) tener como parte demandada a la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y (3) vincular, en calidad de terceros interesados, al municipio de Facatativá y
al Juzgado 3 Administrativo de Facatativá.
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16. Determinar si el asunto de la referencia satisface, o no, el requisito de
relevancia constitucional. De llegar a ser afirmativa la respuesta a este
interrogante y tras verificar el cumplimiento de los demás requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, deberá
establecerse si la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, como juez de segunda instancia, incurrió
en un defecto fáctico y/o en un desconocimiento del precedente al proferir
la Sentencia de 13 de noviembre de 2024. Como consecuencia de ese
estudio, se procederá a revocar, modificar o confirmar la decisión del juez
de tutela de primera instancia.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
17. La Sala advierte que la acción de tutela es procedente porque: No
existe recurso judicial idóneo y eficaz que permitiera a la parte demandante
alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa de los
derechos presuntamente vulnerados. Hubo un plazo razonable entre la
fecha de notificación de la providencia enjuiciada (20/11/243) y la de
interposición de la presente acción de tutela (24/4/25). No se enjuició un
fallo de tutela, pues la controversia se relaciona con la Sentencia de
segunda instancia, dictada dentro de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Se identificaron de manera clara, detallada
y comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de ellos.
18. Sobre la relevancia constitucional, la Sala advierte que, contrario a lo
manifestado por el juez de tutela de primera instancia, dicho requisito sí se
cumple, habida cuenta de que la parte actora desplegó la carga
argumentativa para sustentar que la decisión enjuiciada de segunda
instancia incurrió en un presunto defecto fáctico, al valorar de manera
errada los contratos de prestación de servicios, los períodos de interrupción
y una prueba testimonial, lo que conllevó a la afectación de sus garantías
fundamentales al debido proceso, seguridad jurídica y acceso a la
administración de justicia. Además, se alegó el desconocimiento del
precedente jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la prescripción y la
solución de continuidad entre contratos, sin que el juez natural justificara su
apartamiento. No se evidencia que lo pretendido sea someter la
controversia a una instancia adicional o que se trate de una reiteración de
lo alegado en el proceso ordinario.
2.4. Verificación de defectos y/o vulneración de derechos fundamentales
19. La Sala revocará la decisión impugnada y, en su lugar, concederá el
amparo solicitado, por las razones que pasan a exponerse:
3 Comoquiera que el mensaje de datos se envió el 18 de noviembre de 2025. Índice 18 de SAMAI del expediente
25269333300320190014401.
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20. 1) La parte actora alegó que la Subsección C de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defecto fáctico
al indicar de manera errada las fechas de inicio y terminación de los
contratos suscritos por el accionante y el municipio de Facatativá, así como
al interpretar incorrectamente las interrupciones contractuales. También
cuestionó que se hubiera habilitado al municipio para acreditar
interrupciones en la etapa de cumplimiento de la sentencia, cuando, estas
debían haberse probado dentro del proceso.
21. Sobre la existencia de los contratos de prestación de servicios que
fueron aportados al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho4, el
tribunal reconoció la existencia de 6 contratos en la decisión enjuiciada, así:
(se trascribe):
Lo probado en el proceso.
Dentro del expediente se encuentra demostrado que el demandante suscribió con
la Secretaria Distrital de Integración Social, 5 contratos de prestación de servicios
entre los años 2013 y 2018, que corresponden a los siguientes:
INTERRUPCIÓN
DÍAS HÁBILES
No.
