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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02440-01

Fecha
28 de agosto de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02440-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia de 16 de junio de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela presentada por la sociedad UNE EPM Telecomunicaciones S.A., pero por los argumentos señalados en esta providencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02440-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

28 de agosto de 2025

Demandante: UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02440-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02440-01
Demandante: UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN C

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisitos de relevancia
constitucional y subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra
el fallo de 16 de junio de 2025, por medio del cual el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, declaró improcedente la acción constitucional
de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La sociedad UNE EPM Telecomunicaciones S.A. (en adelante UNE EPM),
mediante apoderada judicial, promovió la solicitud de tutela1 contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia de 9 de abril
de 2025 proferida por la autoridad judicial en mención.

Lo anterior, por cuanto en dicha decisión se revocó la providencia de 30 de junio
de 2023 proferida por el Juzgado Sesenta y Ocho Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, que había accedido a las pretensiones de la demanda y, en
su lugar, las denegó. Esto, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que ejerció la aludida empresa contra la
Superintendencia de Industria y Comercio con radicado 11001-33-34-004-2019-
00299-00/01.

1 El 28 de abril de 2025.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02440-01

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora elevó las siguientes pretensiones:

1. TUTELAR el derecho al acceso a la administración de justicia establecido en el
artículo 229 de la Constitución Política de Colombia.
2. TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso de mi representada
establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.
3. TUTELAR el derecho fundamental a la igualdad de mi representada
establecido en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia.
4. DECLARAR, que la Sentencia judicial demandada vulneró los derechos
fundamentales expuestos.
5. En consecuencia, DEJAR sin efectos la Sentencia de segunda instancia No.
59 de fecha 9 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca -Sección Primera Subsección C- en el trámite del medio de control
de Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesto por mi Representada
contra la Superintendencia de Industria y Comercio (expediente
11001333400420190029901), mediante la cual se resolvió el recurso de
apelación, revocando la sentencia de primera instancia del 30 de junio de 2023.
En su lugar, se ordene a la autoridad a mantener la decisión de primera instancia,
mediante la cual i). se declaró la nulidad de las Resoluciones Nos. 60449 del 22
de agosto de 2018, 16922 del 27 de mayo de 2019 y 32460 del 1° de agosto de
2019; ii). a título de restablecimiento del derecho, se ordenó a la Superintendencia
de Industria y Comercio la devolución del dinero cancelado por la demandante por
concepto de la sanción pecuniaria, suma que deberá ser debidamente indexada.2

1.3. Hechos

En el escrito de la tutela se hizo mención a los siguientes supuestos fácticos:

La sociedad UNE EPM relató que la Superintendencia de Industria y Comercio
adelantó una investigación administrativa3 en su contra, en atención a la queja
presentada el 27 de agosto de 2015 por el señor Marino Valencia Giraldo, según
la cual, el proveedor de servicios de comunicaciones no aplicó las condiciones
de internet banda ancha 5MB y telefonía fija que fueron contratadas para su
domicilio.4

Narró que por medio de la Resolución 58691 de 6 de septiembre de 2016, la
Superintendencia de Industria y Comercio le formuló cargos por la presunta
transgresión de los numerales 6 y 12 de los artículos 53 y 64 de la Ley 1341 de
20095, así como de los literales g) y h) del numeral 10.1 del artículo 10 y artículo
39 de la Resolución CRC 3066 de 2011.6

Señaló que el 19 de septiembre de 2016 la empresa presentó descargos,
oportunidad en la cual explicó, entre otros aspectos, que brindó una respuesta
de fondo a las reclamaciones elevadas por el usuario quejoso y aclaró que lo

2
Trascripción literal del original con posibles errores.
3
Trámite identificado con radicado SIC 15-201127.
4
Servicios que fueron prestados desde el 10 de julio de 2015. No obstante, se instaló un internet
de 4 megas.
5
«Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la
organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la
Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones».
6
«Por la cual se establece el Régimen Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios
de los Servicios de Comunicaciones».

2
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Demandante: UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02440-01

solicitado por él consistió en que se diera cumplimiento a lo pactado en el
contrato 12998588.

