Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02459-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02459-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-02459-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
8 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02459-01
Accionante: Isabel América Álvarez de Ahumada
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda y otro.
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial.
Decisión: Se confirma la decisión de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 26
de junio de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante la cual declaró improcedente la acción por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional.
II. ANTECEDENTES
2.1 Hechos
2. Del escrito de tutela1 y del expediente se colige que la señora Isabel América
Álvarez de Ahumada estuvo vinculada al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio – FOMAG desde el año 1970 y que, una vez
cumplidos los requisitos para su pensión de jubilación, esta le fue reconocida2
por el fondo citado en el año 2000.
3. Adicionalmente, la accionante señaló que, de manera paralela, a partir del
año 1978 prestó también sus servicios como docente en la Universidad del
Atlántico, labor que desarrolló hasta el 30 de septiembre de 2009 3. La actora
manifestó que mediante la Resolución 10264 del 8 de julio de 2010 expedida
por el ISS, se dispuso su ingreso en nómina para el pago correspondiente a
su pensión.
4. En el año 2015, la tutelante presentó una solicitud de reliquidación de la
1
Presentado el 29 de abril de 2025.
2
Mediante la Resolución 00613 del 31 de octubre de 2000. Índice 10 del aplicativo SAMAI, págs.1-3.
3
Por lo que mediante la Resolución 25532 del 30 de noviembre de 2009 el entonces Instituto de Seguros Sociales
• ISS (hoy Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones) le reconoció una pensión de vejez conforme
lo establecido en la Ley 33 de 1985, dejando pendiente el ingreso a nómina hasta que se acreditara el retiro
definitivo del servicio.
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Accionante: Isabel América Álvarez de Ahumada
prestación, pero esta le fue negada4.
5. Por su parte, la Administradora Colombiana de Pensiones, en adelante
Colpensiones,5 solicitó a la accionante, allegar autorización para revocar las
resoluciones 25532 del 30 de noviembre de 2009 y 10264 del 8 de julio de
2010, indicando que estas se encontraban incursas en la causal establecida
en el numeral 1° del artículo 93 del CPACA6, pero no tuvo éxito en su gestión.
6. En consideración a lo anterior, Colpensiones instauró una demanda7 contra
la actora ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, orientada a
que se anularan las resoluciones precitadas y a título de restablecimiento del
derecho, se declarara que la señora Álvarez de Ahumada no tenía derecho a
la pensión de vejez8.
7. El a quo, mediante providencia del 19 de abril de 2024 negó lo pretendido y
declaró no probadas las excepciones de mérito presentadas por la parte
demandada. Colpensiones apeló la decisión y la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 10 de octubre de 2024
resolvió lo siguiente:
«“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 19 de abril de 2024 por
el Tribunal Administrativo de Atlántico, que negó las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En su lugar:
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones (i) 25532 del 30 de
noviembre de 2009, proferida por el Instituto de Seguros Sociales – ISS, hoy
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, mediante la cual se
reconoció una pensión de jubilación, a favor de la señora Isabel América
Álvarez De Ahumada y (ii) 10264 del 8 de julio de 2010, emitida por el Instituto
de Seguros Sociales – ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones, mediante la cual se ingresó en nómina la pensión de vejez, a
favor de la demandada.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. […]”.
(Mayúsculas y negrillas originales de la providencia).». Sic en toda la cita.
2.2. Fundamento jurídico
8. La parte actora no alegó ni sustentó ningún defecto específico respecto de la
providencia judicial que reprochó mediante la acción, pues simplemente
indicó que con la decisión de la autoridad judicial se vulneraron sus derechos
fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y a la seguridad social.
4
A través de la Resolución GNR 70414 del 4 de marzo de 2016. Ante lo anterior la parte actora interpuso recurso
de reposición y en subsidio apelación, pero la decisión fue confirmada en su integridad por el Instituto de Seguros
Sociales - ISS (hoy Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones) mediante las resoluciones GNR
115535 del 22 de abril de 2016 y VPB 37944 del 30 de septiembre de 2016.
5
Mediante requerimiento externo BZ 2016_5730365-2306786 del 8 de septiembre de 2016.
6
Ley 1437 de 2011, Artículo 93. Causales de revocación: Los actos administrativos deberán ser revocados por las
mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio
o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la
Constitución Política o a la ley. «(…)»
7
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho seguido bajo el radicado 08001-23-
33-000-2018-00499-00/01.
