Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02410-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02410-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-02410-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
16 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C. dieciséis (16) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02410-01
Accionante: Sindicato UNICENTRA
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela - Sentencia de segunda instancia
Temas: Tutela contra autoridades públicas y particulares / Terminación unilateral de contratos de
trabajo / Reorganización empresarial / Subsidiariedad / Se confirma la sentencia de primera instancia.
La Sala procede a resolver la impugnación presentada por el Sindicato UNICENTRA
contra la sentencia de proferida el 20 de mayo de 2025 por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo por falta de subsidiariedad.
SÍNTESIS
El sindicato accionante solicita el amparo de sus derechos fundamentales a la
igualdad, asociación sindical y estabilidad laboral, que consideró vulnerados por la
terminación unilateral de los contratos de trabajo de algunas exempleadas de Tierra
Santa S.A.S. en Reorganización. Se confirma la sentencia de primera instancia.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
El 25 de abril de 2025, Kely María Ceballos Pérez presentó, en nombre y
representación del Sindicato UNICENTRA, una demanda en ejercicio de la acción de
tutela contra la Presidencia de la República, Sociedad de Activos Especiales S.A.S.,
Tierra Santa S.A.S. en Reorganización y Sarta & Aragón S.A.S. En su concepto, los
accionados vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, asociación sindical
y estabilidad laboral porque la sociedad Tierra Santa S.A.S. en Reorganización terminó
unilateralmente los contratos de trabajo con algunas de sus empleadas.
Como pretensiones, la parte actora formuló las siguientes (se transcriben) 1:
1 Índice 02 en SAMAI.
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Accionante: Sindicato UNICENTRA
Acción de tutela - Se confirma la sentencia de primera instancia
1. Contra la Presidencia y la SAE: - Ordenar al Presidente Gustavo Petro
Urrego, en 24 horas: - Suspender la demanda de disolución de UNICENTRA. -
Coordinar con el Ministerio del Trabajo el reintegro inmediato de las 12
trabajadoras, garantizando espacios de lactancia y ajustes razonables para
discapacidad. - Exigir a la SAE investigar al depositario designado por permitir
prácticas antisindicales en Tierra Santa S.A.S.
2. Contra SARTA & ARAGÓN y Tierra Santa S.A.S.: - Ordenar la devolución de
celulares confiscados y nulidad de documentos firmados bajo coacción. -
Imponer multa de 100 SMMLV por prácticas antisindicales (Art. 355 CST).
3. Vinculación de entidades para seguimiento: - Ministerio del Trabajo: Realizar
inspección sorpresa en 24 horas (Art. 58 CST). - Defensoría del Pueblo: Emitir
concepto sobre violencia de género laboral y brindar acompañamiento
psicosocial. - Procuraduría General: Investigar disciplinariamente a funcionarios
omisos. - CETCOIT/OIT: Pronunciarse sobre el incumplimiento de convenios
ratificados por Colombia.
B. Hechos
El 24 y 25 de febrero de 2025, Tierra Santa S.A.S. en Reorganización dispuso terminar
unilateralmente los contratos laborales con las trabajadoras Kely María Ceballos
Pérez, Diana Patricia Galofre Jiménez, Sixta Cantillo Torres, Lina María Bermejo
Doria, Michel Loraine Angulo Arana, Nulvis del Carmen Barrios Silvera, Katia Castro
de la Hoz, Karen Castro de la Hoz, Estefany Torrenegra Martínez, Verenice Coronado
Benítez, María Julia Orellano Orellano y Loureine Cantillo Polo.
El 9 de abril de 2025, el Sindicato de Industria de Trabajadores de los Centros
Comerciales y Almacenes de Cadena, Vendedores, Impulsadores, Bodegueros,
Transportadores y Grupo de Vigilancia que Trabaje Para Estas Razones Sociales o
Similares - UNICENTRA se constituyó ante la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Barranquilla (Atlántico). En la constancia de registro se consignaron a las
siguientes personas como miembros de la asociación sindical: Kely María Ceballos
Pérez, Sixta Cantillo Torres, Lina María Bermejo Doria, Michel Loraine Angulo Arana,
Nulvis del Carmen Barrios Silvera, Katia Castro de la Hoz, Karen Castro de la Hoz,
Estefany Torrenegra Martínez, Verenice Coronado Benítez y María Julia Orellano
Orellano.
