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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02450-01

Fecha
11 de julio de 2025
Consejero ponente
María Adriana Marín

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02450-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 19 de mayo de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02450-01

Consejero ponente: María Adriana Marín

11 de julio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02450-01
Demandante: Justo Pastor Bastos

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02450-01
Demandante: JUSTO PASTOR BASTOS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER Y
OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia frente al
defecto sustantivo alegado por falta de relevancia constitucional / AUSENCIA DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Se pretende utilizar el trámite de tutela como una instancia adicional del
proceso de origen / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL – Las providencias
invocadas cumplen las condiciones necesarias para constituirse como precedente obligarorio.

La Sala1 resuelve la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia del
19 de mayo de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 28 de abril de 2025, el señor Justo Pastor Bastos interpuso acción de tutela contra
el Juzgado Primero Administrativo de Cúcuta y el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, con ocasión de las sentencias
proferidas el 30 de octubre de 2024 y el 23 de junio de 2022, que declararon probada la
excepción de cosa juzgada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 5400133330012019008500/01. Formuló las siguientes pretensiones
(transcripción textual):

Se solicita al juez de tutela que se amparen los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, al acceso a administración de justicia, y al
derecho irrenunciable a la seguridad social en pensiones, es decir, a percibir
una pensión digna y justa. En consecuencia, se ordene al Tribunal
Administrativo de Norte de Santander dejar sin efectos la sentencia de
segunda instancia de fecha 30 de octubre de 2024, y al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Cúcuta, se ordene proferir un nuevo fallo dentro
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 54
001-33-33-001-2019-00085-01.

1
Se advierte que el 20 de junio de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para
elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

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2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. El señor Justo Pastor Bueno es titular de la asignación de retiro reconocida por la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, en adelante CASUR.

4. En desacuerdo con los incrementos de su mesada, promovió proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el que solicitó el reajuste de su asignación de retiro con
el IPC. Esta pretensión prosperó ante el Juzgado Sexto Administrativo de Cúcuta, que
con sentencia del 13 de noviembre de 2008, ordenó el reajuste solicitado. El accionante
no interpuso recurso alguno.

5. No obstante, a juicio del señor Justo Pastor Bueno, la base salarial de su asignación
de retiro no se reajustó, razón por la cual inició nueva actuación administrativa ante
CASUR, y solicitó «la inclusión en la mesada actual del reajuste de la asignación de
retito, de las diferencias existentes entre el IPC y el principio de oscilación para los años
1997 a 2004».

6. El proceso correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo de Cúcuta, que
con sentencia del 23 de junio de 2022, declaró probada la excepción de cosa juzgada.
Contra esta decisión la apoderada del accionante interpuso el recurso de apelación, e
insistió en que el nuevo asunto versa sobre la «modificación de la base pensional»,
mientras que la controversia ventilada en el proceso anterior, se limitó a obtener el
reajuste de la asignación de retiro con el IPC.

7. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander confirmó la sentencia el 30 de
octubre de 2024, tras verificar que existió cosa juzgada.

8. La parte actora expuso que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los
defectos sustantivo y de desconocimiento del precedente.

9. La parte actora, sostuvo que las sentencias censuradas realizaron una interpretación
errada de la institución de la cosa juzgada y desconocieron el concepto de cosa juzgada
relativa establecido por la Sección Segunda del Consejo de Estado en sus diferentes
providencias2, toda vez, que a la luz de este principio, es posible solicitar la reliquidación
de las mesadas pensionales, por su carácter periódico.

10. En suma, conforme a las providencias invocadas por el libelista, «el principio de cosa
juzgada puede relativizarse en los casos donde se pretenda el reconocimiento y pago de
un derecho que afecte una prestación periódica como lo son las pensiones, como quiera
que las decisiones contrarias a las reclamaciones de los asociados, tan solo producen
efectos vinculantes respecto de las mesadas que ya fueron objeto de la decisión, mas
no frente a las demás que se causen con posterioridad a la ejecutoria de dicha
providencia».

