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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02429-01

Fecha
21 de julio de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02429-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 22 de mayo de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Primera, a través de la cual negó la desvinculación de algunas de las entidades demandadas, negó el amparo del derecho de petición, y declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por Ernesto Chaparro Fuentes contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal respecto de las demás pretensiones. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02429-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

21 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02429-01
Demandante: Ernesto Chaparro Fuentes
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal

Temas: Tutela contra acto administrativo / Acto de nombramiento /
Derecho de petición
Decisión: Confirmar la decisión del a quo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación formulada por Ernesto Chaparro Fuentes en contra de
la sentencia proferida el 22 de mayo de 2025 por el Consejo de Estado, Sección
Primera, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

1. La parte demandante promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, petición y “ascenso”, los
cuales consideró vulnerados con ocasión de la falta de respuesta a la solicitud enviada
el 15 de enero de 2025 a la Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Yopal.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. La jueza primera civil municipal de Yopal comunicó al tribunal su traslado para
ocupar el cargo homólogo de Sogamoso a partir del 23 de enero de 2025, lo que
implicó que desde esa fecha el referido aquel quedó vacante, por lo que se debió surtir
el trámite correspondiente para proveerlo en propiedad.

2.2. El 15 de enero de 2025 solicitó ante la autoridad judicial nominadora que se le
tuviera en cuenta para ocupar el cargo vacante, con copia al Consejo Superior de la
Judicatura y al Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare, entidad
esta última que respondió al día siguiente.

2.3. La entidad demandada no ha dado respuesta alguna, ni ha convocado el proceso

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02429-01
Demandante: Ernesto Chaparro Fuentes

correspondiente para proveer el cargo vacante, de conformidad con lo previsto en la
Ley 2430 de 2024 y el Acuerdo PCSJA24-12238 del 9 de diciembre de 2024. Por el
contrario, mediante el Acuerdo 003 del 16 de enero de 2025 nombró en “encargo y
provisionalidad” a Edna Viviana Pérez Cuevas, quien se desempeñaba en propiedad
como secretaria del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Yopal.

2.4. Así, se desconoció que la especialidad penal no guarda relación con el cargo a
ocupar, como lo resolvió el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá con
Resolución 21-439 del 20 de agosto de 2021, al negarle un traslado a un juzgado
penal de Yopal por razones de afinidad, especialidad y jurisdicción, conforme al
Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017, decisión que fue confirmada por el Consejo
Superior de la Judicatura.

2.5. La omisión de la entidad accionada en convocar o publicar la vacancia del cargo,
y en responder la solicitud presentada, vulneran sus derechos fundamentales a la
igualdad, debido proceso, “ascenso” y petición.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] 1.- Vincular a la presente acción al Consejo Superior de la Judicatura, Consejo
Seccional de la Judicatura de Boyacá & Casanare sede Tunja, Dirección y/o Unidad de
Administración de Carrera Judicial del CSJ, ASONAL JUDICIAL, ASONAL SI. Ministerio de
Trabajo y la OIT, para que se pronuncien al respecto, y sobre el cumplimiento de los
Acuerdos emitidos por el CSJ, los pactos laborales firmados en lo relacionado con el
ascenso interno de los servidores judiciales que ostentamos el cargo en propiedad, como
en el caso que nos ocupa.

2.- Tutelar los derechos fundamentales de igualdad, debido proceso, petición, y ascenso,
conforme a los hechos objeto de esta acción constitucional. Se conmine a la accionada a
hacer las publicaciones de las vacantes conforme a la Ley, Acuerdos y jurisprudencia de
las altas cortes. […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal1 solicitó que se negara el
amparo invocado, en tanto no vulneró los derechos del demandante pues, la petición
objeto de amparo fue atenida el 26 de febrero de 2025, además, explicó:

4.1. El 16 de enero del 2025, durante la realización de la Sala Plena Ordinaria, se
expidió el Acuerdo 003, mediante el cual se designó a Edna Viviana Pérez Cuevas en
encargo y en provisionalidad, para ocupar el cargo de juez primera civil municipal de
Yopal.

