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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02433-01

Fecha
14 de octubre de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02433-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 19 de junio de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo solicitado, y, en su lugar, negar el amparo solicitado por el Observatorio de Coyuntura Económica, Política, Ambiental y Social limitada -OCEPAYS, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 7. 7 secgeneral@consejodeestado.gov.co. 10 de 11 Radicación: 11001-03-15-000-2025-02433-01 Demandante: Observatorio de coyuntura económica, política, ambiental y social limitada -OCEPAYS- Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Revoca - niega ______________________________________________________________________________________________________________ TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02433-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

14 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 14 de octubre de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02433-01
Demandante: Observatorio de Coyuntura Económica, Política,
Ambiental y Social limitada -OCEPAYS-
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto fáctico | Defecto
Sustantivo | Revoca - Niega

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia de segunda instancia que revocó la
decisión que declaró la nulidad absoluta de un contrato estatal y accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte demandante contra la Sentencia de
19 de junio de 2025, que declaró improcedente la acción de tutela por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 28 de abril de 2025, el Observatorio de Coyuntura Económica,
Política, Ambiental y Social limitada -OCEPAYS-, a través de su representante
legal, presentó una acción de tutela contra la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
con ocasión de la Sentencia de segunda instancia de 25 de octubre de
2024, proferida por la autoridad judicial accionada dentro del proceso de
controversias contractuales No. 44001-33-40-000-2014-00105-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta corporación.
2 “Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el Observatorio de Coyuntura Económica,

Política, Ambiental y Social Ltda. – OCEPAYS, contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02433-01
Demandante: Observatorio de coyuntura económica, política, ambiental y social limitada -OCEPAYS-
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca - niega
______________________________________________________________________________________________________________

“1. Ampare los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia del Observatorio de Coyuntura Económica, Política,
Ambiental y Social Limitada, que han sido vulnerados por los Magistrados JOSÉ
ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ, FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ y MARÍA
ADRIANA MARÍN, integrantes de la Subsección A de la Sección Tercera de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante la
providencia de segunda instancia de fecha 25 de octubre de 2024, notificada
el 20 de noviembre de 2024, dentro del expediente 44001334000020140010501.

2. Deje sin efecto la sentencia mencionada, en cuanto se vulneraron derechos
fundamentales, y ordene a la misma Subsección A, o a quien haga sus veces,
que profiera una nueva decisión ajustada a los principios de supremacía
constitucional, debido proceso, aplicación adecuada de la ley tributaria
(artículo 28 del Estatuto Tributario) y correcta valoración probatoria.

3. Ordene a la autoridad judicial accionada que, al emitir la nueva providencia:
a) Reconozca que el ingreso por impuesto predial unificado y sobretasa
ambiental causado gracias a la gestión del contratista Observatorio de
Coyuntura Económica, Política, Ambiental y Social Limitada genera la
obligación de pago de la remuneración convenida (15% del incremento
logrado), sin supeditar indebidamente el derecho al ingreso efectivo de los
dineros a la Tesorería del Municipio de Manaure.
b) Corrija los defectos fácticos y sustantivos advertidos, considerando las
pruebas obrantes en el proceso y la legislación vigente aplicable al momento
de los hechos.

4. Prevenga a los Magistrados accionados para que, en lo sucesivo, en el
ejercicio de la función judicial, respeten de manera estricta los derechos
fundamentales, el bloque de constitucionalidad, y la obligación de aplicar de
manera razonable y fundada las normas jurídicas.

5. Disponga cualquier otra medida que el Despacho estime necesaria para
restablecer íntegra y eficazmente los derechos fundamentales vulnerados.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:

4. 1) El 6 de enero de 2009, el Observatorio de Coyuntura Económica,
Política, Ambiental y Social Limitada (OCEPAYS) suscribió con el municipio
de Manaure (Guajira) el Contrato de Prestación de Servicios No. 1 de 2009,
cuyo objeto era apoyar al municipio en el incremento del recaudo del
impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, mediante gestiones
técnicas y jurídicas para actualizar avalúos catastrales de predios de
resguardos indígenas y de empresas mineras. El contrato establecía que el
Observatorio recibiría el 15% del incremento en el recaudo de las vigencias
fiscales 2008 y 2009.

