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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02451-00

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02451-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela que ejerció el señor Julián de Jesús Hernández Cifuentes contra la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02451-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

5 de junio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02451-00
Demandante: Julián de Jesús Hernández Cifuentes

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02451-00
Demandante: JULIÁN DE JESÚS HERNÁNDEZ CIFUENTES
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
B Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial, nulidad y restablecimiento del
derecho – reliquidación de la pensión de jubilación con régimen
de transición, IBL. Falta de cumplimiento de requisitos generales
de procedencia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por Julián de Jesús Hernández
Cifuentes, mediante apoderado, contra la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad
con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 28 de abril de 2025 1, la parte actora interpuso acción de tutela contra la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, por estimar vulnerados los derechos fundamentales a la vida, al debido
proceso, al mínimo vital, a la seguridad social y de acceso a la administración de
justicia y los principios de seguridad jurídica, buena fe y protección especial del
adulto mayor. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«PRIMERO: Se REVOQUE y se deje sin efectos, la SENTENCIA del 30 de noviembre del
2023, de SEGUNDA INSTACIA, proveída por la SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, del CONSEJO DE ESTADO,
(…).

En consecuencia,

SEGUNDO: Se ORDENE de manera definitiva a COLPENSIONES reliquidar su pensión,
dando aplicación integral al régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y, que por ello, es beneficiario del régimen especial que para funcionarios de
la Rama Judicial contempla el Decreto 546 del año 1971 y, cumple con los presupuestos
establecidos en su artículo 6 para predicar que le asiste el derecho al reconocimiento de
la pensión en cuantía equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada
devengada en el último año de servicio; correspondientes a la cotización más alta entre el
mes de enero de 2011, al mes de enero del año 2012, último año de servicio prestado por
mi poderdante, más los gastos de representación, prima de servicios, prima de navidad,
factores salariales de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 546 de 1971 y Decreto
717 de 1978, artículo 46 del Decreto 1045 de 1978, factores Decreto 1251 de 2009,
bonificación por servicios, prima de vacaciones y bonificación actividad judicial,
debidamente indexados y con incremento del IPC, teniendo en cuenta el equivalente al
75% de la asignación mensual más elevada devengada durante el último año de servicio,
más el 6% que atribuye del Decreto 1835 de 1994, por ser funcionario de alto riesgo. Así
como el pago de los excedentes que resulten probados desde el 20 de enero de 2012
fecha del retiro oficial del demandante, hasta cuando se efectué el pago total.

1
Índice 1 SAMAI de la consulta del expediente.
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Demandante: Julián de Jesús Hernández Cifuentes

SEGUNDO: (sic) IGUALMENTE, se ordene reconocer y pagar las diferencias entre la
mesada pensional reliquidada y aquella anterior, desde la fecha en que se causó el
derecho a la pensión hasta que se efectué el pago total en las mismas, en condiciones y
criterios económicos que se correspondan con el IPC y la respectiva indexación a que
haya lugar.»

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Relacionados con la actuación administrativa

El señor Julián Hernández Cifuentes laboró al servicio de la Rama Judicial, desde
el 19 de mayo de 1995 al 20 de enero de 2012, el último cargo que desempeñó fue
el de Fiscal 41 Seccional Delegado ante los Juzgados Penales del Circuito de
Buenaventura (Valle).

El 14 de enero de 2011, solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez y el Instituto
de Seguros Sociales (en adelante ISS), mediante Resolución 900687 del 14 de
septiembre de 2012, reconoció a favor del demandante la pensión de vejez por valor
de $ 2´467.815, con el 75 % de la asignación mensual elevada en el último año de
servicio, de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 y el artículo 12 del
Decreto 717 de 1978, en consonancia con el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978,
con efectividad del 20 de enero de 2012.