DESDE HASTA OBJETO PARA INICIAR EL
Contrato
SIGUIENTE
CONTRATO
Prestar los servicios de aseo en
093 01/02/2013 30/11/2013 las instituciones educativas 36
municipales
Prestar los servicios de aseo en
204 24/01/2014 23/11/2014 las instituciones educativas 38
municipales
Prestar los servicios de aseo en
029 22/01/2015 21/11/2015 las instituciones educativas 46
municipales
Prestar los servicios de aseo en
186 01/02/2016 30/11/2016 las instituciones educativas 35
municipales
Prestar los servicios de aseo en
112 23/01/2017 22/11/2017 las instituciones educativas 40
municipales
Prestar los servicios de aseo en
379 25/01/2018 08/06/2018 las instituciones educativas
municipales
6
22. Sin embargo, al momento de analizar la prescripción en el presente
caso, concluyó lo siguiente (se trascribe):
“Por consiguiente, se concluye que el señor Jaime Abadía Méndez, en realidad,
tuvo cinco vinculaciones, así: (i) del 1° de febrero de 2013 al 24 de enero de 2014;
(ii) del 23 de noviembre de 2014 al 22 de enero de 2015; (iii) del 21 de noviembre de
4 Contratos que obran en el archivo “02AnexosContestacion1.pdf“del expediente digital del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho.
5 En los hechos del escrito de tutela, el accionante puso de presente el error del tribunal de atribuir la suscripción
de los contratos de prestación de servicios a la Secretaría Distrital de Integración Social. No obstante, dicho error
no tuvo incidencia en la decisión, pues en las demás consideraciones y en la parte resolutiva se identificó
correctamente a la entidad contratante, esto es, al municipio de Facatativá.
6 Páginas 29 y 30 de la Sentencia de 13 de noviembre de 2024 proceso No. 25269-33-33-003-2019-00144-01.
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2015 al 01 de febrero de 2016, (iv) del 30 de noviembre de 2016 al 23 de enero de
2017 y, (v) del 22 de noviembre de 2017 al 08 de junio de 2018.
Para efectos de solicitar el reconocimiento de una relación laboral en cada una de
esas cuatro vinculaciones, el demandante tenía, en su orden, hasta el (i) 24 de enero
de 2017; (ii) 22 de enero de 2018, (iii) 1° de febrero de 2019, (iv) 23 de enero de 2020
y, (v) 08 de junio de 2021. De otra parte, se debe tener en cuenta que el día 22 de
enero de 2019 el demandante solicitó a la entidad demandada el reconocimiento
de salarios y prestaciones, derivados del contrato realidad.
En este orden de ideas, se evidencia que el derecho del demandante se vio
afectado por el fenómeno prescriptivo en la primera y segunda vinculación, pues
sobrepasó los tres años previstos en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102
del Decreto 1848 de 1969, para solicitar la declaratoria de la existencia de un
contrato realidad para esos periodos, tal como en efecto lo advirtió el juez de
primera instancia.
Por el contrario, la tercera, cuarta y quinta vinculación del demandante, que van
del 21 de noviembre de 2015 al 01 de febrero de 2016, del 30 de noviembre de 2016
al 23 de enero de 2017 y del 22 de noviembre de 2017 al 08 de junio de 2018, no se
encuentran afectadas por la prescripción extintiva del derecho, ya que el plazo
para solicitar el reconocimiento de una relación laboral respecto a esas
vinculaciones vencía, en su orden, el 1° de febrero de 2019, el 23 de enero de 2020
y el 08 de junio de 2021, por lo que la solicitud incoada el 22 de enero de 2019 fue
oportuna para esas vinculaciones, salvo lo concerniente a los aportes a seguridad
social en pensión, por no encontrarse afectados por este fenómeno de acuerdo a
la posición actual del Alto Tribunal Contencioso Administrativo a este respecto.
Así las cosas, la parte actora tiene derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones que se causaron respecto a los periodos comprendidos entre el 21 de
noviembre de 2015 al 01 de febrero de 2016, del 30 de noviembre de 2016 al 23 de
enero de 2017 y del 22 de noviembre de 2017 al 08 de junio de 2018 (fecha de
culminación último contrato), pues el derecho a reclamar la aplicación del principio
de la primacía de la realidad sobre las formas en relación con los demás contratos,
se extinguió por el paso del tiempo, en virtud de la prescripción trienal antes
mencionada” (subraya fuera del texto).