Indicó que en la Resolución 60449 de 22 de agosto de 2018, el director de
Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones de
la Superintendencia de Industria y Comercio le impuso una multa equivalente a
$85.936.620 (110 smlmv para el año 2018), por cuanto no se dio una solución
efectiva a la reclamación elevada por el señor Marino Valencia Giraldo «de
conformidad a la favorabilidad reconocida a través de la decisión empresarial
identificada bajo el CUN: 3612150002508571, del 31 de agosto de 2015».

Afirmó que interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, el de apelación
contra la Resolución 60449 de 22 de agosto de 2018, con el propósito que se
revocara de manera íntegra la sanción que le fue impuesta, los cuales fueron
resueltos de manera desfavorable en los actos administrativos 16922 de 27 de
mayo de 2019 y 32460 del 1º de agosto del mismo año, respectivamente.

Puso de presente que demandó a la Superintendencia de Industria y Comercio
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el
cual controvirtió la legalidad de las resoluciones 60449 de 22 de agosto de 2018,
16922 de 27 de mayo de 2019 y 32460 del 1º de agosto de 2019. Esto, con
sustento, entre otros, en la indebida notificación del acto que le impuso la multa,
lo que a su vez conllevó a la caducidad de la facultad sancionatoria.7

Explicó que del asunto conoció el Juzgado Sesenta y Ocho Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá8 que, en sentencia de 30 de junio de 2023, declaró la
nulidad de los actos administrativos acusados y ordenó a la Superintendencia de
Industria y Comercio a reintegrar a la sociedad el dinero cancelado por concepto
de la sanción pecuniaria.

Puntualizó que en la anterior decisión se concluyó que no se le vulneró el debido
proceso por indebida notificación de las resoluciones enjuiciadas, toda vez que
se cumplieron las condiciones establecidas en los artículos 66, 67, 68 y 69
relativas a la notificación personal y por aviso. Además, se encontró probado
que la empresa incumplió las condiciones favorables que le otorgó al usuario.

Sin embargo, se advirtió que operó la caducidad de la facultad sancionatoria de
la superintendencia cuestionada. Esto, teniendo en cuenta que desde que el
usuario interpuso la queja –27 de agosto de 2015– y la notificación de la
resolución sancionatoria –31 de agosto de 2018– transcurrieron más de tres
años, según lo previsto en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 (en lo sucesivo
CPACA)9.

7
Cargo expuesto en los siguientes términos: «(...) la SIC no ha notificado en debida forma el
acto administrativo sancionatorio, por tanto, se configuró el fenómeno jurídico de la caducidad de
la facultad sancionatoria, lo cual trae como resultado que la autoridad administrativa, en razón
del tiempo, perdió su competencia para imponer sanción a la compañía (...)».
8
Inicialmente el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá. Sin embargo, en cumplimiento del Acuerdo CSJBTA23-2 del 25 de
enero de 2023, el expediente se remitió al Juzgado Sesenta y Ocho Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá.
9
«(...) Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para
imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que

3
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Demandante: UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C
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Comentó que la superintendencia demandada interpuso recurso de apelación, el
cual fue decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, mediante providencia de 9 de abril de 2025, en la que
se revocó el fallo del a quo para, en su lugar, denegar las pretensiones de la
demanda, al considerar que el Juzgado Sesenta y Ocho Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá abordó un punto que no fue solicitado en la
demanda.

Lo anterior, por cuanto UNE EPM hizo mención a la caducidad de la facultad
sancionatoria con fundamento en que la notificación del acto que le impuso la
sanción fue ineficaz,10 mientras que en el fallo de primera instancia se declaró la
configuración de tal figura jurídica tras computarse el término previsto en el
artículo 52 del CPACA desde la queja presentada por el señor Marino Valencia
Giraldo.

1.4. Sustento de la petición

La parte actora consideró que la providencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, adolece de
defecto sustantivo debido a que se prescindió dentro de la interpretación
realizada de lo previsto en el 52 del CPACA, a partir del cual se evidenciaba que
operó la caducidad de la facultad sancionatoria.

