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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02433-00

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02433-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el Observatorio de Coyuntura Económica, Política, Ambiental y Social Ltda – OCEPAYS, contra la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo del Consejo. Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02433-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

19 de junio de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02433-00
Demandante: Observatorio de Coyuntura Económica
Política Ambiental y Social Ltda - OCEPAYS

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02433-00
Demandante: OBSERVATORIO DE COYUNTURA ECONÓMICA POLÍTICA
AMBIENTAL Y SOCIAL LIMITADA – OCEPAYS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
“A”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
controversias contractuales. Defecto fáctico y procedimental.
Relevancia constitucional por reiteración de argumentos

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el Observatorio de Coyuntura Económica Política Ambiental y Social
Ltda – OCEPAYS, quien actúa por intermedio de su representante legal, contra la
Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 28 de abril de 2025, la parte actora interpuso acción de tutela en la que solicitó al
juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados por la
autoridad judicial accionada.

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“1. Ampare los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia del Observatorio de Coyuntura Económica, Política, Ambiental
y Social Limitada, que han sido vulnerados por los Magistrados JOSÉ ROBERTO
SÁCHICA MÉNDEZ, FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ y MARÍA ADRIANA
MARÍN, integrantes de la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante la providencia de segunda
instancia de fecha 25 de octubre de 2024, notificada el 20 de noviembre de 2024, dentro
del expediente 44001334000020140010501.

2. Deje sin efecto la sentencia mencionada, en cuanto se vulneraron derechos
fundamentales, y ordene a la misma Subsección A, o a quien haga sus veces, que
profiera una nueva decisión ajustada a los principios de supremacía constitucional,
debido proceso, aplicación adecuada de la ley tributaria (artículo 28 del Estatuto
Tributario) y correcta valoración probatoria.

3. Ordene a la autoridad judicial accionada que, al emitir la nueva providencia:

a) Reconozca que el ingreso por impuesto predial unificado y sobretasa ambiental
causado gracias a la gestión del contratista Observatorio de Coyuntura Económica,

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Política, Ambiental y Social Limitada genera la obligación de pago de la remuneración
convenida (15% del incremento logrado), sin supeditar indebidamente el derecho al
ingreso efectivo de los dineros a la Tesorería del Municipio de Manaure.

b) Corrija los defectos fácticos y sustantivos advertidos, considerando las pruebas
obrantes en el proceso y la legislación vigente aplicable al momento de los hechos.

4. Prevenga a los Magistrados accionados para que, en lo sucesivo, en el ejercicio de la
función judicial, respeten de manera estricta los derechos fundamentales, el bloque de
constitucionalidad, y la obligación de aplicar de manera razonable y fundada las normas
jurídicas.

5. Disponga cualquier otra medida que el Despacho estime necesaria para restablecer
íntegra y eficazmente los derechos fundamentales vulnerados”.

2. Hechos

De conformidad con los expedientes de tutela y ordinario de controversias
contractuales, se tienen como hechos relevantes los siguientes:

Entre la parte accionante y el municipio de Manaure se suscribió un contrato de
prestación de servicios por medio del cual el Observatorio de Coyuntura Económica,
Política, Ambiental y Social LTDA adquirió la obligación de “prestar los servicios
profesionales para el estudio, alinderación, avalúos y revisión ante la autoridad catastral
para la programación de la liquidación y la gestión de giro ante la Nación de la cantidad
justa, equivalente a lo que el Municipio de Manaure ha dejado de percibir por concepto del
Impuesto Predial Unificado en: 1°) el resguardo indígena existente en su jurisdicción, 2°)
los terrenos dedicados a explotaciones mineroenergéticas”.

En dicho contrato se pactó que el contratista tenía el derecho a recibir una
remuneración equivalente al 15% del aumento en el recaudo del impuesto predial
sobre los terrenos del resguardo indígena de la comunidad Wayúu de la alta y media
Guajira y los terrenos destinados a explotaciones minero-energéticas, cuyo punto
de referencia correspondió a las proyecciones de recaudo establecidas por el
municipio de Manaure para los años 2008 y 2009.