23. Frente a la valoración trascrita, se observa que la Subsección C de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca erró al
determinar las fechas de inicio y terminación de los contratos suscritos entre
el demandante y el municipio de Facatativá, al momento de aplicar la
prescripción trienal. En consecuencia, reconoció el derecho al pago de
prestaciones sociales en períodos en los que el actor no prestó servicios,
específicamente entre el 21 de noviembre de 2015 y el 1 de febrero de 2016,
entre el 30 de noviembre de 2016 y el 23 de enero de 2017, y entre el 22 de
noviembre de 2017 y el 8 de junio de 2018.
24. En esa medida, la Sala advierte que la conclusión a la que llegó el
tribunal parece obedecer a una confusión entre las fechas de prestación
efectiva del servicio y los períodos de interrupción contractual. En efecto,
luego de reconocer la existencia de una relación laboral entre el
accionante y la entidad demandada, el tribunal ordenó el pago de
prestaciones sociales por períodos que no coinciden con lo acreditado en
el proceso, lo cual condujo, además a un análisis y cómputo incorrecto de
la prescripción, por lo que se evidencia una valoración errónea del material
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probatorio. En consecuencia, se ordenará a la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que profiera una
nueva decisión en la que tenga en cuenta las consideraciones
anteriormente expuestas.
25. Por otra parte, respecto del cuestionamiento sobre la supuesta
habilitación del tribunal en favor del municipio de Facatativá para acreditar
interrupciones y suspensiones contractuales al momento de dar
cumplimiento a la sentencia de segunda instancia, la Sala considera que no
se configura defecto alguno7. Lo que ordenó la autoridad judicial fue que,
al momento de cumplir la sentencia, el municipio debía determinar las
prestaciones sociales ordinarias que serían objeto de liquidación, en
igualdad de condiciones con las reconocidas a un empleado de planta que
desempeñara funciones similares. Esta consideración no implicó habilitar a
la entidad demandada para acreditar nuevas suspensiones contractuales,
ya que estas fueron debidamente demostradas dentro del proceso
ordinario.
26. En relación con la exclusión del testimonio del rector de la Institución
Educativa Municipal Colegio Comercial Santa Rita, la Sala se abstendrá de
pronunciarse pues se trata de una prueba cuya finalidad era demostrar la
existencia de la relación laboral. Esta circunstancia quedó suficientemente
demostrada mediante otros medios de prueba allegados al proceso, por lo
que la exclusión del testimonio no tuvo incidencia en la decisión adoptada.
27. 2) La parte accionante consideró que se desconoció el precedente
jurisprudencial vertical contenido en las decisiones proferidas por el Consejo
de Estado en la Sentencia de 9 de septiembre de 2021 (Rad. 05001-23-33-
000-2013-01143-01 (1317-2016), y el Auto 11 de noviembre 2021 que aclaró
dicha sentencia, así como la Sentencia de 6 de mayo de 2021 Rad. (Rad.
50001-23-31-000-2011-00304-01- (2079-2018).
28. En relación con las 2 primeras decisiones, relativas a la inoperancia de
la prescripción extintiva laboral por no solución de continuidad, esta Sala
considera que no se configuró desconocimiento del precedente. Lo
anterior, en atención a que la Sentencia de 9 de septiembre de 2021 y su
Auto de aclaración de 11 de noviembre del mismo año unificaron la
jurisprudencia respecto de 3 temas, a saber: i) el sentido y alcance de la
expresión «término estrictamente indispensable» contenido en el numeral 3
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la delimitación del término de solución
de continuidad en los contratos estatales de prestación de servicios que
ocultaron la existencia de una relación laboral que se declara, a efectos de
7 AL respecto el tribunal resolvió (se trascribe): “Asimismo, se adicionará para disponer que la entidad accionada
al momento de cumplir la condena impuesta en este fallo deberá determinar las prestaciones sociales ordinarias
que serán objeto de liquidación a favor del accionante en igualdad de condiciones que el empleado de planta
análogo que desarrolle similares funciones, siempre que cumpla con los presupuestos legales y conforme a lo
indicado en precedencia”.
