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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-02454-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02454-00

Fecha
6 de junio de 2025
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02454-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: RECHAZAR la solicitud de coadyuvancia elevada por la Personería Municipal de Yacopí por los motivos expuestos en la cuestión preliminar de este fallo. SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con las razones ut supra. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. 11 Radicación: 11001-03-15-000-2025-02454-00 Accionante: Planta Vida S.A.S. Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02454-00

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

6 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., seis (06) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02454-00
Accionante: Planta Vida S.A.S.
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Tema: Acción de tutela. Subtema 1: Requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela – subsidiariedad. Sentido del fallo de tutela: Se declara improcedente.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Planta Vida S.A.S. en contra del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del Juzgado 2º Administrativo de
Zipaquirá, del municipio de Yacopí, del departamento de Cundinamarca, de la
Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca, del Juzgado 19 Civil Municipal de Ejecución
de Sentencias de Bogotá y del Juzgado 81 Civil Municipal de Bogotá convertido
transitoriamente en el Juzgado 63 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de
la misma ciudad.

I. ANTECEDENTES

1.- La solicitud de tutela

El 28 de abril de 20252 la empresa tutelante interpuso esta acción constitucional en
procura de la protección de sus derechos al debido proceso, de petición, al medio
ambiente sano, a una vía digna, a la celeridad y a la reparación integral, los cuales
considera vulnerados, ya que han transcurrido más de dos años desde que el
Juzgado 2º Administrativo de Zipaquirá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca ordenaron, dentro de la acción popular No.
25899333300120190019600/01, la compra del predio “San Agustín”, sin que las
autoridades competentes hayan cumplido lo dispuesto. Afirma que las entidades se
han limitado a emitir oficios sin resolver de fondo sus peticiones.

1 Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado
3B7D14A3C69918D8 33A877156199F273 D70AF11DC14C5AAA 96C5F30C7C0C655A.
2 Obra correo en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 3A6A27F5ECB13863

BA76DE9EA4BBC70D 0D76B9D04F7C0B0C F4BA3D549083970E.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02454-00
Accionante: Planta Vida S.A.S.
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

2.- Hechos

2.1.- El personero municipal de Yacopí interpuso medio de control de protección de
derechos e intereses colectivos por considerar conculcadas las garantías de acceso
a servicios públicos eficientes y oportunos y a la seguridad y prevención de
desastres. En su criterio, la afectación se originó por la no adquisición del predio
“San Agustín”, lo que impide su intervención ambiental para proteger el recurso
hídrico que abastece a los acueductos de las veredas cercanas3. Este asunto le
correspondió al Juzgado 2º Administrativo de Zipaquirá bajo el radicado No.
25899333300120190019600.

2.2.- Mediante sentencia del 6 de marzo de 2023 el a quo concedió la salvaguarda
pedida y ordenó al municipio de Yacopí, en coordinación con el departamento de
Cundinamarca, la Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca y la CAR, realizar la
compra del predio “San Agustín”, además, le impuso al municipio de Yacopí, junto
con el departamento aludido y el ICCU, adoptar medidas de rehabilitación y
conservación de un tramo vial. También dispuso que la sociedad Planta Vida S.A.S.
debía colaborar con lo requerido para el cumplimiento de dichas instrucciones4.

2.3.- El 20 de marzo de 20245 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca modificó
el fallo recurrido y resolvió ordenar al municipio de Yacopí, junto con el
departamento de Cundinamarca, la Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca y la
CAR, adelantar la compra del predio “San Agustín”. Para tal efecto, dispuso que el
municipio aludido, con el respaldo de la CAR, debía adelantar las gestiones
necesarias para la adquisición del inmueble, coordinar con el departamento su
financiación dentro de un plazo de seis meses y concretar la compra en otro periodo
igual. Así mismo, instruyó al departamento de Cundinamarca a priorizar el asunto y
brindar apoyo; a la empresa inmobiliaria a gestionar la adquisición si fuera
requerida; a la Alcaldía de Yacopí a elaborar un proyecto de preservación ambiental
y ejecutar obras de conservación; y a la CAR a identificar medidas de mitigación