El incremento del valor catastral del resguardo indígena pasó de $17.000 a
$300.803 por hectárea, lo que trajo consigo el incremento de la facturación anual
del impuesto predial en $686.835.472, por lo que la sociedad contratada consideró
que de acuerdo con lo pactado en el contrato, le correspondía un pago de
$103.025.321, monto sobre el cual aún se le adeudan $78.932.550.

Asimismo, la sociedad contratista realizó la gestión de la incorporación y avalúo
catastral del inmueble de IFI Concesión Salina por un valor de $519.875.000.

De igual modo, se indicó que la sociedad accionante consiguió que el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) fijara el avalúo catastral de las construcciones
de las vías férreas y la carretera de propiedad del Cerrejón, por primera vez en 25
años, situación que generó un cobro por concepto de impuesto predial de
$414.645.938.008, valor sobre el cual le correspondía al contratista $2.196.890.701.

En ese orden, el municipio de Manaure emitió dos facturas para cobrar al Cerrejón
el impuesto correspondiente a las vigencias fiscales de los años 1996 a 2009, con
fundamento en el valor de la carretera y la línea férrea que era de su propiedad, e
inició el proceso de cobro coactivo.

El fundamento legal de dichas facturas obedeció a la Resolución no. 040 de 31 de
diciembre de 2009, por medio de la cual el IGAC ordenó modificaciones en el
catastro municipal y estableció los avalúos catastrales de las áreas de construcción

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de la línea férrea y la carretera del Cerrejón; no obstante, mediante Resolución no.
022 de 9 de julio de 2010, el IGAC revocó el primer acto administrativo teniendo en
cuenta que la resolución de diciembre de 2009 estuvo vigente por más de seis
meses y no existió alguna justificación para que el municipio suspendiera el cobro
coactivo por dicha revocatoria.

Asimismo, se indicó que el contratista logró que el IGAC, a través Resolución no.
0032 de 27 de diciembre de 2012, estableciera que las sociedades del grupo
Cerrejón son las propietarias de la línea férrea y la carretera y, por tanto, estipuló
que esas construcciones deben ser inscritas catastralmente.

Por lo anterior, el Observatorio de Coyuntura Económica, Política, Ambiental y
Social LTDA. presentó demanda en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales contra el municipio de Manaure a través del cual pretendió lo
siguiente:

“II. 2.1. Que el Municipio de Manaure cancele al Observatorio $78.932.550, por concepto de la
remuneración por los servicios del Contratista en el logro del incremento del Impuesto Predial
Unificado que había dejado de recaudar el Municipio de Manaure por el Resguardo Indígena de la
Comunidad Wayuu de la Alta y Media Guajira existente en su jurisdicción (…).

II. 2.2. Que (…) el Municipio de Manaure pague al Observatorio la suma de $2.196.890.701,20,
"como remuneración por sus servicios" que conllevaron al Municipio al recaudo del Impuesto
Predial Unificado en explotaciones minero energéticas, por el área construida de línea férrea y
carretera de propiedad de Carbones del Cerrejón Limited y Cerrejón Zona Norte S.A., o ante la
eventualidad de no haber cobrado, se determine por el Despacho que el perjuicio de gran
intensidad causado por la Administración Municipal a su propia Tesorería, al no haber continuado
con el cobro de los tributos por valor de $14.645.938.008, se trasladó al Contratista cumplido, y en
consecuencia, se le debe de pagar este perjuicio material causado (…).

