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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02463-01

Fecha
10 de julio de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02463-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02463-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

10 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02463-01
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: RAFAEL JOSÉ PÉREZ HERAZO

TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN DEL A QUO QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO DE LA REFERENCIA
POR CARENCIA DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y
BUENA FE.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor contra la

sentencia de 22 de mayo de 2025, mediante la cual la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1
En adelante la Sección Segunda.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-2025-02463-01
ACTOR: RAFAEL JOSÉ PÉREZ HERAZO

I.1.- La Solicitud

El señor RAFAEL JOSÉ PÉREZ HERAZO, actuando a través de

apoderado judicial y en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la buena

fe, los cuales estima vulnerados por el JUZGADO TERCERO

ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA2 y

el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO3, al proferir,

respectivamente, las providencias de 9 y 20 de agosto de 2024, dentro

del incidente de desacato identificado con el número único de

radicación 2018-00013-03.

I.2.- Hechos

Afirmó que en calidad de registrador de la Oficina Principal de

Instrumentos Públicos del Distrito de Barranquilla, fue vinculado

como accionado dentro de la acción de tutela4 promovida por los

señores JULIO MANUEL VILORIA UJUETA, como gobernador

mayor del Resguardo Indígena Mokaná de Tubará y DIGNO

2
En Adelante el Juzgado
3
En adelante el Tribunal
4
Acción de tutela identificada con el número único de radicación 08001-33-33-003-2018-00013-00.

3

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ACTOR: RAFAEL JOSÉ PÉREZ HERAZO

SANTIAGO GERÓNIMO, como gobernador mayor de la Regional

Indígena Mokaná del Atlántico, por la presunta vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso, a la propiedad y de

petición por haber sido despojada la comunidad de las tierras que

han ocupado durante varios años y que les fueron otorgadas a través

de sentencias judiciales.

Adujo que la acción de tutela fue conocida en primera instancia por

el JUZGADO que, mediante sentencia de 9 de febrero de 2018,

declaró improcedente la solicitud de amparo por falta del requisito de

subsidiariedad frente al derecho a la propiedad y amparó los

derechos fundamentales al debido proceso y de petición de la

comunidad, vulnerados por la Agencia Nacional de Tierras.

Sostuvo que mediante sentencia T-011 de 22 de enero 2019, la Corte

Constitucional en sede de revisión revocó la anterior decisión y, en

su lugar, amparó los derechos fundamentales a la consulta previa, al

debido proceso administrativo, a la identidad étnica y cultural, a la

subsistencia y al territorio de la comunidad indígena Mokaná del

Resguardo Colonial de Tubará, Puerto Colombia, Bajo Ostión,

Juarúco, Morro Hermoso, Puerto Caimán, Corral de San Luis, Cuatro

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ACTOR: RAFAEL JOSÉ PÉREZ HERAZO

Bocas y Guaimaral, por lo que emitió una serie de órdenes dirigidas

a la Oficina Principal de Instrumentos Públicos del Distrito de

Barranquilla, a la Superintendencia de Notariado y Registro y a la

Agencia Nacional de Tierras.

Indicó que la comunidad indígena Mokaná promovió incidente de

desacato, por lo que el JUZGADO mediante auto de 20 de mayo de

2022, requirió informe previo a iniciar el incidente, el cual fue

remitido al correo ofiregisbarranquilla@supernotariado.gov.co,

dirección que no es del dominio de la Oficina de Registro de

Instrumentos Públicos del Distrito de Barranquilla, lo que le impidió

ejercer su derecho al debido proceso y remitir el informe solicitado,

máxime cuando para dicha fecha se encontraba suspendido del

cargo.

Refirió que mediante proveído de 21 de marzo de 2024 el JUZGADO

dio apertura al trámite incidental y mediante providencia de 9 de

agosto de 2024, lo sancionó por desacato con arresto y multa de 40

SMLMV.

Manifestó que, en sede jurisdiccional de consulta, el TRIBUNAL

mediante providencia de 20 de agosto de 2024, modificó la decisión

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del a quo y lo sancionó únicamente con multa de 2 SMLMV, por lo

que ordenó la cancelación de la orden de arresto.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas incurrieron

en defecto fáctico al dejar de analizar el informe presentado dentro

del incidente de desatado, en el cual se registró que la orden emitida

por la Corte Constitucional en la sentencia T-011 de 2019, no estaba

dirigida a reabrir la actuación administrativa núm. 040-AA-2013-49,

sino a agilizarla.

