Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02435-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02435-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02435-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
27 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02435-00
Accionante: JOSÉ ADRIÁN PINO VARÓN
Autoridad: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Proceso: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
TUTELA-Requisitos . LIBERTAD RELIGIOSA Y LAICIDAD DEL ESTADO-Neutralidad. LIBERTAD DE EXPRESIÓN
DE FUNCIONARIO PÚBLICO-Limitaciones en el uso de redes sociales personales.
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por José Adrián Pino Varón contra el
Presidente de la República.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 28 de abril de 2025, José Adrián Pino Varón, en nombre propio, interpuso acción de
tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, a
la intimidad personal y familiar, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de
conciencia y de cultos; que considera vulnerados por el Presidente de la República al
manifestar en su red social X que ordenaría «que se imprima por millones la encíclica
“Laudato Si” para que se lea en las escuelas (…)». El accionante, que no profesa la
religión católica, solicita que en sede de tutela se protejan sus derechos fundamentales
y se ordene al Presidente de la República que «se abstenga de ordenar la impresión de
la Encíclica» escrita y publicada por el fallecido Papa Francisco.
La demanda de tutela presenta las siguientes pretensiones (se transcriben):
«PRIMERO: Que se tutelen mis derechos fundamentales y de todos los
ciudadanos colombianos que profesan una religión distinta a la católica,
vulnerados y/o amenazas ante la decisión del señor Presidente de la República de
Colombia, GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, como lo son el DERECHO
A LA IGUALDAD, INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR, LIBRE DESARROLLO
DE LA PERSONALIDAD, LIBERTAD DE CONCIENCIA Y LIBERTAD DE
CULTO;
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SEGUNDO. Que como consecuencia de lo anterior se le ordene al Accionado el
cumplimiento de sus deberes y obligaciones constitucionales, tal como señala la
Constitución Política y como máximo líder del pueblo colombiano;
TECERO. Ordenar al Accionado que se abstenga de ordenar la impresión de la
Encíclica “Laudato Si”, del fallecido Papa Francisco, y menos ser distribuida
masivamente en las instituciones escolares públicas y otras instituciones de
Colombia, para evitar la vulneración de mis derechos y la de los ciudadanos
colombianos que profesan una religión distinta a la católica;
CUARTO. Prevenir al Accionado para que en adelante no vulnere, amenace y/o
ponga en riesgo los derechos fundamentales inculcados mediante esta acción;».
2. Hechos relevantes
El accionante manifiesta ser ciudadano colombiano, padre de un hijo adolescente que
atiende una institución pública y profesar una religión distinta a la católica.
El 25 de abril de 2025, el Presidente de la República, a través de su cuenta de X, publicó
un mensaje con ocasión de la muerte del Papa Francisco, cuyo extracto se transcribe:
«[…] Como el presidente de la República de Colombia que aún soy, jefe de estado,
y un poco más solo sin ti, voy a ordenar que se imprima por millones la “laudato si”
para que se lea en las escuelas, para que el campesino labrador, lea tus palabras,
hermosas y libres, infinitas; para que tu energía pase de mano en mano, de las
manos de los niños y las niñas, y que lean lo que es la libertad, y el cuidado de la
vida y aprendan a amar con tus palabras, la vida, compañero, a la que le han
declarado la guerra.
Tu energía está en el mensaje que dejaste, que debe ser leído y escuchado para
actuar, se trata no solo de rezar, lo respeto, el rezo lleva a la profundidad del alma,
pero, lo dijiste, hay que actuar y es ya, es urgente.
Millones de niños y jóvenes tendrán tu “laudato si”, y leerán tus palabras y ellos,
los niños y las niñas libres, la juventud libre las hará realidad. Y así vivirás hermano,
en la vida de la emancipación, de quienes cuidan hoy y siempre cuidarán la vida.
[…]».
Este mensaje fue leído y replicado por varios medios de comunicación a nivel nacional
ese mismo día.