5. 2) Como resultado de dichas gestiones, OCEPAYS logró que el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) ajustara el área catastral de los
resguardos indígenas a su extensión real y que se fijara el avalúo catastral
de las construcciones de la línea férrea y la carretera de la empresa minera
del Cerrejón, lo cual incrementó la facturación anual del impuesto predial.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02433-01
Demandante: Observatorio de coyuntura económica, política, ambiental y social limitada -OCEPAYS-
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca - niega
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6. 3) A través de la Resolución No. 40 de 31 de diciembre de 2009, el
IGAC modificó el catastro municipal y estableció los avalúos catastrales de
la línea férrea y la carretera del Cerrejón, por lo que, el 15 de abril de 2010,
el municipio emitió 2 facturas para cobrar al Cerrejón el impuesto
correspondiente a las vigencias fiscales de 1993 a 2009.

7. 4) A través de la Resolución No. 22 de 9 de julio de 2010, el IGAC
revocó la Resolución No. 40 de 31 de diciembre de 2009 y el municipio no
terminó el proceso de cobro coactivo contra el Cerrejón ni realizó el
recaudo efectivo. Para la parte actora, como la Resolución No. 40 estuvo
vigente más de 6 meses, no hubo justificación para que el municipio
suspendiera el cobro coactivo con base en la revocatoria.

8. 5) Finalmente, mediante la Resolución No. 32 de 27 de diciembre de
2012, el IGAC estableció que las sociedades del grupo Cerrejón eran
propietarias de la línea férrea y la carretera, por lo que tales construcciones
debían ser inscritas catastralmente. Por ello, OCEPAYS solicitó la liquidación
del contrato al municipio, pero no obtuvo respuesta y la entidad territorial
tampoco lo liquidó unilateralmente.

9. 6) Por estos hechos, OCEPAYS presentó demanda, en ejercicio del
medio de control de controversias contractuales, con el fin de que se
liquidara el contrato No. 1 de 2009 y se le pagara la remuneración pactada
por los servicios prestados. El proceso fue conocido en primera instancia por
el Tribunal Administrativo de La Guajira, bajo el radicado No. 44001-33-40-
000-2014-00105-00.

10. 7) El 26 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo de La Guajira
profirió sentencia en la que declaró, de oficio, la nulidad absoluta del
contrato y no ordenó restituciones mutuas. Consideró que el municipio
delegó al contratista funciones de liquidación, cobro y recaudo del
impuesto predial, lo cual está prohibido por la Ley 1386 de 2010. Sostuvo que,
aunque el contrato fue firmado antes de la entrada en vigencia de dicha
ley, el municipio debió haber adoptado medidas para terminarlo conforme
con esa normativa. Además, señaló que la delegación de otras funciones
administrativas no cumplió con los requisitos legales, ya que se hicieron por
contratación directa sin licitación pública ni cláusulas excepcionales.
Finalmente, no ordenó restituciones mutuas, al considerar que no se probó
que las gestiones del contratista beneficiaran el interés público.

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Demandante: Observatorio de coyuntura económica, política, ambiental y social limitada -OCEPAYS-
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca - niega
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11. 8) OCEPAYS presentó recurso de apelación en contra de esa decisión3
y, mediante Sentencia de 25 de octubre de 2024, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado revocó la decisión de primera
instancia. Al respecto sostuvo que el municipio no delegó funciones
administrativas prohibidas al contratista, sino que este prestó servicios de
apoyo técnico y especializado. La Sala declaró judicialmente liquidado el
contrato y condenó al municipio de Manaure a pagar a OCEPAYS la suma
de $3.784.322, correspondiente a la remuneración por el incremento
comprobado en el recaudo del impuesto predial en la vigencia fiscal de
2009. No accedió a otras pretensiones por falta de prueba del recaudo
efectivo.

12. Como fundamento de la vulneración de sus derechos, la parte actora
señaló que la decisión cuestionada incurrió en:

13. 1) Defecto fáctico: por indebida valoración de las pruebas al exigirles
probar la estimación del recaudo del municipio para las vigencias 2008 y
2009, que las facturas fueron pagadas y que los actos administrativos
estaban en firme, cuando ya existía evidencia de que el municipio había
iniciado el cobro coactivo y que el contribuyente (Cerrejón) había
presentado recursos, lo que demostraba que las facturas sí generaron
efectos jurídicos. Concretamente, consideró que no se valoró el Oficio de 18
de enero de 2011 en el que el supervisor del contrato No. 1 de 2009 le informó
al alcalde sobre los logros obtenidos gracias a la gestión del contratista y
sobre la presentación de un recurso de reconsideración por parte de
Cerrejón. De esto también quedó evidencia en el Contrato adicional No. 2,
el cual estimó que tampoco fue valorado.

