Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02440-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-02440-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02440-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02440-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
16 de junio de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02440-00
Demandante: UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02440-00
Demandante: UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN C
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia por
falta de relevancia constitucional / AUSENCIA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Con
los argumentos esgrimidos se pretende utilizar la tutela como una instancia adicional /
SUBSIDIARIEDAD – La parte actora podía solicitar la adición de la sentencia para efectos
de conseguir que la autoridad judicial accionada se pronunciara sobre todos los aspectos
de la apelación / PERJUICIO IRREMEDIABLE – No se acreditó estar en presencia de
alguna situación que amerite la intervención urgente del juez de tutela.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la sociedad UNE EPM
Telecomunicaciones S.A. contra La Subsección C de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda
1. El 28 de abril de 2025 1 , la sociedad UNE EPM Telecomunicaciones S.A.,
mediante apoderado, interpuso acción de tutela contra la autoridad judicial
mencionada, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, con motivo de la
sentencia proferida el 9 de abril de 2025, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001333400420190029901. Formuló las
siguientes pretensiones (transcripción textual):
1. TUTELAR el derecho al acceso a la administración de justicia establecido en
el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia.
2. TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso de mi representada
establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.
1
Se advierte que el 26 de mayo de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02440-00
Demandante: UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
3. TUTELAR el derecho fundamental a la igualdad de mi representada
establecido en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia.
4. DECLARAR, que la Sentencia judicial demandada vulneró los derechos
fundamentales expuestos.
5. En consecuencia, DEJAR sin efectos la Sentencia de segunda instancia No.
59 de fecha 9 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca -Sección Primera Subsección C- en el trámite del medio de
control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesto por mi
Representada contra la Superintendencia de Industria y Comercio (expediente
11001333400420190029901), mediante la cual se resolvió el recurso de
apelación, revocando la sentencia de primera instancia del 30 de junio de 2023.
En su lugar, se ordene a la autoridad a mantener la decisión de primera
instancia, mediante la cual i). se declaró la nulidad de las Resoluciones Nos.
60449 del 22 de agosto de 2018, 16922 del 27 de mayo de 2019 y 32460 del
1° de agosto de 2019; ii). a título de restablecimiento del derecho, se ordenó a
la Superintendencia de Industria y Comercio la devolución del dinero cancelado
por la demandante por concepto de la sanción pecuniaria, suma que deberá
ser debidamente indexada.
2. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los
siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. Dentro de la investigación administrativa con radicado SIC 15-201127, la
Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a la sociedad UNE EPM
Telecomunicaciones S.A., con multa equivalente a $85.936.620 (110 s.m.l.m.v. para
2018).
4. Inconforme con la decisión, la accionante ejerció el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, que correspondió en primera instancia al
Juzgado Cuarto Administrativo de Bogotá con el radicado
11001333400420190029900.
5. En cumplimiento del Acuerdo N° CSJBTA23-2 del 25 de enero de 2023, el
expediente se remitió al Juzgado 68 Administrativo de Bogotá, que accedió a las
pretensiones mediante sentencia del 30 de junio de 2023, declaró la nulidad de los
actos administrativos acusados, y como restablecimiento del derecho, ordenó a la
Superintendencia de Industria y Comercio reintegrar a la sociedad demandante el
dinero cancelado por concepto de la sanción pecuniaria.
6. La entidad demandada apeló la providencia y, en segunda instancia, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, con
sentencia del 9 de abril de 2025, la revocó. En su lugar, denegó las pretensiones de
la demanda.
7. La parte actora considera que la sentencia proferida por el Tribunal accionado
lesiona los derechos fundamentales invocados e incurre en defecto sustantivo y
procesal, toda vez que vulneró los principios de seguridad jurídica e igualdad y,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02440-00
Demandante: UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
transgredió el artículo 52 de la Ley 1437 de 20112, en la medida en que desconoció
que se configuró la caducidad de la facultad sancionatoria, como quiera que el
usuario interpuso la queja el 27 de agosto de 2015 y el acto administrativo se profirió
el 22 de agosto de 2018 y notificó el 31 de agosto siguiente, es decir, pasados 3 años
desde que sucedieron los hechos.
8. Adujo que el juez de primera instancia concluyó que «(…) operó la caducidad
de la facultad sancionatoria porque desde que el usuario interpuso la queja, el 27 de
agosto de 2015, y la notificación de la resolución sancionatoria, el 31 de agosto de
2018, transcurrieron más de 3 años». A juicio de la accionante, dicha conclusión es
acorde a los argumentos esgrimidos por la sociedad durante el trámite administrativo
y también al interior del contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho y, por
tanto, no debió invalidarse la sentencia censurada.