Destacó que en el informe presentado puso de presente la

imposibilidad jurídica y material en la que se encontraba de ejecutar

tal orden, comoquiera que fue separado del conocimiento de la

actuación que finalizó mediante la Resolución núm. 00030 de 20 de

abril de 2018.

Aseveró que en todo caso el 9 de agosto de 2024, expidió auto de

apertura de la actuación núm. 040-AA-2024-58, destinada a

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establecer la situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria

objeto de controversia.

Alegó que tanto el JUZGADO como el TRIBUNAL, incurrieron en

defecto sustantivo al adoptar decisiones sancionatorias fundadas

en interpretaciones jurídicas que contravienen de forma directa

principios constitucionales esenciales como la legalidad de las

sanciones y la proporcionalidad en el ejercicio del ius puniendi.

Adujo que también se incurrió en defecto procedimental, toda vez

que se realizó una indebida notificación del auto que dio apertura al

trámite incidental, además de la falta de integración adecuada del

contradictorio pues no fue vinculada la registradora Ad-hoc de la

Oficina Principal de Instrumentos Públicos del Distrito de Barranquilla

en su momento.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como violados y, en consecuencia:

“[…] SEGUNDA. Se declare que las providencias del 09 de
agosto de 2024 y 20 de agosto de 2024, proferidas por el

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Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla
y el Tribunal Administrativo del Atlántico Sección C,
respectivamente, incurrieron en defectos generales y específicos
que permiten la procedencia de la Acción de Tutela en contra de
providencias judiciales sancionatorias por desacato, entre otros,
los establecidos en sentencias como la SU – 395 del 2017.

TERCERA. Se declare que en la sentencia T - 011 del 22 de
enero de 2019, la Honorable Corte Constitucional no ordenó al
señor RAFAEL JOSÉ PÉREZ HERAZO, en su calidad de
Registrador de la Oficina Principal de Instrumentos Públicos de
Barranquilla, abrir una nueva investigación o actuación
administrativa registral sobre el inmueble identificado con el folio
de matrícula inmobiliaria No. 040-62887, denominado
“Resguardo indígena Mokaná”. Por el contrario, la orden fue
clara y precisa al señalar que debía agilizarse la actuación
administrativa correspondiente al expediente No. 040-AA-2013-
49, iniciada el 17 de diciembre de 2013, y finalizada el 20 de
abril de 2018. En consecuencia, la exigencia posterior de
apertura de una nueva investigación, como lo sostuvo el Juzgado
Tercero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, no tiene
respaldo en el contenido de la sentencia constitucional y
representa una modificación indebida de lo ordenado por la
Honorable Corte Constitucional.

CUARTA. Se declare que la orden impartida en el numeral
cuarto de la sentencia T - 011 de 2019 por la Honorable Corte
Constitucional fue únicamente la de agilizar la actuación
administrativa del expediente No. 040-AA-2013-49, relacionada
con el folio de matrícula No. 040-62887. Dicha actuación, sin
embargo, ya había sido cerrada de manera legal y definitiva
mediante la Resolución No. 00030 del 20 de abril de 2018,
expedida por la Registradora Ad- hoc Dra. PATRICIA SOCORRO
GUTIÉRREZ BARROS, resolución que adquirió firmeza el 3 de
mayo de 2018, y por lo tanto, no existía ninguna actuación
pendiente de agilizar, y cualquier obligación derivada de la
sentencia Constitucional ya había sido materialmente imposible
de ejecutar, por haberse extinguido con anterioridad el objeto
de la orden.

QUINTA. Se declare que, para la fecha en que se profirió la
sentencia T - 011 del 22 de enero de 2019, el señor RAFAEL
JOSÉ PÉREZ HERAZO ya había sido formalmente separado del
conocimiento del expediente No. 040-AA-2013-49, mediante la
Resolución No. 3850 del 9 de abril de 2015 expedida por el

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Superintendente de Notariado y Registro. Por lo tanto, no tenía
competencia funcional para actuar en relación con dicho
expediente, circunstancia que debe excluir cualquier
responsabilidad, tanto objetiva como subjetiva, atribuida por
presunto incumplimiento de la mentada sentencia.