14. 2) Defecto sustantivo: por desconocimiento del artículo 28 del Decreto
624 de 1989, vigente para la época, que establece que un ingreso se
considera causado desde que nace el derecho a exigir su pago, aunque
no se haya cobrado. Según esto, el municipio ya tenía derecho a cobrar el
impuesto predial, por lo que debía pagar la comisión pactada al contratista.

15. Además, se incurrió en este defecto por una interpretación irrazonable
al exigir prueba de recaudo efectivo para reconocer la remuneración,
cuando el contrato y la ley vigente permitían que el derecho naciera con la
causación del ingreso. También porque la Sala no cuestionó la validez del

3 OCEPAYS solicitó que se revocara la decisión de primera instancia porque, a su juicio, el tribunal no interpretó

correctamente el objeto del contrato. Sostuvo que no se le delegaron funciones administrativas prohibidas, sino
que prestó servicios técnicos de apoyo para mejorar el recaudo del impuesto predial. Señaló que su labor consistió
en alinderar predios, actualizar avalúos catastrales y proyectar documentos que el municipio debía tramitar, sin
ejercer funciones propias de la administración pública. Además, sostuvo que su gestión generó resultados
concretos, como la emisión de facturas por más de $16.000.000, y que el Tribunal valoró incorrectamente las
pruebas al negar las restituciones mutuas.

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Demandante: Observatorio de coyuntura económica, política, ambiental y social limitada -OCEPAYS-
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca - niega
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acto administrativo de 9 de julio de 2010 que revocó la resolución de
inscripción catastral y el avalúo de determinados predios.

1.2. Sentencia de primera instancia4 e impugnación

16. Mediante Sentencia de 19 de junio de 2025, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir
con el requisito de relevancia constitucional. La Sala determinó que los
argumentos de OCEPAYS se limitaban a cuestionamientos de orden legal y
económico sobre el pago de una remuneración contractual, sin demostrar
una vulneración de derechos fundamentales. Estimó que lo que se
pretendía controvertir ya había sido objeto de análisis en el proceso
ordinario, y la tutela no podía convertirse en una instancia adicional.

17. La parte accionante impugnó la decisión y solicitó que se revocara la
decisión de primera instancia. Alegó que la Sección Cuarta del Consejo de
Estado incurrió en un error al valorar el requisito de relevancia constitucional,
pues el escrito de tutela expuso de manera clara la existencia de defectos
fácticos y sustantivos que no fueron analizados de manera integral. Según la
parte actora, estos defectos vulneraron su derecho fundamental al debido
proceso y el principio de legalidad de los actos administrativos. Además,
afirmó que la declaratoria de improcedencia desconoció el precedente
constitucional sobre la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales y que el fallo fue emitido fuera del plazo constitucional.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Verificación de defectos alegados y / o afectación a derechos
fundamentales. 2.4. Conclusiones.

2.1. Fijación de la controversia

18. Determinar si el asunto de la referencia satisface, o no, el requisito de
relevancia constitucional. De llegar a ser afirmativa la respuesta a este
interrogante y verificarse los demás requisitos de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial, deberá establecerse si la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, como juez de segunda
instancia, vulneró el derecho al debido proceso de la parte actora al
interpretar de manera irrazonable el ordenamiento jurídico y valorar de

4 Mediante Auto de 8 de mayo de 2025, el despacho sustanciador de primera instancia resolvió: 1) admitir la acción

de tutela de la referencia, (2) tener como parte demandada a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado(3) vincular, en calidad de terceros interesados, al Tribunal Administrativo de la Guajira y al municipio de
Manaure.