9. En todo caso, sostiene que el juez administrativo está en la obligación de
analizar el fenómeno de la caducidad de la facultad sancionatoria, así no sea un
argumento alegado por las partes.
10. Además, considera que el Tribunal accionado se alejó del precedente
judicial según el cual la multa se impone conforme a los salarios mínimos vigentes
a la fecha de la comisión de la infracción al Régimen de Protección de Usuarios de
Comunicaciones y no a la de imposición de la sanción.
11. Al respecto señaló que, pese a que el a quo en el proceso de origen se
pronunció sobre ese cargo de nulidad (dosimetría de la sanción), el Tribunal
accionado no lo hizo, y manifestó que se limitaría a analizar la caducidad de la
facultad sancionatoria, por ser el argumento de la apelación, de conformidad con lo
señalado en el artículo 328 del CGP.
12. No obstante, a juicio de la accionada, los argumentos de la apelación también
se encaminaron a discutir la interpretación de las normas que contienen los criterios
para la definición de las sanciones, y la autoridad judicial accionada «olvidó» referirse
al respecto. Afirmó que «se abstuvo injustificadamente de pronunciarse sobre el
particular, sin siquiera desarrollar de forma motivada y clara el fundamento de su
omisión».
13. Concretamente, estima que la sentencia objeto de reproche se apartó de la
posición adoptada por la Sección Primera del Consejo de Estado en providencia de
1º de noviembre de 2019 (Radicado 2006-00873), según la cual «nadie puede ser
juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al momento de la comisión de la
infracción administrativa (…)» y, por consiguiente, las sanciones que imponga la
Superintendencia deben ser conforme al salario mínimo mensual legal vigente a la
fecha de la comisión de la infracción administrativa.
2
ARTÍCULO 52. CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA. Salvo lo dispuesto en leyes
especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años
de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto
administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado (…).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02440-00
Demandante: UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
14. En el mismo sentido, citó la sentencia del 4 de junio de 2020 emitida por la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y el fallo de tutela
11001031500020240401500, proferido el 4 de septiembre de 2024 por el Consejo
de Estado dentro del radicado
15. Aunado a lo anterior, la accionante refirió que pagó una suma superior a la
impuesta en la sanción, lo cual reflejó en el siguiente cuadro:
16. En consecuencia, sostiene que la decisión censurada que mantuvo en el
ordenamiento jurídico los actos sancionatorios, es abiertamente arbitraria, y
violatoria de sus derechos de acceso a la administración de justicia, al debido
proceso, a la igualdad, y a la seguridad jurídica.
B. Trámite impartido e intervenciones
17. Mediante auto de 8 de mayo de 2025 se admitió la solicitud de amparo, se
ordenó notificar la decisión a la autoridad judicial demandada, a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado y, como terceros con interés, a la superintendente
de Industria y Comercio y al señor Mariano Valencia Giraldo, toda vez que fueron
vinculados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
110013334-004-2019-00299-00/01. También se tuvieron como prueba los
documentos aportados con la demanda.
18. La magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ponente de
la providencia censurada, afirmó que allí están consignadas las razones de hecho y
de derecho que la motivaron. Agregó que se limitó al análisis de los argumentos del
recurso de apelación conforme el artículo 328 del C.G.P., en especial se refirió al
cambio del cargo de nulidad por parte del juzgado de primera instancia, toda vez que
la sociedad demandante alegó la caducidad de la facultad sancionatoria por
ineficacia de la notificación, y el a quo la declaró porque se computó el término desde
la queja presentada por el usuario y excedía el previsto en la norma aplicable.
19. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que carece de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no es responsable de la violación
de los derechos fundamentales invocados por la parte actora, y tampoco es
competente para atender las pretensiones de la tutela.
20. Agregó que la parte actora, a todas luces busca reabrir el debate zanjado en
el proceso de origen y, en consecuencia, solicitó que se nieguen las pretensiones
por falta de relevancia constitucional.
21. El señor Mariano Valencia Giraldo guardó silencio, pese a haber sido
debidamente notificado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02440-00
Demandante: UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
22. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en esta
oportunidad.
II. CONSIDERACIONES
C. Competencia
23. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es
competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37
del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080
de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).