En ese sentido, destacó que tal fenómeno jurídico lo propuso en la demanda
(folios 12 y 15) y, de todos modos, el juez estaba en la obligación de verificar si
se presentaba en el caso sometido a su consideración, aun cuando no fuera un
argumento planteado por las partes.

A su vez, la empresa accionante consideró que la autoridad judicial cuestionada
desconoció el precedente fijado por el Consejo de Estado, Sección Primera en
la providencia de 1º de noviembre de 201911, según el cual, «nadie puede ser
juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al momento de la comisión de
la infracción administrativa (…)».

Mencionó que en este mismo sentido se pronunció en otros procesos12 el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera y el Consejo de
Estado en el fallo de 4 de septiembre de 2024 dictado dentro de la acción de
tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-04015-00.

De modo que, las multas asignadas por la Superintendencia de Industria y
Comercio deben ser conforme con el salario mínimo legal vigente a la fecha de
la comisión de la infracción al Régimen de Protección de Usuarios de

pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe
haber sido expedido y notificado (...)».
10
«Al efecto, la Subsección encuentra que efectivamente UNE EPM argumentó: “En
consecuencia, operó la caducidad de la facultad sancionatoria, porque la notificación que
efectuó la SIC es nula e ineficaz”. (Resalta la Sala)».
11
Proceso con radicado 08001-23-31-000-2006-00873-01.
12
Al respecto, se mencionó la sentencia de 4 de junio de 2020 (sin precisarse el radicado de tal
asunto) y los siguientes trámites: 11001334104520210018300, 11001334104520210018301,
11001334104520210024700, 11001334104520210024701 y 11001333400620190025501.

4
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Demandante: UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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Comunicaciones, mas no aquél que rige para el momento en que se impone la
sanción.

Así, señaló que el Juzgado Sesenta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá se pronunció en torno al cargo de nulidad (dosimetría de la sanción).
Sin embargo, el tribunal accionado no lo hizo, tras manifestar que se limitaría a
analizar la caducidad de la facultad sancionatoria por ser el argumento de la
apelación, al tenor de lo previsto en el artículo 328 del CGP.

Lo anterior, sin tener en cuenta que los argumentos del recurso interpuesto por
la parte demandada también se encaminaron a discutir la interpretación de las
normas que contienen los criterios para la definición de las sanciones y la
corporación enjuiciada «se abstuvo injustificadamente de pronunciarse sobre el
particular, sin siquiera desarrollar de forma motivada y clara el fundamento de su
omisión».

Entonces, la parte accionante hizo referencia a que pagó una suma superior a la
impuesta en la sanción, lo cual reflejó en el siguiente cuadro:

Por esto, indicó que la sentencia objeto de reproche es abiertamente arbitraria, y
atenta contra sus derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia, al debido proceso, a la igualdad, y a la seguridad jurídica, tras no
pronunciarse respecto a la tasación de la multa que le fue impuesta.

1.5. Actuaciones procesales en primera instancia

Mediante auto de 8 de mayo de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, admitió la acción de tutela y ordenó notificar esta decisión a la
parte actora y como demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C. Además, se vinculó a la
superintendente de Industria y Comercio, así como al señor Mariano Valencia
Giraldo en calidad de terceros con interés en las resultas del presente asunto.

Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C

En el informe rendido por la magistrada ponente de la providencia cuestionada
se destacó que esa corporación se limitó al análisis de los argumentos
expuestos en el recurso de apelación, según lo previsto en el artículo 328 del
CGP, en especial se refirió al cambio del cargo de nulidad por parte del juzgado
de primera instancia, dado que la sociedad demandante alegó la caducidad de
la facultad sancionatoria por ineficacia de la notificación y el a quo la declaró

5
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tras computar el término señalado en el artículo 52 del CPACA.