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca - niega
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manera deficiente el material probatorio. En ese orden, se procederá a
confirmar, modificar o revocar la decisión de primer grado.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

19. La Sala advierte que esta acción de tutela es procedente porque: (1)
No existe recurso judicial idóneo y eficaz que permitiera a la parte
demandante alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa
del derecho presuntamente vulnerado. (2) Hubo un plazo razonable entre
la fecha de notificación de la providencia enjuiciada (24/11/2024)5 y la de
interposición de la presente acción de tutela (28/4/2025). (3) No se enjuició
un fallo de tutela, pues la controversia se relaciona con una sentencia
dictada en un proceso de controversias contractuales. (4) Se identificaron
de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la presunta
vulneración derivada de ellos. (5) La controversia tiene relevancia
constitucional, contrario a lo sostenido por el juez de tutela de primera
instancia, por tratarse de la presunta afectación de las garantías
fundamentales al debido proceso, con ocasión de una providencia judicial
en la que, a juicio de la parte actora, la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado incurrió en defecto fáctico y sustantivo. Además, no
se advierte que se trate de una reiteración de los argumentos expuestos en
el proceso ordinario, pues la decisión cuestionada revocó la decisión de
primera instancia y accedió parcialmente a las pretensiones de la aquí
accionante.

2.3. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales

20. En este caso, la Sala revocará la decisión impugnada que declaró la
improcedencia de la acción de tutela, por no cumplirse con el requisito
general de relevancia constitucional, y, en su lugar, negará la solicitud de
amparo por las razones que pasan a explicarse:

21. 1) La parte actora alegó que la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico, al haberle exigido
probar la estimación del recaudo del municipio para las vigencias 2008 y
2009, el pago efectivo de las facturas y la firmeza de los actos administrativos
de cobro a Cerrejón, a pesar de que estaba acreditado que el municipio
había iniciado el cobro coactivo.

22. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, tras
concluir que no se encontraba acreditada ninguna causal de nulidad

5 El mensaje de datos fue enviado el 20 de noviembre de 2024.

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absoluta del contrato enjuiciado, decidió revocar la decisión de primera
instancia. En consecuencia, se pronunció sobre la liquidación del contrato y
analizó la forma de pago pactada entre las partes. En ese contexto, la Sala
examinó la cláusula cuarta del contrato, la cual establecía que el contratista
recibiría (se trascribe):

“como remuneración por sus servicios una suma porcentual equivalente a: 1)
Quince por ciento (15%) sobre el valor recaudado que esté por encima del valor
estimado por el Municipio en el 2.008 por ingreso de Impuesto Predial en el
Resguardo Indígena y terrenos dedicados a explotaciones minero-energéticas. 2)
Quince por ciento (15%) sobre el valor recaudado que esté por encima del valor
estimado por el MUNICIPIO en el 2.009 por ingreso de Impuesto Predial en el
Resguardo Indígena y terrenos dedicados a explotaciones minero-energéticas”.

23. Con base en esto, la Subsección A consideró lo siguiente (se trascribe):

“La redacción de la cláusula es clara en tres aspectos. En primer lugar, establece
que la remuneración a la que tenía derecho el contratista se determinaba
comparando, por un lado, la proyección o estimación del recaudo del impuesto
predial y, por otro, el recaudo real o efectivo.
(…) la cláusula es clara en el sentido de que la remuneración del contratista se
calculaba teniendo en cuenta el “valor recaudado” por la entidad territorial. Esta
expresión denota que el nacimiento de la obligación dineraria para el municipio
estaba sujeta, entre otras condiciones, a que los dineros ingresaran efectivamente
a sus arcas, ya que, desde el punto de vista técnico-jurídico, el recaudo es el acopio
efectivo de dinero que puede estar o no precedido de un cobro, sea este persuasivo
o coactivo59. Además, este es el significado común de la palabra recaudar, cuyo
uso general denota la acción de “percibir dinero”.
90. La anterior interpretación es armónica con lo dispuesto en la cláusula sexta del
contrato, así como con el literal E de los estudios previos. Estos dos documentos
indican, respectivamente, que el municipio pagaría la remuneración al contratista
siempre y cuando los “dineros recaudados ingresen”, y que el valor final del contrato
dependería de “la labor de recaudo efectivo que adelante el contratista en
cumplimiento del objeto del mismo” (subraya fuera del texto).

24. De lo anterior se concluye que la interpretación realizada por la
Subsección A de la cláusula cuarta del contrato sobre la forma de pago
resulta razonable. Por ello, la autoridad judicial consideró que no era
suficiente con acreditar la inscripción catastral o la actualización de
avalúos, aun cuando estos fueran resultado de la gestión del contratista.

