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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02414-00

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02414-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación de la Unión Temporal de Formación Judicial 2019 y de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura respecto a la presente acción de tutela. SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela instaurada por el señor Hernán Calderón Flórez contra la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02414-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

5 de junio de 2025

Demandante: Hernán Calderón Flórez
Demandado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02414-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02414-00
Demandante: HERNÁN CALDERÓN FLÓREZ
Demandados: ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA

Tema: Improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos.
Requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Con escrito radicado el 25 de abril de 2025, el señor Hernán Calderón Flórez, obrando
en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla (en adelante EJRLB) con la que pretende el amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso.

En sentir de la parte actora, las citadas garantías constitucionales fueron vulneradas,
por un lado, con ocasión de la Resolución EJR24-1558 de noviembre de 2024, por
medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
EJR24-298 de junio 2024, en la que se dispuso a excluirlo del IX Curso de Formación
Judicial Inicial por haber reprobado la evaluación de la subfase general. Por otro lado,
a través del oficio EJO25-676 del 14 de marzo de 2025, en el que se negó su solicitud
de excluir múltiples preguntas de su calificación.

1.2. Pretensiones

El accionante solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en
consecuencia, pidió:

1

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Demandante: Hernán Calderón Flórez
Demandado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02414-00

ORDENAR a la ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA que dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, (i) realice actuación administrativa y (ii)
excluya del consolidado de la evaluación de la subfase general del IX Curso de
Formación Judicial las preguntas relacionadas en esta tutela, por corresponder a
temas de estudio no obligatorios y (iii) expida acto administrativo luego de lo cual
realice una nueva sumatoria de la evaluación de la subfase general del suscrito
dicente, donde la puntuación de las preguntas excluidas sea objeto de sumatoria
de la medida que se considere la más favorable para mis legítimos intereses.

TERCERA: ORDENAR a la ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA que
en caso de que declare en lo sucesivo condiciones de exclusión de ítems de la
evaluación respecto de la Resolución EJR 24 298, disponga realizar estudio
jurídico de viabilidad de la aplicación de oficio del artículo 93 del CPACA.1

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

El actor fue uno de los discentes que se inscribió y participó en el IX Curso Concurso
de Formación Judicial para Jueces y Magistrados de la República, aspirando a una
plaza como juez promiscuo municipal.

Luego de adelantar el proceso de formación a través del estudio de los módulos
propuestos, la EJRLB notificó el 24 de junio de 2024 la Resolución EJR24-298,
expedida el 21 de junio de 2024, «Por medio de la cual se publican los resultados de
la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial», acto administrativo en
el cual se determinó que el accionante había reprobado el examen, obteniendo un
puntaje de 766,280 puntos.

El señor Calderón Flórez interpuso recurso de reposición, solicitando la revisión de
múltiples preguntas contenidas en la evaluación al señalar que estas no se
fundamentaban en el material de estudio obligatorio. El recurso fue admitido y decidido
mediante la Resolución EJR24-1558 del 7 de noviembre de 2024, con la que se repuso
parcialmente la calificación y se le asignó al actor un puntaje de 780 puntos.

En vista de lo expuesto, el señor Calderón Flórez presentó acción de tutela que conoció
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia2, y que fue declarada
improcedente bajo el argumento de la existencia del medio de control ordinario de
nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir las decisiones adoptadas por
la EJRLB frente a su caso particular.

1 Transcripción literal del texto original que puede contener errores.
2 11001023000020240157500.

2

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Demandante: Hernán Calderón Flórez
Demandado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
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El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia resolvió en segunda instancia
múltiples acciones de tutela promovidas por discentes del concurso que habían
obtenido un puntaje reprobatorio de la subfase general3. El Tribunal concedió el
amparo en el sentido de ordenar la exclusión de algunas preguntas de la evaluación
que no estaban fundamentadas en el material de estudio.

