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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02468-01

Fecha
24 de julio de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02468-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02468-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

24 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02468-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: MIGUEL ÁNGEL TORRES DÍAZ

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO SE
CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. LOS ARGUMENTOS DE LA TUTELA FUERON
OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD
JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHO FUNDAMENTAL: DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la

sentencia de 26 de mayo de 2025, proferida por la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1 que

declaró improcedente la solicitud de amparo.

1
En adelante la Sección Tercera.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02468-01
Actor: MIGUEL ÁNGEL TORRES DÍAZ

I.– ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor MIGUEL ÁNGEL TORRES DÍAZ, actuando en nombre propio,

en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitó la protección de su derecho fundamental

al debido proceso, el cual estima vulnerado por la SALA SEXTA

ORAL DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL

META2 y la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL

CONSEJO DE ESTADO3, al haber proferido las providencias de 26

de mayo de 2022 y 28 de noviembre de 2024, respectivamente,

dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 2014-00190-01.

I.2.- Hechos

Señaló que ocupó el cargo de registrador nacional del estado civil en

el departamento del Vaupés en el año 2012, pero debido a una serie

de circunstancias que se le presentaron durante los meses de enero

2
En adelante el Tribunal.
3
En adelante Sección Segunda.

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Actor: MIGUEL ÁNGEL TORRES DÍAZ

y febrero de ese año, debió cumplir algunas de sus funciones desde

el distrito capital de Bogotá.

Manifestó que la Registraduría Nacional del Estado Civil en mayo de

2012, le inició un proceso disciplinario por abandono del cargo, el

cual terminó con la imposición de la sanción de destitución.

Indicó que la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante

proceso administrativo y a través de la resolución núm. 9692 de 20

de septiembre de 2013, declaró la vacancia del cargo por abandono,

decisión que fue confirmada a través de la Resolución núm. 10673

del 18 de octubre de ese año.

Adujo que contra las decisiones que le impusieron la sanción

disciplinaria de destitución y la que declaró la vacancia del cargo por

abandono, instauró demandas en ejercicio del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho.

Refirió que el objeto del presente mecanismo de amparo es

controvertir las providencias proferidas en primera y segunda

instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento

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del derecho que promovió contra el acto administrativo que declaró

la vacancia del cargo por abandono.

Manifestó que la anterior demanda fue identificada con número de

radicación 2014-00190-00 y le correspondió por reparto en primera

instancia al TRIBUNAL que, mediante sentencia de 26 de mayo de

2022, negó las pretensiones de la demanda.

Advirtió que inconforme con lo anterior, formuló recurso de apelación

ante la SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 28 de

noviembre de 2024, confirmó la decisión del a quo.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas incurrieron

en violación al derecho fundamental del debido proceso al desconocer

la jurisprudencia aplicable a su caso, al no considerar los recursos

legales procedentes al ignorar las normas vigentes y al desconocer

el derecho a la defensa por no valorar adecuadamente las pruebas

aportadas como fueron los certificados que presentó para demostrar

que él si estaba cumpliendo sus funciones.

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Señaló que el TRIBUNAL y la SECCIÓN SEGUNDA desconocieron

la Sentencia C-769 de 1998 de la Corte Constitucional que dispone

que el abandono debe ser voluntario, injustificado y definitivo,

requisitos que a su juicio no son aplicables a su caso ya que quedó

demostrado que él se reintegró a su cargo y nunca abandonó sus

funciones.

Finalmente señaló que las autoridades judiciales accionadas pasaron

por alto que Talento Humano y el delegado en lo Electoral, como

empleados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, no tenían la

competencia para expedir los actos administrativos a través de los

cuales se declaró la vacancia del cargo por abandono.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó que se ampare su derecho fundamental invocado

como vulnerado y, en consecuencia:

“[…] Conforme el Decreto 2591 de 1991, me permito solicitar
mediante la Acción de Tutela, concedan el amparo al Derecho
fundamental del Debido Proceso y el Derecho de Defensa, por
cuanto fueron ignorados en algunas partes fundamentales de las
sentencias que con esta acción se atacan, AL NO APLICAR LA
Jurisprudencia existente para el caso concreto, no controvertir
algunas de las pruebas aportadas, y una evidente violación del
debido proceso […]”.