C. Fundamentos de la vulneración
El sindicato accionante sostiene que se vulneraron sus derechos fundamentales a la
igualdad, asociación sindical y estabilidad laboral, consagrados en los artículos 13 y 39
de la Constitución Política y los artículos 354 y 355 del Código Sustantivo del Trabajo ,
toda vez que la organización está conformada por mujeres que se encuentran incursas
en distintas circunstancias de vulnerabilidad en razón de su género. Puntualmente,
aduce que son madres cabeza de familia, madres en período de lactancia o víctimas
de violencia intrafamiliar. En consecuencia, alega que los despidos masivos
perjudicaron, en su mayor parte, a sus integrantes.
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Accionante: Sindicato UNICENTRA
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De otra parte, señala que las autoridades accionadas incurrieron en persecución
sindical porque no intervinieron eficazmente para evitar la terminación unilateral de los
contratos de trabajo o para remediar otros actos antisindicales y discriminatorios por
parte del empleador. Por consiguiente, asegura que resulta procedente la intervención
del juez de tutela, quien debe emitir un pronunciamiento de fondo con enfoque de
género para evitar la consumación de un perjuicio irremediable hacia las empleadas
sindicalizadas y, en general, las mujeres trabajadoras.
D. Trámite procesal
Por auto del 29 de abril de 2025 2, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado admitió la acción de tutela, el cual fue notificado a los accionados (la
Presidencia de la República, la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., Tierra Santa
S.A.S. en Reorganización y Sarta & Aragón S.A.S) y a los terceros con interés
vinculados a la actuación (el Ministerio del Trabajo, la Defensoría del Pueblo y la
Procuraduría General de la Nación). Además, se requirió a la parte accionante para
que acreditara si las trabajadoras María Julia Orellano Orellano, Loureine Cantillo Polo
y Diana Patricia Galofre Jiménez pertenecen a la asociación sindical.
E. Oposiciones e intervenciones
El Sindicato UNICENTRA (accionante) 3 allegó un memorial por el cual manifestó que
las extrabajadoras son víctimas de discriminación y violencia de género e informó que
un delegado de la Defensoría del Pueblo inspeccionó algunos almacenes de Tierra
Santa S.A.S. Además, señaló que Loureine Cantillo Polo y Diana Patricia Galofre
Jiménez sí pertenecen al sindicato, mientras que María Julia Orellano Orellano
renunció voluntariamente a la asociación por memorial del 12 de marzo de 2025.
La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (accionada) 4 afirmó que, mediante la
Resolución del 6 de septiembre de 2022, se ordenó la toma de posesión de la
empresa Tierra Santa S.A.S. como medida cautelar en el marco del proceso de
extinción de dominio con radicación n. o 202100472. Argumentó que, si bien ostenta la
calidad de administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha
contra el Crimen Organizado (FRISCO), lo que le implicó intervenir en condición de
“secuestre o depositario” de Tierra Santa S.A.S. en Reorganización, ello no configura
una responsabilidad solidaria con la empresa intervenida. Por lo tanto, solicitó su
desvinculación del presente proceso por falta de legitimación pasiva en la causa.
La Presidencia de la República (accionada) 5 solicitó su desvinculación por falta de
legitimación pasiva en la causa, pues la administración de los bienes sujetos a
extinción de dominio le fue encargada a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., al
2 Índice 04 en SAMAI.
3 Índice 08 en SAMAI.
4 Índice 13 en SAMAI.
5 Índice 23 en SAMAI.