El 4 de enero de 2013, solicitó la reliquidación pensional con el 90 % de la asignación
más alta devengada en el último año de servicio y con la totalidad de factores
salariales devengados, conforme con lo previsto en el artículo 6 del Decreto 546 de
1971, en consonancia con el artículo 34 de la Ley 100 de 1993. Exigió incluir el 6 %
por concepto de prima de riesgo, de conformidad con lo establecido en el Decreto
1835 de 1994.

Por medio de la Resolución GNR 305081 del 16 de noviembre de 2013, la entidad
accionada negó la solicitud de reliquidación, decisión contra la que el 17 de julio de
2014 el demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, para
lo cual reiteró los mismos argumentos de la solicitud del 4 de enero de 2013.

Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

El actor presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de
que se declarara y condenara la nulidad parcial de las Resoluciones; i) 900687 del
14 de septiembre de 2012, proferida por el ISS que reconoció una pensión de
jubilación a favor de la parte actora; ii) GNR 305081 del 16 de noviembre de 2013,
que negó la reliquidación de la pensión de jubilación de la parte accionante; iii) GNR
985 del 5 de enero de 2015, proferido por la entidad accionada que resolvió el
recurso de reposición, en el sentido de confirmar la Resolución GNR 305081 del 16
de noviembre de 2013 y, iv) VPB 73341 del 4 de diciembre de 2015, por la cual se
resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la decisión del 16 de
noviembre de 2013.

A título de restablecimiento del derecho solicitó ordenar a la entidad reliquidar la
pensión de vejez con el 75 % de la asignación mensual más elevada devengada en
el último año de servicio, más el 6% que establece el Decreto 1835 de 1994, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 564 de 1971 y condenar la pago
del retroactivo pensional desde el 20 de enero de 2012 con base en el IPC.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante fallo del 28 de junio de
2019, negó las pretensiones de la demanda, por considerar que el régimen jurídico
aplicable es el Decreto 546 de 1971, pero solo respecto de la edad, tiempo de
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Demandante: Julián de Jesús Hernández Cifuentes

servicio y tasa de reemplazo, porque el IBL no hace parte del régimen de transición,
razón por la que debía calcularse conforme lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, en concordancia con el Decreto 1158 de 1994.

Con fundamento en lo anterior, concluyó que la entidad acertó al liquidar la pensión
con base en los factores cotizados en los últimos 10 años de servicios.

La parte demandante interpuso recurso de apelación con fundamento en que el
régimen de transición también incluye el IBL y los factores salariales, por lo que
solicitó reliquidar la pensión del accionante con el 75 % de la asignación mensual
más alta del último año de servicio, más el 6 % adicional por ser funcionario de alto
riesgo, en aplicación de los principios de favorabilidad e inescindibilidad.

La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, en sentencia del 30
de noviembre de 2023, confirmó la decisión de primera instancia, para lo cual precisó
que no estaba en discusión que el demandante es beneficiario del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 ni de la aplicación de la norma especial de la Rama
Judicial, Decreto Ley 546 de 1971.

Sin embargo, de acuerdo con la sentencia de unificación de la Sección Segunda de
la Corporación del 11 de junio de 2020, a pesar de que como beneficiario del régimen
de transición preservó de su régimen anterior los requisitos de edad, tiempo de
servicios y monto, en cuanto al ingreso base de liquidación se aplican las reglas
previstas en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y los factores contemplados
en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994.

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte actora consideró que se vulneraron sus derechos fundamentales al mínimo
vital, a la vida digna y a la seguridad social, porque las autoridades judiciales
demandadas desconocieron su calidad de beneficiario del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 6
del Decreto 546 de 1971.

Señala que, conforme con el Acto Legislativo 1 de 2005, dicho régimen se mantuvo
vigente de forma excepcional hasta el 31 de diciembre de 2014 para quienes, como
él, acreditaban más de 750 semanas cotizadas a esa fecha o su equivalente en
tiempo de servicios.