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I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL y la SECCIÓN SEGUNDA pese a ser

notificados en debida forma, guardaron silencio en esta oportunidad

procesal.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- La REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

aseguró que carece de competencia para pronunciarse en el trámite

de la acción constitucional de la referencia, toda vez que no profirió

ninguna de las providencias judiciales cuestionadas, razón por la cual

solicitó su desvinculación en razón a la falta de legitimación en la

causa por pasiva.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA mediante sentencia de 26 de mayo de 2025,

declaró improcedente la solicitud de amparo al estimar que no se

cumplió con el requisito general de la relevancia constitucional en

cuanto las providencias cuestionadas examinaron de forma expresa,

cada uno de los cargos propuestos por el actor y en claro ejercicio de

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la autonomía judicial descartó la falta de competencia de los

funcionarios que expidieron los actos administrativos demandados.

Indicó que en las providencias cuestionadas se explicó por qué la

delegación efectuada no comprometió la facultad nominadora y

desestimó la ausencia de configuración del abandono del cargo, con

base en un análisis razonable de los elementos fácticos y normativos

aplicables en el caso concreto.

Resaltó que los fundamentos que soportan la presente acción de

tutela son una reproducción de aquellos que planteó en el proceso

ordinario, los cuales fueron resueltos en la sentencia del 28 de

noviembre de 2024.

En dicha providencia, la autoridad judicial analizó y descartó los

cargos relacionados con la supuesta falta de competencia y con la

inexistencia del abandono del cargo, concluyendo que los actos

administrativos demandados se expidieron válidamente y con

observancia del debido proceso.

Aseguró que se encuentra acreditado que la acción de la referencia

no reviste relevancia constitucional porque su objeto es reabrir una

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controversia jurídica ya resuelta por el juez natural de la causa en el

proceso ordinario y al juez constitucional le está vedado pronunciarse

sobre materias que desbordan su competencia.

Por último, negó la solicitud de desvinculación de la Registraduría

Nacional del Estado Civil.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN

TERCERA, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial

de tutela, adicionando lo siguiente:

Adujo que no era cierto que se pretendía reabrir el debate procesal

toda vez que la Registraduría en sus actos administrativos viola el

derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución

Política al no otorgar la posibilidad de “[…] interponer recursos, no

permitirse la posibilidad de revisar la sentencia de la Corte

Constitucional y otorgarles un matiz diferente a las pruebas

aportadas por el demandante, con ello se violó la Constitución Política

[…]”.

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Sostuvo que en la presente acción constitucional si se evidencia el

requisito de relevancia constitucional porque si se “[…] explicaron los

derechos fundamentales conculcados y es apenas lógico, que al

vulnerar el “Debido Proceso” y “Derecho de Defensa […]”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

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(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

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“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados

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y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

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h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende

que se dejen sin efecto las providencias de 26 de mayo de 2022

y 28 de noviembre de 2024, proferidas por el TRIBUNAL y la

SECCIÓN SEGUNDA, respectivamente, dentro del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

único de radicación 2014-00190-00.

La controversia tiene origen en una demanda de nulidad y

restablecimiento del derecho promovida por el señor MIGUEL

ÁNGEL TORRES DÍAZ contra la Registraduría Nacional del Estado

Civil, en el cual se pretendía que se declarara la nulidad de los actos

administrativos números 9692 del 20 de septiembre de 2013 y 10673

del 18 de octubre del mismo año, por medio de las cuales se declaró

la vacancia del cargo por abandono y se resolvió el recurso de

reposición respectivamente.

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A las citadas providencias se le atribuye la vulneración al derecho

fundamental del debido proceso al desconocer la jurisprudencia

aplicable a su caso, al no considerar los recursos legales procedentes,

al ignorar las normas vigentes y al desconocer el derecho a la defensa

por no valorar adecuadamente las pruebas aportadas como fueron

los certificados que presentó para demostrar que él si estaba

cumpliendo sus funciones.

Señaló que el TRIBUNAL y la SECCIÓN SEGUNDA desconocieron

la Sentencia C-769 de 1998 de la Corte Constitucional que dispone

que el abandono debe ser voluntario, injustificado y definitivo,

requisitos que a su juicio no son aplicables a su caso ya que quedó

demostrado que él se reintegró a su cargo y nunca abandono sus

funciones.

