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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02461-01

Fecha
9 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02461-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida el 3 de julio de 2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. 7 Radicado: 11001-03-15-000-2025-02461-01 Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias Acción de tutela - Se confirma la sentencia de primera instancia SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02461-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

9 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C. nueve (9) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02461-01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela - Sentencia de segunda instancia

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Pérdida de investidura / Subsidiariedad / Se confirma
la sentencia de primera instancia.

La Sala procede a resolver la impugnación presentada por Diego Alejandro Herrera
Arias contra la sentencia de primera instancia proferida el 3 de julio de 2025 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la improcedencia de
la acción de tutela por falta de relevancia constitucional.

SÍNTESIS

El accionante enjuició la sentencia que en segunda instancia decretó su pérdida de
investidura como Concejal Municipal de Girardot, pues consideró que la decisión vulneró
su derecho fundamental al debido proceso. La Sala confirmará la sentencia de primera
instancia, que declaró improcedente la acción de tutela, pero por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

El 28 de abril de 2025, Diego Alejandro Herrera Arias presentó, mediante apoderada
judicial, una demanda en ejercicio de la acción de tutela con el fin de obtener el amparo
de su derecho fundamental al debido proceso. A su juicio, dicha garantía constitucional
fue vulnerada con la sentencia proferida el 13 de marzo de 2025 por la Sección Primera
del Consejo de Estado en el proceso de pérdida de investidura con radicación n.º 25000-
23-15-000-2024-00769-01.

Como pretensiones, el accionante formuló las siguientes (se transcriben)1:

Pido señores Magistrados que mediante la sentencia que decida la presente
Acción de Tutela se deje sin efectos la sentencia del 13 de marzo de 2025

1 Índice 02 en SAMAI.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02461-01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
Acción de tutela - Se confirma la sentencia de primera instancia

proferida por la sección primera del honorable Consejo de Estado, por medio de
la cual decretó la pérdida de investidura de DIEGO ALEJANDRO HERRERA
ARIAS, Concejal del Municipio de Girardot Cundinamarca, período 2024-2027.

En su lugar se deje en firme la sentencia del 18 de noviembre de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual denegó la
solicitud de pérdida de investidura.

La pretensión de dejar sin efectos, comprende la sentencia del 13 de marzo de
2025 proferida por la sección primera del honorable Consejo de Estado y la
providencia del 10 de abril de 2025 que resolvió las solicitudes de aclaración y
adición de la misma. De manera separada, y como medida urgente, se ha
solicitado medida provisional para suspender los efectos de la sentencia, mientras
se resuelve la presente tutela.

B. Hechos

El 23 de octubre de 2023, el accionante fue elegido Concejal Municipal de Girardot
(Cundinamarca) para el período constitucional 2024-2027.

El 7 de febrero de 2024, el Concejo Municipal de Girardot y la Fundación Universitaria
del Área Andina suscribieron un contrato con el objeto de adelantar un proceso de
selección para proveer el cargo de secretario/a general de la corporación. Al efecto,
mediante la Resolución n.º 015 del 9 de febrero de 2024 se convocó a concurso público
de méritos.

El 8 de marzo de 2024, el Concejo Municipal de Girardot eligió a Germán Cardozo
Galeano como Secretario General de la corporación pública con la deliberación de los
15 concejales; entre ellos, el accionante.

El 1 de abril de 2024, el accionante presentó un escrito ante la Mesa Directiva del
Concejo Municipal de Girardot en el cual solicitó que no se llevara a cabo la posesión
del electo, pues consideró que se presentaron algunas irregularidades en el proceso de
selección. Así, mediante la Resolución n.o 025 del 1 de abril de 2024, el Concejo
Municipal de Girardot modificó el reglamento del concurso público de méritos para
designar una Comisión Accidental que definiera la lista de elegibles.

El 9 de abril de 2024, el Concejo Municipal de Girardot expidió la Resolución n.º 028,
por la cual ordenó reanudar el proceso de selección desde la conformación de la
Comisión Accidental y estableció un nuevo cronograma para la convocatoria.

El 21 de junio de 2024, Germán Cardozo Galeano manifestó su desistimiento voluntario
del proceso de selección.