D. Problema Jurídico
24. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela. Sólo en el evento de que se reúnan estas
exigencias, se analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
endilgados y, por ende, vulneró los derechos fundamentales en cabeza de la
sociedad UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
E. Análisis de la Sala
Del requisito de relevancia constitucional
25. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al
señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos
contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
26. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente3 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni
en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.
27. La tutela sólo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión
de marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el
simple señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino
3
Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02440-00
Demandante: UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
porque, en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado
el alcance de un derecho fundamental.
Del requisito de subsidiariedad
28. Como es sabido, la tutela procede cuando el interesado no dispone de otro
medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección
debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o
amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe
perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.
29. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un
campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de
protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer
que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales
igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
30. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe,
por lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente.
Caso concreto y solución del problema jurídico
31. De entrada, la Sala anticipa que la presente tutela deviene improcedente
porque no supera el requisito de relevancia constitucional, en tanto que, tiene la
clara y marcada intención de revivir la controversia planteada en sede ordinaria.
32. Obsérvese que la sociedad demandante finca el defecto alegado
(sustantivo), en el presunto desconocimiento del artículo 52 de la Ley 1437 de 2011,
porque considera que conforme a la norma operó la caducidad de la facultad
sancionadora de la SIC, aspecto sobre el cual se pronunció puntualmente la
Sección Primera, Subsección C, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al
resolver la alzada interpuesta por la entidad demandada, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001333400420190029901.
33. En efecto, de la lectura de la sentencia del 9 de abril de 2025 se establece
sin dificultad alguna que precisamente ese fue el objeto principal de la apelación,
dado que la SIC en la alzada discutió la caducidad de la facultad sancionadora
declarada por el Juzgado 69 Administrativo de Bogotá en sentencia del 30 de junio
de 2023, teniendo en cuenta que, en su sentir, la conducta reprochada a la sociedad
de telecomunicaciones, fue continuada y solo terminó con la respuesta brindada al
usuario mediante el oficio CUN: 3612150002508571 de 31 de agosto de 2015.
34. Además, la apelante en el proceso de origen reprochó que el a quo, tras
desechar el cargo de nulidad invocado por la accionante (caducidad de la facultad
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02440-00
Demandante: UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
sancionadora por indebida notificación)4, hubiera procedido de oficio a cambiar el
cargo y declarar la caducidad, por considerar que transcurrieron más de 3 años
desde la interposición de la queja (27 de agosto de 2015) hasta la notificación de la
resolución sancionatoria (31 de agosto de 2018).
35. Sobre el particular, la autoridad judicial accionada en la sentencia del 9 de
abril de 2025, realizó un análisis detallado de los hechos demostrados que dieron
lugar a la conducta imputada, para señalar que durante el trámite administrativo
que surtió UNE EPM, emitió el oficio 3612150002508571 de 31 de agosto de 2015,
mediante el cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por el usuario en
contra del Oficio CUN: 3612150002508571 de 12 de agosto de 2015, en el que
reconoció los yerros cometidos en la prestación del servicio, en relación con la
cobertura inicialmente ofrecida y se comprometió a ajustar las facturas
correspondientes.
36. Puntualmente, sobre el cambio del cargo de nulidad alegado por la sociedad
demandante, el Tribunal accionado señaló:
El apelante debate la ocurrencia de la caducidad de la facultad sancionatoria,
aspecto que ocupará el análisis de la Sala, sin referirse a los otros cargos de
nulidad, conforme impone el artículo 328 del CGP, porque no se discutieron
en el recurso.
El apelante indica que el juzgado cambió el cargo de nulidad, porque la parte
demandante se refirió a la caducidad de la facultad sancionatoria debido a
una ineficaz notificación, mientras el juzgado declaró la caducidad porque se
computó el término desde la queja que presentó el usuario.
Al efecto, la Subsección encuentra que efectivamente UNE EPM argumentó:
“En consecuencia, operó la caducidad de la facultad sancionatoria, porque la
notificación que efectuó la SIC es nula e ineficaz”. (Resalta la Sala)
Por su parte, el juzgado concluyó que no se vulneró el debido proceso por
indebida notificación, ya que se cumplieron los términos y condiciones de los
artículos 66, 67, 68 y 69, relativos a la notificación personal y por aviso, pero,
declaró que operó la caducidad de la facultad sancionatoria porque desde que
el usuario interpuso la queja, el 27 de agosto de 2015, y la notificación de la
resolución sancionatoria, el 31 de agosto de 2018, transcurrieron más de 3
años.