4.2. Aquella designación se fundamentó en los siguientes aspectos: i) el nombramiento
tenía como finalidad suplir una vacancia definitiva, generada por la renuncia de la

1 Ver índice 8 de Samai.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02429-01
Demandante: Ernesto Chaparro Fuentes

titular del cargo, y no una vacancia temporal; ii) las disposiciones contenidas en las
leyes 270 de 1996 y 2430 de 2024 y el Acuerdo PCSJA24-12238 del 9 de diciembre
de 2024, no establecen un procedimiento específico para la provisión de vacancias
definitivas, más allá de lo previsto para las temporales; y iii) el artículo 68 de la Ley
2430 de 2024 señala que, en casos de vacancia temporal, “podrá optarse” por un
funcionario o empleado de carrera del despacho respectivo. Esta disposición tiene un
carácter potestativo, no imperativo, lo cual implica que el nominador tiene la facultad
de seleccionar, de manera objetiva, a una persona que cumpla con los requisitos
exigidos para el cargo ya sea del mismo despacho u otro, siempre que acredite una
mejor experiencia o idoneidad para su ejercicio.

4.3. Tras una revisión objetiva de las hojas de vida, la Sala concluyó que Edna Viviana
Pérez Cuevas no solo ostentaba el cargo de secretaria de circuito en propiedad, sino
que además contaba con la experiencia necesaria para ejercer como juez primero civil
municipal de Yopal, ya que fungió como juez civil del circuito y juez promiscuo del
circuito.

5. El Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare2 solicitó su
desvinculación por configurarse la falta de legitimación en la causa por pasiva y señaló
que la petición presentada por el demandante fue remitida por competencia a la
Presidencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante el Oficio
CSJBOYO25-115 del 15 de enero de 2025, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
270 de 1996, modificada por la Ley 2430 de 2024. Situación debidamente notificada
al interesado a través de correo electrónico.

6. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura3 solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva y
se negara el amparo solicitado, al estimar que no vulneró ni afectó los derechos
fundamentales del demandante, toda vez que:

6.1.No participó en las actuaciones administrativas adelantadas por el tribunal
demandado, las cuales incluyeron el nombramiento de Edna Viviana Pérez Cuevas
como juez primero civil municipal de Yopal mediante el Acuerdo 003 del 16 de enero
de 2025 y la presunta omisión en la respuesta a la petición objeto de amparo, las
cuales competían al tribunal demandado como autoridad nominadora.

6.2. Tampoco es competencia de la unidad evaluar si los actos administrativos de los
nominadores relacionados con nombramientos se ajustan a derecho, los cuales gozan
de presunción de legalidad. Así, para impugnarlos, el interesado debe acudir ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo mediante un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

6.3. En cuanto a la vacante de juez primero civil municipal de Yopal, generada por el
traslado de su titular, el cargo debería ser provisto de acuerdo con el procedimiento

2 Ver índice 10 de Samai.
3 Ver índice 11 de Samai.

3

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Demandante: Ernesto Chaparro Fuentes

establecido en los artículos 130, 131 y 132 de la Ley 270 de 1996 y en los acuerdos
que regulan el proceso de publicación y asignación de vacantes.

7. Edna Viviana Pérez Cuevas4 manifestó que desconoce el trámite relacionado con
la petición que el demandante afirmó remitir al tribunal demandado para su postulación
al cargo de juez primero civil municipal.

7.1. Con respecto a su vinculación a la Rama Judicial, señaló que está inscrita en
propiedad como secretaria del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad en Yopal, sin embargo, desde el 2008 ha ocupado diversos cargos dentro
de la jurisdicción ordinaria, no solo en el área penal, sino también como juez civil y
promiscuo del circuito en el departamento de Casanare, por lo que cumplía con la
experiencia requerida para el ejercicio del pluricitado cargo.

7.2. Sin perjuicio de lo anterior, en razón a que el cuestionamiento del demandante se
refiere a un desacuerdo con el acto administrativo de su nombramiento, la solicitud
constitucional se torna improcedente.

8. El Ministerio del Trabajo, Dirección Territorial Casanare5 solicitó declarar la falta
de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no existen obligaciones ni derechos
recíprocos entre el demandante y la cartera ministerial, lo que da lugar a que haya
ausencia, bien sea por acción u omisión, de la vulneración o amenaza de derecho
fundamental alguno.

9. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron silencio6.