El 26 de septiembre de 2024, José Luis Tabares Zapata presentó demanda de pérdida
de investidura contra el accionante con fundamento en que incurrió en la causal prevista

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02461-01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
Acción de tutela - Se confirma la sentencia de primera instancia

en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 20002, pues no se declaró impedido
para intervenir en la sesión de selección de Germán Cardozo Galeano como Secretario
General, a pesar de que ambos compartían una relación de amistad y pertenecían al
mismo movimiento político.

Mediante sentencia del 18 de noviembre de 2024, la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda. Consideró que
la conducta se adecuó típicamente a la causal de pérdida de investidura porque se
acreditó que el Concejal no manifestó su impedimento al tenor del numeral 14 del
artículo 11 del CPACA3. Sin embargo, precisó que el Concejal no obtuvo ningún
provecho particular con su participación en la deliberación, máxime cuando se demostró
su voluntad de oponerse al proceso de selección en los términos inicialmente fijados por
el Concejo Municipal de Girardot. En ese orden, el tribunal concluyó que no se configuró
el elemento subjetivo del juicio de investidura.

El demandante José Luis Tabares Zapata apeló esa decisión bajo el argumento de que
no es indispensable que se pruebe la existencia de un provecho particular, pues el
elemento subjetivo del juicio de investidura se configura con la sola falta al deber de
debida diligencia. Agregó que los actos posteriores a la deliberación del 8 de marzo de
2024 no bastaron para subsanar la omisión del Concejal en manifestar el impedimento
desde el inicio del proceso de selección.

Mediante sentencia del 13 de marzo de 2025, la Sección Primera del Consejo de
Estado revocó el fallo apelado y, en su lugar, decretó la pérdida de investidura. Para la
autoridad judicial, el Concejal actuó con culpa grave al omitir su deber de manifestar el
impedimento, toda vez que no solicitó conceptos o asesorías acerca del régimen de
conflictos de interés que le era aplicable ni consultó la jurisprudencia de esta
Corporación sobre la materia. Además, señaló que el Concejal ostentaba la calidad de
estudiante de Derecho, motivo por el cual debía saber que integrar la misma lista de
candidatos con el postulante le representaba un conflicto de interés.

El 28 de marzo, 31 de marzo y 1⁰ de abril de 2025, el accionante presentó solicitudes de
aclaración a la sentencia del 13 de marzo de 2025, las cuales le fueron negadas
mediante auto del 10 de abril de 2025 porque no se encontraron conceptos o frases que
ofrecieran verdadero motivo de duda.

2 «Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas

administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras
locales perderán su investidura: 1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No
existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad
de condiciones a las de la ciudadanía en general. […]».
3 «Artículo 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación. Cuando el interés general propio de la

función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse
impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar
investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su
impedimento por: […] 14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular
inscritas o integradas también por el interesado en el período electoral coincidente con la actuación administrativa o
en alguno de los dos períodos anteriores. […]».

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02461-01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
Acción de tutela - Se confirma la sentencia de primera instancia

C. Fundamentos de la vulneración

El accionante afirma que la sentencia cuestionada adolece de un defecto por violación
directa de la Constitución porque la autoridad judicial accionada vulneró su derecho
fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

En primer lugar, aduce que la demanda de pérdida de investidura no cumplió con los
elementos formales y sustanciales que habilitaban su procedencia, toda vez que en el
escrito (i) se registró incorrectamente su número de identificación y (ii) se replicaron
exactamente los mismos fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en la demanda de
pérdida de investidura que también se promovió contra otro Concejal Municipal.

En segundo lugar, sostiene que no contó con un apoderado judicial que lo representara
en el proceso ordinario y que la autoridad judicial accionada debió corregir esta situación
para así garantizar su derecho de defensa.

D. Trámite procesal

Por auto del 7 de mayo de 20254, la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la
acción de tutela, el cual fue notificado a la autoridad judicial accionada (la Sección
Primera del Consejo de Estado) y a los terceros con interés vinculados a la actuación
(el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y José Luis Tabares Zapata). Además,
negó la medida provisional que solicitó el accionante para que se suspendieran los
efectos de la providencia objeto de reproche.