1.5.2. Superintendencia de Industria y Comercio

En el memorial enviado por la coordinadora del Grupo de Gestión Judicial de la
entidad se hizo alusión a que carecía de legitimación en la causa por pasiva,
toda vez que no es responsable de la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados, ni es competente para atender las pretensiones de la
acción de tutela. A la vez, consideró que la controversia sugerida por la parte
accionante no tiene relevancia constitucional, pues lo que pretende es reabrir el
debate zanjado por el tribunal cuestionado.

1.5.3. El señor Mariano Valencia Giraldo, pese a que fue debidamente
notificado13, no se pronunció respecto a la discusión propuesta en la tutela.

1.6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en providencia de 16 de
junio de 2025, declaró improcedente la tutela por no cumplir el requisito de
relevancia constitucional en lo concerniente al defecto sustantivo, debido a que
la intención de la demandante es revivir la discusión relativa a la configuración
de la caducidad de la facultad sancionadora de la Superintendencia de Industria
y Comercio, pese a que en la sentencia en cuestión se realizó un análisis
detallado sobre este tema.

Además, el a quo consideró que lo alegado por la sociedad accionante pretende
suscitar nuevamente la discusión sobre la ocurrencia de tal figura jurídica con la
inclusión de argumentos distintos y adicionales a los esgrimidos en la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que este cargo tampoco
superaba el requisito de la subsidiariedad.

En concreto, señaló que si la empresa UNE EPM estimaba que la facultad
sancionatoria de la superintendencia demandada caducó porque se notificó la
decisión por fuera de los tres años establecidos en el artículo 52 del CPACA,
esto debió alegarlo desde la demanda, pero no lo hizo. Así que, no agotó el
mecanismo idóneo y eficaz que tenía a su alcance para garantizar sus
derechos, sin que ahora pudiera subsanar su descuido con el ejercicio de la
tutela.

En lo referente al desconocimiento del precedente se advirtió que la
inconformidad de la parte actora radica en que el tribunal accionado no abordó
el yerro relacionado con la dosificación de la sanción invocado en la demanda,
pese a que la Superintendencia de Industria y Comercio lo incluyó entre los
argumentos de la apelación, reproche que lo pudo ventilar mediante la solicitud
de adición, en los términos establecidos en el artículo 287 del CGP.

De este modo, concluyó que se incumplió el presupuesto de la subsidiariedad
en lo que atañe a tal argumento, por cuanto la demandante contó con otro

13
Según la información visible en el índice 12 del expediente de primera instancia contenido en
SAMAI.

6
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mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para obtener la protección de los
derechos fundamentales que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia
del 9 de abril de 2025, sin que lo hubiera agotado. Aunado a que no evidenció la
existencia de un perjuicio irremediable.

1.7. Impugnación

Con escrito recibido el 1º de julio de 202514 la parte accionante impugnó el fallo
de primera instancia, con respaldo en que lo pretedendido con este mecanismo
constitucional es obtener la protección de sus derechos fundamentales, los
cuales sí se transgredieron con la sentencia cuestionada debido a que se omitió
que en su caso operó la caducidad de la facultad sancionatoria, ni se tuvo en
cuenta que la configuración de esta figura jurídica se invocó en la demanda al
tenor de lo previsto en el artículo 52 del CPACA.

Igualmente, la empresa demandante reiteró que en la providencia objeto de
reproche se desconoció el precedente relacionado con la dosificación de la
sanción conforme con el salario mínimo vigente al momento de la infracción, así
como que el tribunal accionado se abstuvo de pronunciarse respecto a este
cargo, pese a que fue planteado en el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandada, lo cual constituye una omisión sustancial que afectó la
integridad del fallo y atenta contra el principio de congruencia.

En cuanto al fallo del a quo, la parte actora afirmó que constituye un «defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto» que se haya considerado que UNE
EPM debía solicitar la adición de la sentencia de segunda instancia, pues no es
acertado que se le traslade la carga de subsanar el error en el que incurrió la
corporación enjuciada, en especial si se tenía en cuenta que existe un perjuicio
irremediable, dado que se le ocasionó una afectación patrimonial con el pago de
la multa impuesta.

