Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02439-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02439-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02439-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
22 de mayo de 2025
Demandante: Brayan Steveen Paspuel Bohórquez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02439-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Santiago de Cali, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02439-00
Demandante: BRAYAN STEVEEN PASPUEL BOHÓRQUEZ
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE
LA JUSTICIA
Tema: Tutela por presunta vulneración al derecho fundamental de
petición – Declara la falta de legitimación en la causa por
activa.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El 28 de abril de 20251, el señor Brayan Steveen Paspuel Bohórquez, actuando en
nombre propio, promovió acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia con
la que pretende el amparo de su derecho fundamental de petición.
El accionante consideró vulnerada la referida garantía constitucional, toda vez que,
en su sentir, la respuesta dada 28 de marzo de 2025 por la autoridad no satisfacía
la solicitud radicada por medio de correo electrónico el 25 de marzo de 2025.
1 Índice 1 de Samai.
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Demandante: Brayan Steveen Paspuel Bohórquez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02439-00
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo del derecho fundamental
invocado y, en consecuencia, pidió:
TERCERO: Como consecuencia, se ordena al Consejo Superior de la Judicatura,
que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, se dé
respuesta de fondo conforme lo establecen la normatividad y la jurisprudencia
colombianas2.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
El 25 de marzo de 2025 el representante legal de la firma Jurídica Juris Valledupar
S.A.S. elevó petición ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia. En esta solicitó lo siguiente:
El 28 de marzo de 2025 la autoridad accionada remitió respuesta, en la cual,
únicamente detalló la normatividad aplicable, la documentación que debía remitir y
el trámite a seguir para la acreditación de la práctica jurídica.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora considera que la respuesta que le fue comunicada mediate correo
electrónico enviado el 25 de marzo de 2025 no satisface de fondo lo solicitado, lo
que vulnera su derecho de petición.
2 Cita textual del original con posibles errores.
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1.5. Trámite de la acción de tutela
Por auto del 30 de abril de 20253, la magistrada ponente admitió la acción de tutela
ordenó notificar a la parte demandante y al Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, como
demandada para que ejerciera su derecho de contradicción.
1.6. Intervenciones4
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia5
Por medio de memorial remitido el 7 de mayo de 2025, el director de la Unidad,
manifestó que mediante correo electrónico le citó al actor la normatividad y trámite
aplicable para la acreditación de la práctica jurídica. No obstante, señaló que, con
el propósito de asegurar la satisfacción del peticionario y evitar cualquier
incertidumbre de cara a la información proporcionada, mediante correo electrónico
del 2 mayo de 2025, envió una respuesta complementaria, reiterando y ampliando
la información relativa al trámite de acreditación de la judicatura bajo contrato de
prestación de servicios en empresa privada.
A su vez, indicó que la «Unidad tiene como función realizar el estudio y aprobar o
negar las solicitudes de reconocimiento de las judicaturas para la obtención del título
de abogado, sin que le corresponda determinar la validez de la afiliación a seguridad
social, previo a la realización de esta práctica».
Conforme a lo anterior, expresó que se dio respuesta de fondo y oportuna a la
solicitud del peticionario, brindando información clara, detallada y suficiente sobre
el trámite de acreditación de la judicatura, conforme el marco normativo aplicable.
Además, adujo que informó expresamente que «una vez el usuario haya cumplido
con el tiempo requerido de práctica, deberá realizar la preinscripción del trámite en
la página web del Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados –
SIRNA», y proporcionó para ello el enlace correspondiente, los pasos a seguir y los
respectivos instructivos.
3 Índice 4 de Samai.
4 Índice 7 de Samai. Mediante Oficios No. 54945 al 54947 del 2 de mayo de 2025 se notificó a las
partes a los correos electrónicos: juridica@jurisvup.com;
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co; y regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co
5 Índice 9 de Samai.