El 10 de junio de 2025, el magistrado Luis Antonio Rodríguez Montaño manifestó su
impedimento para conocer el asunto5, el cual se declaró fundado por auto del 11 de junio
de 20256. En consecuencia, el 13 de junio de 2025, la Secretaría General de la
Corporación designó por sorteo a los conjueces Juan de Dios Bravo González y Lucy
Cruz de Quiñónez7.

E. Oposiciones e intervenciones

La Sección Primera del Consejo de Estado (accionada) allegó el expediente digital del
proceso con radicación n.º 25000-23-15-000-2024-00769-018 y solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia constitucional. Expuso que
el accionante pretendió utilizar la solicitud de amparo como una tercera instancia judicial
y que no cumplió con la carga argumentativa mínima para cuestionar una sentencia
proferida por una Alta Corte9.

4
Índice 06 en SAMAI.
5
Índice 23 en SAMAI.
6 Índice 26 en SAMAI.
7 Índice 30 en SAMAI.
8 Índice 12 en SAMAI
9 Índice 16 en SAMAI.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02461-01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
Acción de tutela - Se confirma la sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca10 (tercero con interés) mencionó que se
respetaron todas las garantías para que el accionante ejerciera su derecho de defensa
en el trámite de primera instancia. Informó que, mediante auto proferido en estrados el
25 de octubre de 2024, el tribunal resolvió los reproches relacionados con el
cumplimiento de los requisitos formales de la demanda ordinaria; decisión que, en todo
caso, no fue recurrida por el aquí accionante.

José Luis Tabares Zapata11 (tercero con interés) afirmó que la autoridad judicial
accionada no vulneró los derechos fundamentales del accionante, habida cuenta de que
no se invocó un defecto orgánico, procedimental o fáctico. Indicó que la providencia en
cuestión se ajustó a las normas legales y jurisprudenciales aplicables.

F. Fallo impugnado

El 3 de julio de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia de
primera instancia12, que fue corregida a petición de parte en el auto del 17 de julio de
202513. El a quo decidió (se transcribe):

1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Diego Alejandro
Herrera Arias, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Para sustentar la decisión, señaló que la solicitud de amparo no cumplió con el mínimo
de argumentación para cuestionar una providencia judicial. Lo anterior, en virtud de que
no se invocó ninguna causal específica de procedencia ni se explicó de qué manera se
vulneraron los derechos fundamentales o por qué el asunto es constitucionalmente
relevante. Además, advirtió que las pruebas daban cuenta que Germán Cardozo
Galeano y el accionante sí formaron parte del mismo listado de candidatos para el
Concejo Municipal de Girardot.

Bajo ese esquema, concluyó que la acción de tutela es improcedente por falta de
relevancia constitucional, pues este requisito solo se logra superar cuando se pone en
evidencia una afectación desproporcionada a derechos fundamentales, aunado a que el
estándar se torna más estricto cuando se pretende controvertir una providencia judicial
proferida por una Alta Corte.

G. Impugnación

Por escrito del 15 de julio de 202514, el accionante impugnó la sentencia de primera
instancia, que le fue concedida en el auto del 17 de julio de 202515. Como motivo de
inconformidad, sostiene que la acción de tutela cumplió con los requisitos generales de
procedencia porque, si bien se dirigió a cuestionar una sentencia de una Alta Corte, ello

10 Índice 14 en SAMAI.
11
Índice 18 en SAMAI.
12 Índice 34 en SAMAI.
13 Índice 47 en SAMAI.
14 Índice 45 en SAMAI.
15 Índice 56 en SAMAI.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02461-01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
Acción de tutela - Se confirma la sentencia de primera instancia

no desvirtúa que en la providencia cuestionada se configuró una vulneración a sus
derechos fundamentales. Agrega que sus reproches debían estudiarse de fondo, pues
en la solicitud de amparo se consignaron sin equívocos las razones que la motivaron.

II. CONSIDERACIONES

H. Competencia

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
conocer del asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, y en el Acuerdo 80 de 2019 de
esta Corporación.