1.8. Actuación en segunda instancia

Estando el expediente al despacho para resolver la impugnación presentada por
la parte actora, se advirtió que no se dispuso la vinculación formal del Juzgado
Sesenta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá15, a pesar del
interés que le asiste en las resultas del presente trámite, con ocasión a que fue
la autoridad judicial que conoció en primera instancia del proceso dentro del cual
se dictó la providencia objeto de la tutela.

Es así como mediante auto de 31 de julio de 2025 se ordenó notificarlo en
calidad de tercero con interés y, de conformidad con el artículo 137 del Código
General del Proceso, se le puso en conocimiento la posible configuración de la
causal de nulidad prevista en el artículo 133 del mismo código.

14
Impugnación que fue presentada dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991, teniendo en cuenta que el fallo de primera instancia se notificó el 26 de junio de
2025.
15
Cabe aclarar que, si bien en esta providencia se hizo referencia al Juzgado Sesenta y Ocho
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga por error, lo cierto es que su notificación se
surtió a la autoridad judicial correcta.

7
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En respuesta a lo anterior, el juez Sesenta y Ocho Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá se pronunció con memorial de 11 de agosto del presente
año, mediante el cual aclaró que la parte accionante no dirige sus reproches
contra la decisión que profirió, sino la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, así que
carece de legitimación en la causa por pasiva.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte demandante contra la providencia dictada por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, el 16 de junio de 2025, según lo previsto en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, este último modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el
fallo proferido en primera instancia, para lo cual se debe analizar si la acción de
tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad y, de superarse lo
anterior, deberá verificar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, vulneró los derechos fundamentales invocados por la
accionante, al presuntamente incurrir en los defectos planteados.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y
finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
201216, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones
que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar

16
M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

8
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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C
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aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón
a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.3.1. Según se tiene, el a quo declaró improcedente la acción de la referencia
tras concluir que no se cumple el requisito de relevancia constitucional en lo
concerniente al defecto sustantivo invocado, por cuanto la parte demandante
pretende reabrir la discusión relacionada con la configuración de la caducidad
de la facultad sancionadora de la Superintendencia de Industria y Comercio,
pese a que la autoridad judicial accionada realizó un análisis al respecto.

En lo referente a este presupuesto cabe precisar que la Corte Constitucional en
la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las sentencias hacen
tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez de tutela debe limitarse a

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Sección Primera, Subsección C
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analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el
accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada».

Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta
Corte, el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto
tribunal constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que
la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

En el caso bajo estudio, la parte actora controvierte la providencia de 9 de abril
de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, mediante la cual se revocó el fallo que había declarado
la nulidad de los actos administrativos enjuiciados, al considerar configurada la
caducidad de la facultad sancionatoria de la Superintendencia de Industria y
Comercio para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda.

Desde la perspectiva de la sociedad UNE EPM, la decisión objeto de
controversia incurre en un defecto sustantivo, toda vez que se omitió la
aplicación del artículo 52 del CPACA, disposición que permitía constatar la
configuración de la caducidad de la facultad sancionatoria de la entidad
demandada. Argumento que fue planteado en el curso del proceso y, aun en
caso de no haber sido invocado expresamente, el juez tenía el deber de verificar
su procedencia.

Sobre este aspecto, se concuerda con el a quo en que este cargo carece de
relevancia constitucional, dado que los reproches planteados por la parte actora
están dirigidos a que se modifique el raciocinio de la corporación enjuiciada tras
no estar de acuerdo con lo decidido, más allá de sugerir alguna discusión que
justifique razonablemente una afectación desproporcionada de sus derechos
fundamentales invocados, entre estos, el del debido proceso, cuyo núcleo
esencial lo definió la Corte Constitucional como el de:

(...) [H]acer valer ante los jueces derechos e intereses de las personas, mediante

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la defensa contradictoria, y de obtener, en fin, una respuesta fundada en derecho.
Sin embargo, los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia no se
traducen en la obtención de una respuesta favorable. En efecto, la
jurisprudencia constitucional ha explicado que esta garantía se traduce en “la
posibilidad de emplear todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y
pretender una decisión favorable”.17

Esto es así, por cuanto lo pretendido por la parte accionante al invocar la
presunta configuración del defecto sustantivo es convertir este mecanismo en
una instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-33-34-004-2019-00299-00/01, para reabrir el debate abordado
por el juez natural respecto de la aplicación de la figura de la caducidad de la
facultad sancionatoria prevista en el artículo 52 del CPACA.