Refirió que las autoridades judiciales accionadas pasaron por alto que

Talento Humano y el delegado en lo Electoral, como empleados de la

Registraduría Nacional del Estado Civil no tenían la competencia para

expedir los actos administrativos a través de los cuales se declaró la

vacancia de un cargo por abandono.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

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SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 26 de mayo de

2025, declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia

al considerar que no se cumplió con el requisito general de la

relevancia constitucional, en cuanto las providencias cuestionadas

se examinaron de forma expresa, cada uno de los cargos propuestos

por el actor y en claro ejercicio de la autonomía judicial descartó la

falta de competencia de los funcionarios que expidieron los actos

administrativos demandados, explicó por qué la delegación efectuada

no comprometió la facultad nominadora y desestimó la ausencia de

configuración del abandono del cargo, con base en un análisis

razonable de los elementos fácticos y normativos aplicables en el

caso concreto.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

proferida en primera instancia, para lo cual reiteró los argumentos

expuestos en el escrito de tutela y adujo que no era cierto que se

pretendía reabrir el debate procesal toda vez que la Registraduría en

sus actos administrativos viola el derecho fundamental consagrado

en el artículo 29 de la Constitución Política al no otorgar la posibilidad

de “[…] interponer recursos, no permitirse la posibilidad de revisar la

sentencia de la Corte Constitucional y otorgarles un matiz diferente

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a las pruebas aportadas por el demandante, con ello se violó la

Constitución Política […]”.

Sostuvo que en la presente acción constitucional si se evidencia el

requisito de relevancia constitucional porque si se “[…] explicaron los

derechos fundamentales conculcados y es apenas lógico, que al

vulnerar el “Debido Proceso” y “Derecho de Defensa […]”.

Es del caso advertir que, si bien en la acción de tutela se solicita dejar

sin efectos tanto la providencia de 26 de mayo de 2022 proferida

por el TRIBUNAL, como la dictada el 28 de noviembre de 2024

por la SECCIÓN SEGUNDA, la Sala realizará únicamente el análisis

de la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados

frente a la providencia de segunda instancia, toda vez que fue esta

la que dio por terminado el proceso.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico que

debe resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión de primer grado, para lo

cual, en primer lugar, se debe estudiar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de ser así, se establecerá si la

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autoridad judicial accionada vulneró el derecho deprecado.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».5

4
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
5
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [8].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [9].

6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

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Actor: MIGUEL ÁNGEL TORRES DÍAZ

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [10].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción

[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [12].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [13]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos

[11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[12] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[13] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no

un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó

que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el

requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

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“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela

se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir

las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la

independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente

acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia

constitucional, en la medida en que se advierte que lo pretendido por

la parte actora es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto

a consideración del juez natural de la causa, como si este mecanismo

constitucional se tratara de una instancia adicional al proceso

ordinario.

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Al verificar los motivos que fundamentan las divergencias, se

encuentra que estos se sustentan, básicamente, en que la autoridad

judicial accionada no valoró adecuadamente las pruebas aportadas

como fueron los certificados que presentadas por la parte actora con

las cuales quedaba demostrado que él si estaba cumpliendo sus

funciones y en que las autoridades accionadas pasaron por alto que

Talento Humano y el delegado en lo Electoral, como empleados de la

Registraduría Nacional del Estado Civil no tenían la competencia para

expedir los actos administrativos a través de los cuales se declaró la

vacancia de un cargo por abandono.

En efecto, revisado el expediente digital del proceso objeto de

controversia, se extrae que las inconformidades traídas por la parte

actora a esta instancia constitucional giran en torno a la

inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del

asunto, la cual fue resuelta por la SECCIÓN SEGUNDA, así:

“[…] Resolución al caso concreto

Según se observa en el recurso de apelación y se sintetizó en el
problema jurídico, son dos los argumentos de reproche que
propuso el señor Miguel Ángel Torres contra la decisión del
Tribunal.

El primero de ellos, es que la gerente de Talento Humano y el
delegado en lo Electoral, como empleados de la Registraduría
Nacional del Estado Civil no tenían la competencia para expedir los

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actos administrativos a través de los cuales se declaró la vacancia
de un cargo por abandono y resolvió un recurso de reposición.

[…]

Con base en lo anterior, la Subsección considera que los empleados
que profirieron los actos administrativos que son acusados de
nulidad, sí tenían la competencia para expedirlos pues no solo
legalmente el Registrador Nacional del Estado Civil tiene la
potestad de delegar de manera puntual lo relacionado con las
novedades sobre el retiro del servicio, sino que, adicionalmente,
están los actos administrativos a través de los cuales se delegó esa
labor administrativa en la gerente de Talento Humano y el delegado
en lo Electoral, situaciones que permiten despachar de manera
desfavorable los argumentos expuestos por el recurrente en este
sentido.