SEXTA. Se revoquen las providencias proferidas el 09 y el 20 de
agosto de 2024 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sección C, respectivamente, por haber incurrido en
vías de hecho (hoy llamadas requisitos específicos de
procedibilidad) y defectos de motivación, al sancionar al señor
RAFAEL JOSÉ PÉREZ HERAZO por el incumplimiento de una
supuesta orden que nunca fue impartida por la Honorable Corte
Constitucional, pues, el Juzgado Tercero interpretó erradamente
la sentencia T - 011 de 2019 al afirmar que mi prohijado debía
abrir una nueva investigación administrativa registral sobre el
folio 040-62887, cuando la Honorable Corte Constitucional se
limitó a ordenar la agilización de una actuación ya existente, la
cual, además, ya se encontraba cerrada mediante resolución en
firme desde 2018. Por tanto, deben anularse todas las
consecuencias jurídicas derivadas de dichas providencias,
incluyendo:

6.1. La multa impuesta al señor RAFAEL JOSÉ PÉREZ HERAZO,
en su calidad de Registrador de la Oficina Principal de
Instrumentos Públicos de Barranquilla, Atlántico.

6.2. La orden de apertura de la nueva investigación
administrativa registral sobre el inmueble identificado con el folio
de matrícula inmobiliaria 040-62887 que se concretó en la
Actuación Administrativa del Expediente No. 040-AA-2024-58,
mediante auto del 9 de agosto de 2024 […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL informó que la decisión adoptada reitera el

hecho de que, si bien no se advierte desidia por parte del actor,

también es cierto que a la fecha no se ha dado el cumplimiento a

cabalidad de la sentencia de tutela, sin que hubiese lugar en acoger

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la falta de capacidad funcional para conocer del asunto.

En efecto, destacó que una vez proferida la sentencia T-011 de 2019

el actor, al observar el archivo de la actuación administrativa, debió

proceder a manifestar nuevamente su impedimento para conocer del

asunto, con el fin de que el nuevo registrador Ad-hoc acatara las

órdenes pertinentes y a una vez ocupara de nuevo el cargo asumir

lo que correspondiera, lo cual no ocurrió sino hasta el 9 de agosto de

2024.

Afirmó que la solicitud de amparo resulta improcedente por carencia

del requisito general de la relevancia constitucional, comoquiera que

lo pretendido por el actor es debatir nuevamente la discusión ya

surtida dentro del incidente de desacato, pues las pruebas a que hace

referencia fueron valoradas, de tal forma que no se ha incurrido en

defecto alguno.

Aseguró que tampoco se cumple con el requisito de la inmediatez,

toda vez que la decisión de 20 de agosto de 2024, fue notificada el 2

de septiembre de esa anualidad, mientras que la acción de tutela se

presentó hasta el 29 de abril de 2025.

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Así las cosas, solicitó que se declare improcedente la solicitud de

amparo o, en su defecto, se denieguen las pretensiones de la acción

de tutela de la referencia.

I.5.2.- El JUZGADO aseguró que lo pretendido por la parte actora

es crear una instancia adicional dentro del trámite incidental, por lo

que la solicitud de amparo resulta improcedente.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- Los señores ROOSVELT RODRÍGUEZ RENGIFO, en calidad

de superintendente de notariado y registro, JULIO MANUEL

VILORIA UJUETA y DIGNO SANTIAGO GERÓNIMO, pese a ser

notificados en debida forma del presente trámite, guardaron silencio.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN SEGUNDA, mediante sentencia de 22 de mayo de

2025, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que

no se cumplió con el requisito de la inmediatez, comoquiera que la

providencia cuestionada de 20 de agosto de 2024, fue notificada el 2

de septiembre de ese año, mientras que la acción de tutela se

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presentó el 29 de abril de 2025, esto es, superado el término de 6

meses establecido por la jurisprudencia constitucional.