Reiteró que, al entrar en vigencia la Ley 100, ya contaba con más de 15 años de
servicio, lo que le otorgaba el derecho adquirido a la transición y cumplía todos los
requisitos exigidos en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, 57 años y más de 20
años de servicio, de los cuales más de 10 fueron en la Rama Judicial, como Fiscal
41 Seccional del Distrito Judicial de Buga. Adicionalmente, manifestó que no se
garantizó el principio de la condición más beneficios al trabajador en alguna de las
dos instancias que dirimieron el conflicto.

No obstante, las decisiones omitieron aplicar la condición más beneficiosa
consagrada en el citado artículo 6, al reconocer una pensión bajo los parámetros de
la Ley 100, con exclusión de la asignación mensual más elevada del último año de
servicio y los factores salariales que conforme con su régimen especial debieron ser
incluidos.

A su juicio, esa omisión resultó en la fijación de una pensión mensual de $
2´467.815, muy por debajo del ingreso que percibía en el último año ($ 17´082.644),
lo cual ha afectado gravemente su mínimo vital y su derecho a una vida digna,
porque carece de otros ingresos y no puede reinsertarse en el mercado laboral
debido a su edad.

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Demandante: Julián de Jesús Hernández Cifuentes

Considera que esa situación constituye una forma de «violencia económica
institucional», al desconocer los derechos adquiridos por años de servicio y
cotización y compromete el bienestar de su hogar, que depende exclusivamente de
dicha pensión.

En respaldo de su pretensión, invocó la sentencia C-596 de 1997 de la Corte
Constitucional, en la cual se precisó que el régimen de transición garantiza que las
condiciones relativas a edad, tiempo de servicio y monto de la pensión continúen
rigiéndose por las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, esto es, el régimen al
cual el trabajador se encontraba afiliado al momento de entrar en vigencia dicha ley.

Que, según la Corte Cortitucional: «Estas condiciones y las relativas al monto mismo de
la pensión, no se rigen por la nueva ley (la Ley 100 de 1993), sino por las disposiciones que
regulaban el régimen pensional al cual se encontraban afiliados», y en el presente caso,
dichas disposiciones corresponden al artículo 6 del Decreto 546 de 1971, que
establece el derecho a una pensión equivalente al 75 % de la asignación mensual
más elevada del último año de servicio, siempre que se hayan acreditado 20 años
de servicio, de los cuales al menos 10 hayan sido en la Rama Judicial o el Ministerio
Público.

No obstante, las autoridades demandadas desconocieron este marco normativo y
jurisprudencial al calcular la pensión del accionante conforme con parámetros de la
Ley 100 de 1993, con exclusión de la asignación más elevada y los factores
salariales correspondientes al régimen especial.

Que conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, establecida en las
sentencias C-596 de 1997, SU-317 de 2021, SU-273 de 2022, SU-049 y SU-218 de
2024, los beneficiarios del régimen de transición tienen derecho a que se les aplique
el régimen anterior que les sea más favorable. En el caso del accionante, ello
implicaba aplicar el régimen especial de la Rama Judicial y no el régimen general.

Agregó que cumplió los requisitos generales de procedencia de subsidiariedad e
inmediatez, con fundamento en que la abogada que lo representó en el proceso
ordinario tiene serios antecedentes disciplinarios y en materia penal, que, según
certificación expedida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se impuso en
su contra sanción de 36 meses, que iniciaron el 23 de junio de 2023 y finaliza el 22
de junio de 2026. Alega que «fue el motivo por el cual no interpuso el respectivo recurso
de apelación (sic), quien abandono al accionante durante el trámite del proceso ante la
Jurisdicción Contenciosa, dejándolo en total orfandad e indefensión jurídica, ya que
desapareció del escenario (…)».

Aseveró que la abogada «fue capturada el día 29 de septiembre de 2023, por presuntas
amenazas de muerte a jueces, fiscales y periodistas en el municipio de Tuluá. Actualmente,
se encuentra privada de la libertad en Centro Carcelario y Penitenciario en el municipio de
Tuluá», lo que, a su juicio, evidencia el abandono del caso sin que se lo haya
comunicado al accionante.