Nótese que en la sentencia objeto de controversia se acogieron los argumentos
expuestos en el recurso de apelación interpuesto por la Superintendencia de
Industria y Comercio, tras concluirse que el juez de primera instancia abordó un
aspecto no solicitado por la parte actora. Esto, por cuanto UNE EPM planteó en
la demanda que la caducidad de la facultad sancionatoria se configuraba por la
indebida notificación de la resolución sancionatoria.

Sin embargo, el Juzgado Sesenta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá consideró que no se presentó alguna irregularidad en la comunicación
del acto administrativo y, actuando de oficio, procedió a analizar la caducidad de
la facultad sancionatoria desde una óptica distinta a la planteada por la sociedad
demandante y, por ello, sustentó su análisis en que la Resolución 60449 de 22
de agosto de 2018 fue notificada por fuera del término de tres años previsto en
el artículo 52 del CPACA, contados desde la fecha de presentación de la queja.

Dicho razonamiento fue expuesto en el fallo en cuestión en los siguientes
términos:

El apelante indica que el juzgado cambió el cargo de nulidad, porque la parte
demandante se refirió a la caducidad de la facultad sancionatoria debido a una
ineficaz notificación, mientras el juzgado declaró la caducidad porque se computó
el término desde la queja que presentó el usuario.

Al efecto, la Subsección encuentra que efectivamente UNE EPM argumentó: “En
consecuencia, operó la caducidad de la facultad sancionatoria, porque la
notificación que efectuó la SIC es nula e ineficaz”. (Resalta la Sala)

Por su parte, el juzgado concluyó que no se vulneró el debido proceso por
indebida notificación, ya que se cumplieron los términos y condiciones de los
artículos 66, 67, 68 y 69, relativos a la notificación personal y por aviso, pero,
declaró que operó la caducidad de la facultad sancionatoria porque desde que el
usuario interpuso la queja, el 27 de agosto de 2015, y la notificación de la
resolución sancionatoria, el 31 de agosto de 2018, transcurrieron más de 3 años.

En esa medida, asiste razón a la apelante cuando manifiesta su inconformidad en
el análisis y conclusión del cargo, ya que el juzgado abordó un punto que la parte
actora no solicitó.

En este contexto, no se advierte, prima facie, la existencia de una actuación
arbitraria por parte del tribunal accionado que pueda atentar contra las garantías

17
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. Destacado por la Sala.

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iusfundamentales de la empresa tutelante. Lo que se evidencia es una
inconformidad en cuanto al estudio efectuado por el juez natural, quien ya se
pronunció sobre el punto objeto de discusión, aunque en un sentido adverso a
los intereses de la parte actora.

Quiere ello decir que la parte actora pretende reabrir la discusión concerniente a
la configuración de la caducidad de la facultad sancionatoria en su caso
particular, con base en su desacuerdo respecto a la postura aplicada por el
tribunal demandado en ejercicio de su autonomía e independencia judicial, lo
cual resulta inadmisible en esta instancia constitucional.

Adicionalmente, la empresa demandante no expuso argumentos que permitan
inferir, siquiera de manera preliminar, la vulneración de algún derecho
fundamental, pues lo que se plantea es una discrepancia frente al razonamiento
jurídico que condujo a concluir que no se configuró la caducidad de la facultad
sancionatoria.

De hecho, la parte actora pretende retrotraer el debate relativo a la configuración
de tal figura jurídica a partir del supuesto errado de considerar que es un
presupuesto procesal que debía ser examinado de oficio por el juez a cargo de
la litis, como ocurre con la caducidad del medio de control, aunado a que la
omisión alegada corresponde a una carga que no fue satisfecha en su momento
por la demandante y no puede ser suplida por el juez constitucional.

