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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02464-00

Fecha
22 de mayo de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02464-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por los señores José Alberto Tejada Tabares, Harold Adolfo Ortiz Calero y Alberto Ramos Garbiras, de acuerdo con la motivación. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02464-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

22 de mayo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02464-00
Demandantes: José Alberto Tejada Tabares y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02464-00
Demandantes: JOSÉ ALBERTO TEJADA TABARES Y OTROS
Demandado: CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Tema: Derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de petición,
de acceso a la información pública y a la participación ciudadana.
Consulta popular. Improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por José Alberto Tejada Tabares, Harold
Adolfo Ortiz Calero y Alberto Ramos Garbiras contra el presidente del Congreso de la
República.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 29 de abril de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, los señores
José Alberto Tejada Tabares, Harold Adolfo Ortiz Calero y Alberto Ramos Garbiras
pidieron la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso,
de petición, de acceso a la información pública y a la participación ciudadana.

A juicio de los demandantes, la vulneración de dichas garantías superiores se derivaba
de la presunta renuencia del presidente del Senado de la República2 (Efraín Cepeda
Sarabia) en tramitar la consulta popular que anunció el presidente de la República, luego
de que el 18 de marzo de 2025 la Comisión Séptima de esa Corporación archivara el
proyecto de reforma laboral que promovió el Gobierno Nacional.

2. Pretensiones

Los tutelantes formularon las siguientes pretensiones:

1. TUTELE los derechos fundamentales a la participación democrática, al ejercicio y control del
poder político, a la igualdad, al debido proceso, de petición, a la información pública y a la
efectividad de los principios constitucionales, que han sido vulnerados por el señor Efraín Cepeda
Sarabia, presidente del Senado de la República, al obstaculizar deliberadamente el trámite de la
consulta popular.

2. DECLARE que el Presidente del Senado ha incurrido en una vulneración grave y sistemática de
los derechos fundamentales a la participación democrática y a la soberanía popular (Art. 40 de la
Constitución) al omitir dar trámite oportuno y efectivo a la consulta popular.

3. ORDENE que el señor Efraín Cepeda Sarabia se declare impedido y que, en un término no
mayor a cinco (5) días hábiles, el respectivo senador ad hoc convoque a sesión plenaria del Senado
para iniciar el trámite legislativo de la consulta popular.

4. ESTABLEZCA que se adopte un cronograma público, detallado y vinculante para el trámite
legislativo completo de la consulta popular, priorizando su desarrollo dentro de la presente

1 Índice 1 de Samai.
2 Quien también ostenta la condición de presidente del Congreso de la República, conforme al artículo 19 de la Ley 5ª

de 1992, que prevé: «El Presidente del Senado es el Presidente del Congreso […]».
1

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legislatura y garantizando que se lleve a cabo de manera expedita y transparente.

5. GARANTICE que el Presidente del Senado y cualquier senador ad hoc se abstengan de realizar
acciones u omisiones que obstaculicen el trámite de la consulta popular, incluyendo: a) Evitar la
programación de las sesiones necesarias para su debate. b) Asignar tiempos insuficientes para su
discusión. c) Priorizar otros proyectos de menor relevancia. d) Ejercer presiones indebidas para
bloquear el trámite.

6. ORDENE que durante el trámite legislativo se realicen audiencias públicas en todas las regiones
del país, asegurando la participación de la sociedad civil, organizaciones sociales, sectores
académicos, comunidades étnicas, feministas, ambientalistas, jóvenes y demás sectores
relevantes.

7. ORDENE que el Consejo de Estado supervise el cumplimiento de las órdenes impartidas
mediante un mecanismo directo y periódico, designando un Magistrado encargado de reportar el
avance de las acciones relacionadas con la consulta popular.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El 24 de agosto de 2023, el Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley con el
siguiente título: «Por medio de la cual se adopta una reforma laboral para el Trabajo digno y
decente en Colombia y se modifican parcialmente el Código Sustantivo del trabajo, ley 50 de
1990, la ley 789 de 2002 y otras normas laborales», el cual fue archivado el 18 de marzo de
2025 por la Comisión Séptima del Senado de la República.

Ante la mencionada decisión, el presidente de la República anunció la realización de una
consulta popular, con el fin de formularle algunas preguntas a la ciudadanía sobre
aspectos previstos en el referido proyecto de ley (las cuales dio a conocer el 22 de abril
de 2025), que presentaría ante el Senado de la República, en aras de obtener el concepto
favorable señalado en los artículos 1043 de la Constitución Política, 504 de la Ley 134 de
1994 y 31 (letra b5) de la Ley 1757 de 2015.