8
Reconocida mediante Resolución 25532 del 30 de noviembre de 2009 proferida por el ISS, hoy Colpensiones.
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9. Así las cosas, su planteamiento se centró exclusivamente en indicar su
postura jurídica con relación a que, en su sentir, existía compatibilidad entre
las pensiones reconocidas por el FOMAG y el ISS a la señora Isabel América
Álvarez de Ahumada, invocando como sustento el artículo 19 de la Ley 4ª de
1992.
10. Indicó que esta norma establecía excepciones para docentes vinculados
antes del 18 de mayo de 1992, siempre que hubiesen adquirido el estatus de
pensionado antes de esa fecha. En ese entendido, afirmó que la señora Isabel
Álvarez cumplía con ese requisito, ya que su pensión de jubilación fue reconocida
por el FOMAG en el año 2000.
11. Aunado a lo anterior, sostuvo que la docente se encontraba vinculada bajo
el régimen del Decreto 2277 de 1979, anterior al Decreto 1278 de 2002,
circunstancia que la ubicaba dentro del grupo de beneficiarios que conservaban
derechos adquiridos, incluyendo la compatibilidad pensional. Además, alegó que
el Decreto 224 de 1972 reforzaba esta posición al establecer que el ejercicio de
la docencia no es incompatible con el goce de pensión de jubilación.
12. Adujo que la Corte Constitucional ha reiterado que los derechos
pensionales adquiridos no pueden ser desconocidos por normas posteriores. En
ese entendido, manifestó que, si la señora Álvarez ya tenía reconocida una
pensión y cumplía con los requisitos legales, revocar ese derecho podía constituir
una vía de hecho, especialmente si se vulneraban derechos fundamentales como
el mínimo vital, más aún en su situación de vulnerabilidad debido a su edad y al
hecho de que estaba a cargo de otros de sus familiares.
2.3. Pretensiones
13. La parte accionante solicitó:
«1. Solicito se ampare[n] los derechos fundamentales al mínimo vital, vida
digna, seguridad social de la señora ISABEL AMÉRICA ÁLVAREZ DE
AHUMADA, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Como consecuencia de ello, se revoque la sentencia de segunda instancia
proferida [el] CONSEJO DE ESTADO- SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIV[O]- SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B.». Sic en toda la
cita.
2.4. Intervenciones
14. Mediante auto del 159 de mayo de 2025 se admitió la acción de tutela de
la referencia, se ordenó notificar como accionados, a la Subsección B, Sección
Segunda del Consejo de Estado y a la Administradora Colombiana de Pensiones-
Colpensiones y vinculó, por tener interés en el resultado del proceso al Tribunal
Administrativo del Atlántico – Sección C.
9
Índice 12, del aplicativo SAMAI
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15. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para lo de su competencia y se reconoció personería al abogado Juan
Antonio Casado Maldonado, identificado con tarjeta profesional 120.731 del
Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado de la parte actora.
2.4.1. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado10, a
través del magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera, indicó que debía
declararse la improcedencia de la acción, máxime cuando el actor no invocó
defecto alguno respecto de la providencia que reprochó.
16. Señaló que el Decreto 3135 de 1968 y el Decreto 1848 de 1969 establecen
que las pensiones de jubilación, invalidez y vejez son incompatibles entre sí,
permitiendo al beneficiario optar por la más favorable. Adicionalmente, sostuvo
que el artículo 77 del Decreto 1848 refuerza esta incompatibilidad frente a
asignaciones provenientes de entidades públicas, salvo excepciones legales
específicas como el Decreto 1713 de 1960 y la Ley 1ª de 1963.
17. Afirmó que, aunque la jurisprudencia previa del Consejo de Estado y de la
Corte Suprema de Justicia consideraba la compatibilidad según el origen de los
aportes (público o privado), una sentencia11 reciente de esta corporación
replanteó esta visión, concluyendo que lo relevante no es el origen de la
prestación, sino su finalidad: cubrir el mismo riesgo, lo cual hace inviable el
reconocimiento de dos pensiones por vejez.
18. Por otro lado, argumentó que el Sistema General de Seguridad Social
Integral fue diseñado para cubrir contingencias como la vejez, y su evolución
normativa (Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, entre otras) busca racionalizar el
gasto público, razón por la cual, no era posible acceder a dos pensiones que
cubran el mismo riesgo, ya que ello vulneraría el principio de sostenibilidad fiscal
y el carácter solidario del sistema, independientemente del origen de los aportes.