3. Fundamentos de la solicitud
El accionante alega que la publicación y la eventual orden que implicaría su
materialización vulneran los artículos 13, 15, 16, 18 y 19 de la Constitución Política de
1991. Además, con base en la jurisprudencia de la Corte Constitucional donde se ha
determinado que «las instituciones públicas escolares han vulnerado derechos
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fundamentales de los estudiantes cuando éstas los sancionan porque no asisten a misa,
o porque se niegan a recibir clases de religión», considera el accionante que deben
protegerse los derechos de los millones de colombianos que no profesan la religión
católica frente a un gesto en el sentido de publicar la Encíclica, «a menos que así lo hagan
con las demás publicaciones que tratan otro tipo de ideología religiosa».
Plantea que no es posible acudir al derecho de petición, al ser inidóneo para desatar la
situación que considera pone en riesgo sus derechos, porque «con una mera petición […]
las probabilidades de que no lo haga serían nulas» y que, aún en el caso en que se
declare improcedente la acción de tutela, esta Corporación «prevea lo previsible», y haga
un llamado al Gobierno Nacional para que «se abstenga de publicar y distribuir
masivamente la encíclica papal en los colegios oficiales».
4. Trámite procesal
El 12 de mayo de 2025 se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación al
Presidente de la República. Se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y se publicó la providencia en la página web de esta Corporación.
En su escrito de contestación1, la Presidencia de la República, por medio de apoderada
judicial, manifestó que la tutela es improcedente porque no se satisface el «requisito de
procedibilidad», dado que el accionante no interpuso una petición para solicitarle al
presidente lo que se pretende por vía de tutela. Asimismo, considera que las
publicaciones de Gustavo Petro Urrego en sus redes sociales no vinculan a una persona
en particular; que el accionante busca una protección de derechos abstracta y que no
proviene de una acción concreta que haya generado una vulneración real o directa a los
derechos del accionante.
II. CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la acción interpuesta por José Adrián Pino Varón
cumple los requisitos de procedencia de la acción de tutela y, de ser así, si la publicación
del Presidente de la República en su cuenta de «X» vulnera los derechos a la igualdad,
1 SAMAI, índice 10.
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a la intimidad personal y familiar, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de
conciencia y de cultos del accionante.
6. Competencia
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.
7. Libertad de cultos y laicidad en el Estado
Como cuestión previa, la Sala plantea algunas consideraciones sobre el derecho a la
libertad de cultos y las limitaciones a este derecho que deben tener en cuenta los
funcionarios públicos:
De conformidad con el artículo 19 Constitucional, se le garantiza a cualquier persona que
profese y practique sus creencias religiosas, para lo cual el Estado solo puede imponer
límites en extraordinarias circunstancias. Conforme a la Jurisprudencia de la Corte
Constitucional, se deben tener en cuenta unos criterios para impedir que se limite su
ejercicio arbitrariamente:
«(i) debe restringirse lo menos posible la garantía de libertad religiosa; (ii) sólo
pueden realizarse limitaciones que estén en consonancia con los principios
constitucionales y legales de una sociedad democrática; (iii) sólo pueden ser fuente
de restricciones al ejercicio del derecho a la libertad religiosa la constitución y la
ley; (iv) las limitaciones no cobijan el mero acto de profesar una creencia. Es decir,
el acto individual e interno de fe no puede ser objeto de restricción alguna; y (v) las
acciones y omisiones derivadas de la religión, cuyo ejercicio también se garantiza
constitucionalmente, sí tienen límites2».
Del anterior planteamiento no pueden estar ajenos los servidores públicos a quienes el
Estado, debe garantizarles también su ejercicio y protección. Ahora bien, en el
relacionamiento entre la libertad de cultos y de conciencia dentro del Estado laico, se
debe observar una conducta neutra por parte del Estado, sin que se afecte la condición
establecida en el preámbulo de la Constitución Política.