En esa medida, asiste razón a la apelante cuando manifiesta su inconformidad
en el análisis y conclusión del cargo, ya que el juzgado abordó un punto que
la parte actora no solicitó.
37. Así las cosas, para la Sala es claro que el juez de segunda instancia analizó
el argumento de la apelación presentado por la SIC -recurrente-, precisando
además que su estudio se limitaría a ello, conforme a lo consagrado en el artículo
328 del C.G.P., lo cual no se advierte como arbitrario o caprichoso, puesto que tiene
su fundamento directamente en lo estipulado por el legislador.
4
El Juzgado 68 Administrativo de Bogotá en la sentencia del 30 de junio de 2023, puntualmente
señaló que no se encontraron vicios en la notificación de la resolución sancionatoria.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02440-00
Demandante: UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
38. Ahora bien, el juez colegiado, ahora accionado, dentro del margen de su
competencia y en virtud de su autonomía judicial, consideró que el a quo cambió el
cargo de nulidad, tal y como lo alegó la entidad apelante. Dicho de otra forma,
desconoció los presupuestos para garantizar la congruencia de la sentencia.
39. Analizó que, en la demanda, la sociedad accionante alegó la caducidad de
la facultad sancionatoria, ya que en su sentir, la notificación del acto sancionatorio
que efectuó la SIC es nula e ineficaz, lo cual fue descartado por el juez de la nulidad,
quien verificó que no se presentó tal irregularidad5.
40. Sin embargo, el fallador de primera instancia, de oficio procedió a analizar la
caducidad de la facultad sancionatoria por una causa distinta a la alegada por la
accionante -que no prosperó-, y terminó declarando su ocurrencia, porque en su
sentir, la decisión sancionatoria fue notificada por la SIC por fuera de los tres años
previstos en el artículo 52 del CPACA, proceder que implicó abordar un cargo no
invocado por la parte actora para enervar la legalidad de los actos acusados y que
el superior, consideró como suficiente para dar prosperidad a la alzada.
41. Nótese que la autoridad judicial accionada encontró que la caducidad de la
competencia sancionatoria de la SIC, cimentada en que la notificación de la
decisión tuvo lugar vencidos los 3 años a los que se refiere el artículo 52 del
CPACA, fue un argumento que no alegó la sociedad UNE EPM en el proceso de
origen y precisamente por ello, revocó la sentencia del 30 de junio de 2023.
42. De ahí que para la Sala lo alegado por la sociedad accionante para
fundamentar el defecto sustantivo es un aspecto que no se planteó en el proceso
ordinario y que se trae ahora en sede de tutela para intentar reabrir el debate ya
zanjado por el juez natural de la causa de segunda instancia, con lo que se
evidencia no solo la falta de relevancia constitucional de la solicitud de amparo, sino
también el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, dado que, como quedó
dicho, la parte accionante pretende suscitar nuevamente la discusión sobre la
ocurrencia de la caducidad, pero agregando argumentos distintos y adicionales a
los esgrimidos en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
43. En otras palabras, si la empresa UNE EPM estimaba que la facultad
sancionatoria de la SIC caducó porque se notificó la decisión por fuera de los 3
años establecidos en el artículo 52 del PCACA, debió alegarlo desde la demanda
de nulidad, pero como no lo hizo, se entiende que no agotó el mecanismo ordinario
idóneo y eficaz que tenía a su alcance para garantizar sus derechos. No puede
5 «Así las cosas, el despacho observa que este cargo no tiene vocación de prosperidad, pues
contrario a lo manifestado por la demandante, las pruebas obrantes en el expediente administrativo
que dio origen a la emisión de la Resolución No. 60449 de 22 de agosto de 201843, dan cuenta de
que la citada decisión sancionatoria fue notificada en debida forma y con ello se dio garantía a los
derechos de defensa y contradicción que le asisten a la sociedad demandada, tan es así, que contra
la decisión sancionatoria se interpusieron los recursos de reposición y en subsidio de apelación, los
cuales fueron resueltos mediante las resoluciones números 16922 del 27 de mayo de 2019 y 32460
del 01 de agosto del mismo año». Tomado de la sentencia del 30 de junio de 2023, proferida por el
Juzgado 68 Administrativo de Bogotá, índice 9 SAMAI.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02440-00
Demandante: UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
ahora pretender subsanar su descuido con la interposición de la acción de tutela,
que como se dijo, es residual.