Debe precisarse en este punto que la facultad que es indelegable,
en atención a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1010 de 2000,
es la de nominar, por lo que en el presente escenario donde se
declaró una vacancia de un empleo por abandono, no se está
ejerciendo esa función, además, en atención al marco normativo
expuesto, como se trata de aquellas relacionadas con el retiro del
servicio, puede ser delegada por el Registrador Nacional del Estado
Civil en empleados del nivel directivo o asesor.

Bajo el anterior entendido, es claro que definir una situación
administrativa (abandono del cargo) no constituye el ejercicio de
la facultad nominadora, la cual, como bien lo sostiene el recurrente,
sí es indelegable.

El segundo argumento de desacuerdo está referido a que, en sentir
del demandante, los certificados expedidos por los funcionarios del
nivel central de la Registraduría Nacional del Estado Civil justifican
su inasistencia como delegado departamental en Vaupés y bajo esa
premisa debe accederse a las pretensiones reclamadas.

En los actos administrativos acusados, a través de los cuales se
declaró la vacancia por abandono del cargo, previo procedimiento
administrativo, se dijo que verificada tanto la historia laboral del
demandante, como el expediente disciplinario y la investigación
administrativa adelantada no figuraba solicitud de permiso ni
autorización alguna para los días 1,2 y 3 de febrero de 2012. Que
tampoco se aprecian como veraces las (3) certificaciones pues solo
fueron allegadas ante el requerimiento realizado por la Gerente de
Talento humano de la entidad sobre su ausentismo injustificado.

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En la Resolución 10673 del 18 de octubre de 2013 al decidirse el
recurso de reposición se indicó que no podía tenerse por justa
causa el decir del apoderado con respecto a que tuvo razones para
ausentarse de su puesto de trabajo, pero no de sus funciones
legales pues una vez tuvo conocimiento que el Gerente de Talento
Humano lo requirió, con el fin de que explique su ausencia fue que
acudió a pedir certificaciones a funcionarios que no tiene ninguna
competencia para avalar su permanencia en un sitio diferente a su
lugar de trabajo.

[…]

Ahora bien, en su demanda el actor reconoce que no existió
permiso escrito para su gestión administrativa durante los días
mencionados, sin embargo, dentro del procedimiento
administrativo surtido para declarar la vacancia del cargo por
abandono, allegó 3 certificados expedidos el 20 de marzo de 2012,
con los cuales pretendía justificar su inasistencia, al considerar, tal
como ahora lo argumentó en el recurso de apelación, que si bien
no estaba en su sede de trabajo, sí se encontraba cumpliendo con
sus funciones legales.

Las certificaciones en su momento aportadas dan cuenta de lo
siguiente:
El coordinador de archivo y correspondencia refirió que el
demandante estuvo presente en las instalaciones durante los días
24, 25, 26, 27, 30 y 31 de enero y 1, 2 y 3 de febrero de 2012
tramitando la entrega de 3 equipos (UPS y 2 impresoras marca
OKI).

La coordinadora de operación y comunicaciones indicó que el
señor Torres se presentó en las instalaciones desde el 26 de enero
hasta el 2 de febrero de 2012 con el fin de realizar diligencias
relacionadas con el arreglo de las UPS.

El coordinador de almacén e inventarios certificó que estuvo
presente en las instalaciones durante los días 27 de enero y 2 de
febrero de 2012 tramitando la entrega de documentos para la
actualización de los inventarios.

[…]

Se reitera, no obran en el expediente elementos probatorios que
sustente lo dicho por el actor en esa actuación administrativa y que
respalden que los días en que se ausentó de su lugar de trabajo lo
haya hecho bajo algún permiso legalmente concedido o con una
justificación.

