Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02463-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-02463-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02463-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02463-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
22 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02463-00
Accionante: Rafael José Pérez Herazo
Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C y otro
Temas: Acción de tutela derechos al debido proceso, igualdad y buena fe.
Incidente de desacato que sancionó con multa. DECLARA
IMPROCEDENTE.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Rafael José Pérez Herazo,
mediante apoderado, en contra del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito
de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C.
ANTECEDENTES
El accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y a la buena fe, los cuales estima violados con las
providencias del 9 y 20 de agosto de 2024 proferidas dentro del incidente de
desacato con radicado 08001-33-33-003-2018-00013-00 [03].
HECHOS
La solicitud se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera
Que el actor en calidad de registrador de la oficina principal de Instrumentos
Públicos de Barranquilla fue vinculado como accionado en la acción de tutela 08001-
33-33-003-2018-00013-00 interpuesta por los señores: Julio Manuel Viloria Ujueta,
como gobernador mayor del Resguardo Indígena Mokaná de Tubará y Digno
Santiago Gerónimo, gobernador mayor de la Regional Indígena Mokaná del
Atlántico, por la presunta violación del derecho al debido proceso por ser despojados
de las «tierras que han ocupado durante varios años como consecuencia de
sentencias judiciales, a través de las cuales se han otorgado títulos de propiedad
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02463-00
sobre aquellos terrenos».
Que el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Barranquilla en sentencia del 9 de
febrero de 2018 decidió: 1) negar por subsidiariedad la protección del derecho a la
propiedad y 2) tutelar los derechos al debido proceso y de petición de la comunidad
vulnerados por la Agencia Nacional de Tierras.
Que el 22 de enero de 2019 la Corte Constitucional, en trámite de revisión mediante
la sentencia T-011 de 2019 revocó la decisión antes referida y, en su lugar, tuteló
los derechos fundamentales a la consulta previa, al debido proceso administrativo,
a la identidad étnica y cultural, a la subsistencia y al territorio de los accionantes
pertenecientes a la comunidad Indígena Mokaná del Resguardado Colonial de
Tubará, Puerto Colombia, Bajo Ostión, Juarúco, Morro Hermoso, Puerto Caimán,
Corral de San Luis, Cuatro Bocas y Guaimaral.
Que el 14 de marzo de 2022, la comunidad indígena solicitó apertura del incidente
de desacato; el Juzgado el 20 de mayo de igual año requirió un informe previo a
iniciar incidente, auto que no fue notificado al correo
«ofiregisbarranquilla@supernotariado.gov.co», sino al
«info.ofiregisbarranquilla@supernotariado.gov.co», dirección que no es de dominio
de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, situación que le
transgrede su derecho al debido proceso, pues le impidió remitir el informe
requerido. Además, precisó que estaba suspendido del cargo desde el 31 de enero
de 2022.
Que el 21 de marzo de 2024 el Juzgado ordenó abrir el incidente de desacato y el
9 de agosto de igual año resolvió no sancionar al subdirector de Asuntos Étnicos de
la ANT y sancionar 1) al superintendente de Notariado y Registro con arresto por 5
días y noches y el pago de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 2) al
registrador de la Oficina Principal de Instrumentos Públicos de Barranquilla con el
mismo tiempo de arresto y al pago de 40 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
Que el 20 de agosto de 2024 el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C
modificó la decisión del Juzgado y dispuso que: 1) el superintendente de Notariado
y Registro, y el registrador de la Oficina Principal de Instrumentos Públicos de
Barranquilla debían ser sancionados únicamente con el pago de multas de 1 y 2
SMLMV y 2) ordenó la cancelación de la orden de compulsa de copias a la Fiscalía
General de la Nación por el presunto delito de fraude a resolución judicial y de la
orden de captura.
Que el 5 de septiembre de 2024 presentó memorial de control de legalidad ante el
Tribunal Administrativo del Atlántico, el cual no ha sido resuelto.
Considera que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos:
fáctico, por desconocer 1) el informe que presentó en el incidente donde puso de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02463-00
presente que la orden de la Corte Constitucional contenida en la sentencia T - 011
de 2019 no estaba encaminada a reabrir la Actuación Administrativa núm. 040-AA-
2013-49, sino en agilizarla y, también explicó la imposibilidad jurídica y material de
ejecutar dicho precepto, dado que fue separado del conocimiento de la actuación y
la misma finalizó en el año 2018 a través de la Resolución núm. 00030 del 20 de
abril y 2) el actor en cumplimiento del auto del 9 de agosto de 2025 expidió auto de
apertura de la actuación núm. 040-AA-2024-58.