El accionante presentó petición el 12 de marzo de 2025 ante la EJRL, solicitando la
aplicación del principio de igualdad y la exclusión de las preguntas que el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Armenia había ordenado suprimir en los fallos de tutela.
La entidad emitió respuesta negativa en oficio EJO25-676 del 14 de marzo de 2025,
aduciendo que no era posible extender los efectos de las decisiones proferidas en las
sentencias de tutela, dado que aquéllas tienen únicamente efecto inter partes.

1.4. Fundamentos de la vulneración

El tutelante sostuvo que la Resolución EJR24-1558 del 7 de noviembre de 2024,
mediante la cual la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla resolvió el recurso de
reposición presentado contra la calificación obtenida en la subfase general del IX
Curso Concurso de Formación Judicial, carece de motivación suficiente, toda vez que
no se pronunció de fondo sobre varios de los argumentos expuestos y ofreció
respuestas ambiguas respecto de otros.

Como consecuencia de dicha resolución, indicó que fue excluido de la subfase
especializada del proceso, la cual inició el 16 de noviembre de 2024. A juicio del actor,
esta situación le causa un perjuicio irremediable, dado que, aunque ha iniciado
acciones ante la jurisdicción contencioso administrativa, estas no resultan idóneas
para proteger sus derechos de manera oportuna, debido al tiempo que puede
transcurrir hasta la eventual admisión de la demanda y la adopción de una medida
cautelar.

Agregó que, si bien las decisiones adoptadas en sede de tutela por la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, que ordenaron excluir determinadas
preguntas por haberse basado en material no obligatorio, tienen efectos inter partes,
dichas providencias deben aplicarse a todos los discentes en igualdad de condiciones.

Alegó que carece de sentido jurídico que las preguntas declaradas inadecuadas por el
tribunal sean excluidas para unos concursantes y permanezcan válidas para otros,
pese a encontrarse en la misma situación fáctica y jurídica.

Consideró que al decidir la EJRLB no recalificar su evaluación excluyendo dichas
preguntas, se vulneró el principio de igualdad y el debido proceso, pues aplicó un

3 Radicados 63-001-31-09-004-2024-00107-01, 63-001-31-09-003-2024-00105-01 y 63-001-31-09-001

2024-00112-01.

3

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criterio distinto para evaluar a concursantes del mismo proceso, lo cual configura una
discriminación injustificada.

Precisó que, entre las preguntas calificadas insatisfactoriamente en su caso, se
encuentran varias que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia ordenó
excluir en decisiones de tutela, las cuales nunca debieron ser tenidas en cuenta por la
EJRLB al momento de computar el puntaje total, en la medida en que contrarían las
reglas del proceso, que limitaban el contenido evaluable al material catalogado como
lectura obligatoria en los syllabus respectivos.

1.5. Trámite de la acción de tutela

1.5.1. Admisión de la tutela

La solicitud de amparo fue inicialmente repartida al Juzgado Primero Civil del Circuito
Judicial de Armenia, el cual, a través de auto del 24 de abril de 2025, se declaró
impedido para conocer del asunto y remitió el expediente al Juzgado Tercero Civil del
Circuito Judicial de Armenia. Este último, mediante proveído del mismo día, dispuso
enviar a reparto la acción de tutela al Consejo de Estado o a la Corte Suprema de
Justicia en atención a las reglas establecidas en el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto
1069 de 2015.

Así las cosas, en auto del 30 de abril de 2025, el despacho ponente resolvió: admitir
la acción de tutela; notificar a la EJRLB como autoridad accionada; vincular en calidad
de tercero con interés a la Unión Temporal de Formación Judicial 2019 y al Consejo
Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial; y ordenar a
la Secretaría y al Consejo Superior de la Judicatura publicar en los sitios web
respectivos un aviso en el que informen a la comunidad de la existencia del presente
trámite.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, de conformidad con
las constancias que obran en el expediente digital4, se recibieron las siguientes:

1.6.1. Unión Temporal de Formación Judicial 2019

Manifestó que no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante, toda vez
que ha actuado en todo momento conforme a la ley y dentro del marco de sus
competencias asignadas en el desarrollo de las etapas del IX Curso de Formación
Judicial Inicial para Jueces y Magistrados. En consecuencia, argumentó que no le
asiste legitimación en la causa por pasiva, pues no tiene la competencia para resolver

4 Índice 7.