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Para la Subsección resulta claro que los elementos probatorios
relacionados y que son el fundamento que trae el demandante, no
permiten tener por justificada su ausencia en el cargo y funciones
de delegado departamental,14 porque si bien pudo llevar a cabo
diligencias que redundaban en el eventual bienestar de la sede
Vaupés a la cual pertenecía, es evidente que no contaba con el
permiso correspondiente para adelantar actividades fuera de su
puesto de trabajo y que en estricto rigor no hacían parte de los
deberes propios de su cargo, de manera que era importante que
mediara una autorización para desarrollar actividades ajenas al
perfil del empleo, máxime cuando el artículo 6 constitucional prevé
que los servidores públicos deben responder por la omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

[…]

La Subsección no comparte el planteamiento anterior, teniendo en
cuenta que si bien el señor Torres Díaz siguió cumpliendo sus
funciones en la entidad, ello se presentó mientras la Registraduría
Nacional de Estado Civil adelantaba la actuación administrativa que
finalizó con la declaratoria de vacancia por abandono del cargo. En
otras palabras, previo a la decisión, se efectuó un procedimiento
con la garantías constitucionales y legales, que le permitiera al
empleado justificar su ausencia, resultando consecuente que el
implicado continuara en su cargo mientras se definía su situación15.

Por las razones expuestas, se confirmará la decisión de primera
instancia […]”.

Así las cosas, se evidencia que lo pretendido es crear una instancia

adicional trayendo argumentos que ya fueron suficientemente

debatidos por los jueces naturales del litigio.

Lo anterior pone de manifiesto que lo pretendido por la parte actora

es que el juez de tutela haga un nuevo análisis de las pruebas

14
Las cuales están enlistada en la Resolución 8479 del 12 de diciembre de 2008 por medio de la cual
se establece y adopta el manual específico de funciones y competencias laborales.
15
Repárese que por auto del 20 de marzo de 2012 se inició la indagación preliminar, y la actuación
administrativa finalizó el 18 de octubre de 2013 con el auto que resolvió la reposición contra el auto
que declaró la vacancia.

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obrantes en el expediente, con la finalidad de que se haga una

corrección al análisis que hizo la autoridad judicial accionada y se

acoja la interpretación que propone, como si el mecanismo de

amparo fuera una instancia o recurso adicional a los previstos en el

trámite ordinario.

La Sala destaca que la acción de tutela no es una instancia para

perseguir la imposición de conclusiones e interpretaciones que el

juez natural de a las pruebas allegadas al plenario, ni para mejorar

los argumentos puestos a consideración en un trámite ordinario,

pues la intervención del juez constitucional está dada para eventos

en que resulta evidente que hubo una actuación abiertamente

arbitraria, situación que en el presente caso no se vislumbra, dado

que más allá de cualquier otra lectura que pueda darse al caso, lo

cierto es que el análisis que efectuó la SECCIÓN SEGUNDA es

razonable, admisible y atiende al principio de autonomía judicial.

Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa del

defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta

Sala16 ha indicado:

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-04407-01.

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“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]” (Destacado fuera de texto).

En ese orden de ideas, la Sala advierte que no se cumple con el

requisito general de la relevancia constitucional, no solo

porque la parte actora no cumplió con el mínimo de carga

argumentativa, sino en particular, porque pretende que en sede de

tutela se estudien las razones y fundamentos de la demanda de

nulidad y restablecimiento del derecho que dio lugar a la providencia

cuestionada, lo que torna la acción de tutela improcedente, pues este

mecanismo no está instituido para ser ejercido como una instancia

adicional a las establecidas por el legislador en los procesos

ordinarios.

Así las cosas, para la Sala ni el análisis, ni la decisión contenida en la

providencia controvertida resultan caprichosos o arbitrarios, sino que

fueron adoptados a partir del alcance dado a las fuentes jurídicas

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aplicables al caso y a un análisis de las particularidades fácticas del

mismo.

Situación distinta es que la parte actora no comparta la tesis allí

dispuesta, al ser adversa a sus intereses, lo cual no significa que la

decisión sea arbitraria, sino que de conformidad con la autonomía

judicial de la que goza el juez de conocimiento, la SECCIÓN

SEGUNDA decidió el asunto sometido a su consideración.

Esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado improcedentes

acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no resulta ser de

verdadera relevancia constitucional, debido a que se centra en

reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue el caso de

la providencia de 9 de febrero de 201717, en la que se indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).

17
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Igualmente, en providencia de 29 de agosto de 201818, en la que se

sostuvo:

“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

actora, sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión

judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia

18
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.

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adicional para exponer aspectos que fueron resueltos de forma

admisible por la SECCIÓN SEGUNDA, por lo cual el juez de tutela

no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción

de tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso

invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En consecuencia, comoquiera que el a quo declaró improcedente la

acción de tutela de la referencia por falta del requisito general de la

relevancia constitucional, la Sala confirmará el fallo impugnado,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad

con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de julio de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN (E2) OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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