4. Fundamentos de la tutela

Los accionantes afirmaron que el artículo 40 de la Constitución Política preveía que todo
ciudadano contaba con la prerrogativa de intervenir en las decisiones que lo afectaban,
lo que comprendía la posibilidad de participar en consultas populares realizadas con el
fin de preguntar sobre diversas cuestiones de interés, prerrogativa propia del Estado
Social del Derecho que vulneró la autoridad accionada al oponerse públicamente a la
iniciativa promovida por el presidente de la República de preguntarle a la gente sobre
aspectos de la reforma laboral archivada por la Comisión Séptima del Senado de la
República.

Que el demandado desatendió sus deberes previstos de los artículos 138 al 149 de la
Constitución Política, ya que se opuso de manera injustificada a la aludida consulta
popular, así como a las reformas promovidas por el Gobierno Nacional, en
desconocimiento de los procedimientos establecidos en la Ley 4ª de 1992, lo que también
comportaba «un patrón sistemático de obstrucción que imp[edía] el normal desarrollo del
proceso legislativo», el cual se acreditaba con las manifestaciones públicas que realizó en

3 «El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la

República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria
[…]».
4
«El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la
República, podrá consultar al pueblo una decisión de trascendencia nacional.
No se podrán realizar consultas sobre temas que impliquen modificación a la Constitución Política».
5 «Antes de iniciar el trámite ante corporaciones públicas de cada mecanismo de participación ciudadana se requiere.

[…]
b). Para la Consulta popular nacional. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo
concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo una decisión de trascendencia nacional
[…]».
2

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algunos noticieros6 en contra de esa consulta y que configuraban causal de impedimento
prevista de acuerdo con la Ley 5ª de 1992.

Sostuvieron que el demandado ha obstaculizado de manera deliberada los proyectos de
ley presentado por el Gobierno Nacional, tal como lo demostraba «la dilación injustificada
en la agenda legislativa, asignación de tiempos insuficientes para el debate de estas iniciativas,
y priorización selectiva de otros proyectos menos relevantes para el cumplimiento de los fines del
Estado Social de Derecho». Además, había obstaculizado trámites legislativos, como lo
demuestra el archivo por parte de la Comisión Séptima del Senado de la República de la
reforma laboral, lo que comportaba extralimitación en el cumplimiento de sus funciones.

Que la tutela era el único mecanismo adecuado para « proteger de manera urgente» las
garantías superiores invocadas, ya que si bien podían demandarse ante la jurisdicción
contencioso-administrativa «algunas de las actuaciones del Presidente del Senado», en ese
escenario no era factible obtener una pronta decisión, la cual resultaba indispensable
para asegurar el debido trámite de la consulta popular objeto de controversia y evitar un
perjuicio irremediable.

5. Trámite procesal

Por auto del 30 de abril de 2025, el Despacho sustanciador admitió la acción de la
referencia, denegó las solicitudes de medidas provisionales7 y, entre otras cosas, ordenó
notificar a la autoridad accionada y, como tercero con interés, a la Presidencia de la
República.

En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría General del Consejo de Estado practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 30 de abril de 2025.

6. Intervenciones

El presidente del Senado de la República, por conducto de apoderado, pidió que se
declarara improcedente la tutela de la referencia, al considerar que la aprobación de la
consulta popular a la que hacían alusión los demandantes era un aspecto que le
correspondía tramitar a esa Corporación por mandato constitucional, en consecuencia,
no era dable que una autoridad judicial se inmiscuyera en ese trámite en aras de
preservar el precepto superior de separación de poderes, máxime cuando no se
evidenciaba afectación de derechos fundamentales y ese «mecanismo de participación
ciudadana no es un derecho absoluto que esté preestablecido y regulado completamente para
ser ejercido de manera directa».

Sostuvo que los demandantes pretendían influenciar de manera indebida en el trámite
legislativo de la consulta popular radicada por el Gobierno Nacional «a efectos de figurar
públicamente y hacer ruido ante los medios de comunicación» e incidir en la intención de voto
de los senadores, lo que contrariaba los preceptos democráticos que aseguraban que los
congresistas ejercieran sus actividades sin ningún tipo de intimidación y que también lo
habilitaban para disentir públicamente sobre las iniciativas del Gobierno Nacional,
máxime cuando ello lo protegía la Corte Europea de Derechos Humanos8, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos9, el Tribunal Europeo de Justicia10 y la Ley 1909
de 2018 (estatuto de oposición política).