2 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-088 de 1994. M.P. Fabio Morón Díaz.
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Los principios de respeto a la libertad religiosa y la separación entre el Estado y las
Iglesias se encuentran estrictamente relacionados y se materializan en la neutralidad del
Estado en materia religiosa. Sobre ello, la misma Corte ha establecido que:
«la neutralidad, derivada de la laicidad, no consistirá en la búsqueda por parte del
Estado de un tratamiento igual a las religiones a partir de las actividades que éste
realice en relación con ellas. La neutralidad estatal comporta que las actividades
públicas no tengan fundamento, sentido u orientación determinada por religión
alguna -en cuanto confesión o institución-, de manera que las funciones del Estado
sean ajenas a fundamentos de naturaleza confesional3».
Aunado a ello, de la laicidad del Estado, se predica la prohibición de establecer una
religión oficial; sin perjuicio que dicha prohibición cobije al servidor público de ejercer y
practicar su propia religión. Además, el principio de laicidad del Estado conlleva
limitaciones, que la Corte Constitucional desarrolla in extenso:
«Así, está constitucionalmente prohibido no solo 1) establecer una religión o iglesia
oficial, sino que 2) el Estado se identifique formal y explícitamente con una iglesia
o religión o 3) que realice actos oficiales de adhesión, así sean simbólicos, a una
creencia, religión o iglesia. Estas acciones del Estado violarían el principio de
separación entre las iglesias y el Estado, desconocerían el principio de igualdad
en materia religiosa y vulnerarían el pluralismo religioso dentro de un estado liberal
no confesional. No obstante tampoco puede el Estado 4) tomar decisiones o
medidas que tengan una finalidad religiosa, mucho menos si ella constituye la
expresión de una preferencia por alguna iglesia o confesión, ni 5) adoptar políticas
o desarrollar acciones cuyo impacto primordial real sea promover, beneficiar o
perjudicar a una religión o iglesia en particular frente a otras igualmente libres ante
la ley. Esto desconocería el principio de neutralidad que ha de orientar al Estado,
a sus órganos y a sus autoridades en materias religiosas. No significa lo anterior
que le esté vedado al Estado entablar relaciones con las iglesias y confesiones
religiosas. Lo que prohíbe la Carta es que las entable con unas y no con otras
igualmente protegidas en su dignidad y libertad por la Constitución, si éstas quieren
entablarlas en ejercicio de su autonomía. (…) 6) [L]as connotaciones religiosas
constitucionalmente prohibidas son las que tienen ciertas características: son
únicas y necesarias, y por lo tanto, promueven una determinada confesión o
religión. Por el contrario, no le está vedado al legislador adoptar decisiones que
ofrecen varias interpretaciones seculares o ajenas a cierta religión específica, así
para algunos miembros de la sociedad, desde su propia perspectiva, dicha
decisión pueda tener connotación religiosa»4.
Medida provisional
El accionante solicitó, como medida provisional, ordenar al Estado que se abstuviera de
hacer cualquier negociación o contrato o impresión de la Encíclica, mientras se resolvía
3 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-766 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto.
4 CorteConstitucional Sala Plena. Sentencia C-152 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también:
Sentencia C-088 del 2022. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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la acción de tutela. Por un lado, la medida provisional agota, aunque parcialmente, el
objeto de la acción de tutela, por lo cual el magistrado sustanciador no la decretó. Por
otro lado, no se detecta un perjuicio irremediable en la solicitud del accionante, cuya
naturaleza no pudiera aguardar la decisión de la acción de tutela, dada la envergadura
de los mecanismos institucionales requeridos para poner en marcha la impresión de la
encíclica.
Caso concreto
El accionante plantea que sus derechos fundamentales a la igualdad, a la intimidad
personal y familiar, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia y de
cultos están en riesgo de ser vulnerados con ocasión de la publicación del Presidente de
la República en la red social «X», donde manifestó que ordenaría «que se imprima por
millones la encíclica “Laudato Si”».