25. En relación con la exigencia de que las facturas estuvieran en firme,
la parte actora sostuvo que dicha condición no era necesaria, pues el
municipio había iniciado el cobro coactivo y Cerrejón había presentado
recursos, lo que, a su juicio, demostraba que las facturas generaron efectos
jurídicos. Sin embargo, esta afirmación resulta contradictoria frente a lo
expresado por la misma parte en el recurso de apelación, en el que

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reconoció que el municipio no continuó con el cobro coactivo, lo que
impidió el recaudo efectivo6.

26. Este hecho también fue analizado por la Subsección A en los
siguientes términos (se trascribe):

“La Sala no desconoce que en el expediente reposan dos facturas expedidas por
el municipio para cobrar a Cerrejón el impuesto predial de las vigencias 1993 a 2009
sobre la línea férrea y la carretera62. Sin embargo, esto no es suficiente para
considerar que se acreditó el nacimiento de una obligación dineraria para el
municipio. El demandante no probó que las facturas se hayan efectivamente
pagado.
(…)
…en el expediente no está acreditado que las facturas para el cobro del impuesto,
que constituyen auténticos actos administrativos, hubieran quedado en firme y que,
por tanto, tuvieran la fuerza ejecutiva y ejecutoria que les es propia. Por tanto, no se
probó que hubiera nacido el derecho del municipio a exigir el pago de la deuda
incluso contra la voluntad del contribuyente.
De hecho, tal como lo reconoció el Observatorio en la demanda y está probado en
el expediente, el 9 de julio de 2010, el IGAC expidió la Resolución 44-000-0022-00064,
mediante la cual revocó las resoluciones que efectuaron la inscripción catastral de
la línea férrea y la carretera del Cerrejón. Estas resoluciones catastrales eran el
fundamento de derecho de las facturas expedidas por la entidad territorial. Como
consecuencia de su revocatoria, los actos de cobro del impuesto predial perdieron
su fuerza ejecutoria, ya que, en los términos del artículo 66 del Código Contencioso
Administrativo —vigente en ese entonces— sus fundamentos jurídicos
desaparecieron. En conclusión, en relación con las gestiones adelantadas para
incrementar el recaudo del impuesto sobre los predios explotados por Cerrejón, no
está probado que se hubiera cumplido la condición para exigir al municipio el pago
de la remuneración. Por estas mismas razones, no se accederá a la pretensión 2.4
de la demanda.”

27. En relación con la valoración del informe del supervisor del contrato y
la de los contratos adicionales que daban cuenta del cumplimiento por
parte del contratista, la sala considera que estas sí fueron analizadas, pues
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado no desconoció
el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Al respecto señaló (se
trascribe):

“[la cláusula cuarta] es clara en el sentido de que la remuneración a la que
eventualmente tenía derecho el Observatorio se limitaba al aumento del recaudo
por el impuesto predial causado en dos vigencias fiscales: 2008 y 2009. Los “contratos
adicionales” que suscribieron las partes no modificaron esta cláusula, ya que no
agregaron servicios nuevos al objeto del contrato ni modificaron las vigencias
fiscales que se tenían en cuenta para el cálculo de la remuneración, sino que
únicamente prorrogaron el plazo para que el Observatorio culminara sus gestiones.
Esta prórroga se justificó con el argumento de que, gracias a las gestiones del

6 En el recurso de apelación el accionante señaló (se trascribe): Los distintos Alcaldes del Municipio de Manaure

han sido negligentes en cobrar DIECISÉIS MIL DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($16.018.951.295), pesos constantes de 2.010. (…) el Tribunal Contencioso
de La Guajira no obliga en el presente fallo al Alcalde del Municipio de Manaure en ejercicio ni a los anteriores, a
cumplir con el artículo 98 del CPACA1, ejerciendo la prerrogativa normativa directa del cobro coactivo que no
ejerció en su totalidad el Alcalde Humberto Martínez Fajardo en el año 2.010 – 2.011, o la potestad de acudir ante
los jueces competentes para tales efectos.”.