2Sentencia del 29 de agosto de 2019, en el proceso de radicado 2014-00070-01 ( 3973.14) M.P. Rafael
Francisco Suárez; y sentencia del 3 de diciembre de 2020, con radicado 2016-00778-01, con ponencia
del mismo magistrado. Así mismo, el fallo de tutela del 27 de mayo de 2021, con radicado 11001- 03-15-
000-2021-01925-00.

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11. Así las cosas, el accionante pretende que se dé aplicación a este principio para
resolver su caso, «máxime cuando la demandada en ningún momento probó que se le
hubiese modificado el Ingreso base de liquidación a la parte demandante con las
diferencias existentes entre el IPC y el principio de oscilación, desde el año 1997 a 2004».

12. Adicionalmente, sostuvo que en las providencias invocadas se resolvieron casos
idénticos al suyo en forma favorable, razón por la cual, es evidente que se violó su
derecho a la igualdad.

13. Insistió en que el nuevo proceso difiere del anterior, porque en esta oportunidad se
solicitó la inclusión de las diferencias del IPC en la base salarial, aspecto que no fue
objeto de pronunciamiento en la primera sentencia. El Tribunal accionado no analizó a
profundidad la diferencia entre la pretensión de ajuste de la pensión y la pretensión de
revisión de la reliquidación.

B. Trámite impartido e intervenciones

14. Mediante auto del 30 de abril de 2025, el despacho sustanciador en primera instancia
admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Norte de Sanander y el
Juzgado Priemro Administrativo de Cúcuta. Además, ordenó la notificación al director de
CASUR.

15. El magistrado ponente de la providencia censurada emitida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander señaló que la tutela es improcedente porque no
cumple con la carga argumentativa necesaria para demostrar la relevancia constitucional
del asunto planteado.

16. En todo caso, señaló que en la sentencia cuestionada se analizó a fondo la situación
particular del actor, y se llegó a la conclusión de que «(…) el primer proceso se inició por
reajuste y reliquidación de la asignación de retiro del señor Justo Pastor Bastos conforme
al incremento del IPC desde el año 1996 hasta el año 2006; y la segunda demanda se
presentó con el objeto de obtener la modificación de la base salarial de la misma
asignación de retiro, incluyendo las diferencias existentes entre los años 1997 a 2004,
con fundamento en el IPC (…)».

17. Si bien es cierto, en el segundo proceso la parte actora no planteó propiamente el
reajuste del IPC para el pago de las diferencias adeudadas, sino que encaminó la
demanda a que tales incrementos se incluyan en la base prestacional, lo cierto es que
este aspecto también se ventiló en el primer proceso, «(…) cosa diferente es que dicho
extremo ante la orden de reliquidación y posterior declaratoria de prescripción ordenada
por el Juzgado Sexto Administrativo de Cúcuta, haya compartido tal determinación sin
que acudiera a apelar la decisión, aspecto que de manera alguna incide en el nuevo
proceso donde se insiste, se verificó la identidad de partes, objeto y causa en que se
soportó la cosa juzgada (…)».

18. La titular del Juzgado Primero Administrativo de Cúcuta señaló que los
argumentos de la parte actora no son de recibo. En primer lugar, la sentencia de tutela
invocada tiene efectos inter partes, y además, en la providencia censurada de primera
instancia se realizó un estudio cuidadoso de las dos controversias, que permitió

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establecer que se configuró la excepción de cosa juzgada, motivo por el cual, así se
declaró.

19. De igual modo, en la sentencia censurada de segunda instancia, el Tribunal
accionado, incluso con pantallazos de las pretensiones de ambas demandas, comparó
las controversias planteadas en los procesos, de cara a la sentencia que profirió el
Juzgado Sexto Administrativo de Cúcuta en la primera oportunidad, que accedió a las
pretensiones, con el fin de evidenciar que la inconformidad suscitada es la misma, y gira
en torno al reajuste de la asignación de retiro con el IPC (algunos años ya reconocidos
en la sentencia anterior) y la inclusión de esas diferencias en la base salarial.