I. Sentido de la decisión

La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que declaró la improcedencia de
la acción de tutela, pero por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Lo anterior,
en virtud de que el accionante tenía a su alcance otros mecanismos judiciales para hacer
efectivos sus derechos fundamentales.

J. Requisito general de procedencia de la subsidiariedad

Como punto de partida, amerita precisar que el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establecen que la acción de tutela será
improcedente cuando el accionante disponga de otros mecanismos para elevar sus
pretensiones, a menos que se utilice de manera transitoria para evitar un perjuicio
irremediable. Ciertamente, la naturaleza residual y subsidiaria de la tutela exige que se
agoten los medios ordinarios de defensa e impide que se utilice el mecanismo
constitucional como escenario alternativo o paralelo en la resolución de conflictos.

K. Defecto por violación directa de la Constitución

Con la sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional determinó que la violación
directa de la Constitución es un requisito específico y autónomo que habilita la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Al respecto, la jurisprudencia
constitucional lo ha definido como el defecto que se estructura cuando la autoridad
judicial se aparta del mandato de supremacía constitucional contenido en el artículo 4
de la Constitución Política16. En ese orden, este defecto se puede configurar en los
siguientes supuestos: (i) la autoridad judicial deja de aplicar una norma constitucional
que resulta aplicable al caso concreto17 y (ii) la autoridad judicial aplica una norma legal
al margen de los postulados constitucionales18.

16 Corte Constitucional, sentencias SU-069 de 2018 y SU-037 de 2019.
17 Corte Constitucional, sentencia T-809 de 2010. Reiterado en sentencia T-401 de 2020.
18 Corte Constitucional, sentencia T-702 de 2012. Reiterado en sentencia SU-069 de 2018.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02461-01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
Acción de tutela - Se confirma la sentencia de primera instancia

L. Caso concreto

En primer lugar, la Sala advierte que la ineptitud de la demanda constituye una
excepción previa que, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 175 del CPACA,
debe alegarse en la oportunidad prevista por el artículo 101 del CGP; esto es, en el
término de traslado de la demanda. Al efecto, en el caso concreto, se observa que el
accionante formuló esta excepción en su escrito de contestación, la cual se declaró no
probada en la audiencia del 25 de octubre de 2024 por la magistrada ponente del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Sin embargo, no se interpusieron recursos contra esa decisión, pese a que era
susceptible de reposición según el artículo 242 del CPACA. Por lo tanto, para esta Sala
es evidente que el accionante no agotó el mecanismo judicial que resultaba idóneo y
eficaz para controvertir la aptitud de la demanda de pérdida de investidura.

En segundo lugar, aunque el accionante reprochó que la autoridad judicial accionada
debió asegurarle un apoderado judicial para que ejerciera su representación en el
proceso, lo cierto es que no acreditó obstáculos para proveerse por sí mismo una
defensa. En todo caso, en el supuesto de que se hubiese probado una imposibilidad
económica, el actor podía solicitar el amparo de pobreza en la oportunidad prevista por
el artículo 151 del CGP, pero no procedió de conformidad.

Sumado a lo anterior, no se alegó ni se advierte de oficio la presencia de una
circunstancia extraordinaria que constituya un perjuicio irremediable y habilite la
procedencia como mecanismo transitorio, motivo por el cual es evidente que la solicitud
de amparo no superó el requisito de subsidiariedad.

Por último, es oportuno mencionar que la acción de tutela constituye un procedimiento
preferente, sumario y al alcance de todas las personas, como lo indica el artículo 86 de
la Constitución Política. En ese orden, contrario a lo expuesto por el a quo, esta Sala
debe advertir que el accionante sí cumplió con la carga mínima de argumentación, pues
identificó de manera razonable: los hechos que habrían generado la vulneración, el
derecho fundamental que consideró vulnerado (debido proceso) y el defecto en que
habría incurrido la autoridad judicial accionada (violación directa de la Constitución). No
obstante, como se explicó, la solicitud de amparo se torna improcedente por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida el 3 de julio de
2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02461-01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
Acción de tutela - Se confirma la sentencia de primera instancia

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión personalmente a las partes o por el medio
más expedito y eficaz.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMÍTASE el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: PUBLÍQUESE esta providencia en la página web de la Corporación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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