3 A folios 1-2 del archivo digital subido en SAMAI dispuesto para juzgados y tribunales, en el índice 46, con

certificado 9E45DCD9A856DAA5 B423D0877D249FF2 7A206A21C5FDD8A0 38659812B427D924 del
expediente 25899333300120190019601.
4 Ibidem, folio 4.
5 Obra sentencia en el archivo digital subido en SAMAI dispuesto para juzgados y tribunales, en el índice 46,

con certificado 9E45DCD9A856DAA5 B423D0877D249FF2 7A206A21C5FDD8A0 38659812B427D924 del
expediente 25899333300120190019601.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02454-00
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

ambiental y hacer seguimiento periódico. Finalmente, ordenó a todas las entidades
involucradas rendir informes semestrales sobre las actuaciones adelantadas y
conformar un comité de seguimiento.

2.4.- Afirma la sociedad convocante que el plazo para efectuar la compra del
inmueble ya se cumplió y no se ha satisfecho lo resuelto por los jueces en la acción
popular No. 25899333300120190019600/01. Igualmente, indicó que el inmueble en
comento se encuentra embargado por orden de un juzgado con competencia en
Bogotá por la suma de COP$27.000.000, lo que puede pagarse con el valor de la
venta6.

3.- Fundamentos de la acción de tutela

Planta Vida S.A.S. considera que se vulneraron sus derechos constitucionales, en
tanto no cuenta con recursos económicos, no está en funcionamiento y tiene
múltiples obligaciones financieras que no ha podido cumplir debido a la falta de
ejecución de la orden judicial de compra del inmueble. Señala que, aunque ha
enviado la documentación requerida, han transcurrido más de 2 años desde que se
profirieron las sentencias sin que las entidades competentes concreten la
adquisición. Manifiesta que esta demora injustificada le ha generado graves
afectaciones.

Además, la persona jurídica sostiene que las autoridades no han emitido una
respuesta de fondo, clara, precisa o definitiva sobre sus peticiones relativas a que
se efectúe la compra del bien, ni se ha emitido una resolución que materialice el
cumplimiento de lo dispuesto en la acción popular. También afirma que esta
conducta configura un exceso de ritualidad.

4.- Pretensiones de la acción

En el escrito introductorio se solicitó (i) tutelar los derechos cuya omisión se alega;
(ii) ordenar a las autoridades accionadas adelantar todos los trámites necesarios
para dar cumplimiento integral a las decisiones judiciales expedidas en la acción

6 A folios 4-5 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 3B7D14A3C69918D8
33A877156199F273 D70AF11DC14C5AAA 96C5F30C7C0C655A.

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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

popular y responder de fondo a sus peticiones; (iii) disponer la designación de un
procurador que revise el caso; y (iv) requerir a las entidades involucradas para que
elaboren la resolución de compra.

5.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición

5.1.- Mediante auto del 30 de abril del 2025 el despacho ponente admitió la acción
de tutela y vinculó a la Personería Municipal de Yacopí y al Instituto de
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca –ICCU–. También dispuso la
notificación a las partes y a los vinculados.

5.2.- El Juzgado 2º Administrativo de Zipaquirá indicó que la venta del predio no
puede realizarse mientras exista un embargo vigente cuyo levantamiento depende
exclusivamente de su propietaria. Señaló que no se evidencia vulneración de
derechos fundamentales atribuible ni a ese despacho ni al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca. Afirmó que no se han acreditado los requisitos necesarios por
parte de la accionante para permitir la venta y que las entidades públicas han
actuado dentro del marco legal.

5.3.- La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca manifestó que ha
cumplido con lo ordenado en los fallos de primera y segunda instancia dentro de
sus competencias. Explicó que ha realizado visitas de campo, emitido conceptos
técnicos y participado en comités de verificación. Destacó que el incumplimiento en
la compra del predio “San Agustín” no le es imputable y que el saneamiento jurídico
del activo es indispensable para continuar con el proceso.