20. En ese orden de ideas, señaló que las autoridades judiciales accionadas no
vulneraron derecho fundamental alguno y por consiguiente, solicitó que se niegue la
pretensión de amparo.

C. Fallo impugnado

21. Mediante sentencia del 19 de mayo de 2025, la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela ante el incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional frente al defecto sustantivo, dado que, a su juicio,
la accionante pretendió revivir un debate propio del juez natural sobre una situación
definida y consolidada.

22. Si bien en el segundo proceso el señor Justo Pastor Bastos no planteó propiamente
el reajuste con el IPC para el pago de las diferencias, sino que su pretensión se encaminó
a que tales incrementos se vieran reflejados en la base de la prestación, lo cierto es que,
dicho asunto se ventiló en el primer litigio.

23. De otra parte, el a quo negó el amparo invocado en lo atinente al desconocimiento
del precedente judicial, en primer lugar, porque la sentencia invocada, proferida por el
Consejo de Estado el 29 de agosto de 2019, en el proceso con radicado 05001-23-33-
000-2014-00070-01, no es de unificación, y en todo caso, las providencias censuradas
tampoco desconocieron lo allí consignado, si se tiene en cuenta que en el proceso de
origen no se acreditó la existencia de hechos nuevos que permitieran relativizar el
principio de cosa juzgada.

24. En cuanto al presunto desconocimiento de la sentencia de tutela invocada, se limitó
a señalar que se trata de un fallo con efectos inter partes, que no obligaba a la autoridad
judicial demandada a tomar la misma decisión, y de todas formas, adujo que lo que se
advierte es que el Tribunal accionado justificó razonadamente los motivos por los cuales
encontró demostrada la excepción de cosa juzgada.

D. Impugnación

25. La apoderada del señor Justo Pastor Bastos insistió en que la solicitud de amparo
ostenta la relevancia constitucional necesaria para ser estudiada de fondo por el juez de
tutela, dado que se busca la protección de derechos ciertos, indiscutibles e
irrenunciables, como lo es el reconocimiento de una pensión digna y justa.

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26. Insistió en que en el segundo proceso se persigue la inclusión en la base salarial de
las diferencias por el IPC reconocidas en el proceso anterior (años 1997 a 2004), y por
ende, el asunto a ventilar es distinto a una simple solicitud de reajuste. Por esa razón,
insiste en que se aplicó equivocadamente la institución de la cosa juzgada, y además, al
tratarse de controversias distintas, a su juicio, no es cierto, como lo señaló el a quo, que
mediante la acción de tutela de la referencia se busque reabrir el debate.

27. Adujo que tampoco es cierto que en el fallo anterior se haya decidido sobre la
inclusión de ese reajuste por IPC en la base salarial, y que, en todo caso, las autoridades
judiciales accionadas debieron aplicar el principio de la cosa juzgada relativa.

28. En cuento al cargo de desconocimiento del precedente, señaló que es cierto que las
providencias invocadas no son de unificación, sin embargo, teniendo en cuenta que en
ellas se ventilaron casos iguales al del accionante, el hecho de resolver la controversia
en forma distinta implica la vulneración del derecho fundamental a la igualdad, porque
no se está dando el mismo trato en situaciones similares.

29. Agregó que el fallo de tutela del 21 de mayo de 2021, pese a tener efectos inter
partes, es obligatoria en cuanto a la ratio decidendi, puesto que así lo ha señalado la
Corte Constitucional en muchas oportunidades, entre ellas, en la SU-047 de 1999.

30. Asimismo, adujo que no se razonó suficientemente la decisión de apartarse de la
sentencia del 27 de mayo de 2021, también invocada en la solicitud de amparo, cuyos
fundamentos jurídicos resultan obligatorios.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

31. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).