6 https://x.com/RedMasNoticias/status/191475742192005 1481), https://www.infobae.com/colombia/2025/04/04/efrain-

cepeda-lanzo-dura-sentencia-a-petro-vamos-a-seguir-hundiendo-las-reformas-lesivas/,
7 Consistente en (i) declarar el impedimento del presidente del Congreso de la República para conocer, tramitar y

gestionar la consulta popular convocada por el presidente de la República, (ii) ordenarle que se abstuviera de
obstaculizarla, (iii) disponer que esta se discuta «en la próxima sesión plenaria del Senado» y se tramite con «celeridad,
transparencia y respeto a los plazos establecidos en la ley», y (iv) requerir un informe sobre «el estado actual del
trámite de la propuesta de la consulta popular y las acciones que se adelantarán para garantizar su adecuado curso
en el Senado».
8 caso Karácsony y otros v. Hungría (2016).
9 Informe Anual 2019.
10 Pascual García v. Parlamento Europeo.

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Que resultaba censurable que los demandantes promovieran la acción de la referencia
antes de que el Gobierno Nacional presentara la consulta popular, lo que denotaba un
uso indebido de la tutela, pues para aquel momento no era posible que las supuestas
irregularidades hubieren acontecido, de allí que se impusiera declarar improcedente la
tutela.

La Presidencia de la República adujo que los demandantes no le atribuyeron
vulneración de derecho fundamental alguno, sino que reprochaban las presuntas
irregularidades de la autoridad demandada en el trámite legislativo que adelantaría frente
a la consulta popular derivada del archivo del proyecto de reforma laboral. También dijo
que realizaría el trámite de ese mecanismo de participación ciudadana en atención al
ordenamiento jurídico y «espera[ba]» que el legislativo se pronunciara sobre el particular
oportunamente.

II. CONSIDERACIONES

1. Insistencia de los demandantes en las medidas provisionales

Como se advirtió en precedencia, en la acción de tutela los demandantes formularon
como medidas provisionales: (i) declarar el impedimento del presidente del Senado de la
República para conocer, tramitar y gestionar la consulta popular convocada por el
presidente de la República, (ii) ordenarle que se abstuviera de obstaculizarla, (iii) disponer
que esta se discutiera «en la próxima sesión plenaria del Senado» y se tramitara con
«celeridad, transparencia y respeto a los plazos establecidos en la ley», y (iv) requerir un
informe sobre «el estado actual del trámite de la propuesta de la consulta popular y las acciones
que se adelantarán para garantizar su adecuado curso en el Senado».

No obstante, en el auto admisorio de la acción de tutela se denegaron las precitadas
medidas, pues no se advertía que existieran circunstancias que demostraran la violación
o amenaza seria y real de los derechos fundamentales invocados por los actores, máxime
cuando el presidente de la República aún no había presentado ante el Senado de la
República la consulta popular a la que hacían alusión los accionantes.

Pese a lo decidido, los accionantes allegaron memoriales el 5, 6 y 15 de mayo de 2025,
en los que insistían en las medidas provisionales que, a su juicio, resultaban necesarias
para salvaguardar sus derechos fundamentales, sin embargo, la Sala estima innecesario
pronunciarse sobre el particular, toda vez que aquellas tienen como finalidad
salvaguardar las garantías superiores hasta que se decida de fondo la tutela y ello
acontece con la presente providencia, de manera que han quedado sin objeto.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si la tutela presentada por los señores José Alberto
Tejada Tabares, Harold Adolfo Ortiz Calero y Alberto Ramos Garbiras es procedente para
amparar sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de petición, de
acceso a la información pública y a la participación ciudadana, presuntamente vulnerados
por la autoridad accionada en el trámite de la consulta popular promovida por el
presidente de la República, con ocasión del archivo del proyecto de reforma laboral
acontecido el 18 de marzo de 2025 en la Comisión Séptima del Senado de la República,
y el supuesto entorpecimiento del trámite de ese mecanismo de participación ciudadana.