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Decisión: Revoca y ampara
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determinar la prescripción de derechos; y, iii) la improcedencia de la
devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el
contratista.
29. Sobre la segunda regla, que guarda relación con el caso concreto, la
Sección Segunda estableció un período de 30 días hábiles entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente como término de la
no solución de continuidad. Este término fue aplicado por el Tribunal al
analizar la prescripción trienal, pero al incurrir en error en la determinación
de los períodos de vinculación del accionante, como se explicó con
anterioridad, la prescripción fue aplicada de manera incorrecta, pero no
porque se haya desconocido el precedente.
30. Por último, frente al argumento del accionante según el cual no hubo
solución de continuidad porque las interrupciones entre contratos
coincidían con el período de vacaciones escolares, la Sala considera que
no le asiste razón. Lo anterior, comoquiera que las vacaciones del personal
administrativo de las instituciones educativas se rigen por el régimen de
carrera administrativa de la Ley 443 de 19988 y el Decreto 1045 de 19789, que
establece que los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen
derecho a 15 días hábiles de vacaciones por cada año de servicios, lo cual,
para la Sala, es independiente al calendario escolar de la institución.
31. En relación con el supuesto desconocimiento de la Sentencia de 6 de
mayo de 2021, la Sala considera que dicho fallo no constituye un
precedente aplicable al caso concreto, comoquiera que: 1) no se trata de
una sentencia de unificación y 2) su fundamento fáctico es distinto, ya que
trata sobre el reconocimiento de una relación laboral entre un médico
general y una Empresa Social del Estado – Hospital Departamental, situación
que no guarda similitud con el presente asunto.
32. Por todo lo anterior, la Sala concluye que no se configuró el
desconocimiento del precedente alegado por la parte accionante, por lo
que se negará el amparo solicitado frente a este aspecto.
2.5 Conclusión
33. Al evidenciarse la configuración del defecto fáctico alegado por la
parte actora y, con ello, la vulneración del derecho fundamental al debido
8 Así lo dispone el artículo 67 del Decreto 1278 de 2002: “El personal administrativo de los establecimientos
educativos estatales se regirá por las normas que regulan la vinculación y administración del personal de carrera
administrativa, conforme a lo dispuesto por la Ley 443 de 1998 y demás normas que la modifiquen, sustituyan y
reglamenten. El régimen salarial y prestacional del personal administrativo de los establecimientos educativos
estatales, con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones, será el dispuesto por las normas
nacionales.”
9 el artículo 2.2.5.5.50 del Decreto 1083 de 2015 señala que las vacaciones de los empleados públicos y
trabajadores oficiales se regirán por lo dispuesto en el Decreto Ley 1045 de 1978, el cual, en su artículo 8 dispuso:
Los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones por cada
año de servicios, salvo lo que se disponga en normas o estipulaciones especiales. En los organismos cuya jornada
semanal se desarrolle entre lunes y viernes, el día sábado no se computará como día hábil para efecto de
vacaciones.”.
9 de 10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02393-01
Demandante: Jaime Avadía Méndez Pedroza
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca y ampara
______________________________________________________________________________________________________________
proceso, la Sala revocará la decisión impugnada y, en su lugar, concederá
el amparo solicitado únicamente por el defecto fáctico.
3. DECISIÓN
En mérito de los expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 29 de mayo de 2025 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado que declaró improcedente la
acción de tutela presentada por Jaime Avadía Méndez Pedroza para, en su
lugar, AMPARAR su derecho fundamental al debido proceso, por las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la
Sentencia proferida el 13 de noviembre de 2024 por la Subsección C de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho Rad. 25269-33-33-003-
2019-00144-01 y ORDENAR a dicho tribunal que, dentro de los 10 días
siguientes a la notificación de esta providencia, profiera sentencia de
remplazo en la cual atienda lo expresado en esta decisión.
TERCERO: NEGAR el amparo solicitado respecto del desconocimiento del
precedente, por las razones dadas en esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin10.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
10 secgeneral@consejodeestado.gov.co
10 de 10
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