F. Problemas jurídicos

32. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 19
de mayo de 2025, proferida por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de
Estado, mediante la cual, declaró improcedente la tutela frente al defecto sustantivo y
negó el amparo en lo concerniente al cargo de desconocimiento del precedente judicial.

33. De conformidad con los argumentos que cimentan la impugnación, se deberá
establecer si la tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, y los demás
requisitos generales exigidos por la jurisprudencia para cuestionar providencias
judiciales.

34. Solo en caso de que se supere el análisis de procedencia, se abordará el análisis de
fondo del asunto planteado, conforme a los argumentos de alzada, a fin de determinar si

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las providencias censuradas, desconocieron el precedente judicial establecido en las
sentencias invocadas por la parte actora.

G. Análisis de la Sala

Del requisito de relevancia constitucional

35. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los
derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa
mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia
adicional a las establecidas por el legislador.

36. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente3 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el
escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios
de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

37. La tutela sólo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque, en
efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance de un
derecho fundamental.

Caso concreto y solución del problema jurídico

38. De entrada, al igual que el juez de primera instancia, la Sala puntualiza que, pese a
que el accionante cuestiona las dos sentencias proferidas en el proceso de origen, el
análisis se realizará de cara a la providencia del 30 de octubre de 2024, mediante la cual,
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander definió la controversia en segunda
instancia, toda vez que con ella se puso fin al litigio y se definió la situación particular del
señor Justo Pastor Bastos.

39. Asimismo, la Subsección anticipa que la presente tutela deviene improcedente en lo
que respecta al defecto sustantivo, porque no supera el requisito de relevancia
constitucional, en tanto que, tiene la clara y marcada intención de revivir la controversia
planteada en sede ordinaria.

40. En efecto, el defecto sustantivo se cimentó en que el Tribunal accionado realizó una
interpretación errada de la institución de la cosa juzgada, dado que el nuevo proceso es
difiere del anterior, porque en la segunda oportunidad se solicitó la inclusión de las
diferencias del IPC en la base salarial, aspecto que, a juicio de la parte actora, no fue
objeto de pronunciamiento en la primera sentencia.

3 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022

y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

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41. Sobre el particular, la Sala advierte sin dificultad que el accionante pretende convertir
este valioso mecanismo de protección de los derechos fundamentales en una instancia
adicional del contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho.

42. Basta leer la demanda que suscitó el proceso con radicado
5400133330012019008500/01 (proceso de origen) y el recurso de apelación instaurado
por la apoderada de la actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 23 de
junio de 2022 por el Juzgado Primero Administrativo de Cúcuta, para advertir sin
dubitación alguna que desde el inicio de la controversia la parte actora, sin ocultar la
existencia de un proceso anterior donde se concedió el reajuste del IPC en unas
anualidades determinadas, sostuvo que el nuevo asunto se encamina a obtener la
inclusión de ese incremento en la base salarial y por ende, no se configura la institución
de cosa juzgada.

43. Significa lo anterior, que al igual que en la solicitud de amparo, en el proceso ordinario
la apoderada del señor Bastos centró sus argumentos en que en su sentir la controversia
planteada en el proceso 2019-0085-00 debe conocerse de fondo, porque no se configura
la cosa juzgada, asunto que ya analizó el juez natural de la causa en ambas instancias
del contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho, para concluir que se presentó
la triple identidad necesaria para declarar dicho fenómeno jurídico que pone fin al
proceso.

44. Incluso, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander en segunda instancia
realizó una comparación entre las pretensiones de las demandas que dieron origen a los
procesos 2006-00581-00 (primero) y 2019-0085-00 (segundo), así como de la sentencia
que puso fin a la primera controversia, y concluyó, al igual que el juzgado accionado, que
se demostró la identidad de partes, objeto y causa, motivo por el cual, confirmó el fallo
apelado. Así discurrió el Tribunal demandado:

De la lectura íntegra de las pretensiones de la presente demanda, en contraste
con las que se plantearon ante el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Cúcuta en la anterior oportunidad, en resumen, se puede concluir que el objeto
es igual, pues se quiere obtener la modificación de la base salarial de la
asignación de retiro del señor Justo Pastor Bastos, pues en ambas se solicita
ajuste conforme al IPC, en años que incluso concuerdan con los solicitados en
el primer proceso. En consecuencia, se cumple el primer supuesto legal y
jurisprudencial del fenómeno jurídico de la cosa juzgada.