La Sala analizará el asunto, primero, estableciendo el alcance de las publicaciones del
Presidente en redes sociales como mecanismo de puesta en marcha del aparato estatal
y, segundo, si el contenido de la publicación, en sí mismo, vulnera los derechos
fundamentales del accionante.
Sobre el primer punto, se tiene que la conducta desplegada por el Presidente de la
República es una publicación en la red social «X», a través de su cuenta personal,
@petrogustavo. Además de la publicación, no se ha acreditado que existan actuaciones
adicionales del Presidente o de otras entidades del Estado, que materialicen lo dicho por
el primer mandatario en «X».
Sobre ello, debe advertirse que las publicaciones en las redes sociales de los funcionarios
o las entidades estatales en sus cuentas personales o institucionales, no tienen la
potencialidad de poner en marcha el aparato estatal. Esto pues, en definitiva, las
publicaciones en redes sociales no están comprendidas dentro de los mecanismos
institucionales a través de los cuales actúa el Estado.
La Administración exterioriza su voluntad, primordialmente, a través de actos
administrativos. Si bien el Presidente de la República es la suprema autoridad
administrativa, publicaciones como la que motivó la acción de tutela no reflejan un
ejercicio de la función administrativa, ni tampoco produce efectos jurídicos sobre ningún
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administrado, por lo que no están llamadas a modificar la realidad y, por ende, no
producen ningún efecto sobre las instituciones del Estado.
En ese sentido, es incuestionable que la publicación del Presidente que suscitó la acción
de tutela no podría provocar, por sí misma, la situación que el accionante considera
vulneradora de sus derechos fundamentales. Ante ello, la Sala no detecta la trasgresión
que el accionante alega, derivada de la impresión y publicación de la carta encíclica del
Papa Franciso y, menos aún, de su incorporación como material de estudio en las
escuelas públicas. Así, ante la ausencia de una actuación institucional que materialice lo
que teme el accionante, no puede predicarse una vulneración de sus derechos
fundamentales.
La necesidad de activar los mecanismos institucionales para materializar la afirmación
del Presidente es también advertida por el mismo accionante, que solicitó que las
autoridades se abstuvieran de iniciar «cualquier negociación o contrato» tendiente a
materializar la publicación del Presidente. Pues bien, se advierte que tanto las
negociaciones, cuyo transcurrir está reglado por actos administrativos, como su
resultado, los contratos estatales o los convenios interadministrativos, son expresiones
de la Administración que están sujetas al control judicial.
Por lo anterior, en el escenario en el que el Estado adelante acciones tendientes a
imprimir por millones y difundir en los colegios del país la encíclica, corresponderá a quien
se sienta agraviado por estas actuaciones controvertir estos actos o contratos a través
de los medios de control previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo-CPACA, bajo la égida de la vulneración de normas
superiores.
Ahora bien, las publicaciones, por sí solas, no pueden llegar a violentar derechos
fundamentales, como lo es la libertad religiosa, en función de su contenido y alcance, a
menos que se materialicen en actos concretos de la administración pública.
Por ello, aun cuando el accionante indica que la situación de amenaza provendría de la
materialización de esa orden y no la publicación por sí misma, esta Sala, en su calidad
de juez constitucional, está llamada a analizar el contenido de fondo de la misma y
determinar si, por sí sola, amenaza o vulnera los derechos fundamentales del accionante,
al transgredir el principio de laicidad del Estado.
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En ese sentido, debe aclararse que ningún funcionario público abandona sus derechos
fundamentales con ocasión de sus funciones. En consecuencia, cualquier funcionario
puede ejercerlos, dentro de los límites que fija la Constitución de 1991. Las redes
sociales, inclusive las de los funcionarios del Estado, constituyen una plataforma idónea
para la realización de la libertad de expresión, entre otros derechos. Por ello, cuando el
juez constitucional analiza si el contenido de una publicación resulta contraria a los
derechos fundamentales de un ciudadano, debe ponderar entre los derechos del
ciudadano y los del funcionario que se expresa mediante sus redes.