1.3 Sentencia de primera instancia7

10. El Consejo de Estado, Sección Primera, con sentencia del 22 de mayo de 2025
negó las solicitudes de desvinculación presentadas por algunos de los demandados,
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado en cuanto al derecho de
petición, y declaró la improcedencia de la tutela respecto a los derechos
fundamentales a la igualdad y debido proceso.

1.4. Escrito de impugnación8

11. La parte demandante impugnó la decisión del a quo en cuanto a la declaratoria de
improcedencia de la tutela respecto del amparo de los derechos fundamentales a la
igualdad y debido proceso, para lo cual insistió en los argumentos expuestos en el

4 Ver índice 12 de Samai.
5 Ver índice 13 de Samai.
6 La presente solicitud de tutela, en principio, fue tramitada ante la Corte Suprema de Justicia,
corporación judicial que, en segunda instancia, declaró la nulidad de todo lo actuado y la remitió al
Consejo de Estado. Desde la admisión de la demanda fueron vinculados el Consejo Superior de la
Judicatura, ASONAL Judicial SI y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
7 Ver índice 15 de Samai.
8 Ver índice 19 de Samai.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02429-01
Demandante: Ernesto Chaparro Fuentes

escrito de amparo, además de referir las razones por las cuales considerara que el
Acuerdo 003 del 16 de enero de 2025 con el que se nombró a Edna Viviana Pérez
Cuevas como juez primera civil municipal de Yopal desconoció el ordenamiento
jurídico.

2. Consideraciones

12. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) determinación del problema
jurídico: iii) procedencia de la solicitud de tutela contra actos administrativos; y iv)
análisis de la Sala.

2.1. Competencia

13. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20009 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201910, esta Sala es
competente para conocer la impugnación contra la sentencia de tutela proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera.

2.2. Problema jurídico

14. De acuerdo con los argumentos expuestos en el escrito de impugnación, la Sala
deberá determinar: ¿si la solicitud de tutela es procedente para cuestionar la legalidad
del Acuerdo 003 del 16 de enero de 2025 con el que se nombró a Edna Viviana Pérez
Cuevas como juez primera civil municipal de Yopal?

2.3. Procedencia de la solicitud tutela

15. El artículo 86 constitucional señala que: «[e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable». A su vez, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 dispone, entre otras, como causal de improcedencia de la
solicitud de amparo:

[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]

16. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia11, es decir, no es un mecanismo de
defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios previstos
por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un último y único

9 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
10 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
11 T-187 de 2010.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02429-01
Demandante: Ernesto Chaparro Fuentes

medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho, pues es la tutela
el mecanismo preferente de protección de los derechos fundamentales, cuyo ejercicio
conduce a la obtención de un amparo efectivo e inmediato frente a los actos u
omisiones que los amenacen o vulneren.

2.3.1. Procedencia de solicitud de tutela contra actos administrativos

17. El artículo 6, numeral 5, del Decreto 2591 de 1991 establece la improcedencia de
la solicitud de tutela contra actos «de carácter general, impersonal y abstracto» y, de
manera excepcional, respecto de aquellos de contenido particular, en la medida en
que el ordenamiento constitucional y legal ha establecido mecanismos ordinarios de
defensa, dotados de todas las garantías que ofrece el derecho al debido proceso con
el objeto de discutir acerca de su legalidad, tal como lo señaló la Corte Constitucional
en la sentencia T-548 de 201012:

«[…] Debido a lo anterior, en reiterada jurisprudencia se ha establecido la improcedencia
de la tutela contra actos administrativos de contenido particular y concreto, pues para
controvertir estos actos se tiene la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que
se ejerce ante la jurisdicción contencioso administrativa “gracias a la cual el interesado
puede solicitar la suspensión provisional del acto que infringe la vulneración a los derechos
cuya protección se invoca. […]».