II. 2.3. Que el Municipio de Manaure informe al Despacho sobre la facturación al IFI Concesión
Salinas y sobre el recaudo por concepto de Impuesto Predial Unificado del predio registrado bajo
la Matrícula Inmobiliaria número 210-23125 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Riohacha, si lo ha habido, a efectos de pagar al Observatorio la remuneración pactada del 15% de
lo que antes había dejado de recaudar, o igualmente se determine por el Despacho que la
Administración Municipal ha causado un gran perjuicio a su propia Tesorería, por no haber
adelantado la gestión de cobro correspondiente, y por ende trasladó el perjuicio al Contratista
cumplido; por lo que en consecuencia, deberá pagarle este perjuicio material causado (…).

II. 2.4. Que, acorde con el trabajo realizado y demostrado, el Municipio de Manaure presente al
Despacho una fórmula de arreglo sobre la forma de pago de los trabajos realizados por el
Observatorio, los mismos que permitieron un incremento en el Impuesto Predial Unificado, tanto
de los avalúos catastrales que sirvieron de base para el incremento sustancial del Impuesto Predial
del resguardo indígena existente en su jurisdicción, como de los que permitieron tener una
facturación de gran intensidad por el Impuesto Predial de los terrenos dedicados a explotaciones
mineras entre los años de 1.993 a 2.010, o su equivalencia en dineros por perjuicios causados,
tanto en área de terreno y en área de construcción de Línea Férrea y Carretera, como de lo que
resulte por uno u otro concepto del cobro de lo dejado de recaudar entre los años 1.981 a 1.992
por esos terrenos y construcciones, previa presentación de la certificación de servicios prestados
emitida por el supervisor del contrato, en correspondencia con los dineros recaudados gracias a la
gestión del contratista (Cláusula Sexta del Contrato).

II. 2.5. Que sobre los valores monetarios liquidados y deducidos a favor del Observatorio se
calculen los intereses de mora causados desde el tiempo en que el Municipio de Manaure debió
de pagar la remuneración pactada o los perjuicios materiales causados al Contratista, hasta que
se haga efectivo el pago (…).

II. 2.6. Que, en el acta de liquidación, después de acordados valores, ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar, consten los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
lleguen el Municipio de Manaure y el Observatorio, para poner fin a las divergencias presentadas
y haya declaratoria de paz y salvo.

II. 2.7. Que al fallo que en derecho corresponda se le dé cumplimiento con fundamento en el
artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y
demás normas concordantes sobre la materia.

II. 2.8. Que se condene en costas a la entidad demandada”.

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La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de La Guajira, que
por sentencia de 26 de octubre de 2021 declaró de oficio la nulidad absoluta del
contrato no. 001 de 2009 suscrito entre la sociedad demandante y el municipio de
Manaure y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría
General de la Nación.

Luego de que la parte demandante interpusiera recurso de apelación contra la
anterior decisión, la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado
mediante sentencia de 25 de octubre de 2024 revocó la sentencia de 26 de octubre
de 2021, para en su lugar, declarar liquidado el contrato no. 001 de 2009, e indicó
que el monto pendiente de pago a cargo del contratista equivalía al valor de
$3.784.322 y, una vez cancelada dicha suma, las partes quedarán a paz y salvo.

3. Fundamentos de la acción

La parte accionante señaló que la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo
de Estado incurrió en los defectos fáctico y procedimental, al proferir la sentencia
de 25 de octubre de 2024

Al referirse al (i) defecto fáctico la sociedad accionante consideró que la autoridad
judicial accionada incurrió en una indebida valoración probatoria, en tanto concluyó
que como demandante no demostró los supuestos de hecho que habilitaban el
reconocimiento económico, específicamente la estimación del recaudo del
municipio para los años 2008 y 2009 y el correspondiente incremento frente a la
estimación, de acuerdo con los ingresos efectivamente recaudados por el municipio
de Manaure.

Agregó que el hecho de que se realizara la inscripción catastral por primera vez,
permitía inferir que la estimación del recaudo del municipio de Manaure era de cero
pesos para las vigencias de los años 2008 y 2009.