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contratista, se habían actualizado los avalúos catastrales del resguardo indígena,
pero el Ministerio de Hacienda no consideraba viable pagar de un año a otro un
monto que superara el duplo del inicial, por lo que se consideró pertinente seguir
contando con el acompañamiento del Observatorio.
(…)
La Sala no desconoce que, en la certificación de servicios elaborada por el
supervisor del contrato, el municipio reconoció expresamente que, gracias a la
gestión del Observatorio, el avalúo catastral del resguardo indígena aumentó en
$42.825’816.500. Tomando como referencia esa base imponible, el recaudo del
municipio, a través del mecanismo de compensación del Ministerio de Hacienda,
habría sido de $685.213.064. Sin embargo, en el expediente está probado que el
Ministerio de Hacienda, basándose en lo previsto en el artículo 6 de la Ley 44 de
1990, argumentó que solo podía girar hasta el doble de lo cancelado en la vigencia
anterior (2008), razón por la cual únicamente transfirió a la entidad territorial
$70.980.385.

28. De lo anterior se advierte que, la conclusión a la que llegó la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado fue razonable.
Tras revisar los medios de prueba aportados al proceso, no encontró
evidencia que se hubiera cumplido con la condición de la que pendía el
pago del contratista como lo era el recaudo efectivo. Además, no se
observó que se hubieran omitido pruebas que, de haber sido valoradas,
habrían incidido en la decisión. En consecuencia, la Sala no encuentra la
configuración del defecto fáctico alegado.

29. 2) La parte accionante también consideró que se incurrió en un
defecto sustantivo por desconocer que, según el artículo 28 del Decreto 624
de 1989 (Estatuto Tributario), el ingreso se causa desde que nace el derecho
a exigir el pago, por lo que el municipio debía pagar la comisión pactada
al contratista, aunque no se hubiera efectuado el recaudo y no el devengo
contable.

30. Para la Sala este defecto tampoco se configura porque, aunque la
Subsección A no se refirió de manera expresa al artículo 28 del Estatuto
Tributario, sí indicó que la remuneración del contratista estaba
condicionada al valor efectivamente recaudado, tal como lo pactaron en
la cláusula cuarta del contrato No. 1 de 2009. Al respecto señaló (se
trascribe):

“para acreditar la existencia de una obligación dineraria a cargo del municipio, el
Observatorio debía probar (i) cuál era la estimación del recaudo del municipio para
las vigencias 2008 y 2009 y (ii) cuál fue el incremento que se produjo respecto de
esta estimación en razón de los ingresos realmente recaudados por la entidad
territorial. La prueba de inscripciones en el catastro o de actualizaciones sobre
avalúos no resulta suficiente, de cara a lo pactado por las partes, para demostrar
que se verificó la condición suspensiva de la que pendía el pago del contratista.
(…)
Incluso si se aceptara que el devengo contable del ingreso —y no el recaudo
efectivo del dinero— era una condición suficiente para que naciera la obligación
dineraria a cargo del municipio, la Sala considera que el pago reclamado por el
demandante no sería procedente. Sin perder de vista que el Observatorio solo tenía

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02433-01
Demandante: Observatorio de coyuntura económica, política, ambiental y social limitada -OCEPAYS-
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca - niega
______________________________________________________________________________________________________________

derecho a un porcentaje del incremento del recaudo en las vigencias 2008 y 2009,
lo cierto es que el expediente no está acreditado que las facturas para el cobro del
impuesto, que constituyen auténticos actos administrativos, hubieran quedado en
firme y que, por tanto, tuvieran la fuerza ejecutiva y ejecutoria que les es propia. Por
tanto, no se probó que hubiera nacido el derecho del municipio a exigir el pago de
la deuda incluso contra la voluntad del contribuyente.”

31. Por otra parte, la Sala considera que no podía cuestionar la validez de
la Resolución de 9 de julio de 2010, por medio de la cual se revocó el
fundamento de derecho de las facturas mencionadas, pues dicho acto no
fue demandado.

32. En consecuencia, la Sala concluye que no se configuraron los
defectos alegados por la parte accionante, por lo que se negará el amparo
solicitado.

2.4. Conclusiones

33. Superados los requisitos de procedencia de la tutela contra
providencia judicial, la Sala revocará la decisión de primera instancia que
declaró improcedente la acción, y, en su lugar, negará el amparo
solicitado, al no encontrar configurados los defectos invocados.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 19 de junio de 2025, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente el
amparo solicitado, y, en su lugar, negar el amparo solicitado por el
Observatorio de Coyuntura Económica, Política, Ambiental y Social limitada
-OCEPAYS, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 7.

7 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02433-01
Demandante: Observatorio de coyuntura económica, política, ambiental y social limitada -OCEPAYS-
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca - niega
______________________________________________________________________________________________________________

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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