4

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de fondo la petición del accionante, consistente en excluir ciertas preguntas de la
evaluación de la subfase general y expedir un nuevo acto administrativo con la
respectiva recalificación. Por ello, solicitó ser desvinculada de la presente acción de
tutela.

1.6.2. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla

La entidad peticionó que se declare la improcedencia de la acción de tutela interpuesta
o, en su defecto, se niegue el amparo, al considerar que no se superó el requisito de
subsidiariedad y que no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales
invocados.

Refirió que los cuestionamientos del accionante corresponden al control del juez
contencioso administrativo, no del juez constitucional. Precisó que la Resolución
EJR24-1558 del 7 de noviembre de 2024, que resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra la Resolución EJR-298 del 21 de junio de 2024, puso fin a la vía
gubernativa, por lo que la decisión administrativa adquirió firmeza. En ese contexto,
considera que la acción de tutela ha sido usada indebidamente como un recurso
adicional frente a un acto administrativo ya definitivo, desconociendo la competencia
del juez natural de la causa.

Indicó que no se configura un perjuicio irremediable que justifique la intervención del
juez de tutela, por lo que la acción no cumple con el requisito de subsidiariedad.
Adicionalmente, respecto de las sentencias de tutela proferidas por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Armenia, sostuvo que sus efectos son exclusivamente
inter partes, por lo que no pueden extenderse a personas distintas de los accionantes
en dichos procesos.

Finalmente, enfatizó que en la Resolución EJR24-1558 del 7 de noviembre de 2024 se
resolvieron de manera clara, precisa y congruente todas las inconformidades del
accionante, detallando para cada pregunta objetada su validez, opción correcta,
sustentación, opciones de respuesta, competencias evaluadas y fuentes
correspondientes. Por ende, no es admisible afirmar que existió vulneración al derecho
a la igualdad.

1.6.3. Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera
Judicial

La entidad solicitó su desvinculación del presente proceso de tutela por falta de
legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no tiene competencia ni
injerencia alguna en la evaluación cuestionada por el accionante, la cual corresponde
exclusivamente a la EJRLB en el marco de la Subfase General del IX Curso de
Formación Judicial Inicial.

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Señaló que las pretensiones de la acción constitucional giran en torno a
inconformidades propias de esa evaluación, y que tales cuestionamientos no fueron
siquiera radicados ante dicha Unidad, razón por la cual no le es dable emitir
pronunciamiento alguno sobre el fondo de lo solicitado.

1.6.4. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

La Universidad solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela en su
contra, al considerar que no se cumple con el requisito de subsidiariedad y que existe
una carencia actual de objeto, dado que no se ha configurado un hecho concreto que
permita advertir la vulneración de los derechos fundamentales invocados por el
accionante. Afirmó que ha actuado dentro del marco de sus competencias en el
desarrollo del objeto de la Unión Temporal Formación Judicial 2019, y que las
entidades involucradas, han obrado conforme a las disposiciones constitucionales y
legales aplicables al IX Curso de Formación Judicial Inicial.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la acción
constitucional presentada por el señor Hernán Calderón Flórez, por cuanto esta se
dirige contra la EJRLB, unidad administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución
Política y 37 del Decreto Ley 2591 de 1991. Lo anterior, en consonancia con lo
establecido en el numeral 8º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1 del Decreto 333 de 2021, y el artículo 25 del Acuerdo 080
de 2019 «Reglamento Interno del Consejo de Estado».

2.2. Cuestión previa

La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
y la Unión Temporal de Formación Judicial 2019 solicitaron su desvinculación, dado
que, a su juicio, carecen de legitimación en la causa por pasiva.