5.4.- El Juzgado 81 Civil Municipal de Bogotá transformado transitoriamente en el
Juzgado 63 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la misma ciudad
respondió que no es competente para pronunciarse sobre la tutela, ya que el
proceso ejecutivo en el que se dictó el embargo fue remitido desde el 8 de
noviembre de 2023 a la Oficina de Ejecución de los Juzgados Civiles Municipales
de Bogotá. Por tanto, no conoce las actuaciones recientes y no tiene acceso físico
ni digital al expediente.

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5.5.- La Personería Municipal de Yacopí informó que preside el comité de
verificación de los fallos de la acción popular. Adujo que, pese a las órdenes
judiciales, la adquisición aún no se ha efectuado. Indicó que en las sesiones del
comité se ha expuesto la voluntad de venta del predio por parte del accionante, pero
que persisten gravámenes, lo cual ha impedido la compra. Acotó que no se
precisaron cuáles fueron las peticiones que no fueron correctamente atendidas,
pero coadyuvó parcialmente la tutela en el sentido de pedir que se ordene a los
accionados contestar las peticiones del actor de forma completa y de fondo.

5.6.- La Agencia Logística de Gestión Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
expresó que no le consta la mayoría de los hechos planteados en la acción de tutela.
Aclaró que ni la sentencia del 6 de marzo de 2023 ni la del 20 de marzo de 2024
ordenaron directamente a la entidad la compra del predio. Expresó que ha estado
dispuesta a colaborar cuando sea requerida y que así lo ha informado en
comunicaciones dirigidas al apoderado de Planta Vida S.A.S. Anotó que no está
facultada para comprar bienes. Alegó que la tutela no cumple con los requisitos de
subsidiariedad e inmediatez.

5.7.- La Alcaldía de Yacopí argumentó que ha intentado cumplir la orden de compra
del inmueble “San Agustín”, pero que esto no ha sido posible debido a que el
inmueble tiene embargos e hipotecas vigentes, lo cual impide su adquisición con
recursos públicos. Asegura que la propietaria ocultó de mala fe esta situación y que
es ella quien debe levantar las medidas. Detalló múltiples gestiones realizadas ante
autoridades departamentales y ambientales, así como solicitudes formales a la
empresa para presentar propuesta de venta. Cuestionó la falta de seriedad de
Planta Vida S.A.S. al cambiar el valor del predio y considera que la tutela es
improcedente por existir otros mecanismos judiciales y agregó que no vulneró las
prerrogativas reclamadas.

5.8.- El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca –ICCU– aseveró
que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la empresa y que no le
corresponde comprar el predio “San Agustín”. Explicó que su función es la gestión
en infraestructura vial y que, en cumplimiento de la sentencia, ha realizado varias
intervenciones en la vía que conecta al municipio de Yacopí con veredas e

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inspecciones rurales. Manifestó que los hechos alegados en la tutela no recaen
sobre su misionalidad, por lo que invocó falta de legitimación por pasiva.

5.9.- El Juzgado 19 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá respondió
que el proceso en el que se expidió el embargo es un ejecutivo de mínima cuantía
promovido en contra de Planta Vida S.A.S. por el cobro de COP$27.167.000 por
cánones de arrendamiento adeudados. Indicó que la medida cautelar fue ordenada
el 7 de julio de 2022 y sigue vigente. Señaló que no ha recibido comunicación alguna
del Juzgado 2º Administrativo de Zipaquirá o del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para cancelar esa medida o remitir la liquidación del crédito.
Además, resaltó que la parte ejecutada no ha solicitado el levantamiento del
embargo ni ha pagado la deuda. Informó que el 12 de mayo de 2025 aprobó la
liquidación del crédito y requirió al ejecutante para aportar el certificado de libertad
y tradición.

II. CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Planta
Vida S.A.S. en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del Juzgado 2º
Administrativo de Zipaquirá, del municipio de Yacopí, del departamento de
Cundinamarca, de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de
Cundinamarca, de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, del
Juzgado 19 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá y del Juzgado 81
Civil Municipal de Bogotá convertido transitoriamente en el Juzgado 63 de
Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la misma ciudad de conformidad con
lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y
13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.- Cuestión preliminar

De conformidad con los parámetros fijados por la Corte Constitucional, la
coadyuvancia en materia de tutela debe regirse por las reglas textuales que siguen:

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“El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 consagra que ‘…Quien tuviere un interés legítimo
en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la
persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud’ (…)

Para actuar como coadyuvante, la jurisprudencia ha interpretado que la disposición antes
transcrita contiene solo una exigencia: demostrar un interés legítimo en el resultado del
proceso. Luego, si el juez de tutela haya acreditado el interés del tercero o terceros
intervinientes para actuar dentro del proceso, se les debe permitir su vinculación sin que
para el efecto se señale una forma específica para hacerlo. En este respecto, en la
sentencia T- 435 de 2006, se expuso lo siguiente (…)

Además, esta Corporación ha considerado que permitir la participación de la persona o
personas dentro del proceso de tutela cuando la decisión que se adopte dentro del mismo
pueden afectarlos, realiza el contenido del artículo 2 Superior que establece como fin
esencial del Estado: ‘…facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan…’, como también la efectividad del artículo 29 de la Constitución, en lo atinente a
la garantía del derecho al debido proceso”7.

Así las cosas, se advierte que la Personería Municipal de Yacopí manifestó su
respaldo a las pretensiones de la parte accionante, aunque de manera limitada,
restringiéndolo a la solicitud de que las entidades accionadas den una respuesta de
fondo a los requerimientos presentados por aquella. Sin embargo, dicha
coadyuvancia no puede ser admitida, toda vez que, como lo reconoció
expresamente la propia personería en su informe, no se especificaron cuáles fueron
las solicitudes presuntamente desatendidas ni las respuestas que resultaron
insuficientes. En consecuencia, apoyar de forma genérica este reclamo, sin
identificar concretamente las peticiones ignoradas, desnaturaliza la figura de la
coadyuvancia e impide constatar la existencia de un interés legítimo o de una
posible afectación derivada de la decisión que se adopte en el presente trámite.

3.- Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.

4.- El cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto

4.1.- La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para
reclamar la protección inmediata de sus derechos constitucionales vulnerados o

7 Corte Constitucional, sentencia T-349 de 2012.

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amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un
particular, en los casos que establece la ley.

Conforme con la disposición referida, el trámite constitucional aludido es un
mecanismo subsidiario que solo procede cuando el afectado no tiene otro medio de
defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales. Este requisito,
en principio, impide que se acuda a la solicitud de amparo en el caso de reproches
en contra de actuaciones administrativas o respecto a solicitudes que tengan la
posibilidad de ser discutidas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Tal situación, en todo caso, se rige bajo el presupuesto general de que
excepcionalmente procede el depreco cuando el mecanismo disponible no
salvaguarda de manera eficaz8 el derecho fundamental, o este no es idóneo, por no
ofrecer una solución integral y no resolver el conflicto en toda su dimensión9; así
también cuando el accionante se encuentra ante la presencia de un perjuicio
irremediable10, caso en el cual la tutela funge como mecanismo transitorio.

4.2.- En el sub examine la parte actora denuncia que se vulneraron sus derechos,
porque, pese a que han pasado más de 2 años desde que se expidieron las
sentencias correspondientes, no se ha cumplido la orden judicial de compra del
inmueble “San Agustín” dictada en el marco de la acción popular No.
25899333300120190019600/01, lo cual le ha impedido cumplir con sus
obligaciones económicas. Indicó también que no ha recibido respuesta de fondo a
las peticiones que ha elevado con la finalidad de que se efectúe la compra referida
y que las contestaciones que ha recibido al respecto configuran un exceso de
ritualidad.

4.3.- En punto de lo anterior, se debe destacar que el artículo 41 de la Ley 472 de
1998 establece que quien incumpla una orden judicial emitida en el marco de una

8 El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, establece: Causales de

improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante.
Se entiende por irremediable el perjuicio que solo pueda ser reparado en su integridad mediante una
indemnización.
9 Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
10 Se tiene como perjuicio irremediable aquel que reúne los presupuestos de gravedad, inminencia e

impostergabilidad de la medida para proteger el derecho. Sentencia T-1062 de 2010.