Asimismo, la parte accionante afirmó que también se configuró un defecto fáctico
en la valoración del contrato adicional suscrito entre las partes, además de un oficio
obrante en el expediente, los cuales consideró daban cuenta de la interposición de
recursos de reconsideración contra las facturas de cobro, aunado a ello, consideró
que la existencia de esos recursos no impedía el nacimiento de su derecho
crediticio.

De otra parte, sustentó el defecto fáctico en la mala interpretación del contrato no.
001 de 2009, por parte de la autoridad judicial accionada.

Para finalizar, manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en (ii) defecto
procedimental, en tanto no se demostró la “validez legal” del acto administrativo a
través del cual se revocó la resolución de inscripción catastral y el avalúo de
determinados predios.

4. Trámite procesal

Por auto de 8 de mayo de 2025, el despacho del magistrado sustanciador admitió
la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar a la parte accionante
y a la autoridad judicial accionada. De igual modo, al Tribunal Administrativo de La
Guajira, autoridad judicial que conoció del proceso ordinario en primera instancia, y
al municipio de Manaure por fungir como parte demandada en el proceso en el que
se profirió la providencia objeto de tutela.

Finalmente, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.
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La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
60375 a 60380 de 12 de mayo de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida
decisión1.

5. Oposición

5.1. Respuesta de la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de
Estado

El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se declarara
la improcedencia de la solicitud, por ausencia total de carga argumentativa, teniendo
en cuenta que en el escrito de tutela la parte accionante no expone los motivos por
los cuales considera que esa Subsección desconoció o se apartó del trámite legal,
por lo que sostuvo que la parte accionante no cumple con la carga mínima de
argumentación que es indispensable para que el juez constitucional pueda emitir un
pronunciamiento.

Bajo ese contexto, aseguró que en el escrito de tutela no se sustentan las razones
de orden constitucional, debido a que reproduce fundamentos que presentó en el
proceso ordinario y únicamente se limitó a manifestar su desacuerdo con lo decidido
en sede judicial y no demostró que la providencia objeto de reproche fue arbitraria
o caprichosa.

De ideal modo, manifestó que la discusión que propone la parte actora es de orden
legal y controvierte un tema meramente económico que debe ser tramitado por los
mecanismos ordinarios, por tanto, la acción de tutela carece de relevancia
constitucional.

Por otro lado, indicó que si bien la parte accionante alega un defecto fáctico por
indebida valoración probatoria, los argumentos que expuso carecen de relevancia
constitucional, sumado a que lo pactado en el contrato se estableció que los
honorarios del contratista de determinaban de acuerdo a la comparación entre las
estimaciones o expectativas del recaudo total para la respectiva vigencia fiscal y los
mayores recaudos que efectivamente fueron percibidos.

En ese orden, aseveró que contrario a lo manifestado por la parte accionante, no
bastaba con acreditar la estimación correspondiente a un predio específico, sino
que era necesaria la programación presupuestal general proyectada por concepto
del impuesto predial, situación que no fue acreditada en el proceso ordinario.

Agregó que lo relacionado con los avalúos de los predios explotados por el Cerrejón,
fueron resultado de la actualización de formaciones catastrales y no de nuevas
formaciones, a lo que agregó que no solo era necesario demostrar la existencia de
una estimación oficial de ingresos para las respectivas vigencias fiscales, sino que
también se debía demostrar el efectivo recaudo por parte de la entidad territorial, lo
cual tampoco fue probado en el proceso ordinario.

Sobre los argumentos de la parte accionante consistentes en que también se
configuró un defecto fáctico al desconocer la adición del contrato y otro oficio
obrante en el expediente que daban cuenta de la interposición de recursos de
reconsideración contra las facturas de cobro, que no impedían el nacimiento de su
derecho crediticio, sostuvo que dicho argumento no era de recibo, por cuanto la
revocatoria de los actos administrativos que actualizaron el valor catastral, hizo que
las facturas perdieran su fuerza ejecutoria, aunado a que el recurso de

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Índice 8 de Samai.
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reconsideración impide la ejecutoria del acto administrativo, de conformidad con el
artículo 829 del Estatuto Tributario y el artículo 59 de la Ley 788 de 2002.