Estas peticiones serán negadas, en tanto, su llamado al proceso se realizó en calidad
de terceros, y no como la autoridad contra la cual se encuentra dirigido el reparo
señalado por la parte actora, en atención al interés que les asistes en las resultas del
presente trámite. En este sentido, la falta de legitimación en la causa por pasiva que
puede conducir a una desvinculación únicamente puede ser alegada por alguna de las
partes accionadas.

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2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala dar respuesta al siguiente interrogante:

• ¿La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla vulneró los derechos fundamentales
del accionante a la igualdad y al debido proceso con ocasión de la Resolución
EJR24-1558 del 7 de noviembre de 2024 y del oficio EJO25-676 del 14 de
marzo de 2025?

Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la
naturaleza de la acción de tutela, (ii) el carácter subsidiario del mecanismo
constitucional y su procedencia excepcional frente a actos administrativos susceptibles
de control ante el juez contencioso administrativo, y (iii) el análisis del caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable5.

2.5. El carácter subsidiario del mecanismo constitucional y su procedencia
excepcional frente a actos administrativos susceptibles de control ante el juez
contencioso administrativo

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política establece el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6.º del Decreto
Ley 2591 de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no
a la acción de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces naturales de cada

5 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.

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proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas y la jurisprudencia.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos,
no puede desconocer las acciones judiciales establecidas en el ordenamiento jurídico,
ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que
conoce de un asunto de su competencia6.

El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991, de donde
se deriva que la protección de los derechos fundamentales no es un asunto reservado
exclusivamente a la acción de tutela, ya que todos los mecanismos judiciales deben,
en principio, buscar la defensa de aquellos y todos los operadores judiciales deben
cumplir su función jurisdiccional como jueces de convencionalidad, de
constitucionalidad y de legalidad.

Por tanto, esta Sala reitera su posición en el sentido de que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo es la que tiene la competencia para conocer de las
controversias que se puedan suscitar frente a un acto administrativo, en atención a la
existencia de los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del
derecho, en los cuales se pueden solicitar medidas cautelares en los términos de los
artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 20117.

Ahora bien, lo expuesto no desconoce que, en determinadas oportunidades, el
mecanismo de defensa judicial principal no resulta idóneo ni eficaz para otorgar la
protección solicitada, toda vez que puede emitirse una decisión administrativa que,
pese a encontrarse protegida por la presunción de legalidad, esta resulte
absolutamente arbitraria, discriminatoria o que su aplicación práctica vulnere el núcleo
esencial de los derechos fundamentales. En esos casos, el recurso de amparo se torna
procedente y desplaza al mecanismo principal para conjurar la afectación de las
garantías superiores.

No obstante, la Corte Constitucional, vía jurisprudencia, ha establecido escenarios en
los que el amparo constitucional tiene cabida respecto a los actos administrativos

6 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y

la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo
común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el
contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la
Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada
una de las jurisdicciones.”
7 La posesión contenida, entre otras, en el fallo del 30 de junio de 2016, Rad. 2016-00617-00, M.P. Lucy

Jeannette Bermúdez Bermúdez. En el mismo sentido, se pronunció la Sala en las sentencias del
Consejo de Estado, del 10 de septiembre de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 13001-23 33-
000-2015-00440-01 y del 21 de julio de 2016. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad 66001-23-33-000-2016
00293-01.
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proferidos en el marco de una convocatoria pública para la provisión de cargos, tales
casos son los siguientes:

i) El empleo ofertado en el proceso de selección cuenta con un periodo fijo
determinado por la Constitución o por la ley8

ii) se imponen trabas para nombrar en el cargo a quien ocupó el primer lugar
en la lista de elegibles9

iii) el caso presenta elementos que podrían escapar del control del juez de lo
contencioso administrativo, por lo que tiene una marcada relevancia
constitucional13 y, por último,

iv) cuando por las condiciones particulares del accionante (edad, estado de
salud, condición social, entre otras), al demandante le resulta
desproporcionado acudir al mecanismo ordinario.