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acción popular podrá ser sancionado con multa de hasta 50 salarios mínimos
mensuales, con posibilidad de ser conmutada por arresto de hasta 6 meses, sin
perjuicio de otras sanciones legales. Esta sanción debe ser impuesta por el mismo
juez que dictó la orden, a través de un incidente, y será revisada por el superior
jerárquico mediante el mecanismo de consulta con efecto devolutivo11.

La jurisprudencia ha precisado que para declarar el desacato no basta con
demostrar el incumplimiento material (elemento objetivo), sino que también debe
acreditarse la renuencia o negligencia del obligado (elemento subjetivo). Es decir,
no se puede presumir responsabilidad por el solo hecho de no cumplir, pues el
incidente de desacato no busca castigar per se, sino garantizar el cumplimiento
efectivo de las órdenes judiciales impartidas para proteger derechos e intereses
colectivos12.

4.4.- En este contexto resulta claro que, si Planta Vida S.A.S. considera que las
entidades accionadas han sido negligentes frente al cumplimiento de lo ordenado
por los jueces en el marco de la acción popular en comento, cuenta con el incidente
de desacato previsto en la Ley 472 de 1998 que es una herramienta legal idónea
para plantear esta discusión y superar dicha omisión. En consecuencia, la existencia
de mecanismos de subsanación como el citado demuestra que, en esta
oportunidad, no es viable revisar el fondo de las críticas elevadas, por cuanto es
jurídicamente posible que el Juzgado 2º Administrativo de Zipaquirá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca revisen los cargos que ahora formula la parte
convocante y, si lo estiman, impulsen el cumplimiento de sus órdenes judiciales, lo
que implica que el presupuesto genérico sub examine no esté satisfecho.

4.5.- Por otra parte, cabe señalar que la parte accionante también cuestionó la falta
de una respuesta clara a las solicitudes que presentó con el fin de lograr el
cumplimiento de lo ordenado en la acción popular, y alega la existencia de un
exceso ritual manifiesto en las contestaciones correspondientes. Sin embargo,
estas inconformidades tampoco cumplen con el requisito de subsidiariedad, toda
vez que el ejercicio del derecho de petición no constituye el mecanismo idóneo para
exigir la ejecución de decisiones judiciales, especialmente cuando la empresa

11 Sección Tercera del Consejo de Estado, providencia del 15 de diciembre de 2011, rad. 15001-23-31-000-

2004-00966-02.
12 Ibidem.

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cuenta con herramientas específicas como el incidente de desacato, tal como se
explicó. Aunado a lo anterior, no se precisaron cuáles fueron los requerimientos
concretos que elevó ni las respuestas que considera inadecuadas, lo que impide
efectuar un análisis de fondo sobre este aspecto.

Por ello, es relevante reiterar que no le corresponde a este juez constitucional
solventar los cargos elevados por Planta Vida S.A.S., pues son los jueces de la
acción popular los responsables, en primer momento, de evaluar tales argumentos
y conminar para que se garantice el cumplimiento de las órdenes proferidas en ese
trámite.

4.6.- En conclusión, el escenario de tutela de derechos fundamentales no es el
ámbito adecuado para debatir las quejas objeto de análisis, por lo que estas resultan
improcedentes debido a la ausencia del requisito de subsidiariedad. Además, no se
advierte la existencia de un perjuicio irremediable que obligue a esta Sala
Constitucional a intervenir, en detrimento de la competencia asignada a los jueces
naturales.

5.- En consecuencia, se declararán improcedentes todos los cargos del amparo.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: RECHAZAR la solicitud de coadyuvancia elevada por la Personería
Municipal de Yacopí por los motivos expuestos en la cuestión preliminar de este
fallo.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad
con las razones ut supra.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02454-00
Accionante: Planta Vida S.A.S.
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado

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