Es oportuno señalar que en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022 la
Corte Constitucional puntualizó que para determinar si un asunto ventilado tiene
relevancia constitucional se debe analizar si la solicitud de amparo trasciende la
mera «inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales» y
que dicho enfoque impide que la tutela sea utilizada indebidamente para debatir
«asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».

Por otro lado, la accionante planteó en la acción de tutela y reiteró en la
impugnación el desconocimiento del precedente fijado por el Consejo de
Estado18 y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca19, según el cual, «nadie
puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al momento de la
comisión de la infracción administrativa (…)».

En ese sentido, UNE EPM aseguró que las multas impuestas por la
Superintendencia de Industria y Comercio deben calcularse conforme al salario
mínimo legal vigente al momento de la comisión de la infracción al Régimen de
Protección de Usuarios de Comunicaciones y no con base en el salario vigente
al momento de la imposición de la sanción.

En criterio de la Sala, dicho cargo también resulta improcedente, no por

18
La parte actora hizo alusión a la sentencia de 1º de noviembre de 2019 dictada en el proceso
con radicado 08001-23-31-000-2006-00873-01 y el fallo de 4 de septiembre de 2024 proferido
en la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-04015-00.
19
Al respecto, se mencionó la sentencia de 4 de junio de 2020 (sin precisarse el radicado de tal
asunto) y los siguientes trámites: 11001334104520210018300, 11001334104520210018301,
11001334104520210024700, 11001334104520210024701 y 11001333400620190025501.

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incumplimiento del requisito de subsidiariedad, sino por ausencia de relevancia
constitucional. Ello, en tanto que la providencia de 9 de abril de 2025 dictada por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, no
contiene algún pronunciamiento en torno la dosificación de la sanción impuesta,
pues su análisis se centró exclusivamente en la caducidad de la facultad
sancionatoria.

Incluso, en el fallo objeto de reproche se indicó: «[e]l apelante debate la
ocurrencia de la caducidad de la facultad sancionatoria, aspecto que ocupará el
análisis de la Sala, sin referirse a los otros cargos de nulidad, conforme impone
el artículo 328 del CGP, porque no se discutieron en el recurso».

Esto quiere decir que la parte accionante plantea una controversia que excede
el marco de análisis contenido en la sentencia que se cuestiona, pues trata de
un tema respecto del cual el juez natural no emitió pronunciamiento alguno. Por
lo tanto, no es posible verificar si, en efecto, la autoridad judicial accionada se
apartó del precedente invocado.

Así que, la parte actora no presentó algún argumento que tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución o determinar el alcance de un
derecho fundamental, que amerite la intervención del juez constitucional, razón
por la que se confirmará el fallo impugnado por las razones expuestas
anteriormente.

2.3.2. En lo referente al requisito de subsidiariedad lo primero que resulta
importante señalar es que se encuentra previsto en el inciso 3º del artículo 86 de
la Constitución como un presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el
numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.20

La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad de la
tutela, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser
resueltos, en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas,
de manera que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando
estas no son idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
resulta admisible acudir a esta acción constitucional.

En consecuencia, el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la
obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los
cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento
de los recursos legales deviene en la improcedencia de este mecanismo.

20
«ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante.»

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En el asunto que ocupa a la Sala, la parte actora cuestiona que en la
providencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, no se abordó el cargo relacionado con la dosimetría de
la sanción invocado en la demanda, pese a que la Superintendencia de Industria
y Comercio lo incluyó entre los argumentos del recurso de apelación.

Sobre este punto, se comparte la conclusión del a quo en cuanto a que se
configura la improcedencia de la tutela por no superar el requisito de
subsidiariedad, dado que la parte actora contaba con la posibilidad de acudir a
la solicitud de adición contemplada en el artículo 287 del Código General del
Proceso21:

ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera
de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la
ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de
sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte
presentada en la misma oportunidad.

Dicha solicitud era el escenario adecuado para que el juez natural revisara la
decisión que, a juicio de la demandante, transgredió sus garantías
constitucionales invocadas, sin que la tutela pueda utilizarse para suplir tal
medio judicial y/o para revivir términos, pues una interpretación contraria llevaría
a que ésta fuera empleada como un instrumento para desplazar las
competencias ordinarias, lo que de suyo desnaturalizaría esta acción.