18. La anterior postura, de ninguna manera riñe con las facultades del juez de tutela
para suspender, de forma excepcional, la ejecución de actos administrativos de
carácter particular en los siguientes eventos: como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable, cuando este se alegue y se pruebe dentro del proceso por
la parte demandante [artículo 8º del Decreto 2591 de 1991], o como mecanismo
definitivo, cuando el mecanismo principal no sea eficaz e idóneo para la defensa
judicial de quien demanda. Así lo señaló la Corte Constitucional en sentencia T-244
de 201013:

«[…] En este orden de ideas, la Corte ha decantado dos supuestos excepcionales en los
cuales el carácter de subsidiario de la acción de tutela no impide su utilización, a pesar de
existir mecanismos alternos de defensa judicial al alcance del interesado. La primera de
esas excepciones se encuentra prevista en el artículo 86 Superior, la cual se presenta
cuando la tutela se ha interpuesto como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable; la segunda, se configura cuando el otro medio de defensa existe, pero en la
práctica es ineficaz para amparar el derecho fundamental cuya protección se invoca,
excepción que no emana directamente de la Constitución, pero ha sido introducida por la
jurisprudencia de esta Corporación. […]».

19. Ahora, en cuanto al perjuicio irremediable, debe entenderse como aquel que
presenta las características de inminente, esto es que amenaza o está por
suceder; urgente, en relación con las medidas a adoptar para evitar su consumación,
aplicando para el efecto un criterio de proporcionalidad; grave, relacionado con el bien
jurídico protegido por el ordenamiento y que es objetivamente [determinado o

12 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
13 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02429-01
Demandante: Ernesto Chaparro Fuentes

determinable] relevante para el afectado e, impostergable, lo que determina que la
tutela sea adecuada para el restablecimiento del orden social justo en su integridad.

2.4. Análisis de la Sala

20. Ernesto Chaparro Fuentes acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, además, de que se diera respuesta
a la petición presentada el 15 de enero de 2025 respecto de la cual, el juez de primera
instancia declaró hecho superado, sin que ello sea objeto de impugnación14, se
ordenara a las autoridades competentes que hagan la publicación de la vacante de
juez primero civil municipal de Yopal, pues, el Acuerdo 003 del 16 de enero de 2025
con el que se nombró a Edna Viviana Pérez Cuevas en aquel cargo, contradijo la ley,
los acuerdos y la jurisprudencia de las altas cortes.

21. Ahora bien, de acuerdo con los diferentes supuestos fácticos y jurídicos expuestos
en los acápites anteriores, así como aquellos debidamente acreditados a través de los
medios probatorios allegados a la litis constitucional, se tiene que, en atención a que
lo pretendido se dirige a cuestionar la legalidad del referido acuerdo de nombramiento,
al ser proferido presuntamente con desconocimiento de la normativa que rige la
materia, la solicitud de tutela resulta improcedente en tanto se incumple con el
presupuesto de la subsidiariedad.

22. Así pues, se evidencia que desde el momento en que fue proferido el referido acto
administrativo, se abrió la posibilidad a la parte tutelante de acudir a la jurisdicción
contenciosa-administrativa en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho15, si lo pretendido era lograr su nombramiento al
considerarse con mejor derecho, o de nulidad electoral16 si su interés era obtener su
declaratoria de ilegalidad por desconocimiento del ordenamiento jurídico17.

14 Lo cual releva el juez de segunda instancia de efectuar cualquier estudio respecto al amparo del

derecho de petición.
15 Artículo 138 de la Ley 1437 de 2011. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se

crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también
podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en
el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento
del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado
a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.
16 Artículo 139 ibidem. Nulidad electoral. Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de

elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que
expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden. […]
17 Artículo 275 ibidem. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son

nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando:
1. Se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades
electorales.
2. Se hayan destruido los documentos, elementos o el material electoral, así como cuando se haya
ejercido cualquier tipo de violencia o sabotaje contra estos o contra los sistemas de votación,
información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones.

7

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Demandante: Ernesto Chaparro Fuentes

23. Ahora bien, cabe advertir que, al momento de hacer uso del medio de control
pertinente, el interesado estaba en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares
establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo:

ARTÍCULO 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos
que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la
demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada,
podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas
cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto
del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente
capítulo. […]

Artículo 230.Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares
podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener
relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o
Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:

1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se
encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.

2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter
contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista
otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo
caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o
señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el
procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una
obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.

5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de
hacer o no hacer.

Parágrafo. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte
elementos de índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la
autoridad competente en la adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá
limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el efecto en atención a la
urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios
establecidos para ello en el ordenamiento vigente.