Para esos efectos, deben considerarse los criterios que se han fijado para analizar las
manifestaciones de los altos funcionarios del Estado en sus redes sociales. Sobre ello, la
Corte Constitucional ha establecido que dichas publicaciones pueden tener connotación
de información institucional o de opinión personal. Esta connotación es fundamental para
determinar si una de ellas puede constituir una violación de derechos fundamentales,
como, por ejemplo, la libertad de cultos. Así lo determinó la Corte Constitucional en 2021,
cuando encontró una violación al derecho a la libertad de cultos de un ciudadano con
ocasión de una publicación de la Vicepresidente de la República5.
Dicha Alta Corte, en esa misma providencia, fijó varios criterios para determinar la
connotación de estas publicaciones, de cara a determinar la posibilidad de que estas
vulneren derechos fundamentales. Estos criterios se determinan en relación con la cuenta
desde la que se manifiesta el funcionario y en función del comunicado mismo. Respecto
de la cuenta, la Corte estima que debe ponderarse i) el nivel de privacidad de la cuenta
–el alcance que tenga al público general–; ii) la descripción de la cuenta –si se manifiesta
que la cuenta es estrictamente personal y no compromete la opinión de la entidad– y iii)
el uso habitual que le dé el funcionario a su cuenta personal –si la usa para difundir
información institucional o para dar su opinión sobre temas ajenos a su gestión–. Sobre
el comunicado, la Corte fija como indicadores principales cómo se comunica y qué
contiene.
Al ponderar los derechos fundamentales del Presidente y del accionante y al analizar los
criterios establecidos por la Corte Constitucional, la Sala observa que lo manifestado por
el Presidente de la República no tendría la vocación de vulnerar los derechos
fundamentales del actor.
5 Corte Constitucional. Sentencia T-124 de 2021. M.P. Diana Fajardo Rivera.
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Primero, porque, como ya se advirtió, se necesitan verdaderas manifestaciones
institucionales para materializar lo dicho en la red «X» y esos actos, que son lo único que
podría suscitar la posible vulneración, deberán ser controvertidos a través de los medios
de control establecidos en la Ley.
Segundo, la Sala advierte que el contenido de la publicación no tenía como fin imponer
la religión católica a los ciudadanos, ni enaltecerla como culto por sobre las demás
creencias y cosmovisiones que conviven en Colombia. En cambio, constituye un mero
anuncio sobre la eventual (pero incierta) difusión de un texto que ha dejado un líder social
cuyo impacto ha sido notorio, a través de un mensaje redactado reflejando una opinión
personal y, por ende, inidóneo para comunicar una decisión o una actuación del Gobierno
Nacional. En fin, la Sala encuentra que, mediante la publicación que se enjuicia, el
Presidente manifiesta su opinión personal acerca de un acontecimiento de trascendencia,
como fue el fallecimiento del papa Francisco.
Por todo lo anterior, no habrá lugar a amparar los derechos que el accionante estima
vulnerados. Sin embargo, debe advertirse que, de materializarse lo dicho por el
Presidente, además de que los actos estarían sujetos a los medios de control, la
Administración es la llamada a modular sus efectos de cara a evitar la vulneración de los
derechos fundamentales de los ciudadanos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela de José Adrián Pino Varón contra el Presidente
de la República, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: RECONOCER PERSONERÍA a Carolina Jiménez Bellicia, como apoderada
de la parte accionada, de conformidad con los artículos 10 del Decreto 2591 de 1991 y
75 del CGP.
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Accionante: José Adrián Pino Varón
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TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Ausente con Permiso
vf
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