19. Así las cosas, explicó que la señora Isabel América Álvarez de Ahumada
fue beneficiaria de dos pensiones: una de vejez otorgada por el ISS (hoy
Colpensiones) mediante Resolución 25532 de 2009, efectiva desde julio de 2010,
y otra de jubilación reconocida por el FOMAG mediante Resolución 613 de 2000,
como docente vinculada al INEM de Soledad, Atlántico, con lo que se evidenció
que ambas prestaciones se originaron en entidades estatales.
20. Finalmente, indicó que, aunque Colpensiones solicitó el reembolso de las
sumas pagadas por la pensión anulada, no probó que la señora Álvarez hubiera
actuado con mala fe, por lo que, conforme al artículo 138 de la Ley 1437 de 2011,
y ante la ausencia de pruebas que desvirtúen la presunción de buena fe, no era
procedente la devolución de los valores pagados.
10
Índice 19 del aplicativo SAMAI.
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 12 de diciembre de 2023, rad. 25000-23-
42-000-2013-05975-01 (1384-2017), MP Juan Enrique Bedoya Escobar.
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2.4.2. La Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones,12 solicitó
ser desvinculada de la acción al no estar legitimada en la causa por pasiva.
Asimismo, solicitó declarar improcedente la acción o en su defecto negar las
pretensiones de esta, al no existir la trasgresión ius fundamental alegada.
2.6 Sentencia Impugnada13
21. La Sección Primera de esta corporación, mediante providencia del 26 de
junio de 2025, declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con
el requisito de relevancia constitucional, toda vez evidenció que la parte actora
pretendía reabrir un debate legal ya surtido ante los jueces naturales de la causa,
utilizando la acción de tutela como una tercera instancia.
2.7. Impugnación14
22. El accionante se limitó a remitir un correo indicando que impugnaba la
decisión de primera instancia sin realizar ningún pronunciamiento adicional.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
23. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás
normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
24. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
establecer si la Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado, con
ocasión de su providencia del 10 de octubre de 202415, trasgredió los derechos
fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y a la seguridad social de la
accionante.
25. Previo a lo anterior es necesario establecer si la acción cumple con los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, en particular el de relevancia constitucional.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
26. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991 así como por
12
Índice 17 del aplicativo SAMAI.
13
Índice 20 del aplicativo SAMAI.
14
Índice 24 del aplicativo SAMAI.
15
Notificada el 10 de diciembre de 2024.
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los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000 compilados en el Decreto 1069 de
2015, protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o
amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros
medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
27. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es posible acudir al
recurso de amparo para proteger derechos fundamentales amenazados o
vulnerados por decisiones judiciales, ya que el ejercicio de la judicatura debe
sujetarse a los valores, principios y derechos constitucionales, permitiendo el
control de autoridades que excedan los límites impuestos por la Constitución.
28. La acción de tutela, como mecanismo excepcional y residual, exige
cumplir unos requisitos definidos por la Corte Constitucional tras años de
elaboración jurisprudencial. Estos buscan equilibrar la seguridad jurídica, la
autonomía judicial y la protección efectiva de los derechos fundamentales,
permitiendo subsanar controversias en procesos judiciales dentro del marco
constitucional.
29. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela
y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
3.3.1. La relevancia constitucional como requisito de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
30. La Corte Constitucional, ha establecido que el requisito de relevancia
constitucional se entiende satisfecho cuando la controversia objeto de tutela trata
de un asunto que involucra algún debate jurídico al contenido, alcance y goce de
un derecho fundamental o un principio constitucional y ha precisado que es
imperativo que se demuestre de forma marcada e indiscutible que se cumple con
el referido requisito16. La finalidad de esta exigencia es la de preservar la
independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional e
impedir que la acción de tutela se torne en una instancia o recurso adicional de
los procesos ordinarios.
16
Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-136 de 2015, SU-573 de 2019, SU-073 de 2019 y T-140 de 2022,
proferidas por la Corte Constitucional.
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31. En ese sentido, en la Sentencia SU-215 de 2022, se establecieron los
siguientes criterios para determinar si se cumple con el referido requisito:
32. Que la controversia verse sobre un asunto constitucional, mas no
meramente legal y/o económico. Es decir, que el caso no se circunscriba a la
determinación de aspectos legales de un derecho, derivados de la correcta
interpretación o aplicación de una norma de rango legal o reglamentario, y que el
debate no sea estrictamente monetario de ni connotaciones particulares o
privadas que no representen un interés general17.