La Sala anticipa que declarará improcedente la tutela de la referencia, comoquiera (i) que
fue presentada antes de que el presidente de la República presentara la mencionada
consulta popular al Senado de la República y (ii) que acontece una carencia actual de
objeto, habida cuenta que el 14 de mayo de 2025 se dispuso seguir adelante con el trámite
de la mencionada reforma en el Congreso de la República.

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Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) las
generalidades de la acción de tutela, (ii) la carencia actual de objeto, (iii) la naturaleza de
la consulta popular y su finalidad y, por último, (iv) analizará el caso concreto.

3. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean
vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los
particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga el demandante.

4. La carencia actual de objeto

El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 señala que: «Si, estando en curso la tutela, se dictare
resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada,
se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes».

El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer que
la orden impartida por el juez en la sentencia de tutela se torne inocua. Es decir, que
resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la vulneración
o amenaza de derechos fundamentales.

En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual
de objeto puede presentarse a partir de tres eventos que sugieren consecuencias
distintas: el hecho superado, el daño consumado y el hecho sobreviniente 11. En lo que
aquí interesa, el hecho superado se configura cuando se pone fin a la situación que
generaba la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales.

5. Naturaleza de la consulta popular y su finalidad

El artículo 4012 de la Constitución Política prevé prerrogativas orientadas a que los
ciudadanos intervengan en la conformación del poder político, como las de elegir y ser
elegido y participar en la toma de decisiones que los afecten o incidan en sus proyectos
de vida, con las cuales se salvaguardan los preceptos intrínsecos de la democracia
participativa13 de pluralismo, igualdad, etc., y se materializan los artículos 3º14 superior y
2115 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros.

11 Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del magistrado Humberto

Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
12 «Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer

efectivo este derecho puede:
1. Elegir y ser elegido.
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.
[…]».
13
Corte Constitucional, sentencia T-637 de 2001, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa: «El concepto de democracia
participativa es más moderno y amplio que el de la democracia representativa. Abarca el traslado de los principios
democráticos a esferas diferentes de la electoral, lo cual está expresamente plasmado en el artículo 2° de la Carta. Es
una extensión del concepto de ciudadanía y un replanteamiento de su papel en una esfera pública que rebasa lo
meramente electoral y estatal. El ciudadano puede participar permanentemente en los procesos decisorios que
incidirán en el rumbo de su vida».
14 Que prevé que la «soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público».
15 Que señala que la «voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público».

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En aras de proteger las mencionadas garantías y asegurar su ejercicio, el ordenamiento
jurídico contempla los mecanismos de participación ciudadana, que constituyen
instrumentos orientados a facilitar la intervención de los ciudadanos en las decisiones
que les atañen, los cuales están previstos en el artículo 10316 de la Constitución Política,
dentro de los que se destaca la consulta popular, definida por el artículo 8º de la Ley 134
de 1994, así:

La consulta popular es la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto
de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometida por el Presidente de
la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se
pronuncie formalmente al respecto.

En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria.

Cuando la consulta se refiera a la conveniencia de convocar una asamblea constituyente, las preguntas
serán sometidas a consideración popular mediante ley aprobada por el Congreso de la República.

Ahora bien, en el evento en que la consulta popular la promueva el presidente de la
República se debe adelantar el trámite previsto en los artículos 5317 de la Ley 134 de
1994 y 31 (literal b)18 de la Ley 1757 de 2015, que inicia con la presentación del texto por
parte de esa autoridad ante el presidente del Senado de la República, que debe discutirlo
y emitir el concepto previsto en los artículos 104 de la Constitución Política y 50 de la Ley
134 de 1994 dentro de los 30 días siguientes (prorrogables por 10 días más).

En caso de que el Congreso de la República emita concepto favorable o se haya agotado
el precitado término, el presidente de la República deberá realizar la consulta popular
dentro de los 3 meses siguientes, conforme al artículo 33 (literal d)19 de la Ley 1757 de
2015, y si entiende aprobada si alcanza «el voto afirmativo de la mitad más uno de los
sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los
electores que componen el respectivo censo electoral»20. Ese procedimiento está sujeto a
control de constitucionalidad posterior por parte de la Corte Constitucional, de acuerdo
con el numeral 3 del artículo 24121 de la Constitución Política.