En el sustantivo, por «adoptar decisiones sancionatorias fundadas en
interpretaciones jurídicas que contravienen de forma directa principios
Constitucionales esenciales como la legalidad de las sanciones (Sentencia C – 475
del 2004) y la proporcionalidad en el ejercicio del ius puniendi (Sentencia C - 762
del 2009)», en su criterio las autoridades judiciales accionadas cambiaron la orden
de la Corte Constitucional e introdujeron una nueva obligación para el actor
consistente en abrir una nueva investigación administrativa registral sobre el
inmueble con folio de matrícula inmobiliaria núm. 040-62887 y, en el procedimental
por notificar de manera indebida el auto de apertura del incidente de desacato y la
falta de integración del contradictorio, por no vincular al trámite del incidente de
desacato a la registradora ad hoc de la Oficina Principal de Instrumentos Públicos
de Barranquilla.
PRETENSIONES
Solicita que se amparen los derechos invocados; se declare que: 1) el Juzgado
Tercero Administrativo de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sección C a través de las providencias del 9 y 20 de agosto de 2024 incurrieron en
los defectos fáctico, sustantivo y procedimental; 2) en la sentencia T 011 del 22 de
enero de 2019 proferida por la Corte Constitucional no se ordenó al accionante abrir
una nueva investigación o actuación registral sobre el bien inmueble núm. 040-
62887, sino que se estableció agilizar la actuación administrativa del expediente
núm. 040-AA-2013-49 y 3) para la fecha en que se profirió la sentencia T 011 del 22
de enero de 2019 el señor Pérez ya había sido separado formalmente del
expediente antes citado. Adicionalmente, pide que se dejen sin efectos las
providencias del 9 y 20 de agosto de 2024.
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 6 de mayo de 2025 se dispuso su admisión, se ordenó la notificación de
las autoridades judiciales accionadas y se vinculó como terceros interesados a los
señores Roosvelt Rodríguez Rengifo, en calidad de superintendente de Notariado y
Registro; Julio Manuel Viloria Ujueta y Digno Santiago Gerónimo, cacique y
gobernador del RESGUARDO MOKANÁ TUBARÁ del departamento del Atlántico.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02463-00
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla expuso que
el accionante busca convertir la acción de tutela en una tercera instancia del
incidente de desacato «cuando su conducta fue abiertamente negligente y
conculcadora, de suerte que debe declararse la improcedencia de este medio
superior».
El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C manifestó que las pruebas
que alega el actor en esta acción constitucional como desconocidas sí fueron
valoradas en el auto que resolvió la consulta y que la acción de tutela no cumple
con el requisito de relevancia constitucional, al considerar que se utiliza como una
tercera instancia.
Frente al memorial que alude el actor que fue presentado el 20 de agosto de 2024,
señaló que en la plataforma de SAMAI no hay registro de éste y, del escrito del 5 de
septiembre de la misma anualidad dijo que una vez proferida la decisión y ejecutada
la corporación pierde competencia para pronunciarse sobre el asunto.
Por lo anterior, pidió que se declare improcedente la acción de tutela y en caso de
estimar que es procedente se nieguen las pretensiones.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
La Superintendencia de Notariado y Registro reiteró los argumentos expuestos
por el actor en el escrito de tutela y, además, señaló que la actuación de las
autoridades judiciales accionadas no solo violó los derechos al debido proceso y
defensa del señor Pérez, sino que invadió la autonomía de la Oficina Principal de
Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla en el ejercicio de la función
administrativa registral y la competencia de la Superintendencia de Notariado y
Registro en las funciones de inspección, vigilancia y control.
Los señores Julio Manuel Viloria Ujueta y Digno Santiago Gerónimo, cacique
gobernador del RESGUARDO MOKANÁ TUBARÁ del departamento del Atlántico,
fueron debidamente notificados de la acción de tutela; sin embargo, decidieron
guardar silencio.
Se decidirá previa las siguientes,
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02463-00
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, se
enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional,
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones. (...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.
(...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...).»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02463-00
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional en sentencia SU-0215 de 2022
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente
a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4 Sentencia SU-074 de 2022.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02463-00
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela6.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
En síntesis, alega el accionante que el Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C en las
providencias del 9 y 20 de agosto de 2024 incurrieron en los defectos: fáctico, por
no tener en cuenta el informe que rindió el señor Pérez dentro del incidente de
desacato; sustantivo, por interpretación errónea de la orden dada por la Corte
Constitucional en la Sentencia T 011 de 2019 y procedimental, por indebida
notificación del auto de apertura del incidente y conformación del contradictorio.