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Accionante: Sindicato UNICENTRA
Acción de tutela - Se confirma la sentencia de primera instancia
tiempo que la vigilancia y protección de las asociaciones sindicales le compete
exclusivamente al Ministerio del Trabajo.
Tierra Santa S.A.S. en Reorganización (accionada) 6 indicó que existen serios indicios
de una actuación temeraria porque los Juzgados 5 Penal y 8 Laboral del Circuito
Judicial de Barranquilla resolvieron otras solicitudes de amparo que pretendían el
reintegro de algunas empleadas. Aseguró que la reducción de personal obedeció a la
situación financiera de la compañía y que les reconoció una indemnización por despido
sin justa causa a algunas de las extrabajadoras. Finalmente, expuso que el sindicato
accionante incumplió el requisito general de procedencia de la subsidiariedad, toda vez
que el mecanismo judicial que resultaba idóneo y eficaz para elevar sus pretensiones
era el proceso ordinario ante los jueces de especialidad laboral.
La Inspectora de Trabajo y Seguridad Social en Atlántico del Ministerio del Trabajo
(tercero con interés) 7 informó que el 7 de mayo de 2025 avocó conocimiento de una
querella presentada por el sindicato accionante y lo requirió para que subsanara la
narración de los hechos y aportara pruebas documentales.
La Procuraduría General de la Nación (tercero con interés) 8 mencionó que no ha
recibido quejas disciplinarias por los hechos descritos en la solicitud de amparo, razón
por la cual no es dable atribuirle una vulneración a derechos fundamentales.
Loreine Castillo Polo9, Sixta María Cantillo Torres 10, Karen Castro de la Hoz 11, Michell
Loraine Angulo Arana12, Nulvis del Carmen Barrios Silvera13, Verenice del Carmen
Coronado Benítez14, Lina María Bermejo Doria 15, Diana Patricia Galofre Jiménez 16 y
Katia Ester Castro de la Hoz 17 manifestaron que están atravesando una circunstancia
de debilidad manifiesta y solicitaron que se ejecute el pago de las indemnizaciones
laborales y prestaciones sociales que les corresponden.
F. Fallo impugnado
El 20 de mayo de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado profirió sentencia de primera instancia en la que decidió (se transcribe) 18:
6 Índice 15 en SAMAI.
7 Índice 29 en SAMAI.
8 Índice 10 en SAMAI.
9 Índice 11 en SAMAI.
10 Índice 12 en SAMAI.
11 Índice 14 en SAMAI.
12 Índice 16 en SAMAI.
13 Índice 18 en SAMAI.
14 Índice 19 en SAMAI.
15 Índice 20 en SAMAI.
16 Índice 21 en SAMAI.
17 Índice 24 en SAMAI.
18 Índice 31 en SAMAI.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02410-01
Accionante: Sindicato UNICENTRA
Acción de tutela - Se confirma la sentencia de primera instancia
Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la Sociedad de Activos
Especiales S.A.S. y la Presidencia de la República, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Declarar improcedente la solicitud de tutela interpuesta por Kely María
Ceballos Pérez, en calidad de representante del «SINDICATO DE INDUSTRIA
DE TRABAJADORES DE LOS CENTROS COMERCIALES Y ALMACENES DE
CADENA VENDEDORES, IMPULSADORES, BODEGUEROS
TRANSPORTADORES Y GRUPO DE VIGILANCIA QUE TRABAJE PARA
ESTAS RAZONES SOCIALES / O SIMILARES “UNICENTRA”», contra la
Presidencia de la República y otros, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
Para sustentar la decisión, señaló que la solicitud de amparo no satisface el requisito
de subsidiariedad porque los alegatos relacionados con el fuero sindical se deben
ventilar ante la jurisdicción laboral y al juez de tutela le está vedado invadir la órbita de
competencias del juez ordinario. Al respecto, precisó que los despidos masivos nunca
configuran per se una vulneración a derechos fundamentales, máxime cuando no se
encuentra debidamente acreditada una afectación específica al debido proceso por el
trámite de la desvinculación. Agregó que el registro del Sindicato UNICENTRA ocurrió
después de la terminación de los contratos de trabajo; particularidad que ratifica la
necesidad de que sea el juez natural de la causa quien determine lo pertinente.