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Finalmente, argumentó que aclaró lo referente a la afiliación en seguridad social, si
el actor decidía realizar la práctica jurídica bajo la modalidad de contrato de
prestación de servicios en empresa privada.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela, interpuesta por el
señor Brayan Steveen Paspuel Bohórquez de conformidad con los Decretos 2591
de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
De conformidad con los hechos expuestos, las intervenciones presentadas por las
demandadas y los medios de prueba arrimados al proceso, corresponde a la Sala
resolver el siguiente problema jurídico:
• ¿El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia vulneró el derecho fundamental de
petición del señor Brayan Steveen Paspuel Bohórquez al no proporcionar
una respuesta de fondo a la solicitud remitida el 25 de marzo de 2025?
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela, (ii) la legitimación en la causa e
interés y (iii) el caso concreto.
2.3. Panorama general de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política, estableció que las personas pueden ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades, o de los particulares en los casos previstos en el Decreto
2591 de 1991.
Conforme a la disposición constitucional, el Decreto 2591 de 1991 y la
jurisprudencia, la procedencia de esta acción está determinada por la inexistencia
de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho
fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar frente a un perjuicio
irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.
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2.4. Legitimación e interés en las acciones de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política, establece que toda persona puede acudir
a la acción de tutela «para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública».
En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 1991 «Por el cual se reglamenta la acción
de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política», en los artículos
1°, 10, 46 y 49, precisa que dicha acción puede ser presentada por cualquier
persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí
misma; (ii) a través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia
oficiosa, cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de
promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores
del pueblo y los personeros municipales6.
De esa manera, el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991 dispone que «Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señale este Decreto»7. (Subrayas fuera de texto).
La Corte Constitucional, en sentencia T-1020 de 20038, manifestó que la acción de
tutela es un medio de defensa que se encuentra al alcance de todas las personas y
que la legitimidad para interponerla radica en la persona afectada, quien podrá
ejercerla directamente o por quien actúe en su nombre. Por consiguiente, no se
«requiere ser abogado, ni tener conocimientos jurídicos, ni mucho menos saber
escribir, es decir, la Constitución y la ley no exigen calidad alguna para el sujeto
activo de la acción. Inclusive, no es requisito esencial presentarla por escrito, la ley
consagra la posibilidad de que la misma se pueda incoar verbalmente en casos de
urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o sea menor de edad»9.
En ese sentido, la misma Corte en sentencia T-552 de 2006, con ponencia del Dr.
Jaime Córdoba Triviño, señaló:
6Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-793, 27.09.07, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
7“Aparte subrayados declarado EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-
018 del 25 de enero de 1993, M.P. Alejandro Martínez Martínez”.
8 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T- 1020, 30.10.03, M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
9“Todo lo relacionado con el contenido de la solicitud de tutela está contemplado en el artículo 14 del
Decreto 2591 de 1991.”
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«La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la
legitimación en la causa por activa en los procesos de tutela se predica
siempre de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o
vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha establecido la Corte en anteriores
oportunidades10, a partir de las normas de la Constitución y del Decreto 2591
de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite cuatro posibilidades
para la promoción de la acción de tutela. La satisfacción de los presupuestos
legales o de los elementos normativos de alguna de estas cuatro posibilidades,
permiten la configuración de la legitimación en la causa, por activa, en los
procesos de tutela» (Subraya fuera de texto)
En ese orden de ideas, esas cuatro posibilidades son las siguientes: (i) el
ejercicio directo de la acción de tutela. (ii) El ejercicio por medio de
representantes legales (caso de los menores de edad, los incapaces
absolutos, los interdictos y las personas jurídicas). (iii) El ejercicio por medio
de apoderado judicial, caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición
de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial
para el caso, o en su defecto el poder general respectivo, y (iv) la del ejercicio
por medio de agente oficioso…»11.
En línea con lo anterior, el alto Tribunal Constitucional, en la sentencia T-697 de
2006, indicó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución, se tiene que «un primer requisito de procedibilidad de la acción de
tutela es la exigencia de que quien solicite el amparo, se encuentre «legitimado en
la causa» para presentar la solicitud de protección de sus derechos fundamentales.