Es de anotar que la finalidad de la consulta popular no es obtener la aprobación de textos
normativos, pues ello lo prohíbe de manera expresa el artículo 3822, literal b de la Ley
1757 de 2015, sino lograr un pronunciamiento de la ciudadanía sobre determinados
temas que se le preguntan, que de alcanzar los umbrales previstos en el literal d del
artículo 3323 ibidem impondría al Congreso de la República la obligación de adoptar

16 «Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la

consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato […]».
17 «En la consulta popular de carácter nacional, el texto que se someterá a la decisión del pueblo, acompañado de una

justificación de la consulta y de un informe sobre la fecha de su realización, será enviado por el Presidente de la
República al Senado para que, dentro de los veinte días siguientes, emita concepto favorable. Por decisión de mayoría
de sus miembros, el Senado podrá prorrogar este plazo en diez días más».
18 «Antes de iniciar el trámite ante corporaciones públicas de cada mecanismo de participación ciudadana se requiere.

[…]
b) Para la Consulta popular nacional. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo
concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo una decisión de trascendencia nacional. Los
ciudadanos podrán convocar una consulta popular con el cinco (5%) de apoyos de los ciudadanos que conforman el
censo electoral nacional […]».
19 «La Consulta Popular se realizará dentro de los tres meses siguientes a la fecha del concepto previo de la corporación

pública respectiva o del vencimiento del plazo indicado para ello».
20 literal c del artículo 41 ibidem.
21 «A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y

precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones:
[…]
3. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden
nacional. Estos últimos sólo por vicios de procedimiento en su convocatoria y realización».
22 «No podrán ser objeto de consulta popular o plebiscito proyectos de articulado y las preguntas que se formulen al

pueblo estarán redactadas en forma clara, de tal manera que puedan contestarse con un sí o un no».
23 «Los mecanismos de participación ciudadana, que, habiendo cumplido los requisitos contemplados en el artículo

anterior, hayan sido aprobados tienen las siguientes consecuencias:
[…]
c). Cuando el pueblo haya adoptado una decisión obligatoria en una consulta popular, el órgano correspondiente
deberá adoptar las medidas para hacerla efectiva.

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medidas para hacer efectivas las preguntas, so pena de que lo haga el presidente de la
República. Sobre el particular, la Corte Constitucional24 precisó:

7.3. Igualmente, considerando su naturaleza, la consulta popular no puede tener por objeto que el
pueblo se pronuncie respecto de proyectos de articulado de leyes, ordenanzas, acuerdos o resoluciones
-art. 38-. Lo que no obsta para que pueda versar sobre materias y contenidos normativos, susceptibles
de ser expresados y desarrollados a través de normas jurídicas en actuaciones posteriores de
autoridades y órganos competentes.

[…]
7.5. La decisión del pueblo será obligatoria cuando la pregunta sometida al pueblo obtenga la mitad
más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando la participación no haya sido menor de la tercera
parte de quienes componen el censo electoral (art. 41.c). En este caso el órgano correspondiente deberá
adoptar las medidas que se requieran para asegurar la efectividad del pronunciamiento del pueblo, de
manera tal que si se requiere la decisión de una Corporación Pública deberá proceder adoptar la
respectiva ley, ordenanza, acuerdo o resolución local y, si vencido el término previsto para ello no se ha
hecho, el Presidente de la República, el Gobernador o el Alcalde, procederán a adoptarla (42.c).

Así las cosas, se concluye que la consulta popular es un mecanismo de participación
ciudadana orientado a preguntarle a la ciudadanía sobre cuestiones que les atañe, cuyos
presupuestos están previstos en la Ley 1757 de 2015, y de alcanzarse los umbrales
señalados en la norma, se hace imperioso, para el caso de la nacional, que el Congreso
de la República discuta la adopción de medidas para atender lo decidido.

6. Análisis del caso concreto

Con la finalidad de determinar la procedencia de la tutela, la Sala advierte que el 18 de
marzo de 2025 la Comisión Séptima del Senado de la República (encargada de conocer
asuntos relacionados con los trabajadores25) archivó un proyecto de ley presentado por
el Gobierno Nacional, cuyo título era: «Por medio de la cual se adopta una reforma laboral
para el Trabajo digno y decente en Colombia y se modifican parcialmente el Código Sustantivo
del trabajo, ley 50 de 1990, la ley 789 de 2002 y otras normas laborales». Contra esa decisión
el congresista Ariel Ávila promovió la apelación de que trata el artículo 166 26 del Ley 5ª
de 1992, en aras de que siguiera su trámite en el Congreso de la República.