Ahora, en cuanto a la identidad de demandante y demandado, este requisito
igualmente se verifica, donde obran como sujetos procesales: Justo Pastor
Bastos como demandante y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
como demandado.

De igual manera, se logra concluir respecto a la identidad de causa, que
claramente el debate jurídico en este asunto se centró en dilucidar si debe
modificar la base salarial de su asignación de retiro, incluyendo las diferencias
existentes entre los años 1997 a 2004, con fundamento en el IPC para que
incidan en las mesadas futuras, hasta que se incluya la diferencia en nómina;
y en la demanda anterior, donde obtuvo el fallo a su favor por parte del Juzgado
Sexto Administrativo de Cúcuta, pretendió reajustar y reliquidar su asignación
de retiro adicionándole los porcentajes correspondientes a la diferencia
existente entre el incremento en que fue aumentada en aplicación de la escala

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gradual salarial porcentual y el índice de precios al consumidor IPC, desde el
año 1996 hasta el 2006.

Tan es así, que dentro del libelo introductorio8, en su acápite fáctico, numeral
12º señaló:

“Teniendo en cuenta que en la actualidad se demanda un acto nuevo que niega
la modificación de la base pensional, con inclusión de los reajustes conforme
al IPC más alto del año 1997 a 2004, nos encontramos frente a dos
pretensiones diferentes, y a actos demandados diferentes, además tratándose
de derecho pensionales, que tienen el carácter de ciertos e indiscutibles, e
irrenunciables, estos no están sometidos a ninguna clase de caducidad, se
presenta esta nueva demanda, que pese a estar relacionada con la inicial, en
la cual se pretendía el reconocimiento del IPC a las asignaciones de retiro, una
vez reconocido dicho reajuste, en la presente demanda lo que se pretende es
que con los reajustes del IPC reconocidos en la primera demanda se modifique
la base salarial, hacia el futuro, con la inclusión de dichos reajustes.”

Así las cosas, el primer proceso se inició por reajuste y reliquidación de la
asignación de retiro del señor Justo Pastor Bastos conforme al incremento del
IPC desde el año 1996 hasta el año 2006; y la actual demanda se presentó con
el objeto de obtener la modificación de la base salarial de la misma asignación
de retiro, incluyendo las diferencias existentes entre los años 1997 a 2004, con
fundamento en el IPC.

De conformidad con el acervo probatorio que obra en el expediente, y de
acuerdo a lo expuesto anteriormente, se advierte que efectivamente hay
identidad de causa y objeto, pues en ambos asuntos se pretende la
modificación pensional, así como también existe similitud de partes.

Cabe destacar que si bien es cierto, en el asunto sub examine la apoderada de
la parte actora no plantea propiamente el reajuste del IPC para el pago de
diferencias, sino que su propósito se dirige a que tales incrementos se vean
reflejados en la base prestacional, también lo es que tal pedimento fue
igualmente ventilado en el proceso primigenio, cosa diferente es que dicho
extremo ante la orden de reliquidación y posterior declaratoria de prescripción
ordenada por el Juzgado Sexto Administrativo de Cúcuta, haya compartido tal
determinación sin que acudiera a apelar la decisión, aspecto que de manera
alguna incide en este nuevo proceso donde se insiste, la Sala verificó la
identidad de partes, objeto y causa en que se soporta la cosa juzgada.