33. Que el caso verse sobre un debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental. Dicho de otro modo, no basta con
que la parte actora alegue la violación de sus derechos fundamentales a la vida
digna, al mínimo vital y a la seguridad social de la accionante, sino que debe ir
más allá «de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales», lo cual supone justificar de manera
razonada y clara la «existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental»18. Negrillas de la Sala
34. Que la acción de tutela no sea empleada como una tercera instancia o un
recurso adicional para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios.
Sobre este punto, el máximo órgano constitucional ha expresado que la tutela
contra providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de validez del
fallo cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional solo se justifica
si se verifica la existencia de «una actuación ostensible arbitraria e ilegítima de
la autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho al debido
proceso»19. Negrillas y subrayas de la Sala.
35. De tal manera, en el caso concreto se advierte que la acción de tutela no
cumple con la carga de relevancia constitucional toda vez que el debate procesal
ya concluyó.
36. Así las cosas, el accionante pretende que se acoja la manera como, en
su sentir, ha debido resolverse su asunto, pero más allá de su inconformidad con
la decisión judicial atacada, no explica de manera concreta como la supuesta
aplicación incorrecta de la normativa trasgredió sus derechos fundamentales.
37. Por lo anterior, el simple desacuerdo con una decisión judicial no habilita
para que se estudie su validez en sede de tutela, especialmente cuando la Corte
17
Sentencias T-610 de 2015, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte
Constitucional.
18
Sentencias SU-439 de 2017, SU-573 de 2019 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional.
19
Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, proferidas por la Corte Constitucional.
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Constitucional ha establecido que la tutela solo es procedente cuando el asunto
planteado trasciende el debate legal y afecta directamente derechos
fundamentales, circunstancia que no se demostró en este asunto. En este caso,
no se evidencia una afectación grave que requiera intervención del juez
constitucional.
38. En ese sentido, tal y como lo expuso la primera instancia, conforme lo
señalado en el escrito de tutela y las pruebas allegadas, la señora Álvarez de
Ahumada recibe una pensión de jubilación por parte del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, por lo tanto, no se evidencia, la
amenaza o vulneración flagrante de los derechos fundamentales invocados.
39. Adicionalmente, la parte actora ni siquiera precisó los defectos en los que
presuntamente incurrió la providencia, limitándose a exponer su tesis jurídica
sobre el asunto legal, sin cumplir con su deber de carga argumentativa respecto
a la supuesta vulneración ius fundamental alegada.
40. Aunado a lo anterior, al revisar la impugnación, la parte actora tampoco
aportó ningún elemento adicional que permitiera establecer la existencia de un
perjuicio irremediable pues simplemente se limitó a presentarla sin sustento
alguno.
41. Debe recordarse entonces lo establecido por la jurisprudencia
constitucional20 cuando se interpone una acción de tutela contra una providencia
dictada por una alta corte, que claramente incumplió la parte actora:
«“en el examen de prosperidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por las altas cortes, es forzoso acreditar la configuración
de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez
constitucional, por el rol que cumplen dichos órganos en el sistema jurídico,
por la necesidad de preservar el equilibrio constitucional entre autoridades
constituidas y por el respeto que demandan los principios de autonomía e
independencia judicial”21.». Subrayas de la Sala
42. Por estas razones, se confirmará la providencia impugnada que declaró la
improcedencia de la tutela, pues la parte actora no logró demostrar cómo fueron
afectados sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y a la
seguridad social ni alguna otra garantía que se desprenda del núcleo esencial de
estos.
43. Por el contrario, se pudo evidenciar que el proceso en general se ha
llevado de manera transparente, atendiendo los requerimientos de las partes, en
los plazos establecidos por la ley, con respeto al derecho de defensa y de
contradicción, sin vulnerar en medida alguna ningún derecho fundamental de la
accionante, por lo que resultan claramente débiles los argumentos de la parte
actora.
20
Corte Constitucional, Sentencia SU-316 de 2023, MP Alejandro Linares Castillo, citando la sentencia SU-368
de 2022.
21
Corte Constitucional, Sentencia SU-368 de 2022, MP Alejandro Linares Cantillo
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44. Así las cosas, en los términos en que fue planteada la controversia, la Sala,
como ya lo dijo, confirmará la providencia impugnada, pues se evidenció que la
misma no cumple con el presupuesto de relevancia constitucional toda vez que
la tutelante no fundamentó ni demostró con suficiencia la presunta vulneración
de los derechos fundamentales deprecados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia que declaró improcedente
la acción, por los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente
providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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