Con fundamento en lo anterior afirmó que la presente solicitud de amparo se
interpone dentro de un término razonable, con base en lo cual, solicitó flexibilizar
del principio de inmediatez, agregó que la afectación de sus derechos es
permanente en el tiempo por tratarse de prestaciones periódicas.

5. Trámite previo

Por auto del 5 de mayo de 2025 el despacho sustanciador admitió la tutela y ordenó
notificar a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en calidad de demandados y a la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, en condición de tercero
con interés.

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6. Oposiciones

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca allegó copia del expediente al
presente trámite sin realizar intervención adicional.

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B guardó silencio.

7. Intervención del tercero con interés

Colpensiones afirmó que acceder a las pretensiones de la acción de tutela
excedería las competencias del juez constitucional, en la medida que no se probó
vulneración a derechos fundamentales, ni a la existencia de un perjuicio
irremediable que conlleve a la inviabilidad de proteger sus derechos.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

A la Sala le corresponde determinar si procede la acción de tutela presentada por
Julián de Jesús Hernández Cifuentes a fin de dejar sin efecto la sentencia del 30 de
noviembre de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, que confirmó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca en primera instancia.

La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela por incumplir el
requisito general de la inmediatez.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá al: (i) requisito general de inmediatez
y, (ii) su análisis en el caso concreto.

(i) Requisito general de inmediatez
Para esta Sección, por regla general, el plazo razonable para el ejercicio de la
acción de tutela contra providencias judiciales es de seis meses, contado a partir
de la fecha de notificación del proveído acusado. Lo anterior, en atención a la
naturaleza del acto jurisdiccional, a los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios contra aquellos, al derecho a la tutela judicial
efectiva y a la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad.
En relación con la inmediatez, la Corte Constitucional ha señalado en diversas
oportunidades que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la
vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del accionante y la
presentación de la demanda 2, en la medida en que la naturaleza misma de este
medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de
las garantías constitucionales de una persona, sino también con el respeto a la
seguridad jurídica y a los derechos de los terceros afectados.

Lo anterior no implica un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción
de la tutela. La inmediatez es más bien un requisito que busca que la acción se
presente en un término razonable, esto es, desde el mismo momento en que se
tiene conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales.
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección
pronta y eficaz de tales derechos, es que se requiere que la acción se ejerza en un
tiempo razonable, prudencial.

2
Corte Constitucional. Sentencia T- 123 de 2007
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Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que para determinar si la
acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito de inmediatez, deben
tenerse en cuenta, en cada caso concreto, los siguientes aspectos: (i) si existe un
motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) si la inactividad injustificada
podría causar la lesión de derechos fundamentales de terceros de llegarse a adoptar
una decisión en sede de tutela, y (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados.

Como lo ha señalado esta Sección, el requisito de la inmediatez es una regla
jurisprudencial unánime y pacífica que se ha mantenido en el tiempo, precisamente
para no inducir a error a los ciudadanos y que garantiza los principios de seguridad
jurídica y confianza legítima de las decisiones judiciales, pues, recuérdese que la
acción de tutela contra providencias judiciales es la excepción a la regla y, en esa
medida, los requisitos de procedibilidad deben ser atendidos en estricto orden.

(ii) Análisis el caso concreto

El señor Julián de Jesús Hernández Cifuentes promovió acción de tutela con el fin
de que se deje sin efecto la sentencia del 30 de noviembre de 2023, mediante la
que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, confirmó la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las
pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho dirigida
a obtener la reliquidación pensional.

La Sala encuentra que la acción de tutela no cumple el requisito general de
inmediatez, porque consultado el expediente con radicado número 76001-23-33-
000-2016-00916-01 en el aplicativo sistema para la gestión judicial SAMAI, se
advierte que la providencia fue proferida el 30 de marzo de 2023 y notificada
mediante correo electrónico el 15 de enero de 2024, tanto al demandante como a
su apoderada judicial.