En lo que tiene que ver con la legalidad y la validez del acto administrativo por medio
del cual se revocó la resolución de inscripción catastral y el avalúo de los predios,
que alega la parte actora, consideró que ese planteamiento desconoce que la
legalidad de dicho acto administrativo no fue objeto del proceso ordinario, por lo
que, no le correspondía al juez pronunciarse en dicha materia y y no debe olvidarse
el carácter rogado de la jurisdicción contencioso administrativa.

En ese orden, consideró que el fallador no podía adoptar una decisión que
desconociera la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos y por
ello, debía ceñirse a lo estipulado en el ordenamiento jurídico, lo que implicaba
reconocer la pérdida de ejecutoria de los actos de cobro de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 66 de Código Contencioso Administrativo.

Finalmente, sobre la afirmación consistente en “la imperfección de la magistratura
para interpretar el Contrato 001 de 2009”, indicó que dicho argumento no fue
desarrollado y por tanto carece de carga argumentativa, además manifestó que la
acción de tutela no es el escenario para cuestionar la interpretación de las reglas de
un negocio jurídico que se aplicó en una controversia contractual.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela presentada por la parte
accionante es procedente, de conformidad con los requisitos generales cuando se
cuestiona una providencia judicial y, en caso afirmativo, si la autoridad judicial
demandada incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones2.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que

2
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
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se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera
legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que
la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a
las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado
está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos
reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.
Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso
ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

45. Estudio y solución del caso concreto

4
la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
5
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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El Observatorio de Coyuntura Económica, Política, Ambiental y Social Limitada –
OCEPAYS, quien actúa por intermedio de su representante legal, interpone acción
de tutela contra la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
considerar que la sentencia de 25 de octubre de 2024, incurrió en los defectos
fáctico por indebida valoración e interpretación probatoria y procedimental al no
realizar el estudio de la validez legal del acto administrativo a través del cual se
revocó la resolución de inscripción catastral y avalúo de determinados predios.

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, la Sala observa que
el Tribunal Administrativo de La Guajira en decisión de 26 de octubre de 2021,
declaró de oficio “la nulidad absoluta del contrato No. 001 de 2009 (incluyendo sus
adiciones), suscrito entre el Observatorio de Coyuntura Económica, Política, Ambiental y
Social LTDA. y el municipio de Manaure (La Guajira), cuyo es objeto es “Prestar los
servicios profesionales para el estudio, alinderación, avalúos y revisión ante la autoridad
catastral para la programación de la liquidación y la gestión de giro ante la Nación de la
cantidad justa, equivalente, a lo que el municipio de Manaure ha dejado de recaudar por
concepto del impuesto predial unificado”, en el proceso de controversias contractuales
en el que fungió como demandante el Observatorio de Coyuntura Económica,
Política, Ambiental y Social Limitada – OCEPAYS y demandado el municipio de
Manaure.

La anterior decisión fue apelada por la parte actora, luego de considerar que el
Tribunal Administrativo de La Guajira no interpretó de forma correcta el objeto del
contrato, en el que se estableció de forma clara que los servicios prestados
consistían en el estudio, alinderación, avalúos y revisión ante la autoridad catastral,
actividades que servían para la programación de la liquidación y gestión de giro ante
la Nación del impuesto predial, pero no suponían el traslado de alguna función
administrativa.

En ese orden, afirmó que de conformidad con los informes de gestión se podía
evidenciar que la labor contratada consistía en proyectar documentos para que el
municipio los presentara ante otras autoridades y, por tanto, no sustituyó a la entidad
territorial en el ejercicio de sus funciones, a lo que agregó que su labor fue efectiva
como lo demuestran las facturas de cobro emitidas por el grupo Cerrejón por los
impuestos prediales que adeudaba al municipio desde 1993.