Advirtió que, aun cuando el actor sostuvo que solo hasta el 20 de

enero de 2025, el JUZGADO emitió auto de obedézcase y cúmplase

y solo hasta el 7 de febrero de ese año, se certificó la ejecutoria de

la sanción, además de que puso de presente afectaciones graves de

salud de su progenitor, ello no era justificación para promover la

solicitud de amparo por fuera del término establecido, pues no se

aludió a ninguna situación de fuerza mayor o caso fortuito que

impidiera el ejercicio de la acción de tutela.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la decisión de primera instancia y solicitó que se

revoque, para lo cual argumentó lo siguiente:

Señaló que la acción de tutela de la referencia satisface plenamente

los requisitos de procedencia, puntualmente el de inmediatez,

comoquiera que las circunstancias particulares del caso, como el

fallecimiento de su progenitor, le impidieron ejercer antes la

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solicitud, por lo que la decisión del a quo vulnera su derecho de

acceso a la administración de justicia, al impedir un pronunciamiento

de fondo.

En efecto, resaltó que la negativa a estudiar el asunto con

fundamento en un plazo razonable, sin ponderar el contexto humano

y las pruebas aportadas, constituye una denegación del acceso a la

administración de justicia y al debido proceso

Así las cosas, solicitó revocar la decisión del a quo y, en su lugar, que

se acceda al amparo solicitado.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

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proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

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unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que

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la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere

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que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

De la procedencia de la acción de tutela contra decisiones

dictadas dentro del trámite incidental

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La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela

contra providencias que resuelven incidentes de desacato o

solicitudes de cumplimiento es procedente únicamente de manera

excepcional, “siempre que se cumplan los requisitos de procedencia

de la acción de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, se

constate una vulneración o una amenaza a los derechos

fundamentales del sancionado”5.

Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha establecido algunos

requisitos formales y materiales que se deben tener presentes al

momento de hacer el examen de procedibilidad. Así, en sentencia

SU-034 de 20186, esa Corporación señaló:

«[…] [P]ara enervar mediante acción de tutela la providencia
que resuelve un incidente de desacato, es preciso que se
reúnan los siguientes requisitos:

i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre
ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente
si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado
jurisdiccional de consulta, si es del caso–.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente,
por lo menos, la configuración una de las causales específicas
(defectos).

5 Cfr. Sentencia T-325 de 2015.

6 M.P. Alberto Rojas Ríos.

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iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben
ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del
incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a
colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el
incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas
que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y
que el juez no tenía que practicar de oficio […]».

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende

que se dejen sin efecto las providencias 9 y 20 de agosto de 2024

proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL, respectivamente, por

medio de la cuales fue sancionado con multa de 2 SMLMV, en calidad

de registrador de la Oficina Principal de Instrumentos Públicos del

Distrito de Barranquilla, por incumplimiento de la orden impartida

mediante la sentencia T-011 de 2019, dentro del incidente de

desacato identificado con el número único de radicación 2018-00013-

03.

La controversia tiene origen en el hecho, según el cual, las

autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos

fáctico, sustantivo y procedimental al sancionarlo por desacato,

pues se dejó de analizar el informe presentado dentro del incidente

de desacato, en el cual se registró que la orden emitida por la Corte

Constitucional en la sentencia T-011 de 2019, no estaba dirigida a

reabrir la actuación administrativa núm. 040-AA-2013-49, sino a

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agilizarla.

Agregó que se encontraba en imposibilidad jurídica y material para

ejecutar la orden; además, que las decisiones sancionatorias

estuvieron fundadas en interpretaciones jurídicas que contravienen

de forma directa principios constitucionales esenciales como la

legalidad de las sanciones y la proporcionalidad en el ejercicio del ius

puniendi.

Finalmente, puso de presente que se realizó una indebida notificación

del auto que dio apertura al trámite incidental, sumado a la falta de

integración adecuada del contradictorio pues no fue vinculada la

registradora Ad-hoc de la Oficina Principal de Instrumentos Públicos

del Distrito de Barranquilla en su momento.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN SEGUNDA que, mediante fallo de 22 de mayo de 2025,

declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del

requisito de la inmediatez.

Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión de primera

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Número único de radicación: 11001-03-15-2025-02463-01
ACTOR: RAFAEL JOSÉ PÉREZ HERAZO

instancia y solicitó que se revoque, para lo cual sostuvo que la

solicitud de amparo cumple con los requisitos para su procedencia,

especialmente el presupuesto de la inmediatez, pues deben tenerse

en cuenta las circunstancias especiales que rodearon el asunto y le

impidieron ejercer la acción de tutela con anterioridad.

En este punto es del caso advertir que, si bien la acción de tutela se

presentó contra el JUZGADO y el TRIBUNAL, lo cierto es que la

providencia de 20 de agosto de 2024, fue la que puso fin al trámite

incidental al resolver el grado jurisdiccional de consulta, razón por la

que la Sala realizará únicamente el análisis de la presunta

vulneración de los derechos fundamentales invocados a la

providencia proferida por el ad quem.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen con los presupuestos generales de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial,

especialmente el requisito de la inmediatez; y, de ser así, se

establecerá si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados.

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En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, en especial, el requisito de la inmediatez.

La Sala advierte que conforme con las constancias obrantes en el

expediente digital allegado, la providencia de 20 de agosto de

2024, aquí cuestionada, por medio de la cual se resolvió el grado

jurisdiccional de consulta del auto de 9 de agosto de esa misma

anualidad, fue notificada vía correo electrónico el 2 de septiembre

siguiente, sin embargo, en aplicación del numeral segundo del

artículo 205 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20117, la Sala

entenderá que la notificación de la providencia cuestionada se surtió

debidamente el 5 de septiembre de 2024.

Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la

referencia se presentó el 29 de abril de 2025, esto es, transcurridos

7 meses y 24 días, en consecuencia, superados así los 6 meses que

han sido estimados por la jurisprudencia como término razonable

para impugnar por vía de tutela el contenido de una decisión judicial,

sin que la parte actora haya expuesto razón valida que justifique la

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“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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inactividad o tardanza en la presentación de la solicitud de amparo.

En efecto, aun cuando el actor puso de presente la situación

particular del fallecimiento de su progenitor, dicho hecho por sí solo

no justifica la tardanza en la presentación de la solicitud de amparo,

máxime si se tiene en cuenta que acudió a este mecanismo

constitucional a través de apoderado judicial, por lo que en igual

forma pudo hacerlo dentro del término establecido por la

jurisprudencia constitucional.

Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha

sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida

como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de

los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que

aunque no tenga previsto un término de caducidad para su

presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de

un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso

injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y

la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del

mecanismo […]”8.

8
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.

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Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,

para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el

momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la

instauración de la tutela.

Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción

constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a

que exige un examen más riguroso en aras de preservar los

principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el

interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente

afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 9:

“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

9
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.

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del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los

requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias

judiciales, sostuvo10:

“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.

[…]

De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.

Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela, es más estricto cuando se
interpone contra providencias judiciales, por lo que, como
lo ha sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un
tiempo significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos,
resulta claramente desproporcionado el control constitucional de
una providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo.

[…]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable.

[…]

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.

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[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).

En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición

de la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe

tener en cuenta los siguientes eventos:

(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso

fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor

para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de

un hecho nuevo e inesperado, entre otras11;

(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la

vulneración de los derechos fundamentales del interesado12;

(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los

derechos de terceros afectados con la decisión13;

(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de

11
Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
13
Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.

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acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales14;

(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad

manifiesta15.

Precisado lo anterior, teniendo en cuenta que en la presente acción

de tutela no se evidenció situación alguna del señor RAFAEL JOSÉ

PÉREZ HERAZO que se enmarque en alguno de los supuestos

establecidos por la jurisprudencia constitucional que puedan excusar

su presentación por fuera del término establecido por la Sala Plena

del Consejo de Estado, la Sala concluye que la solicitud de amparo

constitucional se presentó por fuera del término razonable para

cuestionar vía tutela providencias judiciales.

Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la decisión del a quo

que declaró improcedente el amparo solicitado por carencia del

requisito general de la inmediatez, como en efecto se dispondrá en

la parte resolutiva de esta providencia.

14
Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
15
Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, Magistrado ponente: doctor
Humberto Antonio Sierra Porto.

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ACTOR: RAFAEL JOSÉ PÉREZ HERAZO

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de julio de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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