24. Adicional a las normas ya transcritas, en el artículo 234 Ibidem se establece de
manera especial la procedencia de las “medidas cautelares de urgencia”,
circunstancia que podría predicarse en el asunto objeto de estudio y de la cual pudo
hacer uso la parte demandante dentro del respectivo proceso, dice la norma:

3. Los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterados con el
propósito de modificar los resultados electorales.
4. Los votos emitidos en la respectiva elección se computen con violación del sistema constitucional o
legalmente establecido para la distribución de curules o cargos por proveer.
5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales
o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad. […]

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02429-01
Demandante: Ernesto Chaparro Fuentes

ARTÍCULO 234. MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA. Desde la presentación de la
solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar
una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que
por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión
será susceptible de los recursos a que haya lugar.

La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la
constitución de la caución señalada en el auto que la decrete. […]

25. Al respecto, tal como lo dispone la normativa en cita, debe aclararse que las
medidas cautelares que podía solicitar no solo estaban encaminadas a suspender los
efectos de los actos cuya legalidad se pretendieran cuestionar sino a tomar las
decisiones pertinentes para proteger provisionalmente el objeto del proceso y la
efectividad de la sentencia.

26. De tal manera, correspondía al juez natural del asunto determinar la medida más
apta para proteger el objeto del proceso iniciado, frente a lo cual debe resaltarse que
esto no implica, únicamente, la suspensión del acto cuya legalidad se cuestiona y
mucho menos justifica el uso del recurso de amparo constitucional, eximiéndose de
promover los medios de control procedentes.

27. Inicialmente, entonces, no se evidencia que la solicitud de tutela sea el mecanismo
adecuado para analizar de fondo el acto administrativo expedido por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Yopal con el que se nombró a Edna Viviana Pérez
Cuevas como juez primera civil municipal de Yopal.

28. Sumado a esto debe precisarse que la jurisprudencia de la Corte Constitucional18 y
de esta corporación ha sostenido que la solicitud de tutela resulta improcedente cuando
el demandante no ha interpuesto los mecanismos ordinarios de defensa que están a su
alcance para propender por la protección de sus derechos fundamentales vulnerados o
amenazados.

29. En ese orden de ideas, las pretensiones de la presente solicitud resultan a todas luces
improcedentes, ya que la autoridad judicial competente es el juez contencioso-
administrativo, encargado de entrar a resolver el fondo del asunto planteado en cada
medio de control, así como en las medidas cautelares presentadas, máxime si se tiene
en cuenta que en el presente asunto no se advierte siquiera la configuración de un
perjuicio irremediable que amerite un amparo transitorio.

30. Así, de acuerdo a los contornos particulares del asunto, esta Sala de decisión no
evidencia la manera en la que las actuaciones adelantadas por el tribunal nominador
pudieran vulneran los derechos fundamentales invocados por el demandante que

18 Corte Constitucional, sentencia T-011 de 2007. MP Rodrigo Escobar Gil. «(…) En este orden de

ideas, si la parte afectada no interpuso en su debido momento, los recursos establecidos en el
ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos amenazados o vulnerados, es innegable que la
acción de amparo constitucional no tiene la virtualidad de revivir los términos vencidos ni de convertirse
en un recurso adicional o supletorio de las instancias ordinarias previstas en el desarrollo de cada
actuación procesal, como de forma reiterada lo ha manifestado esta Corporación (…)».

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02429-01
Demandante: Ernesto Chaparro Fuentes

ameriten la intervención urgente del juez constitucional, pues, su interés trata de una
mera expectativa más no de un derecho adquirido.

3. Conclusión

31. En este orden de ideas, la Sala confirmará la decisión del a quo a través de la cual
negó la desvinculación de algunas de las entidades demandadas, negó el amparo del
derecho de petición, y declaró improcedente, por no satisfacer el requisito de la
subsidiariedad, la solicitud de amparo presentada por Ernesto Chaparro Fuentes
contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal respecto de las demás
pretensiones.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 22 de mayo de 2025 por el Consejo de
Estado, Sección Primera, a través de la cual negó la desvinculación de algunas de las
entidades demandadas, negó el amparo del derecho de petición, y declaró
improcedente la solicitud de amparo presentada por Ernesto Chaparro Fuentes contra
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal respecto de las demás pretensiones.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JAVD/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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