Bajo ese contexto, manifestó que al negar las restituciones mutuas, el Tribunal
valoró de forma incorrecta las pruebas aportadas al proceso, en tanto ignoró el
incremento anual de $686.835.472 debido al cambio de avalúo catastral del
resguardo indígena y la expedición de facturas que impusieron al Cerrejón la
obligación de pagar $16.018.951.295 por impuesto predial y otros conceptos.

La Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado en fallo de 25 de
octubre de 2024, revocó la decisión del a quo, declaró liquidado el contrato no. 001
de 2009, y condenó al municipio de Manaure a pagar a la sociedad demandante la
suma de $3’784.322, con sustento en lo siguiente:

“como resultado de la liquidación del contrato, la Sala reconocerá —
parcialmente— el pago solicitado en la pretensión II-2.1 de la demanda por un
monto de $1.122.058. Ahora bien, en la pretensión 2.5 de la demanda, el
Observatorio pidió que se liquiden intereses de mora sobre las sumas
adeudadas por el municipio. Como ya se indicó, la obligación dineraria a cargo
de la entidad territorial nacía en el momento en que se cumpliera la condición
de que se recaudara una suma mayor a la estimada para la vigencia fiscal de
2009. Sin embargo, en el contrato no se fijó un plazo suspensivo para el pago
una vez causada la obligación. Por lo tanto, de acuerdo con el numeral 3º del
artículo 1608 del Código Civil y el artículo 94 del Código General del Proceso
(CGP), la liquidación de los intereses de mora se hará a partir del día siguiente
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al 17 de septiembre de 2014, fecha de notificación del auto admisorio de la
demanda. Dado que las partes no pactaron una tasa de interés moratorio,
según lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 4º de la Ley 80 de 1993, se
aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico
actualizado”.

Con fundamento en lo anterior, realizó unas tablas a través de las cuales determinó
el valor histórico actualizado y el cálculo de los intereses moratorios, como se
observa a continuación:

Con fundamento en lo anterior, concluyó que el monto pendiente de pago a cargo
del municipio y en favor del contratista correspondía al valor de $3’784.322 y
consideró que una vez cancelada dicha suma, las partes quedarían a paz y salvo.

Ahora bien, de lo antes expuesto y de conformidad con una de las pretensiones de
la presente acción de tutela consistente en “ordenar a la autoridad judicial accionada
que, al emitir la nueva providencia reconozca que el ingreso por impuesto predial unificado
y sobretasa ambiental causado gracias a la gestión del contratista Observatorio de
Coyuntura Económica, Política, Ambiental y Social Limitada genera la obligación de pago
de la remuneración convenida (15% del incremento logrado), sin supeditar indebidamente
el derecho al ingreso efectivo de los dineros a la Tesorería del Municipio de Manaure”, la
Sala advierte que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de la relevancia
constitucional, en tanto la parte actora la utiliza para insistir en el mismo debate de
naturaleza legal relacionado con los valores que considera, aún le adeuda el
municipio de Manaure, de conformidad con el contrato no. 001 de 2009.

Al respecto, la Sala observa que esos argumentos relacionados con los valores que
la parte accionante considera que aún le adeuda el municipio de Manaure ya fue
objeto de análisis por la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de

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Estado, que indicó los motivos por los cuales desestimó el pago de algunos
emolumentos, en tanto indicó que lo siguiente:

“En el expediente no hay prueba de cuáles sumas recaudó efectivamente el municipio por concepto
del impuesto predial pagado por Cerrejón respecto de las vigencias de 2008 y 2009. Por lo tanto, no
se acreditó el nacimiento de una obligación dineraria a cargo del municipio que no haya sido
satisfecha.