De modo que el juez constitucional no puede inmiscuirse en la discusión
propuesta por la empresa UNE EPM, toda vez que existía un trámite propio que
no puede ser sustituido por este mecanismo dada su naturaleza subsidiaria y
residual, máxime si se tiene en cuenta que en la impugnación no expuso algún
argumento que justificara la falta de agotamiento de la adición para que sea
viable analizar su caso desde un enfoque diferente, pues se limitó a afirmar que
no se le podía trasladar la carga de subsanar el presunto yerro en el que incurrió
el tribunal accionado.

Es más, la empresa demandante no demostró cuál puede ser ese perjuicio
irremediable que amerite la intervención de esta Corporación, pues se tan solo
hizo referencia a que se le originó una afectación patrimonial con el pago de la
multa impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, sin siquiera
aportar algún elemento probatorio que respaldara lo manifestado.

Con todo, esta Sección advierte que la situación descrita por la parte actora se
ajusta a una de las causales de revisión contempladas en el artículo 250 del
CPACA, esta es, la prevista en el numeral 5º que señala: «[e]xistir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación.»

Lo anterior, por cuanto el argumento relacionado con la falta de análisis de la
tasación de la multa que le fue impuesta a UNE EPM, pese a que fue un cargo
formulado en el recurso de apelación interpuesto por la Superintendencia de
Industria y Comercio en realidad corresponde a la presunta vulneración al

21
Aplicable a estos asuntos conforme con lo señalado en el artículo 306 del CPACA.

14
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principio de congruencia, así que la parte demandante cuenta con el recurso
extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del mismo código.

La razón de ello se justifica en la postura de la Sala Veintidós Especial de
Decisión de esta Corporación, según la cual, proferir una decisión extra petita
implica un quebranto al principio de congruencia, inconsistencia que da lugar a
la nulidad originada en la sentencia, que es una de las causales que hacen
procedente el recurso extraordinario de revisión, tesis que fue expuesta en los
siguientes términos:

2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad
de la sentencia

Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala
Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del
artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad
originada en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al
demandado se le condena por cantidad superior, o por objeto distinto del
pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.
Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de
competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los
límites impuestos en la causa petendi.

Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión contra
los fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o única, si se alega
el desconocimiento del principio de la congruencia, que en últimas implica
una actuación sin competencia.

(...) En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto,
que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del
CPACA -antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la
sentencia, se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha
desatendido la congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el
fallador incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29
constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta
contraria a las formas propias de cada juicio, en específico, la falta de
competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales no se podía
pronunciar.

(...) Fuerza concluir, entonces, que la sentencia debe ser objeto de revisión
cuando falta al principio de congruencia, es decir, cuando aquella carece de la
coherencia externa o interna, razón suficiente para calificar de inválida la decisión,
porque el fallador excede su competencia, la que se repite está determinada por
los cargos y pretensiones de la demanda.22

Entonces, al margen de la razonabilidad de lo señalado por la parte accionante,
el juez de tutela debe abstenerse de realizar algún estudio relativo al presunto
desconocimiento del principio de congruencia, toda vez que tal análisis le
corresponde al juez natural en instancias del recurso extraordinario de revisión,
situación que torna improcedente este mecanismo constitucional por no cumplir
el requisito de subsidiariedad.

En este orden de ideas, la Sala confirmará la sentencia de 16 de junio de 2025,
por medio del cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
declaró improcedente la solicitud de tutela por carecer de relevancia

22
Providencia de 2 de febrero de 2016, rad. 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV). Destacado
por la Sala.

15
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constitucional y no cumplir el requisito de subsidiariedad, pero por los motivos
descritos anteriormente.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia de 16 de junio de 2025 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se
declaró improcedente la acción de tutela presentada por la sociedad UNE EPM
Telecomunicaciones S.A., pero por los argumentos señalados en esta
providencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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