2.6. Caso concreto

La parte actora sostuvo que sus garantías constitucionales han sido vulneradas por la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, con la expedición de la Resolución EJR24-1558
de noviembre de 2024, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra la Resolución EJR24-298 de junio 2024, en la que se dispuso a
excluirlo del IX Curso de Formación Judicial Inicial por haber reprobado la evaluación
de la subfase general. Por otro lado, a través del oficio EJO25-676 del 14 de marzo de
2025, en el que se negó su solicitud de excluir múltiples preguntas de su calificación.

Consideró que se le están transgrediendo sus derechos fundamentales a la igualdad
y al debido proceso puesto que la resolución que resolvió el recurso de reposición
contiene una motivación insuficiente y no brinda una respuesta de fondo a todos los
reparos formulados. Asimismo, reprochó que la entidad accionada se rehusó a
exceptuar de su calificación a la evaluación de la subfase general del curso concurso,
las preguntas que, en reiterados fallos de tutela10, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Armenia resolvió excluir al considerar que evaluaban contenido de no
obligatorio estudio para los discentes.

Previo a adentrarse en el estudio del asunto de la referencia, la Sala advierte que el
señor Calderón Flórez presentó acción de tutela11 con ocasión de la Resolución

8 Corte Constitucional, sentencias T-509 de 2011, T-604 de 2013, T-748 de 2013, SU-553 de 2015, T

551 de 2017, T-610 de 2017 y T-059 de 2019.
9
Corte Constitucional, sentencias SU-136 de 1998, T-455 del 2000, T-102 de 2001, T-077 de 2005, T-
521 de 2006, T-175 de 2009, T-556 de 2010, T-156 de 2012, entre otras.
10
Radicados 63-001-31-09-004-2024-00107-01, 63-001-31-09-003-2024-00105-01 y 63-001-31-09-
001 2024-00112-01.
11 11001023000020240157500.

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EJR24-1558 del 7 de noviembre de 2024, con la que se repuso parcialmente la
calificación que se le asignó a su evaluación de la subfase general del curso concurso.
De esta solicitud de amparo conoció la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia, la cual la declaró improcedente en vista de la existencia del medio de
control ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir las
decisiones adoptadas por la EJRLB.

En ese orden, el presente mecanismo constitucional difiere en su identidad procesal
del anteriormente interpuesto por el accionante, pues varía tanto en su causa como en
su objeto. A diferencia del asunto decidido por la Corte Suprema de Justicia, en esta
oportunidad los reparos del actor tienen origen en la negativa de la EJRLB de extender
los efectos de múltiples fallos de tutela a su situación particular.

Así, pese a que el tutelante nuevamente eleva reparos contra la Resolución EJR24-
1558 de noviembre de 2024, lo cierto es que estos tienen la finalidad de demostrar que
su caso guarda similitud con aquellos resueltos por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Armenia y, en tal sentido, el foco de sus reproches recae sobre el oficio
EJO25-676 del 14 de marzo de 2025.

Aclarado lo anterior, se observa que la Resolución EJR24-1558 de noviembre de 2024
y el oficio EJO25-676 del 14 de marzo de 2025 corresponden a actos administrativos
que contienen decisiones de la administración pasibles de control, de manera que la
inconformidad que expuso la parte actora respecto de las aludidas determinaciones
administrativas deben plantearse ante el juez de lo contencioso administrativo, a través
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo
138 de la Ley 1437 de 2011, el cual dispone:

Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma
jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso
o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el
daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo
del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o
la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la
demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto
general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.

Asimismo, al interior del mencionado proceso es factible que el actor solicite ante el
juez natural del asunto las medidas cautelares que considere necesarias para proteger
y garantizar el objeto del proceso, como lo indica el artículo 229 ibidem:

En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de
ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02414-00

petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente
decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias
para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de
la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.