Siendo así, la decisión cuestionada se entiende notificada el 17 de enero de 2024 3,
cuyo término para el conteo de la inmediatez empezó a contar el 18 de enero de
2024, como la tutela objeto de estudio solo fue presentada el 28 de abril de 2025 4,
transcurrió 1 año, 3 meses y 10 días, lapso que supera el plazo razonable de seis
meses previsto por la Sala Plena de esta Corporación.

Esta Sala ha acogido el precedente constitucional, que permite flexibilizar en ciertas
circunstancias la aplicación del requisito general de inmediatez, el cual ha
identificado cinco criterios orientadores para que el juez de tutela pueda determinar,
en cada caso, si se ha cumplido con el requisito 5, precisados en la sentencia SU-
391 de 2016 6.
Para determinar si la acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito
de inmediatez debe evaluarse si existe un motivo válido para la inactividad del
accionante, circunstancia que en el presente caso no ocurre, porque a pesar de que
el actor expone las situaciones de carácter disciplinario y penal que afronta la

3
De acuerdo con el numeral 2 del artículo 205 del CPACA.
4
Índice 2 de Samai de la presente referencia.
5
“(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación personal del peticionario, pues en determinados casos
esta hace desproporcionada la exigencia de presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) El momento en el que se
produce la vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los derechos fundamentales. En estos casos,
para analizar la inmediatez el juez de tutela no debe contar el término desde el momento en el que la vulneración o amenaza
inició hasta la fecha de presentación de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se prolongó; (iii) La
naturaleza de la vulneración: existen casos donde se presenta un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción de
tutela y la vulneración de los derechos de los interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la demora en
la presentación de la tutela guarda relación con la situación de vulneración de derechos fundamentales que alega el
peticionario; (iv) La actuación contra la que se dirige la tutela: la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de
la inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como vulneratoria de los derechos invocados en la
tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra
providencias judiciales y (v) Los efectos de la tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un motivo que justifique
la demora en la interposición de la tutela, el juez debe tener en cuenta los efectos que esta tendría en los derechos de terceros
si se declarara procedente”.
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Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo.
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apoderada judicial que lo representó en el proceso ordinario, ello no justifica la falta
del ejercicio oportuno del mecanismo constitucional.
En primer lugar, porque la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho de
segunda instancia que se cuestiona por esta vía fue notificada tanto a la apoderada
judicial como al correo electrónico del accionante, como se advierte de la siguiente
captura de pantalla:

Correo que coincide con el que informó en el escrito de tutela para efecto de
notificación, esto es, julianerus1976@hotmail.com.
En segundo lugar, porque, aunque el actor afirmó que no tuvo conocimiento de lo
que ocurrió con su apoderada judicial porque lo «(…) abandono (…) durante el trámite
del proceso ante la Jurisdicción Contenciosa, dejándolo en total orfandad e indefensión
jurídica, ya que desapareció del escenario (…)».
Lo cierto es que, de la consulta del proceso ordinario, antes de la notificación de la
decisión que se cuestiona, específicamente el 8 de diciembre de 2023, el actor
allegó escrito en el que solicitó revocar el mandato, por las mismas razones que
aquí expone, como se ve a índice 33 de proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en la consulta del sistema de información Samai, como se observa de la
siguiente imagen.

Luego, el conocimiento de esa circunstancia en relación con la situación disciplinaria
y penal de quien fue su apoderada judicial fue un hecho que conoció incluso antes
de que le fuera notificada la sentencia cuestionada. En ese contexto, no se advierte
alguna circunstancia que justifique la demora en presentar la acción de tutela.

En suma, en el presente caso la acción de tutela no cumple el requisito general de
la inmediatez y, en esa medida, se impone declarar improcedente la acción de tutela
que ejerció el señor Julián de Jesús Hernández Cifuentes contra la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca.

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Demandante: Julián de Jesús Hernández Cifuentes

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela que ejerció el señor Julián de Jesús
Hernández Cifuentes contra la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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