Con ocasión de la mencionada determinación de la Comisión Séptima del Senado de la
República, el Gobierno Nacional decidió realizar una consulta popular encaminada a
preguntarle a la ciudadanía sobre asuntos contemplados en el proyecto de ley archivado
(preguntas que se dieron a conocer el 22 de abril de 202527).

Después de presentada la acción de tutela (29 de abril de 2025), ese mecanismo de
participación fue presentado por el presidente de la República el 1º de mayo de 2025 ante

Cuando para ello se requiera una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local, la corporación respectiva
deberá expedirla dentro del mismo período de sesiones o a más tardar en el período siguiente. Si vencido, este plazo
el Congreso, la asamblea, el concejo o la junta administradora local, no la expidieren, el Presidente de la República, el
gobernador, el alcalde dentro de los quince (15) días siguientes la adoptará mediante decreto con fuerza de ley,
ordenanza, acuerdo o resolución local, según el caso. En esta circunstancia el plazo para hacer efectiva la decisión
popular será de dos meses»
24 Sentencia C-150 de 2015, M. P. Mauricio González Cuervo.
25 Artículo 2o de la Ley 3a de 1992: «Tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes funcionarán

Comisiones Constitucionales Permanentes, encargadas de dar primer debate a los proyectos de acto legislativo o de
ley referente a los asuntos de su competencia.
Las Comisiones Constitucionales Permanentes en cada una de las Cámaras serán siete (7) a saber:
[…]
Comisión Séptima.
Compuesta de catorce miembros en el Senado y diecinueve en la Cámara de Representantes, conocerá de: estatuto
del servidor público y trabajador particular; régimen salarial y prestacional del servidor público; organizaciones
sindicales; sociedades de auxilio mutuo; seguridad social; cajas de previsión social; fondos de prestaciones; carrera
administrativa; servicio civil; recreación, deportes; salud; organizaciones comunitarias; vivienda; economía solidaria;
asuntos de la mujer y la familia».
26 «Negado un proyecto en su totalidad o archivado indefinidamente, cualquier miembro de la Comisión o el autor del

mismo, el Gobierno o el vocero de los proponentes en los casos de iniciativa popular, podrán apelar de decisión ante
la Plenaria de la respectiva Cámara. La Plenaria, previo informe de una Comisión Accidental, decidirá si acoge o
rechaza la apelación. En el primer evento la Presidencia remitirá el proyecto a otra Comisión Constitucional para que
surta el trámite en primer debate, y en el último se procederá a su archivo».
27www.mininterior.gov.co/noticias/gobierno-nacional-presenta-preguntas-de-la-consulta-popular-sobre-reforma-

laboral/.
7

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02464-00
Demandantes: José Alberto Tejada Tabares y otros

el Senado de la República, con el fin de obtener el concepto favorable de que trata el
artículo 10428 de la Constitución Política.

En sesión del 14 de mayo de 2025, la plenaria del Senado de la República29, en el marco
de la apelación presentada por el congresista Ariel Ávila, decidió que la reforma laboral
(archivada el 18 de marzo de 2025) continuaría el trámite del artículo 166 de la Ley 5ª de
1992, y negó el concepto favorable de la aludida consulta popular.

Efectuado el anterior recuento, la Sala evidencia que la acción de tutela de la referencia
se presentó el 29 de abril de 2025, es decir, antes de que el presidente de la República
acudiera el 1º de mayo del año en curso al Senado de la República con el fin de obtener
el concepto favorable exigido para adelantar la consulta popular, sobre cuestiones
consignadas en el proyecto de ley que se tituló «Por medio de la cual se adopta una reforma
laboral para el Trabajo digno y decente en Colombia y se modifican parcialmente el Código
Sustantivo del trabajo, ley 50 de 1990, la ley 789 de 2002 y otras normas laborales».

La precitada situación fáctica permite evidenciar que los demandantes le atribuyeron a la
autoridad accionada la presunta vulneración de sus derechos fundamentales por
presuntamente obstruir el trámite de la consulta popular, cuando todavía el presidente de
la República no la había presentado al Senado de la República, lo que denota que la
acción de tutela fue prematura, pues no había acontecido transgresión o amenaza de
garantías constitucionales, escenario en el cual ese mecanismo constitucional deviene
en improcedente30.