Incluso, tratándose de la situación particular del accionante, podrá solicitar la
suspensión provisional del acto administrativo objeto de la demanda, atendiendo los
parámetros que para tal efecto dispone el artículo 231 ibidem que indica lo siguiente:

Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de
sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o
en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis
del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como
violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente
se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá
probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

Al respecto, se remembra que el objeto de la acción de tutela de la referencia es
discutir las decisiones adoptadas por la EJRLB y, en consecuencia, que se excluya del
consolidado de la evaluación de la subfase general del curso concurso ciertas
preguntas que, desde su perspectiva, evaluaron contenidos de estudio no obligatorio.
Cuestión que fue planteada por el accionante ante la entidad y que le resolvió
negativamente.

Así las cosas, se insiste en que el juez de tutela no está instituido para analizar la
legalidad de los actos administrativos y verificar si en el proceso de expedición de éstos
no se incurrió en irregularidad alguna que afecte su validez, dado que para tales
menesteres el legislador estableció una vía judicial ordinaria.

A su turno, el señor Calderón Flórez en su escrito de tutela plantea una serie de
argumentos con base en los cuales pretende desvirtuar la idoneidad y eficacia del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, así como de las medidas
cautelares procedentes en tales asuntos. Dichos planteamientos, en criterio de la Sala,
son apreciaciones subjetivas que carecen de un respaldo que medianamente permite
acometer su estudio.

Finalmente, es preciso señalar que, en este caso, tampoco se acreditó ninguna de las
circunstancias excepcionales que la jurisprudencia ha admitido como válidas para
superar el requisito de la subsidiariedad. Esto es así porque:

a) Los cargos ofertados en la convocatoria No 27 no son aquellos de periodo fijo
determinado por la Constitución o por la ley.

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b) En este caso no se imponen trabas para nombrar en el cargo a quien ocupó el primer
lugar en la lista de elegibles, puesto que aún no se ha llegado a esa etapa de la
convocatoria cuestionada, además que no es el objeto de esta acción.

c) No se exhiben circunstancias que podrían afectar los derechos fundamentales del
concursante y no hay evidencia de que los fundamentos de las pretensiones y la
afectación puedan escapar del control del juez de lo contencioso administrativo. Por
tanto, no se acreditó que este asunto contenga “una marcada relevancia
constitucional”.

d) La parte actora no demostró ni en el proceso constitucional se observó que esta se
encontrara bajo condiciones particulares de edad, estado de salud, condición social u
otras, por las cuales resultase desproporcionado exigirle acudir al mecanismo ordinario
ante los jueces administrativos.

Así las cosas, al existir un medio principal y no acreditarse ninguna situación
excepcional, se encuentra que, el mecanismo principal ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo es el idóneo y eficaz para obtener la protección de los
derechos fundamentales invocaos por la parte accionante.

Ahora bien, y solo en gracia de discusión, incluso si se aceptara la procedencia de la
presente solicitud de amparo constitucional, lo cierto es que tampoco se configura una
vulneración al derecho fundamental a la igualdad alegada por el accionante. La
negativa de la EJRLB de excluir del consolidado de evaluación del señor Calderón
Flórez las preguntas que fueron descartadas en decisiones de tutela proferidas por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia respecto de otros discentes, no
resulta contraria a dicha garantía constitucional.

Esto, por cuanto las decisiones adoptadas en sede de tutela por dicho órgano judicial
evaluaron las circunstancias particulares de los discentes que actuaron como
actores en esos procesos específicos. En consecuencia, las órdenes allí impartidas
tienen efectos inter partes, esto es, se limitan a los sujetos procesales que promovieron
cada acción de tutela, sin que sea procedente su extensión a terceros cuyos derechos
fundamentales no fueron objeto de protección en esos casos concretos. Extender
dichos efectos supondría desconocer la naturaleza y alcance de las decisiones
adoptadas en sede de tutela y la exigencia de que cada caso sea valorado con base
en sus propios presupuestos fácticos y jurídicos.

En consecuencia, como la acción promovida no satisface el requisito de la
subsidiariedad, se declarará su improcedencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

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III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

FALLA

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación de la Unión Temporal de
Formación Judicial 2019 y de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura respecto a la presente acción de tutela.

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela instaurada por
el señor Hernán Calderón Flórez contra la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por
no cumplir con el requisito de la subsidiariedad.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme
a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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