En atención a los argumentos expuestos, es claro que como el citado fenómeno
hace referencia al carácter imperativo e inmutable de las decisiones que han
adquirido firmeza, ello implica como consecuencia, la imposibilidad de volver
sobre asuntos ya juzgados, para introducir en ellos variaciones o
modificaciones mediante la adopción de una nueva providencia.

En consecuencia, sí opera la cosa juzgada al verificarse el cumplimiento de los
elementos para su procedencia y en la medida en que existe providencia
judicial que ya definió el tema que se trae nuevamente a debate, razón por la
cual debe declararse probada la excepción propuesta por la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional, tal como lo resolvió la A quo. Razón por la que
será confirmado lo resuelto por el Juzgado Primero Administrativo Oral del
Circuito de Cúcuta.

45. Nótese que, el Tribunal demandado al resolver la alzada, en la sentencia del 30 de
octubre de 2024, se refirió puntualmente a los argumentos que ahora la parte accionante
plantea en sede de tutela, y contrario a lo que manifiesta la abogada del señor Justo
Pastor Bastos, lo que se advierte de la lectura del fallo censurado, es que la autoridad

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judicial entendió su inconformidad respecto de la falta de identidad de objeto, debido a la
supuesta existencia de dos controversias distintas.
46. No obstante, la resolvió en forma desfavorable a los intereses de la parte actora,
dado que desentrañó que si bien, en el segundo proceso no se solicitó el reajuste con el
IPC, porque se partió de que en el contencioso anterior ya se había reconocido, sí se
pidió que se ajuste la base salarial con dicho incremento, lo cual ya se había ventilado
en el proceso 2006-00581-00. Diferente es, señaló el Tribunal demandado, que contra la
declaratoria de prescripción y la orden de reliquidación proferida en la sentencia que puso
fin al proceso 2006-00581-00, la abogada del señor Justo Pastor Bastos no haya
presentado el recurso correspondiente, puesto que, con ello, permitió que la decisión
cobrara ejecutoria en esos términos.

47. Vistas así las cosas, para la Subsección es claro que los argumentos alegados en la
tutela fueron invocados para continuar con un debate jurídico que ya fue decidido por la
autoridad judicial accionada, consistente en que, desde la óptica particular de la parte
accionante, el proceso de origen no debió finalizar con la declaratoria de la excepción
de cosa juzgada, porque a su juicio, en el nuevo proceso se persigue la inclusión del
reajuste con el IPC en la base salarial, cuestión que no se debatió en el proceso anterior.

48. En criterio de la Sala, las consideraciones que sirvieron de fundamento a la decisión
de segunda instancia censurada resultan razonables, y no merecen reproche alguno
desde el punto de vista constitucional. El hecho de que la parte demandante no las
comparta, no significa que se hubieran configurado los defectos alegados, ni habilita al
juez constitucional para reabrir el debate, convirtiendo la acción de tutela en una instancia
adicional.

49. Del análisis que precede, se concluye que la intención de la parte demandante es
someter a un nuevo análisis lo que ya ha sido definido de manera válida y razonable por
el juez natural de la causa y, por tanto, la acción de tutela en lo atinente al cargo del
defecto sustantivo, deviene improcedente, como bien lo señaló el a quo.

50. De otra parte, en lo que respecta al defecto del desconocimiento del precedente
judicial, se advierte que la parte actora invocó puntualmente tres sentencias, así:

51. Sentencia del 29 de agosto de 2019, proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación4, en el contencioso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 66001-23-33-000-2014-00070-01(3973-14). Si bien es cierto, en
esta oportunidad esta Subsección del Consejo de Estado avaló la relativización del
principio de cosa juzgada en materia pensional5, también lo es que, en dicha ocasión la
controversia versó sobre la reliquidación de una pensión ordinaria de jubilación bajo el
amparo de la Ley 33 de 1985, a fin de obtener la inclusión de todos los factores
devengados en el último año de servicio bajo la égida de la sentencia de unificación del 4
de agosto de 2010, situación fáctica distinta a la que cimentó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho interpuesta por el señor Justo Pastor Bastos, en la que

4 M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
5 Señaló que «(…) en materia de cosa juzgada no existe la forma absoluta de esa institución, sino que

para esta Subsección se aplica de manera relativa, bajo el entendido que la prestación periódica se sigue
causando en el tiempo y modifica los supuestos fácticos de los nuevos procesos en los que se solicite la
aplicación del reajuste, so pena de vulnerar los derechos constitucionales al mínimo vital y el ajuste
periódico de las pensiones».