Ahora bien, aunque los actores señalaron que afectaban el ejercicio de la prerrogativa de
participación ciudadana las manifestaciones públicas del demandado contra las
iniciativas del Gobierno Nacional, ellas no pueden presumirse contrarias al ordenamiento
jurídico superior, como aquellos lo hacen, toda vez que comportan el ejercicio del derecho
fundamental a la libertad de expresión de un congresista, que en el ámbito del debate
político goza de especial protección por involucrar principios fundamentales de la
democracia, como el pluralismo y el libre pensamiento, entre otros, tal como lo estipula
el artículo 18531 de la Constitución Política y lo ha precisado el Consejo de Estado32.

En ese orden de ideas, el ejercicio parlamentario por parte de la autoridad accionada no
puede considerarse trasgresor de derechos fundamentales de los demandantes por
resultar contrario a su ideología política, esto es, por haberse manifestado en contra de
la consulta popular que presentaría el presidente de la República como consecuencia del
archivo de la reforma laboral, máxime cuando no se acredita alguna conducta
sancionable, evento en el cual, dicho sea de paso, los demandantes podrán adelantar las
actuaciones punitivas que estimen pertinentes.

Ahora bien, los tutelantes señalaron que promovían la acción de tutela de la referencia
con la finalidad de garantizar que la reforma laboral archivada el 18 de marzo de 2025
por la Comisión Séptima del Senado de la República fuera discutida en el Congreso de
la República, luego de que la consulta popular surtiera el trámite señalado en la Ley 1757
de 2015, no obstante, la Sala evidencia sobre el particular acontece una carencia actual
de objeto, toda vez que el 14 de mayo del año en curso la plenaria de dicha Corporación
dispuso tramitarla en atención a la apelación que se formuló contra ese archivo, en virtud

28 «El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la

República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria
[…]».
29 https://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/6430-senado-revivio-proyecto-de-reforma-laboral-y-nego-

concepto-favorable-a-consulta-popular.
30 Corte Constitucional, sentencia T-237 del 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
31 «Los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo, sin perjuicio

de las normas disciplinarias contenidas en el reglamento respectivo».
32 Sala 23 Especial de Decisión, sentencia del 26 de febrero de 2021, M. P. José Roberto Sáchica Méndez, expediente

11001-03-15-000-2020-03359-00 «[…] la garantía institucional de inviolabilidad parlamentaria es el desarrollo de un
deber de abstención y por esa vía se consagra un régimen de protección especial a los discursos emitidos en ejercicio
de las funciones de representación popular que llevan a cabo los integrantes de los parlamentos».
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Demandantes: José Alberto Tejada Tabares y otros

del artículo 16633 de la Ley 5ª de 1992, de ahí que acontezca el debate legislativo que los
accionantes consideraban que solo era dable lograr con el aludido mecanismo de
participación ciudadana.

Es de resaltar que la realización de la consulta popular, contrario a lo que insinúan los
demandantes, no involucra por sí sola la aprobación de la reforma laboral, ya que, además
de que por su conducto no pueden acogerse textos normativos, debe contar con «el voto
afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos
de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral»34, y de superarse
esas exigencias, es imperioso acudir nuevamente al Congreso de la República para que
adopte las medidas correspondientes, lo que comporta otro trámite legislativo como el que
se surtirá con ocasión de la decisión del 14 de mayo de 2025.

En virtud de lo anterior, como la tutela se promovió antes de que el presidente de la República
presentara la consulta popular al Senado de la República, por lo que para ese momento no
acontecían las presuntas irregularidades en ese trámite que invocaron los demandantes, y
se satisfizo la finalidad de aquella (que era obtener una discusión de la reforma laboral en el
Congreso de la República), la tutela se declarará improcedente.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

III. FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por los señores José Alberto
Tejada Tabares, Harold Adolfo Ortiz Calero y Alberto Ramos Garbiras, de acuerdo con la
motivación.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

33 «Negado un proyecto en su totalidad o archivado indefinidamente, cualquier miembro de la Comisión o el autor del

mismo, el Gobierno o el vocero de los proponentes en los casos de iniciativa popular, podrán apelar de la decisión ante
la Plenaria de la respectiva Cámara. La Plenaria, previo informe de una Comisión Accidental, decidirá si acoge o
rechaza la apelación. En el primer evento la Presidencia remitirá el proyecto a otra Comisión Constitucional para que
surta el trámite en primer debate, y en el último se procederá a su archivo».
34 literal c del artículo 41 ibidem.

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