En consecuencia, concluyó que «de las pruebas allegadas a este trámite tutelar no es
posible individualizar y determinar los supuestos bajo los cuales se han vulnerado los
bienes ius fundamentales invocados». Si bien de la evidencia es posible constatar las
circunstancias que aducen las extrabajadoras, consideró que ello no daba cuenta de
una irregularidad en su desvinculación.
G. Impugnación
Por escrito del 17 de julio de 2025 19, el sindicato accionante impugnó la sentencia de
primera instancia, que le fue concedida en el auto del 29 de julio de 2025 20. Como
motivo de inconformidad, alega que el proceso ordinario laboral no resulta idóneo ni
eficaz para conjurar el perjuicio irremediable a su mínimo vital, pues las extrabajadoras
no están percibiendo ningún ingreso. De otra parte, señala que la sentencia T-040 de
2018 de la Corte Constitucional admitió la procedencia excepcional de la acción de
tutela para la liquidación y pago de acreencias laborales.
II. CONSIDERACIONES
H. Competencia
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
conocer del asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
19 Índice 36 en SAMAI.
20 Índice 38 en SAMAI.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02410-01
Accionante: Sindicato UNICENTRA
Acción de tutela - Se confirma la sentencia de primera instancia
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, y en el Acuerdo
80 de 2019 de esta Corporación.
I. Sentido de la decisión
La solicitud de amparo no satisface el requisito de subsidiariedad porque las
integrantes del sindicato accionante pueden acudir al proceso concursal de la empresa
empleadora para reclamar el pago de las acreencias laborales que consideran
insolutas, sin perjuicio de que promuevan un proceso laboral ordinario para controvertir
la causa de los despidos. Adicionalmente, ni el sindicato accionante ni sus integrantes
acreditaron que la empresa empleadora esté insolvente o que existan irregularidades
en el proceso concursal. Tampoco indicaron el monto de las obligaciones adeudadas o
la urgencia en la protección de sus derechos por una situación especial, que amerite la
procedencia excepcional de este mecanismo judicial. Por tal razón, esta Sala
confirmará la sentencia de primera instancia, que declaró la improcedencia de la
solicitud de amparo.
J. Requisito general de procedencia de la subsidiariedad
Como punto de partida, amerita precisar que el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establecen que la acción de tutela será
improcedente cuando el accionante disponga de otros mecanismos para elevar sus
pretensiones, a menos que se utilice de manera transitoria para evitar un perjuicio
irremediable. Ciertamente, la naturaleza residual y subsidiaria de la tutela exige que se
agoten los medios ordinarios de defensa e impide que se utilice el mecanismo
constitucional como escenario alternativo o paralelo en la resolución de conflictos.
Ciertamente, en materia de relaciones laborales, la jurisdicción ordinaria es
competente para conocer las controversias que surjan con ocasión de los contratos de
trabajo21. Sin embargo, la justicia constitucional ha determinado que –en algunas
circunstancias– la solicitud de amparo es procedente para la reclamación de
acreencias laborales. La Corte Constitucional precisó que la acción de tutela puede
desplazar al mecanismo ordinario laboral siempre y cuando: (i) resulte imposible,
irrazonable o desproporcionado que el trabajador acuda a otro proceso judicial «por
eventos excepcionales, como su avanzada edad, o la futura liquidación o disolución de
la entidad demandada» 22 y (ii) la controversia recaiga sobre una prestación «cierta e
indiscutible» 23.