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02450-01
Demandante: Justo Pastor Bastos

persigue el incremento de la base salarial (mesadas futuras) con la inclusión del reajuste
de la asignación de retiro con el IPC, aplicado para los años 1997 a 2004.
52. Nótese que el actor no está solicitando la reliquidación de su asignación de retiro con
la inclusión de un factor nuevo ni invocando una sentencia de unificación que ampare sus
pretensiones. Es más, ni siquiera está solicitando el incremento con el IPC, porque ya lo
hizo y se le concedió en primer proceso, sino que se limita a perseguir que ese reajuste
se le aplique en mesadas posteriores, cuestión que ya se ventiló en el proceso anterior.

53. Aunado a ello, se resalta que en esa oportunidad, pese a que la Sección Segunda,
Subsección A, del Consejo de Estado, se refirió a la cosa juzgada relativa, no la aplicó al
caso analizado, porque no encontró la existencia de un precedente que amparara la
decisión, en tanto que en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, la Sala
Plena de la Corporación fijó las reglas para aplicar el régimen pensional previsto en la Ley
33 de 1985, de cara a la transición establecida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y
recogió la interpretación acogida en la sentencia del 4 de agosto de 2010, invocada por
la parte actora.

54. Sentencia del 3 de diciembre de 2020, proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda de esta Corporación6, en el contencioso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2016-00778-01 (1103-
2018). También, en esta oportunidad la Sección Segunda, Subsección A se refirió al
concepto de la cosa juzgada relativa en materia pensional7, no obstante, los supuestos
fácticos analizados en esa ocasión no se identifican con los esgrimidos por el señor Justo
Pastor Bastos en el proceso de origen, como quiera que, en la providencia del Consejo
de Estado se analizó un caso en el que se perseguía la reliquidación de la pensión de
jubilación reconocida a una servidora de la Rama Judicial, teniendo en cuenta la
asignación mensual más elevada durante el año de servicios devengados durante el
último año de servicios, a la luz del régimen especial consagrado en el Decreto 576 de
1971, y como se indicó en líneas atrás, en el medio de control ejercido por el accionante
se persiguió la inclusión del reajuste del IPC en la base salarial de la asignación de retiro.

55. Aunado a ello, el caso analizado por el Consejo de Estado evidenciaba la ocurrencia
de un hecho nuevo que, a juicio de la Subsección A de la Sección Segunda, justificó la
relativización de la cosa juzgada, consistente en el retiro del servicio de la accionante,
toda vez en el fallo respecto del cual se invocaba el fenómeno de la cosa juzgada, se
condicionó el reconocimiento pensional a la desvinculación de la empleada. Es decir, que
luego del análisis efectuado en la primera sentencia, la servidora continuó laborando y
percibiendo unos mayores valores, respecto de los cuales, era necesario estudiar si
procedía o no su inclusión en el IBL.

56. En la controversia planteada por el señor Justo Pastor Bastos, el Tribunal accionado
no detectó ninguna circunstancia novedosa que le hiciera poner en duda la configuración
del fenómeno de cosa juzgada o para relativizarla, al contrario, luego de revisar las
pretensiones señaladas en la demanda que dio origen al proceso de nulidad y

6 M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
7 Al respecto adujo «el principio de cosa juzgada puede relativizarse en los casos donde se pretenda el

reconocimiento y pago de un derecho que afecte una prestación periódica como lo son las pensiones, como
quiera que las decisiones contrarias a las reclamaciones de los asociados, tan solo producen efectos
vinculantes respecto de las mesadas que ya fueron objeto de la decisión, mas no frente a las demás que se
causen con posterioridad a la ejecutoria de dicha providencia».