La Sala no desconoce que en el expediente reposan dos facturas expedidas por el municipio para
cobrar a Cerrejón el impuesto predial de las vigencias 1993 a 2009 sobre la línea férrea y la carretera.
Sin embargo, esto no es suficiente para considerar que se acreditó el nacimiento de una obligación
dineraria para el municipio. El demandante no probó que las facturas se hayan efectivamente
pagado.

(…)

En conclusión, en relación con las gestiones adelantadas para incrementar el recaudo del impuesto
sobre los predios explotados por Cerrejón, no está probado que se hubiera cumplido la condición
para exigir al municipio el pago de la remuneración. Por estas mismas razones, no se accederá a la
pretensión 2.4 de la demanda.

(…)

En relación con la vigencia de 2008, no está probado que se haya aumentado el recaudo. En el
expediente reposa una cuenta de cobro del Observatorio en la que se indicó que el valor estimado
por el municipio para la vigencia de 2008 ascendía en total a $35’490.192,65. Por otra parte, se
encuentra una certificación del tesorero municipal que indica que el valor “dejado de recaudar por
concepto del impuesto predial (…) de los predios pertenecientes a los resguardos indígenas” para
esa misma vigencia fue de $35’490.19266. Además, el expediente contiene una certificación de
servicios elaborada por el supervisor del contrato, en la que se indicó que, en el año 2009, a pesar
de la actualización de los avalúos, debido a la limitación prevista en el artículo 6 de la Ley 44 de
1990, el municipio solo recibió el doble de lo recaudado en el año 2008: $70’980.385. De lo anterior
se infiere que, por la vigencia del 2008, el municipio recibió la misma suma que había estimado:
$35’490.192.

(…)

La Sala no desconoce que, en la certificación de servicios elaborada por el supervisor del contrato,
el municipio reconoció expresamente que gracias a la gestión del Observatorio, el avalúo catastral
del resguardo indígena aumentó en $42.825’816.500. Tomando como referencia esa base
imponible, el recaudo del municipio, a través del mecanismo de compensación del Ministerio de
Hacienda, habría sido de $685.213.064. Sin embargo, en el expediente está probado que el
Ministerio de Hacienda, basándose en lo previsto en el artículo 6 de la Ley 44 de 1990, argumentó
que solo podía girar hasta el doble de lo cancelado en la vigencia anterior (2008), razón por la cual
únicamente transfirió a la entidad territorial $70.980.385.

La Sala tampoco pasa por alto que en el expediente reposa una constancia del pago realizado por
el Ministerio de Hacienda al municipio para la vigencia de 2010 por compensación del impuesto
predial del resguardo indígena. Sin embargo, el Observatorio no tiene derecho a un porcentaje del
aumento del recaudo que se produjo en esa vigencia. Como ya se indicó, la cláusula cuarta del
contrato es clara en el sentido de que la remuneración a la que eventualmente tenía derecho el
Observatorio se limitaba al aumento del recaudo por el impuesto predial causado en dos vigencias
fiscales: 2008 y 2009.

Finalmente, la Sala debe pronunciarse sobre el gravamen del predio explotado por IFI Concesión
Salinas. En el expediente no reposa ninguna prueba del monto pagado al municipio por concepto
del impuesto predial causado sobre el inmueble inscrito bajo la matrícula inmobiliaria número 210-
23125 en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha, donde, según el
demandante, se explotaba el yacimiento de sal. Esta es una razón suficiente para negar el pago
pretendido por el demandante, ya que este tenía la carga de probar el monto efectivamente
recaudado y el incremento respecto de las estimaciones de las vigencias 2008 y 2009 ”.

En ese orden de ideas, la Sala evidencia que la parte accionante plantea una
discusión de carácter legal que, en últimas, termina siendo una discusión de
carácter económico con connotaciones particulares, en la medida en que busca un
pago mayor al reconocido por la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo
de Estado en la sentencia que se cuestiona.