La legitimación «por activa» exige que el derecho cuya protección se invoca, sea un
derecho fundamental radicado en cabeza del demandante y no, en principio, de otra
persona».
Así las cosas, es importante recordar que, en relación con la legitimación por activa
en la acción de tutela, el Órgano Límite de Interpretación Constitucional en
sentencia de Unificación SU-173 de 2015, estableció lo siguiente:
«La legitimación en la causa es un presupuesto procesal exigido en la acción
de tutela, debido a que los derechos fundamentales son inherentes a las
personas y, además, son intransferibles, aun tratándose de personas jurídicas
o entidades territoriales. (…)
La legitimación para ejercitar la acción de tutela a favor de terceros es
excepcional y por lo mismo sólo puede intentarse cuando el interesado
demuestre que se ven afectados sus derechos fundamentales y que se halle
imposibilitado para deprecar por sí mismo el amparo constitucional; así los
interesados son aquellas personas a quienes la decisión afecte directamente
en sus derechos fundamentales, esto es, las partes del litigio».12
10“Ver sentencia T-531 del 4 de julio de 2002, M.P, Eduardo Montealegre Lynett.”
11 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-552, 14.07.06, M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
12 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-173, 16.04.15., M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
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2.5. Caso concreto
El señor Brayan Steveen Paspuel Bohórquez consideró vulnerado su derecho
fundamental de petición debido a que la autoridad accionada no le proporcionó una
respuesta de fondo a la solicitud elevada el 25 de marzo de 2025.
Revisado el expediente, se observa que la petición en mención y presentada ante
Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia es la siguiente:
A su vez, se tiene, que el 28 de marzo de 2025 la autoridad accionada dio respuesta,
la cual, refirió la normatividad aplicable y el trámite a seguir para la acreditación de
la práctica jurídica, y enviada al correo comercial@jurisvup.com aportado, como se
muestra a continuación:
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Durante el trámite de la presente acción constitucional la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia rindió informe, en el cual, informó
que, mediante correo electrónico del 2 mayo de 2025, brindó respuesta
complementaria a la petición elevada el 25 de marzo de 2025, de la siguiente
manera:
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No obstante, de acuerdo con el documental allegado al expediente, se observa que
quien presentó la petición de afiliación de práctica jurídica el 25 de marzo de 2025,
fue el representante legal de la firma jurídica Juris Valledupar S.A.S., el señor Juan
David Galván Fajardo, y no el señor Brayan Steveen Paspuel Bohórquez como éste
alega haberlo realizado.
Frente a este asunto, la Corte ha sostenido que «cuando alguien busca proteger
derechos fundamentales que no son propios, o cuando el Defensor del Pueblo
interpone una acción de tutela, es necesario individualizar al sujeto o sujetos
presuntamente afectados por la vulneración, pues de lo contrario la tutela se
tornará improcedente»13 (Negrillas fuera de texto original).
En tal sentido, se tiene que el señor Paspuel Bohórquez, no acreditó el interés
jurídico que permita configurar su legitimación en la causa por activa en el presente
asunto, toda vez que, por conducto de la solicitud de amparo no puede solicitar la
protección de garantías constitucionales de las cuales no ostenta la titularidad,
máxime cuando quien presentó la petición de la cual se alega no se dio respuesta
de fondo fue el representante legal de la firma jurídica Juris Valledupar S.A.S., el
señor Juan David Galván Fajardo, como ya se mencionó.
Así las cosas, se declarará la falta de legitimación en la causa por activa del señor
Brayan Steveen Pasquel Bohórquez, y, en consecuencia, no se continuará con el
estudio de fondo del asunto.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
13 Corte Constitucional, sentencia T-078 de 2004.
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FALLA:
PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
ACTIVA del señor Brayan Steveen Pasquel Bohórquez, de conformidad con los
argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento de no ser impugnada la presente decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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