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Demandante: Justo Pastor Bastos

restablecimiento del derecho con radicado 2006-00581-00 y lo decidido por el Juzgado
Sexto Administrativo de Cúcuta en la sentencia del 13 de noviembre de 2008, determinó
que la autoridad judicial ordenó el reajuste de la asignación de retiro con el IPC
correspondiente a los años 1997 a 2004 (en los que se presentó diferencia), y a partir del
año 2005 dispuso la aplicación del incremento únicamente con el principio de oscilación,
conforme a lo señalado en el Decreto 4433 de 2004, lo cual, no fue apelado por la parte
actora en su oportunidad.

57. Nótese que en el caso revisado por el Consejo de Estado en la sentencia que invoca
la parte accionante para cimentar el desconociendo del precedente, posiblemente la
liquidación pensional se vieran afectada por valores nuevos causados por la continuidad
en la prestación del servicio, en cambio en el caso del actor no, pues como se sabe, el
reajuste de la asignación de retiro con base en el IPC fue un incremento que únicamente
operó entre los años 1997 a 2004, puesto que, a partir del año 2005, se estableció el
principio de oscilación como único mecanismo para incrementar las asignaciones de retiro
del personal de las Fuerzas Militares y de Policía amparado por el Decreto 4433 de 2004.
De ahí que la controversia planteada por el accionante en el proceso de origen, no guarde
coincidencia fáctica con el asunto ventilado en la providencia que alude como
desconocida por el Tribunal accionado.

58. En cuanto al fallo de tutela proferido el 27 de mayo de 2021, por la Subsección
Quinta del Consejo de Estado en el proceso con radicado 11001- 03-15-000-2021-
01925-00, basta con señalar que la sentencia no fue proferida por la Corte Constitucional
en sede de revisión y tampoco en Sala Plena, y que los efectos de dicho pronunciamiento
son inter partes, tal como lo señaló el a quo; por consiguiente, el Tribunal accionado no
estaba obligado a acoger la tesis allí establecida respecto de la cosa juzgada relativa.

59. En todo caso, una vez leída la providencia, se establece que en dicha oportunidad la
controversia versó respecto del reajuste de la asignación de retiro con fundamento en el
IPC, pero la cuestión planteada en el nuevo proceso se refería puntualmente a unos años
en los que CASUR no efectuó el referido incremento, lo cual difiere con los supuestos
fácticos invocados por la parte actora en el proceso de origen, en el que se solicitó la
afectación de la base salarial o afectación de las mesadas futuras, como se ha referido
ampliamente a lo largo de esta providencia.

60. Así las cosas, a la luz de la sentencia SU-304 de 20248, las providencias invocadas
por la parte actora para sustentar el defecto por desconocimiento del precedente judicial,
no resultan obligatorias para la autoridad judicial accionada, porque los problemas
jurídicos allí resueltos son distintos y los fundamentos de hecho de los casos no son
equiparables, como se explicó en precedencia y, por ende, no se configura el vicio
alegado ni se avizora la violación alguna al derecho de igualdad en cabeza del señor Justo
Pastor Bastos.

61. Bajo las consideraciones expuestas, la Sala concluye que le asistió razón al juez de
tutela de la primera instancia al negar el amparo pretendido en lo que respecta al

8 «(iii) Una sentencia previa constituye un precedente vinculante y aplicable a un caso concreto cuando: a.

la razón de su decisión contiene una regla aplicable a la situación por resolver; b. el problema jurídico que
allí se resolvió sea semejante al que ahora corresponde decidir; y c. los hechos de ambos casos sean
equiparables».

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02450-01
Demandante: Justo Pastor Bastos

desconocimiento del precedente anulado, razón por la cual, confirmará la decisión
también frente a este aspecto.
62. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 19 de mayo de 2025, proferida por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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