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En la sentencia SU-215 de 2022 , recordó que el cumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional requiere “involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico”, a lo que agregó que
“la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica”. De allí que
“la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección de los derechos
efectiva de los derechos fundamentales y no a problemas de carácter legal”.

Bajo ese contexto, la acción de tutela no puede utilizarse para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, es decir que no involucren una
discusión sobre el contenido, alcance y goce de derechos fundamentales, como en
el presente asunto que se plantea una discusión sobre el reconocimiento de
intereses y mayores valores a los que ya fueron ordenados en el proceso ordinario,
en tanto pretende que se ordene el pago del “ingreso por impuesto predial unificado y
sobretasa ambiental causado gracias a la gestión del contratista Observatorio de Coyuntura
Económica, Política, Ambiental y Social Limitada genera la obligación de pago de la
remuneración convenida (15% del incremento logrado), sin supeditar indebidamente el
derecho al ingreso efectivo de los dineros a la Tesorería del Municipio de Manaure,
discusiones se alejan del objeto de este mecanismo, el cual necesariamente debe
involucrar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales, lo cual no ocurre
en esta discusión, en los términos propuestos por la parte actora.

La Corte Constitucional ha señalado que las discusiones de orden legal o aquellas
7

relativas exclusivamente a un derecho económico, “deben ser resueltas mediante
los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez que “le está
prohibido al juez de tutela inmiscuirse en materias de carácter netamente legal o
reglamentario que han de ser definidos por las jurisdicciones correspondientes”, y
ha establecido que un asunto carece de relevancia constitucional8 cuando: “(i) la
discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho,
como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal,
salvo que de ésta se desprendan claramente violaciones de derechos
fundamentales; o (ii) sea evidente su naturaleza o contenido económico, por
tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones
particulares o privadas, “que no representen un interés general”.

De conformidad con todo lo expuesto, la presente acción de tutela no cumple con el
requisito de procedencia de relevancia constitucional, por lo que la Sala no realizará
el análisis de fondo del asunto, en tanto se trata de una discusión meramente
económica, condición de contenido sustancial que debe superarse en cada caso,
para que de verificarse el cumplimiento de los restantes requisitos generales, se
habilite el estudio de fondo de la discusión propuesta. Esto encuentra fundamento
en la prevalencia prima facie de los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica,
cuando se cuestionan providencias judiciales.

Aunado a lo anterior, como quiera que la providencia objetada fue dictada por la
Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, lo que implica que la
verificación de los defectos alegados adquiere mayor importancia y se torna más
estricto, teniendo en cuenta que se trata de una providencia emitida por una alta
corte.

6
M.P. Natalia Ángel Cabo.
7
Al respecto, ver entre otras, las sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
8
Sentencia T-610 de 2015, reiterado en sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
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En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que este presupuesto es más
riguroso cuando se trata de providencias judiciales proferidas por una alta
Corporación. Al respecto, en la sentencia SU-917 de 2010 expresó lo siguiente:

“La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más restrictiva,
en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta
con la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada
por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos
fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es,
cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención
del juez constitucional. En los demás eventos los principios de autonomía e
independencia judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de
sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones
probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del
caso y hubiera llegado a otra conclusión”.

Conforme con lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
interpuesta por el Observatorio de Coyuntura Económica, Política, Ambiental y
Social Ltda – OCEPAYS, contra la Subsección “A” de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en tanto se probó que la parte accionante plantea una discusión
de carácter legal que, en últimas, termina siendo una discusión de carácter
meramente económico, fin para el que no está instituida esta acción constitucional,
en tanto se incumple el requisito de relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA

Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el
Observatorio de Coyuntura Económica, Política, Ambiental y Social Ltda –
OCEPAYS, contra la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo del Consejo.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
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Demandante: Observatorio de Coyuntura Económica
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Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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