Es del caso precisar que, la providencia que será objeto de análisis por parte del
juez constitucional es el auto del 20 de agosto de 2024, proferido por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección C que resolvió el grado jurisdiccional de
consulta, por ser la que puso fin al incidente.
Aclarado lo anterior, observa la Sala que al verificarse el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela para discutir providencias
judiciales se encuentra que, en el caso particular no se satisface el presupuesto de
inmediatez, exigencia que ha sido establecida jurisprudencialmente por la Corte
Constitucional, con el objetivo de que no se sacrifiquen los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre de las decisiones de las
autoridades judiciales.
Al respecto, se ha entendido que, si bien la tutela no está sometida a un término de
caducidad, sí debe ser formulada en un plazo razonable y proporcionado. Así, esta
corporación ha estimado como término prudencial para instaurar la acción
constitucional referida contra decisiones judiciales, seis (6) meses contados desde
la notificación o ejecutoria, según el caso, del respectivo auto o sentencia7
No obstante, resulta pertinente aclarar que dicho plazo debe ser analizado según
las particularidades de cada caso, a efectos de determinar si el mecanismo de
salvaguarda de los derechos fundamentales se formuló en un lapso razonable. Así
las cosas, el juez constitucional debe examinar si 1) existe un motivo válido para la
inactividad; 2) la tardanza injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos
6 Sentencia SU-072 de 2018.
7 Al respecto, ver, entre otras: Sentencia del 5 de agosto de 2014 dictada por la Sala Plena del Consejo de
Estado, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), Demandante:
Alpina Productos Alimenticios S.A.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02463-00
de terceros afectados con la decisión; 3) hay un nexo causal entre el ejercicio tardío
y la vulneración alegada; 4) el fundamento de la acción surge después de ocurrida
la actuación violatoria de los derechos fundamentales, en un plazo no muy alejado
de la instauración; 5) la vulneración es permanente en el tiempo y 6) la carga de la
presentación de la acción en un plazo razonable resulta desproporcionada, dada la
condición de debilidad manifiesta de la parte accionante.
En este caso, la notificación de la decisión cuestionada proferida el 20 de agosto de
2024 se efectuó el 2 de septiembre de la misma anualidad, según consta en el
expediente compartido por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de
Barranquilla y la decisión quedó ejecutoriada el 10 del mismo mes y año, tal y como
lo certificó la secretaria de ese despacho el 7 de febrero de 2025. La acción de tutela
fue radicada el 29 de abril de 2025 por lo que ya no se presentó dentro del término
prudencial de seis meses establecido por la jurisprudencia.
Frente al requisito de inmediatez, el accionante a través de su apoderado señaló
que la acción de tutela satisface dicho presupuesto, en la medida que, «solo hasta
el 20 de enero de 2025 el Juez Tercero Administrativo Oral del Circuito de
Barranquilla emitió el auto de obedézcase y cúmplase, y solo hasta el 7 de febrero
de 2025 la Doctora MARITZA NARANJO BUILES, secretaria del mismo despacho
judicial, certificó que la ejecutoria de la sanción se dio el 10 de septiembre de 2024».
Aunado a lo anterior, manifestó el apoderado que el actor:
«(…) enfrentó una situación personal profundamente dolorosa y
extraordinaria a partir del 21 de diciembre de 2024, fecha en la cual su
señor padre sufrió un infarto que marcó el inicio de una cadena de graves
complicaciones de salud. Posterior a ello, su progenitor fue sometido a
procedimientos médicos invasivos como cateterismos y diálisis diarias,
culminando con su fallecimiento el 2 de febrero de 2025; hecho que tuvo
un impacto profundo y devastador en el estado emocional y psicológico
(…) lo cual representa un claro evento tanto de fuerza mayor como de
caso fortuito»
Sobre el particular, evidencia la Sala que la situación que el actor alude como fuerza
mayor o caso fortuito no está acreditada en el expediente más allá de lo dicho por
este; amén de que seis meses es un plazo amplio y no se observa que tal situación
hubiera imposibilitado al actor otorgar poder al abogado para accionar en tutela,
como finalmente lo hizo el 22 de abril de 2025 al doctor Virgilio Josué Torres
Gutiérrez.
Así las cosas, se declarará improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02463-00
FALLA
Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el señor
Rafael José Pérez Herazo, conforme a las consideraciones plasmadas en esta
providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
HAPC
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.