K. Caso concreto
Para el sindicato accionante, en la actualidad existe un riesgo inminente e
impostergable de afectación al mínimo vital de sus integrantes, razón por la cual
21 Código Sustantivo del Trabajo (Decreto 2663 de 1950), artículo 3.
22 Corte Constitucional, sentencia T-812 de 2008. Reiterado en sentencia T-251 de 2018.
23 Corte Constitucional, sentencias SU-995 de 1999, T-194 de 2003 y T-040 de 2018.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02410-01
Accionante: Sindicato UNICENTRA
Acción de tutela - Se confirma la sentencia de primera instancia
consideran que no deben agotar el proceso ordinario laboral. La Sala advierte que sí
tienen a su alcance otro mecanismo judicial que resulta idóneo y eficaz para el goce
efectivo de sus derechos fundamentales. Por lo tanto, la solicitud de amparo se torna
improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
De acuerdo con el material aportado al proceso, se observa que la Superintendencia
de Sociedades admitió a la sociedad Tierra Santa S.A.S. en el proceso de
reorganización empresarial a partir del 25 de agosto de 2022. Posteriormente, el 1 de
abril de 2025, la Fiscalía 9 Especializada en Extinción de Dominio de Bogotá ejecutó la
toma de posesión de los bienes y haberes de Tierra Santa S.A.S. en Reorganización
para que fueran administrados por un depositario designado por la Sociedad de
Activos Especiales S.A.S. en el marco del procedimiento para la extinción de dominio.
En virtud de lo anterior, esta Sala encuentra que las integrantes del sindicato
accionante que se consideren acreedoras de un crédito de origen laboral pueden
presentarse al proceso de reorganización empresarial de Tierra Santa S.A.S. para
formular objeciones y participar en el acuerdo de reorganización, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 1116 de 2006. A su vez, si el sindicato accionante también
pretende controvertir la apertura del proceso de extinción de dominio, lo cierto es que
puede comparecer a esa actuación en condición de afectado o tercero de buena fe
exenta de culpa, en los términos del artículo 30 de la Ley 1708 de 2014 (modificado
por la Ley 1849 de 2017).
La Sala estima que dichos mecanismos son idóneos y eficaces en el caso concreto,
por cuanto: (i) las actuaciones ya se encuentran en curso, lo que disminuye el riesgo
de que la presunta vulneración de derechos fundamentales se prolongue en el tiempo,
como se alega en la impugnación; (ii) el proceso de reorganización empresarial es el
escenario natural para individualizar a las titulares del crédito y determinar con certeza
el valor de las acreencias laborales que aquí se reclaman in genere, las cuales –en
principio– gozarían de prelación según lo dispuesto por el Título XL del Libro 4 del
Código Civil; y (iii) no se ha dado apertura a un proceso liquidatario de Tierra Santa
S.A.S. en Reorganización, por lo cual la disolución de su personería jurídica no es
inminente. Lo anterior, sin perjuicio de que sea el juez ordinario de especialidad laboral
quien resuelva sobre la responsabilidad de los accionados por la supuesta
transgresión a los derechos de asociación sindical, de haber lugar a ello.
De otra parte, el sindicato accionante argumenta la configuración de un perjuicio
irremediable que habilita la procedencia de la acción de tutela como mecanismo
transitorio. Sin embargo, la Sala estima que no se demostró una amenaza cierta e
impostergable de afectación a derechos fundamentales que no se logre conjurar por
los mecanismos ordinarios que se mencionaron en precedencia. En efecto, la sola
pertenencia a una asociación sindical no basta para tener por probada la vulneración
por causa de los despidos masivos, pues su constitución y registro es posterior a la
terminación de los contratos de trabajo. Además, aunque se alega una posible
afectación al mínimo vital de las extrabajadoras, no se acreditó que sus condiciones
7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02410-01
Accionante: Sindicato UNICENTRA
Acción de tutela - Se confirma la sentencia de primera instancia
mínimas de subsistencia estuvieren insatisfechas ni que exista una situación especial
que amérite la intervención de juez constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida el 20 de mayo
de 2025 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión personalmente a las partes o por el medio
más expedito y eficaz.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMÍTASE el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: PUBLÍQUESE esta providencia en la página web de la Corporación.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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