44. En suma, en lo que atañe al defecto sustantivo alegado, en esta
oportunidad, lo que se advierte es un descontento genérico con la decisión tomada
en la providencia cuestionadas, inconformidad a la que la accionante intenta darle
el cariz de vicio o defecto, simplemente porque no fue favorable a sus intereses.
45. En criterio de la Sala, las consideraciones que sirvieron de fundamento a la
decisión censurada, lejos de ser arbitrarias y caprichosas, resultan razonables, y
en consecuencia, no merecen reproche alguno desde el punto de vista
constitucional. El hecho de que la parte demandante no las comparta, no significa
que se hubiera configurado el defecto sustantivo alegado, ni habilita al juez
constitucional para reabrir el debate, convirtiendo la acción de tutela en una
instancia adicional.
46. Así las cosas, en cuanto al defecto sustantivo invocado, resulta evidente el
propósito de la parte actora de utilizar el presente trámite de tutela como una
instancia adicional del proceso contencioso administrativo en donde se reviva el
debate ya zanjado por la autoridad judicial competente, e incluso se estudie un
argumento nuevo y diferente al vicio invocado en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho. Debido a esto, así como a la ausencia de una
vulneración desproporcionada de derechos fundamentales ocasionada por una
actuación judicial arbitraria, identificable a primera vista, la solicitud de amparo
deviene improcedente.
47. De otra parte, frente al desconocimiento del precedente judicial, la Sala
advierte que la inconformidad de la accionante se dirige a señalar que el Tribunal
accionado no abordó el cargo relacionado con la dosificación de la sanción invocado
en la demanda, pese a que la SIC lo incluyó entre los argumentos de la apelación,
sobre lo cual, refirió que la autoridad judicial accionada «se abstuvo
injustificadamente de pronunciarse sobre el particular, sin siquiera desarrollar de
forma motivada y clara el fundamento de su omisión».
48. Sobre el particular, la Sala considera que teniendo en cuenta que la
inconformidad alegada es porque, presuntamente el Tribunal demandado dejó de
resolver sobre un punto que se puso a su consideración en el recurso de apelación,
la accionante contaba con un mecanismo eficaz e idóneo para garantizar los
derechos invocados, cual es la solicitud de adición de la sentencia, conforme a lo
establecido en el artículo 2876 del C.G.P., que señala:
Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la
litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser
objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia
complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte
presentada en la misma oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior
6
Aplicable a estos asuntos por autorización del Artículo 306 del CPACA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02440-00
Demandante: UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de
resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le
devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su
ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la
complementación podrá recurrirse también la providencia principal.
49. Así las cosas, en ese particular aspecto, la Sala concluye que la accionante
contaba con otro mecanismo de defensa que era idóneo y eficaz para obtener la
protección de los derechos fundamentales que considera vulnerados con ocasión
de la expedición de la sentencia del 9 de abril de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, en el proceso
2019-00299-01. Sin embargo, no hizo uso del mismo en la oportunidad procesal
correspondiente y, por tanto, no puede ahora utilizar la acción de tutela para
remediar esa falencia. En esas condiciones, la tutela se torna en improcedente.
50. Ahora bien, es cierto que puede flexibilizarse la regla de la subsidiariedad
cuando se advierte la existencia de un perjuicio irremediable o la situación amerite
la intervención urgente del juez de tutela, caso en el cual procede la acción como
mecanismo transitorio, sin embargo, en el caso particular no se advierte tal
afectación.
51. El perjuicio irremediable es un riesgo cierto y real de daños provenientes de
la amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de producirse no
tendría ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera
indemnización del perjuicio.
52. Por ende, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela,
pero siempre que ese perjuicio se note sin justificación, es decir, que provenga de
acciones manifiestamente contrarias a la Constitución o a la ley, al punto de ser
atentados a los derechos fundamentales, situación que, a simple vista, no se
presenta en este caso.
53. Conforme a lo razonado, la Sala encuentra improcedente la solicitud de
amparo presentada por la sociedad UNE EPM Telecomunicaciones S.A., por
incumplimiento de los requisitos generales de relevancia constitucional y
subsidiariedad.
54. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por la sociedad
UNE EPM Telecomunicaciones S.A., por lo razonado en las consideraciones.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02440-00
Demandante: UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
SEGUNDO. Notifíquese esta decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.